Tres condenados por asesinato quedan libres por un error judicial

Tres ucranianos, acusados de un crimen en Granollers, salen de la carcel gracias a un problema formal

El juez tuvo que redactar de nuevo la sentencia y al final venció el plazo de prisión provisional

Tres personas de nacionalidad ucraniana, condenadas a diecisiete años y medio de cárcel por el asesinato de un empresario andorrano, quedaron ayer libres debido a un formalismo, fundamentado en que un defecto en la sentencia obligó a una nueva redacción y, entre tanto, el magistrado estimó que se ha superado el plazo de prisión provisional. Lo más llamativo del asunto es que en ninguna sentencia judicial se ha cuestionado la culpabilidad de los tres acusados: simplemente, hubo un problema de exposición de las pruebas.
Esta historia se inicia en la madrugada del 10 de febrero del 2004, cuando murió un empresario jubilado que, si bien había nacido en Andorra, tenía su domicilio en l´Ametlla del Vallès. Esa noche el hombre salió de un restaurante de Granollers en compañía de dos mujeres de nacionalidad ucraniana que, según el auto de hechos que se debían dilucidar ante el jurado, había conocido en un bar de alterne.
Las tres personas se dirigieron a un piso de esta localidad que el hombre tenía alquilado, a fin de poder mantener relaciones sexuales. Sin embargo, a causa del alcohol y de un fármaco contra el insomnio que le suministraron las mujeres, se quedó dormido. Entonces, ellas abrieron la puerta a otro ciudadano ucraniano. El caso es que el empresario fue golpeado en la cabeza con un objeto contundente y murió. Luego, ocultaron su cadáver en el maletero del coche de la víctima y lo abandonaron en un polígono industrial de Granollers, donde lo encontraron tres días después los Mossos d´Esquadra.

El pasado mes de mayo, un tribunal del juzgado revisó el caso, y alcanzó un veredicto que declaraba culpables de asesinato a los tres ciudadanos ucranianos, al mismo tiempo que exculpaba a dos supuestos cómplices por ocultación de pruebas.

En este asunto son importantes las fechas. El 14 de junio del 2007, el magistrado presidente del tribunal emitió la sentencia acorde con el veredicto del jurado e imponía a los condenados diecisiete años y seis meses de prisión por un delito de asesinato con alevosía, amén de la obligación de indemnizar con 27.000 y 20.000 euros a los dos hijos del fallecido, que estaba viudo.

Las defensas no estuvieron de acuerdo con la resolución y plantearon un recurso al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), donde pedían la nulidad del juicio porque no se aceptó que declarara uno de sus testigos, la falta de motivación del veredicto del jurado y la falta de motivación de la sentencia por lo que se refiere a la descripción de las pruebas de cargo contra los condenados.

En la sentencia del TSJC de 29 de noviembre del 2007, se rechazaban dos de las tesis de los letrados defensores, pues se decía que el nuevo testigo no aportaba nada a la causa y que el veredicto del jurado estaba suficientemente motivado, y además se hace referencia explícita a que, durante la celebración del juicio, los tres acusados “admitieron haberse deshecho del cadáver y limpiado la escena del crimen” y no tenían coartada para exculparse.

Sin embargo, el TSJC encontró un defecto importante en la sentencia redactada por el presidente del tribunal del jurado: no estaba motivada, tal como exige la ley, en lo que se refería a la descripción de las pruebas de cargo que sustentan la condena. En este sentido se cita la doctrina del Supremo, según la cual el magistrado presidente debe “señalar los elementos de convicción que ha tenido en cuenta el jurado y además sus propias consideraciones sobre la concurrencia (…) de la prueba de cargo”. Este precepto es el que, a criterio del TSJC, no se cumplió, y por lo tanto se anuló la primera sentencia, ordenandose al magistrado que presidió el tribunal popular que redactara una nueva en la que incluyera estos razonamientos jurídicos. Ni una duda se manifiesta sobre la legalidad del veredicto de culpabilidad.

Hasta el 14 de enero de este año el magistrado presidente del jurado no emitió una nueva sentencia, también de culpabilidad, con la misma pena que la anterior y las mismas cantidades económicas destinadas a resarcir a los herederos de las víctima.

Es decir, que en ningún momento hubo un tribunal tuvo dudas acerca de la responsabilidad de los tres ciudadanos ucranianos, dos hombres y una mujer, en el asesinato del empresario andorrano; pero sí había un problema técnico que resolver.

Los condenados ingresaron en prisión el 23 de febrero del 2004 (ellas) y el 27 de febrero del 2004 (él). Los dos primeros años de provisional vencieron antes del juicio, por lo que la medida ya fue prorrogada por la Audiencia antes de la vista por un año, que venció en el ínterin entre la primera sentencia del magistrado y la anulación del TSJC. De hecho, según un auto notificado ayer, el 19 de julio del 2007 se dictó un nuevo auto de prorroga de prisión. Sin embargo, ayer el magistrado presidente del tribunal del jurado hizo público otro escrito, en el que estima que la revocación de la primera sentencia supone automáticamente lo mismo para la extensión de la prisión dictada en julio. Por ello, el magistrado ordenó ayer la puesta en libertad sin fianza de las dos mujeres y el hombre ucraniano, que tienen la obligación de presentarse todos los días laborables en la oficina del jurado y cuantas veces sean llamadas por el tribunal.

La cuestión es que tres personas consideradas culpables de matar a golpes a un hombre quedaron ayer en libertad por un formalismo, ya que no se pone en duda la legalidad del veredicto de culpabilidad del jurado, sino un problema técnico en la redacción de la sentencia que valora dicha decisión del tribunal popular. Para que se dicte de nuevo la prisión y cumplan la pena estipulada en el último fallo se tendrá que celebrar una nueva vista, según las fuentes jurídicas consultadas, trámite que a buen seguro se solicitará con rapidez.

La puesta en libertad causó malestar en la fiscalía, aunque el portavoz autorizado del departamento señaló que hoy harán pública su postura y las medidas que solicitarán al respecto. Los cuerpos policiales, a última hora de la tarde de ayer, no habían recibido instrucciones para controlar a los tres excarcelados. Hoy, los ciudadanos ucranianos deberán comparecer en el Palacio de Justicia.

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