El juez Torres puede ser recusado por sus almuerzos con Gallardón y Cobo


Las reuniones a mesa y mantel del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y su «mano derecha», Manuel Cobo, con el juez Santiago Torres, encargado de investigar una presunta trama de corrupción en la concesión de licencias urbanísticas en el Ayuntamiento de la capital pueden costarle caras al magistrado. El regidor y el vicealcalde han comido en varias ocasiones con Torres , según informó ayer este periódico, con el fin de colaborar para poner cuanto antes el punto y final a una investigación que suma hasta el momento más de una veintena de detenciones.

Pero ese afán del Ayuntamiento de Madrid por ponerse a disposición de la Justicia en un restaurante, y no en la sede del juzgado de Instrucción número 32 de la capital, del que es titular Torres, no cuentan con el beneplácito de la principal asociación de jueces, que considera que existe un «altísimo riesgo» de que el magistrado sea recusado por poner en entredicho su imparcialidad.

Antonio García, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), aseguró ayer que este tipo de reuniones «no pueden considerarse ni oportunas ni procedentes en términos deontológicos y con la ley en la mano son un tanto irresponsables e incluso temerarias».

Para García, un juez que instruye un procedimiento sobre hechos supuestamente delictivos no debería reunirse con personas que aun no estando imputadas pueden ser citadas como testigos. Este hecho sitúa al juez Torres, según la APM, en «un riesgo altísimo de ser inmediatamente recusado por entenderse que su imparcialidad desde el punto de vista objetivo e incluso subjetivo está en tela de juicio». El caso, insiste, «está sub iudice, y el juez tiene un deber de sigilo».

Para el portavoz de la asociación mayoritaria de jueces, las investigaciones judiciales no se basan en conversaciones privadas sino en diligencias enmarcadas en el seno de un procedimiento incoado con todas las garantías legales. «No se trata de ir a comer con el alcalde para que el procedimiento se acabe cuanto antes o para facilitar la investigación». Y es que la APM recuerda que el ofrecimiento de colaboración con la Justicia está de más teniendo en cuenta que cualquier ciudadano está obligado por ley a hacerlo en caso de ser requerido por un juez. «No depende de su ofrecimiento y por eso no hace falta quedar a comer con nadie. Este tipo de cosas no deben hacerse porque el juez debe preservar su independencia y estas acciones no contribuyen a salvaguardar la imagen de neutralidad de un juez; parece una situación de compadreo», recalca.

Esta asociación cree que si estas conductas se generalizan «esto sería casi de comedia. Los jueces tenemos limitaciones y nuestro oficio no se desarrolla de esta manera. Estas actuaciones un tanto heterodoxas no se ven bien desde nuestra asociación. Nuestro modelo judicial es otro».

Otras fuentes judiciales consultadas coincidieron en señalar que «sólo se queda a comer por motivos personales, no para colaborar con la Justicia y la forma de ayudar al juez es aportando toda la información en el Juzgado». No obstante, estas mismas fuentes hacen hincapié en que ni Gallardón ni Cobo «son parte en el proceso. Es como si se investiga a un policía y el juez come con el ministro de Interior». Por este motivo, creen que «en absoluto» existen motivos para que el Consejo General del Poder Judicial abra un expediente al juez Torres por su conducta. En su opinión, si algún reproche merecen esas reuniones son más bien de carácter ético.

Funcionarios y empresarios

Con la «Operación Guateque» Torres tiene mucho trabajo. Ya van 24 detenidos a cuenta de esta trama en apenas mes y medio. En la primera tanda, el 14 de noviembre, detuvieron a 16 funcionarios y hubo registros en las Concejalías de Medio Ambiente y Urbanismo, también se inspeccionaron domicilios privados y diversas Juntas de Distrito.

Dos días después, otro funcionario era detenido. Más tarde vinieron dos empresarios y el pasado jueves, otros cinco empleados públicos. De no haber habido dos empresarios huidos y un funcionario de vacaciones, los arrestos hubiesen sumado 27. Otro ejemplo de la magnitud de esta trama es la cantidad de Juntas de Distrito que han sido registradas. Hasta ocho están implicadas por ahora en la operación «Guateque».

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