El error Zapatero

Se han constatado ya ostensiblemente los errores y los fracasos del presidente Rodríguez en su política exterior, en la de seguridad y en su giro confederal a la dinámica del Estado autonómico. Pero el fiasco más notorio lo ha provocado su pretensión de conseguir solucionar el terrorismo de ETA. Y eso pese a que las gesticulantes rectificaciones de última hora intentan ocultar la cadena previa de concesiones políticas favorables a la banda y no han cerrado definitivamente tampoco la posibilidad de contactos ulteriores.
Este último intento se ha guiado, en mi opinión, por una combinación de pensamiento desiderativo, una incapacidad para comprender la dinámica del nacionalismo vasco terrorista como ideología totalitaria y una valoración errónea de la situación en que se encuentra la pugna estratégica con los terroristas . Al llevar a cabo su intento a toda costa, sin el imprescindible apoyo de las víctimas ni del único partido de la oposición en la práctica, ha confirmado, por si falta hiciera, su utilización partidista de la materia. Si apoyó desde la oposición al gobierno del PP con la firma del Pacto por las libertades y contra el terrorismo ¿por qué no incorporarlo ahora que disfruta del poder y se trata de una cuestión de Estado? Al no reconocer su grave error estratégico y político, ni cerrar el paso a las demandas secesionistas del nacionalismo vasco, ni terminar con cualquier perspectiva de contacto con la organización terrorista, prolonga y agrava la crisis institucional generada por su gobernación en la última legislatura, que ha llegado a romper incluso su propio partido.

De la crisis del 11-M a la presente crisis institucional

Rodríguez, travestido gracias a la mercadotecnia política en el candidato ZP, llegó al poder gracias a la politización selectiva de la crisis generada por un gravísimo atentado terrorista que atacaba frontalmente la libre decisión de los españoles, y desde él ha fomentado, por acción y omisión, que la sombra de esa crisis se alargara durante toda la legislatura que ya termina. Y si aquellos resultados electorales se basaron para los partidarios del PSOE en su percepción de la mala gestión de la crisis realizada por Aznar como una manipulación, por su parte, los partidarios del PP les imputaron un déficit de legitimidad debido al aprovechamiento del atentado terrorista por los socialistas y a su ruptura de las normas reguladoras de la jornada de reflexión, hecho este último reconocido por la Junta Electoral . Hasta la fecha Rodríguez no ha condenado ni desautorizado a las turbas que rodearon las sedes del PP aquel día, llamando asesinos a los miembros de ese partido, lo que sienta un precedente muy peligroso .

Esa llegada al poder gracias a la utilización del peor atentado terrorista sufrido en nuestro suelo, el segundo más mortífero en Europa después de Lockerbie, y su decisión subsiguiente de retirar las tropas de Iraq —sin siquiera reunir al Consejo de Ministros ni ejecutarla de acuerdo con nuestros aliados—, se ha convertido en un paradigma académico internacional de las escasas victorias del terrorismo como táctica. En efecto, la concesión de Rodríguez al yihadismo se debate ya en una de las más prestigiosas revistas dedicadas a la seguridad internacional, a modo de arquetipo de cómo alcanzan sus objetivos los grupos terroristas que atacan a civiles .

Pero quizá no se han subrayado lo suficiente algunos extremos que conviene recordar. El propio líder de Al Qaeda, Osama ben Laden, ya había reivindicado la recuperación de Al Andalus en 1994 como tierra robada al Islam y las amenazas islamistas no han hecho sino aumentar desde esa fecha hasta la actualidad inmediata, y ya hemos sufrido atentados realizados por grupos islámicos, aunque en otro contexto . Precisamente al anunciar Rodríguez, como líder de la oposición socialista entonces, su negativa a colaborar en la coalición internacional para estabilizar Iraq y su disposición a la retirada, creó la vulnerabilidad estratégica por la que atacaría el terrorismo islamista, ya que la división de las elites españolas abría la posibilidad de dañar a la coalición, cosa que no se daba en otros países con dirigentes políticos más solventes .

A esa vulnerabilidad se añade la cesión subsiguiente a uno de los limitados objetivos de los terroristas, la retirada de las tropas españolas de Iraq, realizada además de pésima manera. Rodríguez ha mostrado a los islamistas, de cosecha propia y del resto del globo, que es susceptible a la coerción de sus ataques y éstos, que no entienden los sutiles debates académicos, han vuelto a atacarnos donde más a mano estábamos, también de mala manera, en Líbano con la anuencia o algo más de Hezbollah, y sin cesar en los enfrentamientos armados en Afganistán con los talibanes. Y la amenaza islamista, que era previa e independiente de nuestra presencia en Iraq, persiste tras la retirada y carece de relación causal con ella, mal que le pese a la fracasada retórica gubernamental de una hipotética alianza entre civilizaciones.

