Una jueza clausura el principal casino de la catalana Cirsa

EN EL PUERTO DE BUENOS AIRES

Medida de prevención ante el riesgo de nuevos incidentes con trabajadores despedidos

El barco casino que la compañía catalana de juegos Cirsa tiene anclado en el puerto de Buenos Aires -nave insignia del grupo por sus importantes ingresos- fue clausurado este miércoles por orden de la jueza argentina María Servini de Cubría.

La resolución de la magistrada se produjo en prevención de que ocurran nuevos incidentes entre un grupo de trabajadores despedidos por la empresa, que acampan a las puertas del casino, efectivos de la Prefectura (policía del puerto), y piquetes sindicales.

Desde el pasado 9 de noviembre, el casino de Cirsa casi no recibe apostadores porque se vienen sucediendo violentas peleas de activistas del Sindicato Obreros Marítimos Unidos -afines al Gobierno peronista de la presidenta Cristina Kirchner- y prefectos de la policía portuaria contra los despedidos, mayoritariamente de izquierdas.

En un intento de apaciguar los ánimos, el jueves pasado, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por 15 días, lo cual obligaba a la reincorporación de los 81 despedidos, pero esta miércoles la Prefectura impidió que estos volvieran a sus puestos de trabajo y con ello se ha recrudecido el conflicto.

Por eso, los trabajadores decidieron bloquear los accesos al buque e iniciaron una acampada hasta que la empresa reincorpore a los empleados que tienen prohibida la entrada. Los portavoces sindicales calificaron la situación como “medida de fuerza persuasiva”.

Cirsa está instalada en Argentina desde 1999, cuando el entonces presidente neoperonista Carlos Menem privatizó el juego que hasta entonces era monopolio del Estado. Padeció varios años ofensivas judiciales -incluidas varias clausuras- hasta que en marzo último admitió como socio a Cristóbal López, un empresario muy vinculado a los Kirchner. A partir de esa alianza estratégica, por la cual debió entregar a su socio la mitad de los negocios que tiene en Argentina, alcanzó cierta ‘paz’ en los juzgados, pero no obstante ello ha ganado en conflictividad laboral y sindical, con graves perjuicios para sus ingresos e imagen pública.
JUAN IGNACIO IRIGARAY

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