La prostitución mueve 18.000 millones anuales

Páginas y páginas de anuncios en periódicos, líneas «calientes», vallas publicitarias, neones en cualquier carretera, internet, cuerpos semidesnudos apostados en las esquinas de las ciudades. El mercado del sexo vive su mejor momento, tal y como lo reflejan las mareantes cifras. Unas 300.000 personas ejercen la prostitución en España. Generan, según cálculos de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (Anela), más de 18.000 millones de euros anuales.
El censo de clubes y locales repartidos por toda la geografía supera los 4.000, según datos policiales. Y eso sin contar el mercadeo en la calle, en pisos y en apartamentos no controlados.
«Cuanto más rico es un país, más sexo consume y menos lo ejercen los nacionales. La venta de sexo es de extranjeros», apunta un responsable policial. En los clubes las prostitutas españolas no llegan ni al cuatro por ciento y ahí se incluyen chicas nacionalizadas. El reducto nacional lo componen acompañantes de lujo o «alto standing», «azafatas» y un residual grupo de toxicómanas callejeras.
Los propios empresarios admiten que cada una de sus empleadas les reporta al año en torno a 45.000 euros de beneficio. Y no es un cálculo al alza, porque en un prostíbulo medio una chica gana entre 12 y 15.000 euros al mes. «Menos de 50 euros por media hora ya no cobra nadie y lo normal es que tengan entre ocho y diez pases al día. A eso hay que sumar las copas que consume el cliente en las que la mujer suele llevar porcentaje», señala José Nieto, jefe de sección de la Brigada Central de Redes de Inmigración. Como mínimo trabajan 21 días seguidos y descansan aquellos que marca el cuerpo de la mujer.
Se comercia con su cuerpo, después de haber comerciado con sus sueños porque «unas no saben a lo que vienen y otras que sí lo saben, no imaginan las condiciones», apostillan fuentes policiales. Entre enero y octubre de este año la Brigada Central ha desmantelado 102 redes de prostitución y ha detenido a 476 proxenetas. Las acusaciones son tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución y contra los derechos de los trabajadores. Las penas aplicadas con rigor oscilan entre los diez y los diecinueve años de prisión, tras la reforma del Código Penal de 2003.
Cada vez más la impunidad de la que hasta hace dos días habían disfrutado los chulos y muchos dueños de locales está pasando a la historia. Ya se han ordenado varios cierres definitivos de clubes, algunos mercaderes de sexo están entre rejas, y las investigaciones patrimoniales de los grupos empiezan a incorporarse a este tipo de pesquisas.
«Las denuncias de mujeres han caído en picado porque los proxenetas las aleccionan y amenazan mucho más. Saben que se juegan ir a prisión y eso se nota. Antes se sentían intocables», explica el comisario Carlos Botrán, jefe de la Brigada Central de Redes de Inmigración dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Documentación.
El 30 por ciento de los arrestados por la Policía son españoles y otros tantos rumanos, seguidos de lejos por brasileños, nigerianos, búlgaros, argentinos, paraguayos y rusos. Las redes de prostitución más activas en los últimos años son las rumanas, con frecuencia también las más violentas. Tanto los que las controlan como las mujeres que traen a España -se calcula que el 50 por ciento de las prostitutas son de este país- proceden básicamente de las ciudades de Brailla y Galati; muchos chulos son de etnia gitana y abundan los que acumulan historiales delictivos importantes.
Locales de paraguayas
«El traficante va a lo fácil y es mucho más sencillo introducir a una chica rumana que a una rusa o una eslovena, por ejemplo». Estos proxenetas han ganado terreno después de los golpes policiales a las organizaciones colombianas. Lo mismo ocurre con las paraguayas, que han copado zonas completas -como la llamada «ruta del sexo», la antigua carretera de Valencia- y en algunos clubes el 95 por ciento son de esta nacionalidad.
Quienes combaten este tipo de tráfico de seres humanos insisten en que son grupos perfectamente organizados y jerarquizados. Crimen puro y duro. En la cabeza está el «coyote» o traficante de personas que dirige el grupo. Por debajo, los captadores, encargados de buscar candidatas consentidas o no en los países de origen. Las mujeres suelen creer que se van a dedicar a ser bailarinas, camareras, cuidadoras, casi nunca putas. Convencida la chica o su familia, entran en escena los tramitadores que consiguen los documentos necesarios para viajar, falsificados o auténticos.
