Los inmigrantes, primeras víctimas de la crisis económica

La luz del sol no se puede tapar con un dedo, por mucho que nos empeñemos. Que la economía empieza a dar quebraderos de cabeza a las familias españolas, es un hecho. También la recesión económica que afecta ya a nuestros bolsillos debido al paro, la inflación y la subida de las hipotecas.
Tampoco se puede ocultar, el desplome de la Bolsa ocurrido en los últimos días, que ha afectado a miles de pequeños inversores. La bolsa cayó un 4,35% y acumula una pérdida de casi el 20% en lo que va de año.
Ante esta disyuntiva, sigue llamando la atención las declaraciones del presidente Zapatero y su ministro del Economía, Pedro Solbes, que siguen afirmando que la cosa no es para tanto y que estemos tranquilos.
Sin embargo, los datos son testarudos y no atienden a calendarios electorales.

El desempleo ha crecido un 5’3%. El peor dato desde hace cinco años. Ha aumentado la inflación un 4’3% y parece que podría alcanzar hasta un 4’5% en dos meses más. La destrucción de empleo en el sector de la construcción es especialmente significativo, por haber sido uno de los motores de la economía de los últimos años.

El director de la Oficina Económica del Gobierno, David Taguas, reconoció que en los próximos años se van a perder 350.000 empleos en la construcción.

Según UBS, la tasa de paro llegará al 10% en 2009 por la crisis del ladrillo. Este banco asegura también que el saldo negativo de las cuentas públicas vendrá determinado por unos menores ingresos en las arcas de la Seguridad Social, debido a la reducción del número de cotizantes, situación que se verá agravada porque precisamente aumentará el número de receptores de subsidios de desempleo, y también por una reducción en la recaudación del IVA, causada por la caída de compra de viviendas.

La desaceleración de la construcción ha incidido sobre todo en los inmigrantes hasta en un 52%. Uno de cada dos parados en este sector es inmigrante. Pero el sector donde más están padeciendo el paro es en el sector servicios, que cuenta ya con 99.000 parados, seguido de la construcción, ya mencionado, la industria, con 12.159, y la agricultura con 6.960.

El paro está afectando casi por igual a hombres y mujeres.

Según la OCDE, España repite como tercer país con más paro de los países que la integran.

El Índice de Confianza del Consumidor, que elabora el Instituto de Crédito Oficial desde 2004, dice que en diciembre, la percepción entre los ciudadanos de la situación económica es la peor desde que se elabora este indicador.

El “Financial Times”, advierte del frenazo económico en nuestro país y dice que el diferencial de crecimiento entre España y la eurozona es de medio punto. También asegura que la economía española necesita reformas estructurales al igual que ya se están acometiendo en Francia.

Queda demostrado con datos publicados en fuentes muy diversas que la luz del sol no se puede tapar ni con todos los dedos de la mano.

Los inmigrantes ante la crisis económica

La capacidad de reacción de la economía ante el cambio de ciclo es la variable que los analistas intentan cuantificar para prever cuál será el comportamiento del mercado laboral en 2008. Caixa Catalunya apunta que precisamente esa será la nota dominante en el arranque del año y también la peor aliada para el mercado laboral.

Hasta ahora, la crisis de la economía de nuestro país se ha centrado en los sectores inmobiliario y financiero, pero antes o después, se extenderá como una mancha de aceite y acabará afectado a la producción de bienes y servicios de consumo.

El paro afectará a aquellas personas con un nivel bajo de especialización. Hoy por hoy, el grueso mayoritario de ese grupo son los inmigrantes. Ya lo están padeciendo.

El desempleo entre este colectivo, que en diciembre era de un 24’5%, en términos interanuales, es una de las piezas clave que explica el deterioro del mercado laboral.

Los inmigrantes se han concentrado en las ramas de actividad más afectadas por la desaceleración y ahora comienza su particular carrera para salir a flote, con el agravante de que al ser personas alejadas de su entorno habitual y no disponer de redes de protección en dificultades económicas, se verán en mayores aprietos a la hora de salir adelante.

Parece que no tendrán más remedio que buscar fórmulas de autoempleo. De hecho, ya hay un 35% de afiliados inmigrantes al Régimen de Autónomos.

Esta circunstancia es todavía más preocupante entre ese millón de ilegales que existe en España como consecuencia del Efecto Llamada de la Regularización llevada a cabo por el Gobierno Socialista en 2005.

