Fórum y Afinsa asuntos olvidados

Cada cierto tiempo pasean su denuncia por las calles de España. Cada semana peregrinan hasta la sede del PSOE en Madrid para hacer ver que existen y para que su dramática situación no quede en el olvido. Nunca han sido recibidos por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ni por la entonces ministra de Sanidad, y nadie, hasta ahora, ha sido capaz de ofrecerles una solución. Ahora, temen que con las elecciones a la vuelta de la esquina se conviertan en objeto del deseo de los políticos pero que, días después de la cita electoral, vuelvan a quedar en el olvido. Son los cerca de quinientos mil afectados por la intervención de las empresas Fórum Filatélico, 269.203 y Afinsa, 190.000, según datos de los informes concursales.
Ha pasado un año y medio desde que, a raíz de unos informes del Ministerio de Hacienda, la Audiencia Nacional decidió paralizar la actividad de estas dos empresas y dejar sin sus ahorros, en muchos casos de toda una vida, a miles de familias. Salieron a la luz entonces acusaciones tan graves como estafa piramidal, blanqueo de dinero, insolvencia punible, delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.
«Desesperanza total»
Mientras la acción judicial sigue su curso, los afectados reconocen que se encuentran en una situación de «desesperanza total», comenta Francisco Berzosa, portavoz de la Coordinadora Española de Afectados de Fórum Filatélico y Afinsa. «Jamás creíamos que un Gobierno que se llama socialista pudiera dejarnos a los pies de los caballos. Este Gobierno, además de que nos ningunea, nos masacra literalmente», se lamenta Berzosa. La situación de los afectados, en muchos casos, está llegando al límite, «ha habido cinco suicidios. Hay casos desesperantes, gente malviviendo de la caridad y con una pensión que no les llega», relata con infinita tristeza el portavoz de miles de afectados, que no duda en afirmar que «nos han robado nuestro dinero. Si es cierto que han intervenido estas dos empresas para evitar un daño, el que han ocasionado es infinitamente mayor e irreparable. No se puede entender que un Gobierno socialista haga una acción como ésta sin saber qué va a pasar con los afectados».
Más de un año después, las acciones gubernamentales y legislativas han sido escasas. El Gobierno aprobó unos créditos ICO con un máximo de 3.000 euros por titular a devolver en un plazo de cinco años. En muchos casos, las entidades financieras condicionaban la concesión del dinero a la apertura de cuentas bancarias y firma de determinadas garantías.
En la tramitación de la Ley de Bienes Tangibles, el PSOE se negó a aprobar la creación de un fondo de garantía y otro de compensación de pédidas. A la vista de esa desidia, Berzosa arremete contra el PSOE y dice que «no quiere saber nada de todo lo que hace referencia a los afectados, no quiere oir hablar de posibles soluciones».
Este querer mirar para otro lado se refleja en las tres cartas enviadas al presidente del Gobierno, «que es cierto que nos contesta su gabinete, pero nos deriva al Ministerio de Sanidad», y las cuatro a la entonces ministra, «que no ha sido capaz de contestarnos ni de recibirnos en tres años». Sólo se han sentido escuchados por los portavoces políticos, que sí los han recibido
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