Tres españoles detenidos por narcotráfico en Ecuador agonizan en espera de un indulto

Están afectados por VIH y sólo esperan volver para morir junto a sus seres queridos

El perdón solicitado por Correa podría llegar demasiado tarde para uno de ellos

José Asencio Herrera se encuentra asilado en un hospital público de Quito, bajo pronóstico reservado. Está en la fase terminal de la infección por VIH y sólo anhela regresar a España para morir junto a sus seres queridos.
Un policía vigila su seguridad en el octavo piso del centro hospitalario, después de que el 14 de enero fuera trasladado de emergencia desde la cárcel donde cumple una sentencia de ocho años por narcotráfico.

A igual que Herrera, sus compatriotas José Forment Delegido y José Luis González Sadornil —sentenciados a 12 y ocho años de reclusión por tráfico de estupefacientes— agonizan tras las rejas de un hacinado centro penitenciario, también afectados de VIH.

Pese a las buenas relaciones existentes entre Ecuador y España, los acuerdos de cooperación y los apoyos humanitarios, la decisión de indulto estos tres españoles han pasado de escritorio en escritorio sin resultados positivos.

El consulado español en Quito impulsa el proceso desde 2006, cuando gobernaba Alfredo Palacio.

Una recopilación de documentos, certificaciones e informes fue remitida el 23 y 29 de octubre de 2007 con la solicitud de indulto al actual mandatario, Rafael Correa, según consta en los respectivos expedientes.

La Constitución de la República, en el numeral 21 del artículo 171, faculta al presidente de la República para “indultar, rebajar o conmutar las penas, de conformidad con la ley”.

El Ejecutivo está también legalmente facultado para otorgar la Ley de Gracia, previo dictamen favorable de la Corte Suprema o de la respectiva Corte Superior.

El caso, en manos de la Constituyente
Sin embargo, el ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Fernando Bustamante, solicitó al Congreso el trámite de los pedidos de indulto, considerando que los parlamentarios tienen pueden conceder “indultos por delitos comunes” cuando medien motivos humanitarios.

La documentación y las certificaciones médicas reflejan el grado de deterioro de salud de los reos, agravadas con cirrosis hepática, hepatitis C, epilepsia y problemas circulatorios.

El pasado 27 de noviembre, la Comisión Legislativa de Derechos Humanos elaboró un informe favorable para que el pleno del Congreso resolviera el indulto, pero dos días más tarde la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) declaró en receso indefinido al Parlamento y el tema quedó en el limbo.

El pasado lunes, autoridades diplomáticas españolas hicieron conocer los casos a la mesa 10 de legislación y fiscalización de la Constituyente, autorizada para otorgar el indulto.

La ANC conocerá en las próximas semanas la petición de Correa para que se indulte a las personas detenidas por tráfico menor de estupefacientes, conocidas como ‘mulas’ del narcotráfico. Sin embargo el tiempo de análisis y resolución para el indulto masivo de unos 1.600 arrestados puede llegar muy tarde, por lo menos para uno de los tres españoles.

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