En otras democracias más maduras y menos divididas internamente que la nuestra, después de un ataque terrorista de esa magnitud se habría emprendido un análisis profundo de los fallos de todo tipo en el sistema político-administrativo que no lo habían podido impedir: en nuestros servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad, en la gestión de la crisis por nuestro liderazgo político … En su lugar hemos tenido que presenciar el funcionamiento estéril de una comisión parlamentaria de investigación que ha reproducido inútilmente las querellas partidistas en vez de dejar paso a una posición cívica, al menos bipardista, que lograse ponerse de acuerdo en los asuntos que afectan a la seguridad de los españoles. Tampoco la reciente sentencia de la Audiencia Nacional ha dejado en muy buen lugar ni a la instrucción de la causa ni a la profesionalidad de la investigación policial y ha puesto de manifiesto las dificultades de condenar al yihadismo con nuestras actuales normas penales. No parece haber habido, por tanto, ni aprendizaje de la crisis ni tampoco ha habido reformas políticas sustantivas para enmendar los yerros cometidos ni adaptación subsiguiente de las distintas organizaciones responsables de poner en práctica las medidas.

Más bien el presidente Rodríguez se ha dedicado a provocar por su cuenta y riesgo cambios institucionales y de política muy importantes sin el concurso del único partido de oposición capaz de encabezar una alternativa de gobierno: ha roto el consenso en la política de seguridad y defensa que venía funcionando explícitamente en nuestra etapa democrática, alumbrando la novedad de unas Fuerzas Armadas desmilitarizadas, una suerte de ONG en uniforme; no ha realizado la perentoria reforma de un servicio diplomático víctima de la globalización y, sobre todo, de la lamentable gestión ministerial; ha debilitado al Estado con una política exterior que ha disminuido nuestra posición en Europa con aquel patético referéndum y la cesión gratuita de posiciones alcanzadas por el gobierno anterior; ha optado por uno de nuestros vecinos del sur del Estrecho, abandonando a los saharauis, con lo que ha renunciado a la postura española tradicional, incluido su propio partido, sin beneficio aparente y enfadando innecesariamente a nuestro otro vecino, poseedor además de recursos energéticos de los que dependemos; se ha abrazado a los tiranos populistas, lozanos o decrépitos, en Iberoamérica; y todavía no ha conseguido hablar con el presidente de Estados Unidos ni por teléfono ni en persona, más allá del protocolo. En definitiva, Rodríguez ha devaluado profundamente el lugar que entre todos habíamos conseguido alcanzar en el escenario internacional, incluidos los dirigentes socialistas anteriores a él, alejándonos de nuestros aliados más serios.

Pero estos cambios con ser graves, no alcanzan la profundidad del daño institucional provocado por otras tres políticas:
– la denominada ley de la memoria histórica con la innecesaria reapertura de viejas heridas, cuestionando los logros reconciliadores de la transición, reabriendo el camino a la cristalización de un espacio político para la extrema derecha desaparecida afortunadamente desde 1981;
– la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña que modifica, con una norma de rango inferior, la distribución institucional del poder diseñada por la Constitución de 1978. Y lo hace porque realiza concesiones de distinto tipo que atacan la soberanía nacional para la distribución de los recursos públicos, la solidaridad interregional, y se opone al fundamento mismo de la Constitución —la Nación española, indivisible y de indisoluble unidad según su artículo 2—, obedeciendo los dictados de unos cuantos líderes catalanistas y en contra de los intereses y la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles y buena parte de los residentes en Cataluña;
– a lo que se añade la negociación con ETA, realizada con el estilo ZP, es decir, como sea, con todas las concesiones que la organización terrorista podía imaginar en sus mejores sueños, sin justificar su necesidad y con una preocupante mezcla de falta de transparencia y de indiscreción.

Como resultado ha fracturado al PSOE por el abandono de la idea de España en su improvisada práctica política, que intenta recuperar a última hora, liquidando todo el posible capital político acumulado por la generación que le precedió en su dirección. Todo ello, junto a otros elementos que no podemos ni esbozar, ha provocado una fase de desorden en el desarrollo aparentemente normal de nuestro régimen político y crea, a mi juicio, una amenaza seria para las estructuras básicas o los valores y las normas fundamentales del sistema constitucional. Por eso cabe hablar de crisis institucional. Porque los cambios emprendidos no son meras modificaciones de énfasis en estas o aquellas políticas, son cambios estructurales que afectan a la economía política de la constitución y a su fundamento nacional, realizados sin respeto por los procedimientos establecidos en la misma para su modificación, al no contar con la mayoría necesaria.

En vez de propiciar el acuerdo con el único partido que puede ser alternativa de Gobierno, tras una crisis gravísima muy mal resuelta por todos, ha impulsado políticas públicas divisivas que lo han soslayado, cuando la situación aconsejaba lo contrario y siempre se había hecho así en lo relativo a la distribución territorial del poder. Ha gravitado, en cambio, hacia fuerzas políticas semi-leales, desleales o directamente antisistema, lo que perjudica gravemente la estabilidad del marco institucional producido por la transición y su viabilidad política. La participación de fuerzas semi-leales o antisistema en coaliciones con los socialistas, con anterioridad a los ataques terroristas del 11-M en Cataluña y posteriormente también en otras regiones, lejos de servir supuestamente para incorporarlas a la dinámica democrática, supone sólo que estos partidos aprovechan las oportunidades temporales que les ofrece la legalidad democrática para promocionar sus particularismos artificiales y destruirla desde dentro. Con ello tiñen a lo que era un partido de gobierno como el socialista con tintes muy extremistas. Conviene recordar que España fue la única democracia fuera de Europa oriental en la que las fracturas regionales, culturales y lingüísticas desempeñaron un papel en la quiebra de su régimen político, la II República, en el periodo de entreguerras el siglo pasado.

