El PSOE reduce la desgravación al alquiler que prometió la ministra Chacón


Los inquilinos que cobren más de 12.000 euros anuales no podrán aplicarse el importe máximo de deducción por alquiler de vivienda en el IRPF, situado en 9.015 euros, que aprobó recientemente el Gobierno dentro del plan de ayudas al alquiler, según una enmienda introducida por el PSOE al proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2008. El Ejecutivo anunció el pasado mes la creación de una nueva deducción por arrendamiento de vivienda del 10,05% en la cuota estatal del IRPF sobre un importe máximo de 9.015 euros anuales, para todos aquellos ciudadanos con una renta inferior a los 24.000 euros netos anuales. En cambio, la nueva enmienda socialista divide la deducción en dos tramos de renta, de tal manera que los inquilinos con una base igual o inferior a 12.000 euros anuales podrán aplicarse la deducción máxima del 10% sobre 9.015 euros, mientras que los que superen esta renta disfrutarán de una desgravación menor. En concreto, cuando la base imponible esté comprendida entre 12.000 y 24.020 euros anuales, el importe máximo deducible será de 9.015 euros menos el resultado de multiplicar por 0,75 la diferencia entre los ingresos del inquilino y 12.000 euros anuales. De esta forma, los contribuyentes que, por ejemplo, perciban unos ingresos de 18.000 euros anuales, sólo podrán deducirse el 10% de un máximo de 4.515 euros. Límites a la desgravación Por tanto, el cambio introducido por el PSOE limita esta desgravación en función de la renta del beneficiario, decreciendo a partir de un determinado nivel de base imponible, algo que no sucede en el caso de la deducción por compra, que se aplica con independencia del nivel de renta. Esta modulación de la desgravación por alquiler, según afirma el PSOE, favorece a los colectivos con menores rentas y evita «efectos inflacionistas» que podrían generarse con una deducción de carácter general. Además, asegura que las alzas sostenidas en los precios de la vivienda de la última década han dificultado el acceso de muchos ciudadanos al disfrute de una vivienda. «Esto ha generado un desequilibrio entre las distintas formas de acceso a una vivienda que tiene efectos distorsionadores en la libertad de elección de los ciudadanos y en el funcionamiento de los mercados».

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