Había fetos de siete meses en la basura de una clínica de Madrid

La clínica abortiva del doctor Carlos Morín en Madrid -está en prisión preventiva por practicar abortos ilegales en Barcelona- no es la única en el punto de mira. CB Medical Ginedemex, el nombre de la filial madrileña, ha sido cerrada cautelar y parcialmente por la Comunidad de Madrid y ahora el objetivo es intentar desenmascarar prácticas irregulares en otros centros de este tipo.

Uno de ellos es la clínica Isadora, a la que el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid abrió diligencias previas en marzo de este año tras hallarse restos humanos en la basura, desechos clínicos y datos personales de las mujeres que abortaban, nombres y teléfonos incluidos.
Los restos recogidos por el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid durante una inspección fueron enviados por orden judicial al Instituto Anatómico Forense para que determinara de qué tipo de restos se trataba. Finalmente, el encargado del análisis fue un forense del tanatorio de La Paz en Tres Cantos, quien certificó que había una docena de fetos, con distintas edades de gestación, pero varios superaban los siete meses, según las fuentes consultadas por ABC.

Jeringas, gasas y vida
El atestado fue presentado por el Seprona en el Juzgado de Instrucción el 21 de febrero, aunque meses después, pese a las evidencias encontradas, la causa fue archivada por el juez. La Comunidad de Madrid tampoco adoptó ninguna medida al considerar sus inspectores que la clínica estaba en regla. No obstante, la Guardia Civil sí que había detectado infracciones administrativas tanto en la clínica Isadora como en otras clínicas abortivas privadas -en Madrid hay siete abiertas y todas han sido inspeccionadas-.
La situación más grave descubierta fue la del centro Isadora, dada la cantidad de fetos hallados y su edad gestacional, que habían sido arrojados a la basura junto a restos biológicos de aspiraciones y todo tipo de desechos clínicos como jeringuillas y gasas, incumpliendo la ley de gestión de residuos biosanitarios, que obliga a separar los materiales clínicos de los restos humanos procedentes de los abortos. Estos acabaron en bolsas, en el mismo contenedor que el resto de «material» para tirar, y aun así el centro continuó abierto. La normativa que exige la cremación o enterramiento de restos humanos fue igualmente incumplida, así como la que regula la confidencialidad de los datos de los pacientes.
Ha tenido que destaparse el flagrante «caso Morín» y su red del negocio del aborto para que se intensifiquen las inspecciones en Madrid, que, de momento ya han dado como resultado el cierre de una clínica y podría no ser la única, dado que un juzgado ha ordenado nuevas diligencias en el caso del centro Isadora.
«La inspección de la Guardia Civil alcanzó a todos los centros -explican las fuentes consultadas- y las infracciones cometidas están recogidas. Supuestamente deberían haberlas subsanado, pero no está claro que haya sido así».
Fuentes de la Comunidad confirmaron que los controles de la inspección de Sanidad a los centros especializados en interrupciones de embarazo «siguen en marcha» y que, incluso, «se intensificarán» en las próximas fechas. De forma muy especial también se señala, como en el aspecto policial, a la clínica Isadora.
Ahora mismo, en Madrid quedan seis clínicas abortivas abiertas: Isadora, El Bosque, Dator, Callao, Pacífico y Mayrit. De ellas, al menos cuatro, habrían cometido distintas irregularidades de tipo administrativo en el pasado y hay que comprobar si las han solucionado. En esas cuatro, más en la filial de Morín ya clausurada, se habrían localizado restos orgánicos cadavéricos en la basura, curiosamente a efectos sancionadores, una falta administrativa y no penal. En unos casos, como los ya referidos más arriba, se trataría directamente de fetos desmembrados, y en otros de placenta y otras sustancias líquidas. Asombra el porcentaje: cinco de las siete clínicas existentes cometiendo todo tipo de faltas. Lo que da una idea de la impunidad con la que han venido actuando, en toda España, estas empresas.
En este sentido, algunos vecinos, que prefieren guardar el anonimato, del número 41 de la calle Zurbano de Madrid, donde se encuentra el cerrado centro CB Medical, aseguran haberse quejado de forma reiterada de que en los contenedores de basura de su edificio se habían localizado lo que denominaron «restos extraños, sangre y otros líquidos». Esto habría provocado varias quejas de la Comunidad hacia la clínica que, según parece, tampoco contaba con salida de emergencia y se habría apropiado indebidamente de un patio de luces comunitario.
Inspección rutinaria
Al tiempo, se van conociendo más detalles sobre el cierre de CB Medical. Aseguran que los primeros sorprendidos fueron los propios inspectores. La inspección se realizaba de una forma rutinaria, pues estaba incluida en el plan de la Consejería de Sanidad.
Todos los papeles parecían encontrarse en regla, cuando el inspector le preguntó al ginecólogo y cirujano R. T. presente si efectivamente era él quien había firmado más de 50 historias clínicas de abortos de bajo riesgo (hasta doce semanas de gestación). Era una confirmación habitual en este tipo de inspecciones que se soslaya con un simple sí, y punto. Lo asombroso fue que el médico negó ser él quien había firmado las historias. Aseguró que llevaba más de un año sin practicar abortos en esa clínica y que ninguna de esas mujeres había sido paciente suya. Su declaración fue corroborada por un anestesista de la clínica. Esta circunstancia abre otra vía de investigación: si el doctor T. no fue quien practicó las operaciones, cabe suponer, como así lo hacen los inspectores, que quien sí lo hizo carecía de la titulación pertinente, con el grave riesgo para la salud que eso conllevaría. Por último, la sorpresa de la inspección oficial se multiplicó cuando la teórica psiquiatra reconoció que sólo poseía un máster en Psiquiatría, por lo que carecía de la titulación obligatoria para rubricar los informes de su especialidad.
En pleno cierre o no cierre de este tipo de clínicas, con responsables como Morín entre rejas, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, reconoció ayer que la regulación penal del aborto en España es «susceptible de muchas mejoras», que sólo se harán con el consenso de todos los grupos del Congreso.
DOMINGO PÉREZ/CRUZ MORCILLO

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