Con este clima de enemistad política incivil se está generalizando la palpable ruptura de la convivencia propia de las provincias vascongadas a otras regiones españolas, proliferando las amenazas y ataques violentos a miembros o sedes del PP, como ya sucediera en su última etapa en el gobierno. Con ser esto grave, la ofensiva nacionalista, pues esas son las fuerzas que la impulsan, ha atacado ya señaladamente a las instituciones y símbolos nacionales por excelencia: la Corona, la bandera y el himno nacional. No cabe confundir tampoco las críticas al titular circunstancial de la Corona, siempre amparadas por la libertad de expresión —esa planta de tan difícil arraigo en nuestro suelo—, con los ataques a la institución como símbolo de la unidad de los españoles. Ataques a los que han concurrido finalmente con repercusión internacional tres de los tiranos tropicales favorecidos por la admiración de Rodríguez.

El contexto: el problema nacional en la democracia española

Como hace ya algunos años señalase Linz, España es hoy un Estado para todos los españoles, un Estado-Nación para la mayor parte de la población, y sólo un Estado pero no una Nación para importantes minorías. Esta fractura nacional intentó encauzarse con la Constitución del 1978 mediante un diseño institucional que seguía las pautas de lo que en términos técnicos se denomina un federalismo asimétrico. Sin embargo, el nacionalismo vasco no quiso incorporarse a este consenso, pese a garantizarle el nuevo régimen democrático un autogobierno más que notable, descomunal. El nacionalismo catalán sí lo hizo entonces, circunstancialmente, pero la reciente aprobación de un Estatuto con ridículo respaldo y con algo más que visos de inconstitucionalidad, por imposibilidad de propiciar la reforma de la Constitución que lo habría posibilitado, le sitúa ya, en buena parte, extramuros del sistema. En el marco constitucional se mantendría un acomodo de un problema irresoluble por definición que sólo permite que nos conllevemos unos a otros en expresión de Ortega. Es decir, todos los nacionalistas regionales —vascos, catalanes, gallegos y otros todavía más minoritarios— mantendrán indefinidamente sus demandas de reconocimiento, autogobierno o secesión, según convenga, y nunca se incorporarán “definitivamente” al sistema democrático, les conceda éste lo que les conceda, o verán satisfechas sus reivindicaciones. Si lo hicieran perderían su razón de ser y es inverosímil, si no totalmente desconocido, el caso de la desaparición de fuerzas políticas nacionalistas, más bien atraviesan ciclos de auge y movilización y de pasividad y decaimiento.

Pese a las concesiones que la mayoría de los españoles realizamos en la Constitución de 1978 con el fin de que nuestros nacionalistas periféricos se sintiesen cómodos, entonces y hoy todavía minorías estructurales en el conjunto y en cada una de sus regiones originarias, no han cejado en erigir frontera simbólica o material que cruzase por su imaginación política, creando nuevas formas de insularidad, atropellando el sentido común y la realidad histórica de nuestra convivencia. Aún así causa fatiga escuchar su irresponsable letanía quejumbrosa y las loas ocasionales a su presunta colaboración en la política del Estado. Nada más falso.

Cuando hacemos que nuestros compromisos mutuos sean enteramente contingentes no nos comprometemos a nada en absoluto. Para algunos en la izquierda, valores como la solidaridad humana o los valores comunitarios son realidades difíciles de reconciliar con una cosmovisión que se fundamenta en la crítica sin límite. Admitir que formamos parte del mismo cuerpo político no es alegar meramente que debemos deliberar juntos, es afirmar que en cierto punto la discusión cesa y nos comprometemos mutuamente para actuar como conjunto. No podemos mantener compromisos serios, exigentes y a largo plazo si esos compromisos se consideran por algunos como provisionales y revocables a la luz de causas ligeras y transitorias.

El presidente Rodríguez consiguió mucho más de lo que imaginaba al tratar de “desmitificar” nuestra nación, afirmando aquello de que es una “idea discutida y discutible”, al popularizar la noción de que se trata de una comunidad inventada e impuesta por elites nacionalizadoras, poco más o menos por curas y militares únicamente en nuestro caso. Al hacer eso, ciertamente legitima las invenciones nacionalistas regionales de sus amigos políticos, pero convierte a nuestra nación, la de todos los españoles, en una entidad incapaz de suscitar la lealtad y el apoyo del público y su voluntad de soportar sacrificios, incluidas las transformaciones de ingeniería social tan queridas por él mismo. La izquierda también necesita a la nación sobre todo en una época en la que el socialismo internacional es un recuerdo débil y desacreditado por completo. Y el inmediato precedente de la gobernación socialista se hundió entre escándalos de corrupción y guerra sucia amparada desde el gobierno utilizando los aparatos de seguridad del Estado contra los terroristas vascos.

