Prostíbulos en el laberinto

El Ayuntamiento se da un año de margen para ver cómo regula los bares de alterne, después de imponerles unas normas imposibles de cumplir

“¿Que pueden cerrar los bares de alterne? No sé nada. Llevo años viviendo en Barcelona, pero no he oído nada sobre eso”. Una joven prostituta, con acento sudamericano, sentada en un taburete, en el Breston, en la calle de Marià Cubí, negaba el miércoles por la noche tener noticia alguna sobre una ordenanza que pende desde hace tiempo sobre los prostíbulos como una espada de Damocles. La norma, que debía entrar en vigor el miércoles, exige a los locales unas severas condiciones higiénicas y de seguridad, y también una quimera: que no linden con pisos y que, además, no tengan a menos de 200 metros ninguna escuela, ningún hospital, ninguna institución pública, ninguna iglesia.
Manolo Nicolás, dueño del Breston, escucha atento a la chica y dice categórico: “Todo eso no lo puede cumplir nadie. Tenemos un estudio que dice que sólo el 5% de locales se ajustan a esas condiciones. Esto era un bar-whiskeria-topless con reservados y hemos hecho las obras que nos han pedido y me he gastado 100.000 euros, pero hay cosas imposibles. ¿Qué pasará si nos cierran? ¿Qué voy a hacer yo con 58 años? ¿Dónde van a ir ellas? ¿A la calle?”. Prisionero de su misma draconiana norma, el Ayuntamiento se ha hecho la misma pregunta y se ha dado un respiro. El Consistorio alargará un año la moratoria de cuatro años que ya dio en 2004 a los prostíbulos para que se acoplen a la norma. “Sabemos que esto no va a satisfacer a nadie, pero nos damos una oportunidad de llegar a un consenso”, dice Ramón Massaguer, gerente de Urbanismo. “Dentro de un año vamos a estar igual si no modifican la ordenanza”, lamenta Oriol Gessé, portavoz de Aceca, la patronal del sector. “Hay gente que se ha gastado mucho dinero sin saber si van a cerrar”.

Con la moratoria, el Ayuntamiento se ha librado de cerrar los 200 prostíbulos. Tanto los 176 clandestinos, que no han hecho las obras, como los 26 que sí. Pero, sobre todo, ha evitado llenar la calle de prostitutas. El debate es ineludible. Amsterdam ha puesto coto a su mítico barrio rojo; Suecia ha prohibido la prostitución, que ha acabado en barcos en el Báltico, y Barcelona medita qué hacer. Pero algo sí tiene claro: no quiere que crezca más porque los locales nuevos deben cumplir la ordenanza y estar en calles con anchuras de 25 metros. De momento, sólo uno de nueva creación ha iniciado los trámites. Parapetados en una maraña de licencias de sauna, relax y bares de copas, el Ayuntamiento aprobó la controvertida ordenanza en 2004. La nueva licencia, apellidada bares musicales con prestación de servicios de naturaleza sexual, conducía al cierre. Llueve sobre mojado porque otra ordenanza, la de civismo, de 2006, prohíbe a las prostitutas contactar con sus clientes en la calle bajo multa de 375 euros. Su aplicación se ha calmado.

“Vamos a ver. Fuera no se puede y dentro tampoco. ¿Qué hacemos entonces?”, se pregunta Clarisa Velocci, del colectivo Genera, que defiende los derechos de las prostitutas. “Muchas veces esas mujeres son cabeza de familia. Hay una madre, una hermana, una familia. Y esas chicas envían dinero a sus países. El Ayuntamiento quiso regular la convivencia con la ordenanza de civismo y no resolvió ningún problema vecinal, y con la de ahora crearán problemas vecinales donde no los hay”. Massaguer admite que es un problema complejo y que la situación es delicada. “No se pueden hacer ordenanzas y luego decir: ¡uy, uy!, que hay que cumplirlas”, admite el gerente, el único cargo municipal que ha dado su versión ante el silencio de los políticos. “Las ordenanzas hay que cumplirlas pero lo que sería serio es hacer un debate en profundidad”, afirma Maite Fandós, regidora de CiU. “Espero que ésta sea la última moratoria”, avisa Alberto Villagrasa, del PP.

El gerente aprueba el debate y confía en que se haga a la luz de la futura ley de actividades y espectáculos de la Generalitat. Pero, mientras, los dueños de los prostíbulos se suben por las paredes. “¡Cómo ha cambiado! ¡No lo reconozco!”, exclama una prostituta que hacía tiempo que no acudía a un local del Eixample cuyo dueño prefiere el anonimato. Las obras le han obligado a forrar las paredes para que estén insonorizadas y a que todo el material, desde la ropa, los colchones y la madera, sea ignífugo. Las ocho fastuosas habitaciones parecen las de un hotel: deben tener un mínimo de nueve metros cuadrados con baño incluido. Se ha gastado 300.000 euros.

Desaparecidos en Ciutat Vella, la mayoría de prostíbulos están en el Eixample o la zona alta. Y muchos han optado por ignorar la ordenanza. La camarera de un local de la calle de Loreto explicó que han clausurado las dos habitaciones que tenían. “Si cierran, muchas chicas se irán a la calle y su indefensión será mayor. Pueden haber muchos abusos. Hay mucho loco suelto”, explica mientras dice que la mayoría son extranjeras, sin papeles, que no tienen más alternativa que este trabajo y recordó la redada que hubo el jueves en un club. Pero, sobre todo, que no saben nada de ordenanzas. Como la chica del Breston.

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