Nueva agresión por parte de unos menores a una mujer

Una mujer de 43 años, residente en Medina del Campo, fue apaleada el pasado lunes por la noche, cuando fue sorprendida en la puerta de su casa por un grupo de 21 chicos y 3 chicas de entre 14 y 17 años que, según la víctima, grabaron la agresión con sus teléfonos móviles.
Pégame, que soy menor. A ver si te atreves
Sobre las 21.45 horas, el grupo de menores comenzó a lanzar piedras contra la casa de la madre de la agredida. “Estábamos viendo la televisión y llamaron a la puerta […] pensé que serían mis sobrinos, pero al escuchar los golpes me extrañé”, afirma la agredida, que acabó en el hospital con múltiples contusiones y un dedo fracturado, según publica el diario Norte de Castilla.

La mujer abrió la puerta y cuando vio lo que estaba ocurriendo preguntó los motivos a los jóvenes. Una de las menores respondió: “Porque nos da la gana”, le ordenó callar y le dijo que ella hacía lo que quería.
La víctima les pidió que les dejaran “en paz” pero el grupo de menores repitió los golpes, esta vez contra la puerta principal de la vivienda. Cuando salió nuevamente, la mujer fue arrastrada hasta un callejón, adonde comenzaron a agredirla después de instarle a que les pegara: “Pégame, que soy menor. A ver si te atreves”.

Lo grabaron con sus móviles

Empujaron a la mujer, le dieron bofetadas y le retorcieron los dedos. Dos de ellos grabaron la paliza con sus móviles y un tercero realizó una llamada telefónica y aseguró a su interlocutor que lo estaba “grabando” y lo tenía “en el móvil”. Otro de ellos gritó al resto que fueran “a por el bazo”.

Veinte minutos después, uno de los menores pidió a los demás que la dejaran y los agresores la abandonaron en el suelo. Según ha declarado la mujer, no conoce a los agresores aunque todo apunta a que serán identificados en breve, ya que son, al parecer, naturales del municipio.

La Ley es contradictoria en sí misma puesto que va a conseguir lo opuesto a lo que pretende. Si la Ley quiere rehabilitar a los menores delincuentes y rescatarlos para la sociedad ha de poner los medios adecuados para estos fines. Ante la carencia de medios la pretendida resocialización va a ser imposible. Si lo que la Ley pretende es que disminuya la incidencia del delito cometido por menores, esto no se va a conseguir, sino todo lo contrario pues ante la impunidad de los menores la delincuencia se va a valer de ellos más que antes. Si lo que se pretende es el “interés superior del menor” esto no se va a conseguir con la impunidad o con las penas que se imponen, puesto que el interés del menor, y el de la sociedad, es que se le rehabilite y que se le impida reincidir; comúnmente no se consigue la reinserción devolviéndole al medio problemático en que se hallaba, sino mayormente tratándolo en establecimientos especializados y no se le impide reincidir cuando se le deja impune.

La Ley se ha hecho a espaldas de las víctimas del delito común, que es el más común y numeroso de los delitos, por lo que no se han tenido en cuenta sus opiniones sobre las materias que le afectan. Sino que se la aparta sin mas del proceso, a fin de que no pueda perjudicar a quien fue su verdugo, sin importarle al legislador sus derechos como ciudadano. Esto es una consecuencia más de la preterición y abandono de la víctima de la violencia en este país.

En particular se propone el cambio o reforma de los siguientes extremos que además entendemos inconstitucionales:

