Caso Guateque, ahora implicados decenas de técnicos

El juez Santiago Torres, instructor de la Operación Guateque que sacó a la luz una densa trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, dispone de dos sólidas bazas para acreditar sobornos a una veintena de funcionarios municipales: la contabilidad secreta de la trama, hallada por la Guardia Civil en un registro en la sede de Agustino Proyectos, una de las supuestas empresas tramitadoras ilegalmente de licencias, y el informe que le están elaborando sus peritos sobre los ingresos y gastos de los encausados. Tal cifra puede engrosarse en próximas semanas ya que el juez no ha agotado el amplio listado de tan explosiva agenda.
Todo ello servirá para dinamitar algunas de las coartadas que algunos de los encartados han ido desgranando al ser interrogados: aseguran no haber cobrado ningún soborno, no haber agilizado irregularmente expedientes, incluso niegan que las frases grabadas, donde negocian mordidas, tengan el sentido que la lógica les da.
Por el contrario, la agenda hallada en la sede de Agustino Proyectos no deja lugar a dudas sobre la realidad de los cohechos: viene anotada la cifra pagada, el nombre más o menos preciso del funcionario receptor, un teléfono de contacto y el motivo del pago. De tal agenda ha salido exclusivamente la última oleada de detenciones de funcionarios decretada por el juez. No siempre ha sido fácil identificar al destinatario de tales pagos ilegales. En ocasiones, el nombre del sobornado no aparecía completo, y ha sido preciso interpretarlo en función del lugar de trabajo que se derivaba del teléfono de contacto.
En otras ocasiones, tal labor no ha sido aún finalizada, ya que el nombre aparece como algo más confuso, por lo que la estela de pagos puede extenderse a un número aún mayor de funcionarios.
Obviamente, el juez está vinculando tan poderosos indicios -anotaciones de cobro de sobornos y comprometidas frases grabadas- a otros dos elementos: si tales funcionarios han jugado algún papel en los 187 expedientes que han sido acelerados y que examina con lupa el juez. Los agentes ya han revisado expedientes hasta el año 2000. Y amén de la vertiginosa aprobación de tales expedientes, liquidados en un mes cuando suelen durar años, han hallado dos hechos coincidentes: la totalidad de los expedientes sobre los que existen indicios o sospechas de pagos fueron visados por Joaquín Fernández de Castro, como jefe de departamento de Evaluación Ambiental, quien, sin embargo, ha emitido mensajes exculpatorios para sí pero incriminatorios para el resto.
Negar la evidencia
Su subordinado, Victoriano Ceballos Fernández, jefe de división de análisis ambiental, a diferencia del anterior, no extiende las culpas a otros, pero sí niega algunas de las evidencias más clamorosas que le fueron expuestas en los interrogatorios. Por ejemplo, allí donde fue grabada su voz asintiendo a un reparto de 2.500 euros por una licencia, dice, sencillamente, que es mentira. En cambio, Ceballos sí admite que declaró por teléfono a Rubén López Martínez, miembro de la empresa Agustino Proyectos donde fue hallada la contabilidad secreta de los sobornos, que era muy difícil adelantar un expediente porque les estaba prohibido. Negó que hubiera dado tal mensaje para presionar y cobrar más.
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