Nuestra crisis actual muestra la decadencia de la misma idea de lealtad institucional en la figura del propio presidente del gobierno. Pero el mantenimiento del concepto de lealtad es fundamental para el funcionamiento de una democracia civilizada. El término lealtad, como el de patriotismo, se ha reducido a uno de esos imponderables del discurso. Pero no hay solidaridad duradera, pequeña o grande, sin lealtad, una forma de compromiso que perdura en todas las estaciones del año, sirve para extraer de sí a uno mismo, y reconoce que hay imperativos y deberes en la vida política más allá del alcance de los propios deseos e inclinaciones. Nadie está hablando de lealtad ciega y la lealtad, como todas las virtudes, tiene sus límites. Pero es una virtud indispensable y no hace falta reiterar que nuestros nacionalistas regionales han dado muestras sobradas de carecer de ella en todos los años de vigencia del régimen democrático.

Ello es así porque el nacionalismo tiene que ver, por encima de todo, con la política y ésta, como es bien sabido, con el poder. Poder para imponer un delirio particularista atormentado que se enfrenta al principio de libertad en una democracia y al de igualdad de los ciudadanos ante la ley. El nacionalismo es esencialmente una actividad política contenciosa, conflictiva, que impugna una cristalización particular de las fronteras físicas, humanas o culturales de un Estado dado. El nacionalismo tiene que ver con la autoridad sobre un conjunto de objetos políticos, sobre el trazado de esas fronteras y con las oportunidades vitales que las gentes creen asociadas con estas definiciones de los límites estatales. El nacionalismo es un proceso iterativo de actividad política conflictiva en un triple sentido: como forma de práctica política genera controversia; como modo de discurso político implica inherentemente reivindicaciones cuestionables; como forma de acción impulsa diferentes formas de movilización de manera contingente .

En tiempos de política normalizada una cristalización dada de las fronteras estatales está respaldada por la autoridad del Estado y, en esas condiciones, hay una fuerte tendencia para que los individuos ajusten sus creencias a los límites de lo posible, aceptando un arreglo institucional dado como inalterable e incluso natural. Pero en una situación de crisis, un liderazgo político débil, imprudente o irresponsable puede hacer que lo que parecía imposible e inconcebible parezca a ciertas elites políticas pensable, deseable e incluso alcanzable. La llegada al poder de Rodríguez en medio de una crisis gravísima tuvo lugar también, durante una ofensiva nacionalista constatable desde 1998, acometida que él contribuyó a reforzar al apoyar la incorporación de un partido antisistema como Izquierda Republicana de Cataluña al gobierno regional catalán en diciembre de 2003.

La naturaleza de la bestia

En mi opinión la organización ETA representa el nacionalismo vasco terrorista y no el terrorismo nacionalista vasco como se suele designar habitualmente. La elección y el orden de los términos no son fortuitos sino intencionados. Lo que se quiere afirmar es que ETA es, ante todo y sobre todo, una organización del movimiento nacionalista vasco que emplea el terror como instrumento de agitación política. Si se quiere entender el fenómeno como lo que es, una estrategia militar en un conflicto limitado, terrorismo no debe emplearse como un sustantivo abstracto. Respecto a la ETA, lo sustantivo es su adscripción al nacionalismo vasco no su empleo de tácticas terroristas. No es una organización nihilista que se escuda en el nacionalismo vasco, sino una organización nacionalista vasca que practica el terrorismo para conseguir sus fines políticos, recuérdese que se origina por una escisión de las juventudes del PNV. Y sus fines son la secesión del País Vasco (la independencia), la anexión de Navarra para hacer viable esa separación y la incorporación de las comarcas vascas en Francia (irredentismo). Y estos fines, estos rasgos ideológicos, son compartidos por todo el nacionalismo vasco, el terrorista y el menos violento pero no menos coactivo, abstracción hecha de sus oscilaciones tácticas y de que presenten una cara más o menos educada, más o menos amable. Su comportamiento debe analizarse en el conjunto del movimiento del que forma parte inseparable y no de manera aislada. Y hay que tener en cuenta que todas las concesiones que se realizan en la esfera constitucional sólo sirven para convencer a los terroristas de que si perseveran y coercen lo suficiente al enemigo le arrancarán más concesiones. Y vuelven a atacarle.