• La Ley es inaplicable. No existen medios ni materiales, ni humanos para su entrada en vigor efectiva. Esto dañará al menor en cuanto a su necesidad de intervención educativa. Es necesario dejarla sin efecto hasta que quede constancia de que las Comunidades Autónomas cuentan con los medios necesarios, o ponerla en vigor parcialmente.
• Menores de 14 años. Somos contrarios a la impunidad que se establece en la Ley. Todo delito ha de tener una respuesta penal en un Estado de Derecho. La impunidad es además absurda cuando las sanciones que establece la Ley tienen un neto carácter educativo y resocializador del delincuente. La impunidad puede no coincidir con el interés del menor, y desde luego no coincide con el interés del resto de la sociedad. La impunidad provocará más delincuencia de menores.
• No hay motivo para abandonar la perspectiva intimidatoria, retributiva y preventiva de la pena, esto es muy educativo. Su ausencia puede provocar un aumento de la criminalidad de menores. La Ley debería de condenar según el Código Penal vigente y posibilitar la sustitución de la pena por el Juez de Menores. Esto además sería bueno para el caso de que los menores no sean efectivamente recuperado para una vida en sociedad sino que reinciden una vez que son mayores de edad.
• Mayores de 14 años. Una vez que se comete un delito o falta, ya sea más o menos grave, el Estado de Derecho ha de reprochar esta conducta mediante una sentencia penal. No puede archivarse o sobreseerse el expediente y menos por el Fiscal. Distinto es que quede en suspenso la sentencia.
• La ley no puede tratar como menores a los mayores de 18 años.
• El fiscal no puede adoptar la decisión de archivo o sobreseimiento de un expediente por delito o falta. Esta decisión ha de corresponder al Juez de Menores. Se atenta contra las mínimas garantías procesales. Cuando se inste el sobreseimiento ha de darse plazo de alegaciones a la víctima y cuando se sobresea han de posibilitarse recursos. Esto es además contrario a la imparcialidad.
• Es contrario a la Tutela Judicial Efectiva que la víctima o terceros no puedan personarse y ejercer sus derechos como parte. Su actuación no tiene porqué perjudicar al menor delincuente, mas de lo que lo hace la presencia del Ministerio Fiscal. Hay medios en Derecho para que la actuación de la parte no ofenda o perjudique al menor. La presencia de la víctima puede servir para que el menor comprenda la gravedad de su acción. Es absurdo que la víctima no pueda personarse y sin embargo se le pida su perdón o conformidad para adoptar alguna medida.
• Hay un desequilibrio en la instrucción en la que sólo actúa el Fiscal, quien tiene encomendada la defensa del interés superior del menor, y su abogado defensor. Es buena la presencia de partes acusadoras. Es injusto que no se permita la personación, con todas sus posibilidades, ni en el caso de delincuentes jóvenes mayores de 18 años.
• Es contrario a la Tutela Judicial Efectiva que la víctima no pueda pronunciarse en Juicio sobre las medidas propuestas, ni proponer medidas.
• Es contrario al Estado de Derecho impedir la acción popular (la acción penal es pública).
• Un mal empleo de la figura de la conciliación puede provocar un plus de victimización. La conciliación ha de ser promovida por la víctima y/o con su consentimiento. Piénsese en las víctimas menores de edad que pueden verse coaccionadas, amenazadas o inquietadas por sus agresores.
• Es contrario al interés reinsertador demostrado por el legislador la jerarquización de las medidas y la imposibilidad de imponer algunas a determinados delitos o faltas. Teniendo en cuenta los informes técnicos el Juez de Menores ha de poder adoptar cualquier medida que sea efectiva para la reeducación del menor, aunque en principio esté pensada para delitos mas graves.
• Es contrario a la Justicia, y al interés del menor, que las medidas cautelares de internamiento no puedan durar mas de seis meses, dejándolo desprotegido y en la calle, cuando la instrucción dure mas precisamente por ser delitos graves. El Juez de Menores ha de poder prorrogar el internamiento motivadamente.
• La Ley no se ocupa de los casos en que la reeducación y resocialización hayan sido imposibles, según los informes técnicos, dejando en libertad a menores potencialmente peligrosos.
• La Ley tampoco contempla la responsabilidad del Estado por los delitos que cause la mera aplicación de la Ley. Si en aplicación de la Ley un menor en libertad causa un delito quién se hace responsable. ¿Ha de ser la víctima, como hasta ahora, quien cargue en solitario con el mal causado?
• No es de interés para el menor hacer responsables solidarios a los padres, tutores y guardadores, pues esto va a provocar que nadie quiera hacerse cargo de un menor conflictivo. La responsabilidad la tienen los padres o guardadores si se demuestra negligencia, en otro caso la tiene el Estado.
• La Ley tampoco se ocupa de la víctima menor de edad, para la que no instaura ninguna garantía, ni la recupera para la sociedad, ni le da medios para defenderse, ni la ayuda, ni la resarce.