Llega la hora del dinero que casi nunca tienen y para eso la red pone a su disposición a los prestamistas o «chulqueros», usureros sin escrúpulos que adelantarán el pago del viaje y los papeles y encadenarán a las víctimas durante años con sus intereses imposibles: entre el 15 y el 20 por ciento quincenal o mensual.
Es la famosa deuda, la espada de damocles de las mujeres inmigrantes que venden su cuerpo. Oscila entre los 3.000-4.000 euros o dólares que contraen rumanas y suramericanas hasta los cerca de 40.000 dólares que a veces tienen que devolver las nigerianas pasando por los 15.000 que se exige a las chicas chinas.
Un 40 por ciento
Cuando todo marcha sobre ruedas, las mujeres son acompañadas por un pasador -fingen ser guías turísticos, sacerdotes, maridos…-, cuyo papel es introducir a la mujer en España. Una vez aquí, el dueño del lupanar o alguien de la organización envía al receptor -un taxista de confianza o un chulo de segunda al que acompaña con frecuencia su novia, una ex prostituta para ganarse a las chicas- que dejará a la mujer a buen recaudo en el club que le toque, dirigido por el dueño, el explotador, que emplea a «sin papeles» a sabiendas de que comete una ilegalidad. Éste, casi siempre español, percibirá un 40 por ciento de lo que gane la mujer en su plaza, una vez que la deuda esté pagada, y le cobrará aparte el alojamiento y la manutención: entre 30 y 90 euros al día por cada chica.
Si la mujer funciona bien y gana dinero permanece en el mismo local, que pese a todo renovará caras y cuerpos cada cierto tiempo. En algunos clubes afamados se llegan a hacer «casting» y las candidatas -cuando ya han saldado la deuda- se dejan la piel para entrar en ellos.
Pero hasta que llega ese momento, la mayoría vive un auténtico drama. Si amagan con escapar, los padres, los hijos, cualquiera de sus seres queridos pueden pagar las consecuencias. Las controlan criminales y eso se nota en los métodos. «Hemos detectado ya que las organizaciones mandan dinero a las familias todos los meses con el pasaporte de las chicas para que crean que están trabajando en otra cosa porque antes muchos denunciaban desde su país cuando pasaba el tiempo y no tenían noticias», explica el comisario Botrán.
El sobre del vudú a África
Eso en los casos «civilizados» -redes de rumanos, sobre todo- porque los proxenetas africanos, nigerianos básicamente, son bastante más expeditivos. Sus chicas ejercen en la calle y en pisos, más que en locales. La mujer ve al rufián, de su aldea o próximo a ella, como su protector, su vínculo con un mundo quele da la espalda. Ellos se encargan de mandar algo de dinero a la familia, que las ha vendido antes, y a cambio se aseguran de que la chica cumplirá el contrato firmado.
La pantomima consiste en un sobre que guarda un secreto, una práctica de vudú con restos orgánicos y amuletos que las mantendrá amedrentadas durante años, casi de por vida. Si se rebelan, el sobre llega a su casa en África. Antes han pasado por el viaje en patera y todas las penurias imaginables; algunas han sido violadas durante el viaje y han abortado o han llegado con su recién nacido en brazos. Esta inmigración, no obstante, ha variado y como siguen siendo mujeres rentables, las redes las traen en avión vía París con documentos americanos.
Nunca denuncian. La Policía para ellas no existe. Igual que para las chinas. Hasta hace no mucho, las prostitutas chinas eran de «consumo interno», pero ahora son todo un reclamo. «Sexo diferente», «geishas» se publicita. Es rarísimo verlas en un club. Sus controladores las recluyen en pisos de Madrid, Sevilla, Málaga y Barcelona, a los que el cliente accede tras sortear varias barreras de seguridad. No sólo tienen que pagar su deuda, sino también los anuncios que las venden. En teoría perciben parte de los beneficios del local en el que ejercen. Se convierten en socias. Otra treta burda.
Casi 2.000 mujeres son «liberadas» cada año de las redes mafiosas. Muchas se quedan sin alternativa y al final vuelven a convertirse en esclavas del mercado del sexo. Otras se acogen a la protección de los testigos que colaboran y las menos vuelven a casa, mientras los comerciantes de sueños siguen haciendo caja.
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