Un supuesto genocidio en el Sáhara Occidental lo investigará Garzón


La iniciativa del juez coincide con la visita del príncipe Felipe a Marruecos

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se consideró ayer competente para investigar a 13 responsables de la Gendarmería Real y de la policía marroquí denunciados por delitos de genocidio y tortura en el Sáhara Occidental. El auto de Garzón coincide con la visita de los Príncipes de Asturias, que volaban ayer a Marraquech, acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, para inaugurar la sede del Instituto Cervantes y cenar en el palacio real.
Hace nueve días, cuando el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, iniciaba en Marraquech su visita de Estado a Marruecos, otro juez, el francés Patrick Ramaël, firmaba cinco órdenes de detención contra otros tantos marroquíes a los que quiere interrogar por el secuestro y desaparición, hace 42 años, de Mehdi Ben Barka, el carismático socialista que encabezaba entonces la oposición al rey Hassan II.
En la investigación abierta por ambos magistrados, el francés y Baltasar Garzón, figura el general Hosni Bensliman, de 72 años, que manda la Gendarmería desde 1985, uno de los auténticos pilares del régimen marroquí. Es el único alto cargo de la seguridad nombrado por Hassan II que sigue en su puesto con Mohamed VI.
Los otros doce integrantes de la lista recogida en el auto del juez Baltasar Garzón incluyen a varios altos cargos jubilados -como Abdelhafid Ben Hachem, ex director de la Seguridad Nacional- pero también a alguno que permanece en activo -como Hariz el Arbi, máximo jefe policial de Dajla (antigua Villa Cisneros)-.
La querella que tramita Garzón fue presentada en la Audiencia Nacional, en septiembre de 2006, por cuatro saharauis independentistas, vinculados con asociaciones locales de defensa de los derechos humanos, contra 31 marroquíes a los que responsabilizan de la desaparición de 542 personas desde 1975, el año en que España salió del Sáhara.
Mohamed VI creó en 2004 la Instancia Equidad y Reconciliación para investigar y resarcir a las víctimas de los llamados años de plomo, que coinciden con el reinado de su padre. Éste organismo le entregó sus conclusiones en enero de 2006, pero varias asociaciones de derechos humanos, empezando por las saharauis, consideran que su labor fue superficial en lo referido a la represión en el Sáhara y en el Rif.
Garzón redujo la lista de los querellados de 31 a 13 porque algunos de los que figuraban en la relación inicial, como Yassin Mansouri, actual jefe del espionaje, no tienen edad para haber perpetrado abusos en la antigua colonia española. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, confirmó a continuación que procedía aceptar la competencia.
Hace nueve años el juez Garzón ya abrió diligencias tras recibir una denuncia contra Hassan II por genocidio del pueblo saharaui. No prosperó porque el monarca era jefe de Estado y gozaba de plena inmunidad.
En su auto, Baltasar Garzón ordena ahora librar una comisión rogatoria a Marruecos para que se notifique la querella a todos los querellados; averiguar si los hechos recogidos en la querella fueron investigados en el país donde sucedieron y obtener datos sobre la identidad de las víctimas y el lugar de inhumación.
La resolución judicial figura hoy en portada de varios diarios marroquíes, pero todas las autoridades del país consultadas por este corresponsal, incluidos algunos saharauis opuestos a la independencia, rehusaron comentarla. Entre los independentistas, simpatizantes del Frente Polisario, la iniciativa de Garzón produjo un gran regocijo.
“Estas coincidencias entre visitas oficiales y un súbito celo judicial nos parecen, cómo mínimo, sospechosas”, afirmó ayer indignado un influyente diputado de la coalición gubernamental que pidió permanecer en el anonimato.

Un general marroquí condecorado en España
Una semana antes de que los Reyes de España iniciasen, en enero de 2005, una visita de Estado a Marruecos, Amnistía Internacional les hizo llegar una carta en la que mostraba su preocupación por “el aumento significativo, desde 2002, de las denuncias de actos de tortura” por las fuerzas de seguridad marroquíes.
El mismo día en que Amnistía hizo pública su misiva, el Consejo de Ministros español anunció la concesión de condecoraciones a una retahíla de personalidades marroquíes. Al general Hosni Bensliman, que manda la Gendarmería, le correspondió la Gran Cruz de la orden de Isabel la Católica.
La lista de condecorados, elaborada a propuesta de la Embajada de España en Rabat, era un dislate porque incluía a otro general, Hamidou Laanigri, jefe de la policía secreta, pero olvidaba a Fadel Benyaich, brazo derecho
de Mohamed VI para todo lo relacionado con España.
Bensliman se sitúa en el pelotón de cabeza de los presuntos responsables de los abusos cometidos durante los llamados años de plomo
, la peor etapa de la represión durante el reinado de Hassan II, según un informe de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos de finales de 2001.
El juez Garzón quiere ahora investigar a Bensliman. Su colega francés Patrick Ramaël puso en marcha, en 2003, una comisión rogatoria para poder interrogar como testigos al general y a otros cuatro marroquíes relacionados con el secuestro y desaparición del carismático opositor Mehdi Ben Barka.
Nunca prosperaron porque, entre otros motivos, Jamal Serhan, el juez marroquí encargado de tramitarla, se declaró incapaz de encontrar la dirección de las personas a las que Ramaël quería convocar, empezando por el jefe de la Gendarmería.
Ramaël no se anduvo por las ramas y lanzó el 22 de octubre la orden internacional de detención que, en teoría, obliga a la policía marroquí a detener a Bensliman. Éste no será apresado pero, a partir de ahora, ya no puede viajar a Europa para reunirse, por ejemplo, con su homólogo español, Joan Mesquida, como hizo en otras ocasiones, ya que sería detenido.
Ni siquiera puede recibir tratamiento médico en Francia como suelen hacerlo muchos marroquíes adinerados o poderosos. Podría correr la misma suerte que el general chileno Augusto Pinochet, al que Garzón mandó detener, en octubre de 1998, cuando acababa de someterse a una operación en un hospital de Londres.

IGNACIO CEMBRERO
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