Quejas como esta se han sucedido a lo largo de estos años y aunque hay que felicitar en parte al Gobierno por haberse hecho eco —por fin— del enorme clamor social contra esta ley y por haber logrado un consenso político en pro de su reforma, hemos de señalar que las modificaciones introducidas, aunque válidas, son claramente insuficientes. En realidad, la reforma se limita exclusivamente a las modificaciones de los artículos 8 y 35 de la ley del 2000 —con el objeto de permitir a la acusación particular ser parte activa en el procedimiento—, y a la inclusión de una disposición adicional en la que se dice que en el futuro “el Gobierno procederá a impulsar las medidas orientadas a sancionar con más firmeza y eficacia los hechos delictivos cometidos por personas que, aun siendo menores, revisten especial gravedad”.

De esta forma tan vaga y también aplazándola al futuro, esta disposición adicional señala que “se establecerá la posibilidad de prolongar el tiempo de internamiento, su cumplimiento en centros en los que se refuercen las medidas de seguridad impuestas y la posibilidad de su cumplimiento a partir de la mayoría de edad en centros penitenciarios”.

El Gobierno, al poner fin a la absurda imposibilidad de que las víctimas pudieran presentarse como parte activa en el procedimiento, acaba con una situación clamorosamente injusta que violaba en parte el derecho de las víctimas de estos delitos a una tutela judicial efectiva. De forma muy detallada, la reforma restablece esos derechos que deja de ostentar en exclusiva la figura del fiscal y que las víctimas jamás debieron perder en función de la edad de sus agresores.

Sin embargo, el Gobierno, aunque señale otras alarmantes deficiencias como son la escasa duración de las penas, el desbarajuste de los permisos penitenciarios o la falta de seguridad en los centros de reclusión para menores, no señala cambio concreto y efectivo alguno. Tan sólo —como antes adelantábamos— indica una vago compromiso de “impulsar” en el futuro una “medidas” “orientadas a” poner fin a estas deficiencias absolutamente fundamentales que explican el malestar social contra la ley que tan parcialmente se forma.

O bien el Gobierno —después de años de pasividad— ha actuado ahora de forma prematura sin dar tiempo a tramitar reformas de mayor calado, o bien, ha actuado de forma deliberadamente parcial por temor a romper el consenso político con modificaciones más profundas y ambiciosas.

No se nos escapa el hecho de que algunos de los problemas apuntados son competencias de las Comunidades Autónomas, como las que pueden referirse a la escasez de centros de internamientos para menores. Sin embargo, no podemos admitir, ni lógica ni jurídicamente, que el único punto que pueda reformarse sea el referido al de la acusación particular que —con ser fundamental— no cubre, ni mucho menos, los problemas de casi impunidad cuando el autor del delito es un menor de edad.

El Gobierno bien podría restablecer la edad penal del menor en los dieciséis años o simplemente acabar con la situación actual que deja sin medida alguna a cualquier menor que cometa un crimen, por salvaje y brutal que sea, si no alcanza los 14 años de edad, dos años de reclusión, si el delincuente no llega a los 16 años, y ocho años de reclusión máxima, con revisión a la mitad, si el criminal tiene entre 16 y 18 años. Y eso por no hablar de las fugas que se cometen en absurdos e injustificados permisos penitenciarios…

Si el Gobierno teme perder los apoyos de la oposición —y ese temor es justificado vistas las carencias progres de la izquierda—, que se fije en el enorme consenso social en apoyo de una reforma de mayor envergadura. Por ahora, el Gobierno ha fijado la atención en donde los problemas están. Pero el trabajo de modificación legal que reclama su solución deja mucho de haber concluido con esta reforma.

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