Además a diferencia de otras organizaciones terroristas, la ETA ha optado hasta la fecha por ser ella la que controle sus brazos políticos, pero esto es incongruente con la propia acción armada entendida en sentido estratégico. La violencia armada nunca es un acto aislado, los fines y los medios utilizados pueden cambiar y, si se demuestra que los objetivos son inalcanzables, un actor político puede reformular su estrategia bien cambiando los medios o moderando los objetivos. Esto es, claro, si se quiere mantener la violencia dentro de las actividades racionales e instrumentales . Con el fin de que la fuerza armada se utilice efectivamente para alcanzar objetivos específicos se requiere que la actividad violenta esté organizada, dirigida, planificada. Como la violencia no es un fin en sí mismo, se requiere una autoridad firme que guíe al instrumento armado a lo largo del camino que conduce hacia los fines cuya consecución provocará su cese. Se necesita una autoridad política que regule el alcance del conflicto para asegurar que se encamina hacia el logro de los objetivos finales. Se habla equivocadamente de la existencia de un motivo político detrás de la violencia armada cuando la cuestión es si existe un control político que dirija su aplicación y cuál es su calidad. Si no hay una influencia política detrás del terror no se puede configurar una estrategia, no se pueden determinar los objetivos militares a alcanzar y el esfuerzo para lograrlos . Por ejemplo el IRA ha tratado de encuadrar su derrota política y militar a manos del gobierno británico como una situación de “empate militar” (stalemate), en la práctica esta perspectiva fue una vía de escape propiciada gracias a la información de la inteligencia británica, pero lo cierto es que la no consecución de sus objetivos políticos implica también un fracaso militar .

Hay un conjunto de problemas relativos al control político del instrumento armado que el nacionalismo vasco no ha solucionado hasta la fecha. Primero, como se trata de un conflicto armado asimétrico de baja intensidad, en el que la democracia española no está dispuesta a emplear todos sus recursos para aplastar a su enemigo, se produce una situación de cálculo y competencia en que cada oponente adopta decisiones que dependen de las adoptadas por su contrincante. Como la ETA nunca ha podido mantener un hipotético empate, ni mucho menos derrotar al Estado democrático —máxime si como ocurre ahora el antiguo santuario ya no existe y ha de enfrentarse al esfuerzo combinado de España y Francia—, lo único a lo que puede aspirar es a influir sobre el comportamiento de los decisores del Estado para que cumplan sus demandas.

La organización terrorista ha sido incapaz de lograr ningún objetivo militar tangible y su capacidad de imponer costes por no acceder a sus demandas ha disminuido considerablemente en la práctica o, al menos, está cuestionada gracias a la labor antiterrorista realizada por el gobierno popular. Pero ello no quiere decir que hayan desaparecido la coacción o la intimidación, las consecuencias políticas y sociales del nacionalismo terrorista vasco no se han evaporado porque la ETA mate menos o no mate todo lo que quisiera. A esta situación no es ajena la inexistencia de una apreciación cuidadosa del poder de su enemigo, la democracia española, ni una comprensión sofisticada de cómo explotar los atentados para conseguir sus objetivos políticos, es decir, a la falta de una orientación política de sus acciones violentas.

En segundo lugar, la ETA está imbuida de un intenso vanguardismo en un doble sentido que refuerza su aislamiento, como depositaria de un mesiánico espíritu vasco frente al resto de los grupos nacionalistas y en un sentido, aparentemente, más secular como vanguardia leninista que dirige a los trabajadores vascos hacia un euskosocialismo a estas alturas del siglo XXI y en Europa occidental. La idea subyacente es doblemente totalitaria: un nacionalismo étnico excluyente y un acompañamiento marxista-leninista históricamente fracasado y anacrónico. En términos organizativos ETA se estructura como un partido armado, con distintas ramas políticas subordinadas especializadas y organizaciones de masas por frentes. El resultado es un complejo orgánico guiado por la presunta ejemplaridad de las acciones violentas elitistas que servirían para mantener la cohesión del entramado pero carentes de una lógica política convincente, al margen de la satisfacción de las pulsiones ideológicas y emocionales del movimiento nacionalista vasco.

En tercer lugar, sólo una parte menor del nacionalismo vasco se incorporó con todas las consecuencias a la naciente democracia española tras el golpe del 23 de febrero de 1981, la parte más oportunista se ha aprovechado del tejido institucional edificado por el nuevo régimen para la explotación de todos sus recursos pero sin ocultar su deslealtad a sus cimientos constitucionales. El segmento que aceptó la violencia como el medio principal para desarticular el sistema democrático ha reforzado a lo largo de los años de su vigencia su consideración de éste como una creación artificial, una astuta construcción para mantener sus intereses y sofocar a las aspiraciones nacionalistas vascas siempre agonizantes. Sólo si se superan las normas constitucionales, constitución y estatuto, pueden lograrse los objetivos nacionalistas. Y se emprende una vía basada fundamentalmente en la violencia terrorista, con un instrumento político subordinado dedicado a la extracción de recursos del sistema democrático, cuya posición subalterna nunca cuestionada por sus componentes le imposibilita para alcanzar objetivos políticos.

