El PP recurre que las autonomías propongan jueces al TC porque restan poder al Senado

El Partido Popular considera que la reforma del Reglamento del Senado que prevé que los parlamentos autonómicos puedan proponer candidatos para magistrados del Tribunal Constitucional vulnera «abiertamente» la Carta Magna porque «desapodera a la Cámara Alta de una competencia expresa». Este es uno de los ejes del recurso de los «populares» ante el TC contra la citada reforma.
En este sentido, se esgrime que la Constitución establece «con meridiana claridad» que cuatro de los doce magistrados del TC son nombrados por el Rey a propuesta del Senado, por lo que si éste no pude elegir «con libertad» se estaría vulnerando el precepto constitucional en cuestión. De esta forma, el PP sostiene que el legislador «ha sustraído a un órgano constitucional una facultad que le corresponde».
Por ello, el PP defiende que con la reforma aprobada se traslada «fraudulentamente» a otro órgano constitucional las asambleas autonómicas, una competencia que no les atribuye la Constitución. La Carta Magna, se añade en este punto, «en ningún caso incluye la capacidad de elevar ante el Senado candidaturas de miembros del Tribunal Constitucional, y en especial que, promovidas esas candidaturas, el Senado se vea obligado a aceptarlas sin barajar otras que provengan de las propuestas de sus miembros».
Por ello, el senador «sufre un menoscabo» que reduce su capacidad para ejercer el cargo público para el que fue elegido, convirtiéndose así la propuesta de magistrados del TC «en el resultado de una acumulación de intereses territoriales».
Así, el PP entiende que con la reforma aprobada se somete a los senadores a un «mandato imperativo», al estar obligados «a obedecer las propuestas llegadas de las comunidades autónomas sin poder decidir con libertad los candidatos que cumplan con las exigencias constitucionales y que no figuren en la delimitación marcada por las Asambleas Legislativas». «Los senadores se han encontrado con una mermada capacidad de decisión sobre los miembros que han de componer el TC», se afirma al respecto. Además, se podría llegar al «absurdo», señala el PP en su recurso, de que el Senado no tenga otra opción que nombrar, «obligadamente», a candidatos que pueden no reunir los requisitos exigidos».
Reforma constitucional
La única vía que considera legal para llevar a cabo lo pretendido con la reforma impugnada sería modificar la Constitución: «La posible existencia de justificaciones políticas conducentes a obtener un mayor protagonismo de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas en estos nombramientos, ha de conducir necesariamente a una reforma constitucional, pero no a una mutación del Senado», concluye el recurso.

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