La supuesta trama de corrupción en la que se implica a dieciséis empleados del Ayuntamiento de Madrid llevaba, al menos, dos años operando

«Operación Guateque»
La supuesta trama de corrupción en la que se implica a dieciséis empleados del Ayuntamiento de Madrid llevaba, al menos, dos años operando. Así lo creen las fuentes de la investigación consultadas, que basan estos datos en los análisis de las decenas de documentos incautados durante los múltiples registros que se practicaron el miércoles en sedes municipales y domicilios.
El examen de los numerosos documentos intervenidos por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid se centra también en la comparación de los casi 200 expedientes intervenidos con otros libres de sospecha. Se intenta así ver en qué medida se aceleraron o paralizaron las entregas de licencias y, además, extraer nuevos nombres de sospechosos.
Porque, aunque se mantiene la cifra de dieciséis detenidos -se espera que comiencen a pasar a disposición judicial el sábado, apurando así el plazo máximo de 72 horas-, no se descarta que se produzcan más arrestos. Por un lado, los de otros empleados y funcionarios municipales. Pero, por otro, también los de los empresarios que, presuntamente, habrían pagado para que se les agilizaran los trámites y conseguir las pertinentes licencias de sus negocios entre 12.000 y 20.000 euros.
Acusados de tres delitos
No hay que perder de vista que uno de los delitos que se imputan es el de cohecho, sobre el cual tienen que responder judicialmente no sólo los cobradores, sino también quienes pagan, lo que, en términos técnicos, se llama cohecho activo. Las otras acusaciones son en torno a delitos de prevaricación y tráfico de influencias, según la Guardia Civil.
La supuesta trama se destapó hace meses a raíz de dos denuncias. Una, de un «notable» empresario madrileño, y la segunda de otro «más pequeño», indicaron fuentes del caso.
Otra prueba fundamental son las grabaciones de las escuchas telefónicas, ordenadas por el titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid, José Santiago Torres, que dirige la investigación judicial. En ellas, según las fuentes consultadas, quedan reflejados los términos de la supuesta extorsión: quien no se avenía a los pagos requeridos veía cómo se obstaculizaba el trámite de las licencias que necesitaban.
Porque la trama no sólo consistiría en agilizar estos expedientes a cambio de dinero, sino en poner todo tipo de trabas en el proceso a quienes se negaban al cohecho.
Eso sí, no parece que el «modus operandi» de los sospechosos acabara con la concesión de licencias a quienes, aparte de pagar, no cumplieran los requisitos necesarios, lo que sería más grave.
Colaboración municipal
En cuanto a las «tarifas» que se cobraban, éstas dependían a la envergadura del establecimiento en cuestión.
En lo que también hacen hincapié los investigadores es en que, sin la ayuda del Ayuntamiento, la «operación Guateque» no hubiese sido posible. Asimismo, a fecha de hoy, con los datos que se manejan, no hay implicaciones de políticos en la supuesta trama. De cualquier manera, la instrucción del caso sigue su curso, y no se descartan más registros y detenciones en los próximos días.
Más detenciones y registros
Es más, según Ep, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil efectuará en los próximos días más registros y detenciones por la «operación Guateque». Fuentes del caso precisaron que, además de funcionarios, especialmente técnicos, se suman a la supuesta trama abogados, arquitectos y aparejadores. Así, el operativo especial estará en marcha hasta la próxima semana, con una decena de nuevos registros.
No todos formaban una red
Las fuentes consultadas, además, añadieron que «no todos formaban una red». Es decir, que, si bien se está comprobando que el grueso de los detenidos conformaban un grupo «estable y organizado», como dijo el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, algunos podrían haber actuado a raíz de comprobar que sus compañeros estaban cobrando grandes sumas de dinero a cambio de agilizar las licencias. Éstas se referían, especialmente, a centros de ocio y comerciales, según se ha desprendido de la investigación.
En cuanto a las posibles penas por los hechos, los 16 empleados del Consistorio madrileño podrían enfrentarse a penas de hasta siete años de prisión, por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, informa Servimedia.
Además, y de forma adicional, podrían ser inhabilitados para empleo o cargo público por un periodo de hasta 28 años.
CARLOS HIDALGO
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