Esta constante huida hacia adelante acompañada del perenne recurso a la violencia, les ha hecho albergar la creencia de que su acción debe orientarse hacia el logro completo de todos sus objetivos, del programa máximo que en su penúltima enunciación se condensa en la fórmula “Euskal Herria [las provincias vascongadas españolas más las francesas y Navarra], autodeterminación y consulta popular”. En esa escalada reivindicativa parecen haber alcanzado una hegemonía ideológica dentro del propio movimiento nacionalista pues la autodeterminación, despreciada por la dirección del PNV en el debate constitucional, ha sido incorporada últimamente a su ideario .

Pero eso no les sirve a éstos para que la ETA les perdone sus pecados pues para ellos cualquier compromiso es una traición. Para ellos, y para buena parte del PNV, la participación en los distintos regímenes democráticos, la II República o la monarquía parlamentaria actual, es una actividad inherentemente corrupta, que distrae la atención del objetivo fundamental —la quimérica independencia de los siete territorios—, que está diseñada para dividir y desarticular al movimiento al legitimar con su participación un régimen ajeno.

Esta perspectiva de aparente claridad le impide a ETA cualquier análisis de medios y fines y, por tanto, cualquier pensamiento estratégico. Este implica una evaluación continua que dirija el empleo racional de la violencia para mantener una opción realista de alcanzar sus objetivos. Si se adopta el enfoque del todo o nada tan característico de la ETA y sus subordinados, la incapacidad de lograr los objetivos con la estrategia elegida le impedirá cualquier moderación de medios o de fines. La ausencia de una autoridad política definida por encima del instrumento militar ha conducido a la interiorización de los medios de violencia como un fin en sí mismo. Esa falta de modulación derivada de la ausencia de control político ha convertido a ETA en lo que es en la actualidad: un mecanismo pseudo militar completamente inútil para la consecución de sus objetivos políticos a no ser que voluntariamente se ceda a sus pretensiones.

Por último, examinemos la relación entre la ETA y el PNV ¿qué obtienen ambos de la simbiosis? En primer término el PNV se aprovecha de la coacción generada por ETA y ésta consigue recursos financieros y simbólicos, montones de dinero y un socio de ideología muy próxima, un aliado más que posible con intereses paralelos, que permite conjugar diferentes papeles según las circunstancias. Pero sobre todo le proporciona cobertura nacionalista frente al gobierno de la Nación, facilitando la profundidad estratégica de la que carece y la última defensa en caso de crisis. Esto sucedió con el asesinato de Miguel Ángel Blanco y las movilizaciones contra sus asesinos nacionalistas. Que los nacionalistas vascos se ayuden entre sí no debería sorprender a nadie, pero imaginar que el PNV va a abandonar esta relación estratégica con uno de sus activos más valiosos, por no se sabe qué fláccida amenaza o incentivo de Rodríguez, parece una simpleza.

Negociación

¿No necesita uno hablar con los enemigos? ¿De qué otra manera podemos cambiarles? Bueno depende de quién, cómo y cuándo. Primero, qué hacemos con los precedentes porque con la excepción parcial de la ETA pm todos los procesos de contactos informales, formales y negociaciones han fracasado. Todos. Quizá la inexistencia de un control político sobre la organización terrorista no es ajena a esta larga serie de fracasos: sólo se alcanzó parcialmente el objetivo de desactivación de una organización terrorista, ETA pm en este caso, cuando ésta estaba subordinada a un centro político que la controlaba, instrumentalizando su violencia terrorista. Pero si ha habido esa serie de fiascos ello indica que los intentos en esa dirección están mal encaminados y que se necesitan otros métodos.

En segundo lugar está el impulso de la negociación. Para entablar ese proceso y mantenerlo el gobierno se ha sentido obligado a proporcionar pruebas de sus buenas intenciones en la forma de concesiones y la organización terrorista seguirá presionando hacia ello. Naturalmente la banda no cede nada sustancial, excepto una declaración de alto el fuego que no interrumpe su funcionamiento criminal ni a nada compromete, porque es la parte agraviada que hace un favor a la democracia, dignándose a hablar con sus representantes electos. El proceso sigue, el gobierno da más y más y no consigue nada a cambio. Para mantener abiertas las negociaciones, el gobierno se siente obligado a no emprender medidas policiales lo que podría ofender a la organización terrorista y hacerla abandonar la mesa negociadora. Si se hace algo en este sentido todos sabemos a quién se culpa por la ruptura. Finalmente, la banda terrorista considera el propio proceso negociador como una victoria, un signo de que los extremistas están ganando y que el gobierno está aterrorizado y es ineficaz. Mientras tanto, el gobierno democrático ve que su credibilidad se desploma y que su capacidad de disuasión se rompe, alimentando un nuevo ciclo de extremismo y violencia terrorista.