En el caso de los inmigrantes contratados por cuenta ajena, la situación de desempleo que padecen ha supuesto que los subsidios de desempleo de inmigrantes represente el 9% del total de beneficiarios, que se traduce en un coste de 116 millones de euros, un 54% más que en 2006. Durante 2007, 135.532 extranjeros percibieron subsidios y prestaciones contributivas.

La precariedad en el empleo inmigrante está resultando devastador para las cuentas públicas, según datos de Servicio Público Estatal de Empleo.

Pero esto no es de ahora.

Esta situación ya se conocía en febrero de 2007. Hace casi un año, sabíamos ya que el gasto de prestaciones económicas había crecido un 44%, que en euros es algo más de 77 millones.

Esto es así porque a cierre de 2006, un total de 81.779 inmigrantes estaban dados de alta como beneficiarios de alguna prestación económica de carácter contributivo, después de haber cotizado.

Pero a estas cifras, hay que añadirle aquellos beneficiarios que perciben prestaciones económicas de carácter asistencial- subsidios, renta activa de inserción o eventuales agrarios. Esta situación hizo que 2006 acabara con 103.252 inmigrantes en situación de paro que percibían algún tipo de prestación económica y que representaba un 7’3% del gasto total.

Si se muestra este dato de hace un año es porque ya entonces los analistas económicos advertían que este aumento de casi dos puntos por encima del año anterior no era cuestión baladí. Por aquél entonces se había producido una bajada del paro, aunque el aumento de las prestaciones había aumentado, a consecuencia de la precariedad laboral del mercado español, cuya temporalidad era ya del 34%, afectando principalmente a los inmigrantes. Un mismo puesto de trabajo puede llegar a ser ocupado por diez personas diferentes a lo largo de un año.

A esta circunstancia que ya se venía avisando hace doce meses, hay que sumar otro factor que se presentaba en “rojo”: la baja productividad. Si bien el motor del trabajo estaba bien engrasado por el trabajo de los nuevos ciudadanos, al ocupar éstos sectores de baja cualificación, no se ha avanzado nada en campos como las nuevas tecnologías, dado que se utilizan poco en hostelería, construcción o servicio doméstico, por ejemplo.
De manera que podemos sacar otra conclusión. Es cierto que se incrementó el empleo, pero no así la productividad.

La pregunta que se hacían entonces los expertos era qué pasaría en el caso de que se produjera una desaceleración económica, puesto que inevitablemente, las prestaciones por desempleo serían mayores.

A día de hoy, las reacciones ante la situación poco halagüeña en la que se encuentran los inmigrantes no dan para muchas esperanzas. Cándido Méndez, Secretario General de UGT afirma que “los inmigrantes deberán compartir nuestro destino en tiempos de crisis”. Asegura también que “con el proceso de regularización de 600.000 personas, lo que hicimos fue legalizar la situación de los empresarios que tenían una economía sumergida”.

No se escuchó ninguna referencia de este tipo entonces.

Lo que se podía haber hecho

Con la batería de cifras expuestas, la pregunta que surge inmediatamente es si se podía haber tomado alguna decisión para evitar que estas miles de personas venidas de fuera se vieran en una circunstancia de desempleo como esta, teniendo en cuenta que vienen a padecer la coyuntura de la que vienen huyendo. El paro.

La cuestión clave es que el sistema de venida de trabajadores, que se basa en contingentes que no responden a criterios de ningún tipo, a la larga, se ha demostrado que no es eficaz ni compatible con cualquier parámetro o indicador de integración de inmigrantes, a medio y largo plazo.

Los datos expuestos del alto índice de temporalidad y precariedad demuestran esta afirmación.

La situación actual no permite a los empresarios contratar el perfil de trabajador que necesita en el momento adecuado, de modo es que muchas veces, se puede ver abocado a contratar a inmigrantes ilegales, puesto que solo los necesita para un determinado tiempo (la construcción de un edificio, la temporada de verano en una cafetería, las diferentes campañas agrícolas o el cuidado de mayores, por ejemplo).

