¿ Suicidio o asesinato ?

Cianuro para el final del represor argentino Héctor Febres

La justicia investiga si se suicidió antes de conocer el fallo o si lo asesinaron

Había aplicado la picana eléctrica a un bebé de 20 días para que su padre guerrillero delatara a sus compañeros. Lo apodaban Selva, porque “era más bestia que todos los animales”, según un superviviente de uno de los principales centros de detención ilegal de la última dictadura de Argentina (1976-1983), la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA). Héctor Febres, oficial retirado de la Prefectura Naval, de 64 años, iba a ser condenado el viernes, pero murió envenenado con cianuro cuatro días antes. La justicia argentina investiga si se suicidó antes de conocer el fallo o si lo se asesinaron para evitar que en el alegato final acusara a sus jefes.

Uno de los abogados querellantes, Rodolfo Yanzón, calificó la muerte de Febres como “mensaje mafioso”. La juez federal Sandra Arroyo Salgado reaccionó primero con la detención del jefe de la Prefectura en Tigre y del custodio de la celda, pero el viernes ordenó que se arrestara a la esposa, los dos hijos y al yerno de Febres, que cenaron con él en la víspera de su envenenamiento.

Febres era el primer represor juzgado en un proceso oral y público por la causa de la ESMA, donde fueron detenidas en condiciones infrahumanas alrededor de 5.000 personas —la mayoría de ellas murió en los llamados vuelos de la muerte, a los que las subían narcotizadas para después arrojarlas al mar— y donde nacieron cerca de 15 bebés de desaparecidas que fueron apropiados por militares, policías o civiles vinculados a la dictadura. Organismos de derechos humanos denuncian que el régimen que inició Jorge Videla forzó la desaparición de 30.000 personas.

El ex subprefecto había sido detenido en 1998 en una causa por el robo de bebés, dado que está acusado de supervisar la maternidad clandestina situada en la ESMA. Pero los juicios contra los responsables de las violaciones de los derechos humanos en la dictadura sólo comenzaron a avanzar, y con lentitud, en el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007). Ya fueron condenados dos ex policías y un sacerdote. Febres iba a ser el cuarto. Otros 300 oficiales y civiles están procesados por casos de la dictadura.

Febres se encontraba en una sede de la Prefectura Naval en el turístico suburbio bonaerense de Tigre, en una celda con dos habitaciones, balcón, teléfono móvil y reproductor de DVD. Abogados querellantes habían pedido su traslado a una cárcel común, también por un motivo de seguridad del acusado. Un testigo contra uno de los represores condenados, Jorge Julio López, lleva un año y tres meses desaparecido.

En el primer día del juicio, el 18 de octubre, Febres negó lo que había declarado en los años 80 a la justicia militar: que él era el vínculo entre la Prefectura Naval y la Armada en la ESMA. Rechazó las acusaciones y pidió que se lo juzgaran con sus superiores de la Marina. Entre ellos figuran el ex comandante Emilio Massera, Alfredo Astiz y Jorge El Tigre Acosta. Febres estaba denunciado por 300 casos, pero sólo fue juzgado por cuatro secuestros y torturas de supervivientes de la ESMA.
ALEJANDRO REBOSSIO

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