Se nos habla siempre de la división entre moderados y radicales. La moderación de los nacionalistas terroristas también está condenada al fracaso. La razón principal es que no quieren convertirse en moderados, ¿por qué deberían hacerlo? No se trata de militantes reticentes, forzados a ser así por la disconformidad o la falta de alternativas. De hecho estos extremistas adoptan su postura con una mezcla de verdadera creencia, una ideología totalitaria profundamente sentida que les proporciona toda una cosmovisión, y de ambición. Es su camino hacia el poder, el dinero y la gloria; y actuar de manera contraria es convertirse en un traidor repugnante. No van a ser persuadidos con facilidad, como mínimo, en especial por personas a las que odian y a las que intentan destruir. Con todo, piensan que están ganando, idea reforzada por muchas experiencias, y con frecuencia en primer lugar por la avidez con la que los gobiernos democráticos contactan o negocian formal o informalmente con ellos. Sólo si creen que están perdiendo, después dejarles sin recursos simbólicos, políticos, económicos, organizativos…después de cerrarles cualquier otra salida, podrían considerar la revisión de su estrategia y sus tácticas. E incluso esto es dudoso. Finalmente, incluso si alguien quiere ser moderado, está la posibilidad de ser asesinado por alguno de los antiguos colegas, como le pasó a Pertur o a Yoyes.

Fatal arrogancia

Rodríguez tras llegar al poder ha basado su gobernación en dos ejes políticos interconectados como he intentado esbozar. Se ha puesto a la cabeza de la ofensiva nacionalista que trata de fomentar aún más el desgajamiento progresivo del País Vasco y Cataluña operado por las políticas impulsadas por los nacionalistas regionales respectivos en el último cuarto de siglo. Con este fin apoyó el acceso al gobierno regional catalán de un partido antisistema, que se ha dedicado a negociar con la ETA y a apoyar a Batasuna, y ha aceptado un Estatuto catalán dudosamente constitucional que sólo ha servido para el reforzamiento de las posturas secesionistas vascas y catalanas y gobierna también con otras fuerzas nacionalistas en Galicia y Baleares.

Por otra parte, la negociación apaciguadora con ETA, encuadrada como “proceso de paz”, ha tenido, y tiene, efectos gravísimos. No se ha respetado el Estado de derecho ni el cumplimiento de la ley, cosas menudas para los partidarios del uso alternativo del derecho, que no se arrugan ante la más descarada manipulación de la administración de justicia. La cesión del gobierno ha impuesto costes inadmisibles al régimen democrático. Así se ha legalizado por vía de hecho a los nuevos brazos políticos de la ETA, lo que proporciona a ésta valiosos recursos financieros, políticos y simbólicos reanimándola en su postración. Se ha frenado a las fuerzas de seguridad en su imprescindible labor democrática de lucha policial contra los nacionalistas vascos terroristas. Y todo se ha hecho con ocultación, con falsedades, sin transparencia y sin el imprescindible apoyo del único partido opositor y de las víctimas, las cuales siempre han fiado ejemplarmente la reparación moral de su dolor al régimen democrático y al imperio de la ley.

Los resultados cosechados en ambos ejes a la vista están y no pueden ser más preocupantes. Respecto al primero, se había achacado erróneamente a Aznar la radicalización de los nacionalismos regionales, lo cierto es que él sólo reaccionó a la ofensiva nacionalista intensificada desde la Declaración de Barcelona de 1998 y el pacto secreto del PNV con la ETA, bastante antes de la mayoría absoluta. La política de concesiones de Rodríguez, por su parte, sólo ha conseguido azuzarlos aún más en su espiral secesionista, como se puede comprobar en la muy reciente reivindicación del derecho de autodeterminación por Mas . Cuando se van a cumplir los treinta años de vigencia de la Constitución de 1978, el Estado Autonómico no ha conseguido integrar a las fuerzas nacionalistas sino todo lo contrario y el nuevo Estatuto catalán cuestiona su viabilidad técnica y política, por más que se empleen simulaciones econométricas para justificar su promulgación y por más que se confíe en una hipotética sentencia interpretativa del maltrecho Tribunal Constitucional para salvar los muebles de la constitucionalidad vulnerada.

Respecto al segundo eje, las circunstancias no pueden ser más lamentables. Después de la política antiterrorista de las dos legislaturas de Aznar, la situación de la banda era de extrema debilidad pues se le habían cercenado eficazmente los recursos de todo tipo que la nutren. De hecho, miembros caracterizados de la ETA como Pakito y Makario afirmaban en agosto de 2004 que “la lucha armada que desarrollamos hoy en día no sirve (…) Nuestra estrategia político-militar ha sido superada por la represión del enemigo contra nosotros (…) Nunca en la historia de esta organización nos hemos encontrado tan mal” , y eso era antes de la detención en Francia de la dirección de la banda y la incautación de sus reservas de explosivos a primeros de octubre de 2004, gracias a la información de la Guardia Civil. En lo que conozco, esta declaración del fracaso estratégico de la ETA por voces tan autorizadas, carece de antecedentes.

Lo racional desde el punto de vista de una lucha antiterrorista y desde la prudencia política elemental era explotar la iniciativa para traducir esa conciencia de fracaso estratégico manifestado por esos antiguos dirigentes en la carta, en una rendición con entrega de las armas. La misma fecha en que la carta se daba a conocer por el antiguo periódico de cabecera de Rodríguez aparecía la propuesta del socialista Eguiguren pidiendo un cambio de política y la negociación . Hasta esa fecha conocíamos los apoyos del PNV cuando la ETA estaba acorralada, no se esperaba, sin embargo, que desde el partido socialista, se traicionara la memoria de sus propios militantes asesinados por la banda y se acudiera en su socorro estratégico.