Este tipo de contratación atrae a la inmigración ilegal por dos razones. Encontrarán trabajo para subsistir y llegará un momento en que serán regularizados de forma masiva, como ha ocurrido. La regularización es un proceso barato y que bien vendido, aporta rédito electoral a los políticos que la llevan a cabo, mientras que el empresario se beneficia al poder tener su “cosas en regla” y las arcas del Estado mejoran. Pero esto solo es un valor a muy corto plazo. Volvemos al temido Efecto Llamada.

Hay otra premisa que hemos escuchado en reiteradas ocasiones. La inmigración es saludable porque ha venido a ocupar puestos de trabajo que ya no ocupan los españoles y además, generan riqueza.

Sí, pero no tan contundentemente. Es decir, no es válido este razonamiento si solo se atiende al factor económico. Es verdad que presión inmigrante que padecen los países desarrollados es de carácter estructural…pero combinada con un alto componente social, político e incluso, personal.

Como en cualquier otra circunstancia mercantil, la contratación de mano de obra extranjera es producto de una transacción libre entre oferta y demanda, y por ello, de primeras, es un recurso eficiente desde el punto de vista económico. Resuelve el problema generado por la propia dinámica del mercado: el empresario necesita un recurso y lo resuelve rápidamente con la mano de obra que se ofrece.

Sin embargo, este enfoque puramente económico no ha tenido en cuenta los factores mencionados de carácter social, político y humano.

Un país no es solo un mercado. Es fruto de unos valores, instituciones, cultura e incluso, religión, de manera que la esencia de esa sociedad recibe influjos de otras nuevas y surge un proceso- o debe surgir- de adaptación mutua.

Esa integración conlleva también la puesta en marcha de recursos sociales (sanidad, educación, vivienda, subvenciones para la contratación), recursos de integración específicos (actos deportivos, eventos para la integración, formación) que automáticamente reciben los recién llegados, independientemente de lo que aportan.

Por muy boyante que sea la economía de un país, no es fácil asumir el incremento de una población – unos cuatro millones, como es nuestro caso- en tan breve espacio de tiempo. No lo es ni económica, ni social, ni políticamente hablando.

Mientras la economía va bien, un país como el nuestro puede sostenerlo. Además, España se ha caracterizado siempre por la buena acogida que se brinda a los que llegan de fuera, en líneas generales.

Sin embargo, si estas llegadas se hacen de forma masiva, sin tiempo para que la sociedad pueda asimilar esta nueva circunstancia, puede generarse el efecto contrario: el de sentirse amenazado por un elemento desconocido.

Por tanto, y sin la intención de ofrecer recetas mágicas ante un tema tan complejo, habría que pensar que una manera de comenzar a avanzar por el buen camino, el del sentido común, es instrumentalizar una respuesta eficiente desde el punto de origen.

Si ya sabemos los países susceptibles de enviarnos ciudadanos, si conocemos el perfil y además, disponemos de información sobre nuestras necesidades de mercado, lo más adecuado sería habilitar agencias de contratación en el país de origen.

Bien orientados, estos servicios de intermediación, pondrían las cosas algo más difíciles a las mafias, no generarían efecto llamada, facilitarían la llegada de trabajadores específicos para la oferta existente y se podrían establecer planes de integración y de servicios de una manera más ordenada, medida y estudiada.

Grandes remedios que llegan tarde

El papel lo aguanta todo. La realidad es otra cosa. El presidente del Gobierno ha confesado en privado en más de una ocasión durante esta legislatura que finaliza que se ha equivocado con su política de grandes gestos.

Aunque luego no lo quiera admitir, el caso es que las dos veces que lo ha hecho en Francia- una cuando confesó que se había precipitado en el tema de la regularización masiva, y otra, cuando propone la instrumentalización de expulsiones masivas orquestadas desde varios países a la vez- , demuestran que aquellos que señalaron una y otra vez que la regularización masiva era un recurso para el corto plazo, llevaban razón.

Los que hablaron entonces, fueron vilipendiados, señalados con el dedo, tachados de catastrofistas, racistas, carcas y enemigos de la diversidad cultural.

Al final, la cruda realidad de los hechos se ha vuelto en su contra. Cuando los bolsillos están llenos todo es más fácil. Ante la dificultad, la cosa cambia. Al final, quienes están pagando los platos rotos son esos miles de ciudadanos que llegaron a nuestros país buscando una vida mejor para dejar atrás lo que se ha encontrado. La falta de futuro.

¿Es esto acaso un buen ejemplo de política social y económica?

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