Abortos ilegales. Varias personas detenidas en Barcelona

Detenido el director de las clínicas abortistas investigadas en Barcelona

Además han sido detenidas cinco personas que ostentarían cargos de responsabilidad en los cuatro centros registrados

Las mismas fuentes han añadido que la operación, que se está desarrollando bajo secreto de sumario, continúa abierta y que, por lo tanto, no se descartan nuevas detenciones.

Los detenidos, entre los que se encuentra el propio Carlos Morín, han sido trasladados a las dependencias de la Guardia Civil, donde está previsto que presten declaración antes de su paso a disposición judicial. Morín ha sido detenido en el centro que Ginemedex tiene en el número 61 de la calle Dalmases.

La investigación dirigida por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y el juzgado de instrucción contra estas clínicas se basa en “una supuesta práctica reiterada de interrupciones voluntarias del embarazo radicalmente fuera de los supuestos permitidos por la legislación”.

El origen: un reportaje de la televisión danesa

La investigación, iniciada a raíz de la querella presentada hace poco más de un año por la organización católica e-Cristians, tiene como objetivo esclarecer si en alguno de estos centros se han practicado abortos no recogidos en los supuestos que prevé la ley española. Esta querella recogía la denuncia de un reportaje de una televisión danesa, en la que se veía a una periodista embarazada de 31 semanas entrevistarse con Morín para saber si podría practicarle un aborto, a lo que éste aceptó sin saber que le estaban grabando con una cámara oculta, y hacía referencia a otro similar que realizó un tiempo antes el periódico británico Daily Telegraph.

Al parecer, la investigación abierta por el juzgado de Barcelona también ha tenido en cuenta otras denuncias e incluso el testimonio de un ex empleado.

La Fiscalía afirma que se han tomado las medidas adecuadas para preservar la identidad de las usuarias de los centros registrados, tras subrayar que sólo se incorporarán a la causa aquellas historias clínicas que ofrezcan “motivos fundamentados de imputación” y que se respetará la intimidad del resto.

La expectación informativa que ha provocado la operación policial ha llevado a la Fiscalía y al TSJC a asegurar que se está actuando “con la debida independencia e imparcialidad en defensa de la legalidad vigente, según parámetros estrictamente jurídicos y con objetividad en la valoración de los indicios que se desprenden de la investigación”. En este sentido aseguran que la investigación “no entra en ninguna de las consideraciones de tipo ideológico que diferentes sectores sociales pueden intentar asociar a este tipo de hechos”.

Salut cerró el expediente

El departamento de Salud ha informado de que el pasado verano cerró los expedientes abiertos a varias clínicas abortistas de Barcelona al comprobar que las interrupciones voluntarias del embarazo que se llevaban a cabo se ajustaban a la ley y que los centros disponían de autorización para ejercer.

La conselleria que dirige Marina Geli ha explicado que la instrucción de estos expedientes, que se abrieron a raíz de una denuncia por presuntos abortos ilegales, evidenció algunas “irregularidades administrativas” que ya fueron sancionadas con multas económicas de 3.000 euros, aunque “en ningún caso se pudo comprobar las supuestas prácticas ilegales denunciadas”. Estas irregularidades detectadas consistieron en “defectos de forma y administrativos”, como la falta de detalle suficiente en la información clínica de las historias revisadas, la falta de registro de algunas intervenciones en los libros de quirófano o la modificación de espacios físicos por obras sin la correspondiente autorización. “Hay que remarcar que todos los centros que realizaban la interrupción voluntaria del embarazo regulada por la Ley disponían de la perceptiva autorización del departamento de Salud”, ha subrayado la conselleria.

El departamento ha enviado toda la documentación referente a estos expedientes cuando le ha sido solicitada por el juzgado.

El Colegio de Médicos de Barcelona desestimó el pasado mayo abrir un expediente sancionador al mencionado doctor por la presunta práctica de abortos ilegales por no ver motivos para ello.

El artículo 145 del Código Penal contempla que el aborto fuera de los casos permitidos (riesgo para la salud física o psíquica de la madre, malformaciones graves o embarazo por violación) será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria o para prestar servicios de toda índole en clínicas y consultorios ginecológicos públicos y privados durante un tiempo de uno a seis años.

Las presuntas irregularidades del grupo Ginemedex-TCB también fueron denunciadas por el Centro Jurídico Tomás Moro, cuya querella ha sido admitida a trámite por el juzgado de instrucción número 3 de Barcelona. En este caso, la denuncia se encuentra en fase de tramitación, según ha informado esta plataforma jurídica.

Asociaciones pro vida señalaron que las clínicas que practican abortos han estado hasta ahora “amparadas” y no se han investigado sus posibles irregularidades a la hora de llevar a cabo abortos, se felicitaron por los registros y detenciones por parte de la Guardia Civil en las clínicas del doctor Morín y aseguraron que deberían investigarse otras clínicas de España.

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