Al llevarse a cabo ese cambio desde una política antiterrorista a una negociación incondicional se ha dado un balón de oxígeno a la organización terrorista cuando más lo necesitaba, prolongando su existencia y el sufrimiento que trae aparejado, al proporcionarle una vez más indebidas esperanzas de alcanzar sus objetivos. El presidente Rodríguez no ha justificado hasta la fecha este cambio y su falaz encuadramiento como “proceso de paz”.

La retirada de Iraq ha hecho nuestro territorio más vulnerable en términos estratégicos y ha convertido a nuestros despliegues en el exterior en el eslabón más débil de las fuerzas en presencia. Los ejemplos abundan por desgracia como han mostrado los talibanes en Afganistán y el ataque islamista a nuestras tropas en el sur del Líbano, con algo más que la anuencia de Hezbolah porque allí las hojas no caen de los árboles sin el conocimiento de esta organización terrorista también amiga de Rodríguez. La negociación con la ETA ha supuesto un agravamiento de nuestra vulnerabilidad frente al nacionalismo vasco terrorista y, consiguientemente, a las demás reivindicaciones secesionistas, pues los nacionalistas catalanes, siempre más cucos que los vascos, comprendieron hace tiempo la redundancia de contar con una organización terrorista de obediencia propia, pudiendo aprovechar los efectos generados por la ETA, sin los costes en imagen e infraestructuras asociados a las prácticas de la banda. Los gobiernos que ya han cedido a las demandas de los terroristas es más probable que experimenten ataques terroristas adicionales. Los terroristas consideran explícitamente el comportamiento previo de los Estados y se enardecen por los signos de debilidad. Las pruebas de este aserto son abundantes por ejemplo en el caso de Israel.

Rodríguez es el líder más valioso que el PSOE ha podido ofrecer a los españoles. Llegó al poder sin casi ningún conocimiento de los asuntos exteriores, sin experiencia en la relación con líderes internacionales, sin conocimiento de idiomas distintos al español y sin viajes al extranjero, con una licenciatura en derecho de la primera promoción de una de las universidades autonómicas. Carente de experiencia de gestión y de trabajo por cuenta ajena, en general, su supervivencia política en la agrupación local socialista de León se ha basado en el arte de salir del paso, diciendo a cada sector con presencia política en la provincia lo que éste quería escuchar.

Sin embargo, al parecer está convencido de que solo él podría controlar el terrorismo islamista y el de la ETA, al margen de nuestros aliados más solventes en estos asuntos, con su política apaciguadora y una pretendida alianza de civilizaciones y de negociación con el nacionalismo vasco terrorista. Ha autorizado la utilización partidista de la policía contra la oposición. Ha reclamado una autoridad ejecutiva sin precedentes, decidiendo la retirada unilateral de Iraq sin reunir siquiera al Consejo de Ministros, o creando una inmensa Oficina Económica a imitación del presidente estadounidense, desde la que ha intervenido impúdicamente en el mercado, evadiéndose de los muy exiguos frenos y contrapesos del sistema político español, como, por ejemplo, intentando prolongar el mandato de la presidenta del Tribunal Constitucional con una ley, o erigiéndose en único interlocutor en la reforma estatutaria catalana o en máximo intérprete de la realidad del nacionalismo vasco terrorista.

Del mismo modo, quien se presentó como avatar de la mercadotecnia política como ZP —en lugar de Rodríguez, apellido quizá con menos glamour—, como adalid de la transparencia, de la democracia deliberativa, se ha travestido últimamente como Z para la próximas elecciones, ha ocultado sus mercadeos con los terroristas y ha tratado de impedir todo debate público sobre estos extremos, esgrimiendo la coartada de la presunta crispación generada por la crítica. Como controla la mayoría de los medios de comunicación audiovisuales, que actúan como instrumentos de partido, restringe el acceso a los periodistas críticos y proclama que quien se atreva a criticar el rumbo delirante de su gobernación, obstruye o crispa. Se le dio a elegir entre la guerra y el deshonor y eligió el deshonor, pero ha tenido y tendrá guerra. Parece que, como Churchill dijo de Chamberlain, su alter ego, “en las profundidades de esa alma polvorienta no hay nada excepto una rendición abyecta”.
La traición es el único crimen definido en la Constitución estadounidense. En la Sección III del artículo 3 se considera que alguien comete traición si emprende la guerra contra los Estados Unidos, “o al adherirse a sus Enemigos, dándoles Ayuda y Satisfacción”. El presidente Rodríguez, como se ha mostrado, al adherirse a sus postulados, ha proporcionado grandes satisfacciones y ayudas de todo tipo a los nacionalistas catalanes y también a los nacionalistas vascos, terroristas o no, todos enemigos declarados de la democracia española, por más que hayamos de conllevarnos. Delenda est Zapatero.

José A. Olmeda

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