La histérica respuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la Iglesia católica, después de su pronunciamiento aconsejando no apoyar a los partidos que negocian con los terroristas, se fraguó ayer en la mesa del Consejo de Ministros y apuntó a donde más duele: el aborto. En plena crisis abierta con la jerarquía eclesiástica, el Ejecutivo no ha dudado en tensar más la cuerda y añadir más leña al debate, ahora intentando blindar a las clínicas abortistas frente a la acción judicial que se ha abierto en varios frentes tras detectarse incumplimientos en la aplicación de la ley.
Esta repentina reacción de los socialistas pone en evidencia su nerviosismo ante las próximas elecciones generales y el intento de frenar las posibles consecuencias que el mensaje episcopal puede tener en el electorado. El anuncio de esta ofensiva para frenar las investigaciones judiciales en las clínicas abortistas lo realizó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tomando como base dos informes presentados por los titulares de Sanidad, Bernat Soria, y Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Con estos dos informes, ya se trabaja en la elaboración de un real decreto, una norma común que regulará las garantías en las que se practican los abortos.
Reuniones con las clínicas
La acción del Gobierno tiene su origen en las reuniones que el ministro de Sanidad ha venido manteniendo con los responsables de las clínicas abortistas, que les trasladaron sus quejas por las investigaciones en curso, ante la supuesta realización de abortos ilegales. Pero, ¿cómo piensa el Gobierno frenar estas investigaciones? La vicepresidenta lo apuntó ayer en una doble vertiente: por un lado, creando un «marco básico» para garantizar la confidencialidad de los datos de las mujeres que han abortado, así como de «los profesionales de la salud, respetando las competencias» de las comunidades autónomas. ¿Qué se consigue con ello? Tratar de evitar que los jueces puedan acceder a estos datos, una medida, por otra parte, de imposible aplicación porque violaría las leyes que definen el papel de los jueces. La segunda iniciativa afecta al ámbito de la justicia, ya que el Ministerio ha solicitado a la Agencia de Protección de Datos que elabore un informe en el que se establezcan los límites que las Administraciones han de respetar en sus facultades de inspección de los datos referidos a la salud de los pacientes o usuarios de los servicios y centros sanitarios.
Junto a estas dos iniciativas, Fernández de la Vega también se refirió a la necesidad de armonizar los conciertos que el Servicio Nacional de Salud firma con las clínicas privadas que asumen la realización de los abortos, para que las «condiciones sean iguales», ya que detecta «algunas disfunciones».
¿Cómo justifica Fernández de la Vega estas iniciativas? Para la vicepresidenta tan sólo se trata de proteger a las mujeres «que han visto peligrar los derechos de confidencialidad de sus datos. Se trata de garantizar la equidad y la calidad en la interrupción voluntaria del embarazo». Además, volvió a utilizar el latiguillo que repite cada vez que se trata de justificar una decisión relacionada con el aborto: «Es nuestra obligación, como Gobierno, seguir garantizando los derechos de todos y de todas y no vamos a consentir que se vulneren los derechos de ninguna mujer que haya tenido o tenga que hacer frente a una decisión tan dolorosa como la de interrumpir su embarazo». El real decreto que abarcará todos estos aspectos no verá la luz hasta que cuente con los dictámenes favorables de los órganos de consulta previa, como el Consejo de Estado, y sea presentado a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de inspección y autorización de las clínicas. El Gobierno no ha sometido este asunto a debate en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, órgano que integra el Gobierno y a las comunidades. No obstante, De la Vega dijo que la aprobación del decreto se haría lo más rápido posible.
Defender delincuentes
Consciente de que esta medida podría reabrir el debate sobre la ampliación de la ley del aborto, la vicepresidenta se apresuró a precisar que esta legislación sólo se modificará tras un debate y un amplio consenso: «Tendremos ocasión de mejorar la ley si, tras el amplio debate social que este tema debe suscitar, llegamos a la conclusión de que así hay que hacerlo».
El anuncio del Gobierno provocó ayer el rechazo del Foro Español de la Familia, cuyo presidente, Benigno Blanco, calificó ayer de «inaudito» y «sin precedentes en un Estado de Derecho» que el Gobierno «se ponga a defender a los presuntos delincuentes, en vez de preocuparse de que la ley se cumpla». En este sentido, aseguró que la actitud del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero es comparable a proteger a «un presunto defraudador que se quejara de la inspección a la que le somete Hacienda», afirmando que «es evidente que el contexto de este anuncio del Gobierno es la reunión de los ministros con los responsables de las clínicas de abortos, que se quejaron de que les están investigando. Cuando se denuncian prácticas delictivas con indicios apreciados por los jueces, el Gobierno defiende a los presuntos delincuentes».
A juicio de Blanco, la actitud del Gobierno «no tiene precedentes en un Estado de Derecho. Dar por hecho que los jueces pueden estar violando los derechos de las mujeres con sus investigaciones es una intromisión inadmisible en el poder judicial» por parte del Gobierno, aseguró.
Frente a esta actitud de rechazo, las clínicas que practican el aborto y las organizaciones feministas respaldaron al Gobierno, aunque advirtieron de que la «solución definitiva» para acabar con la «actual inseguridad jurídica» de las mujeres y los profesionales es «aprobar una ley de plazos». La portavoz de Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, Empar Pineda, manifestó que con la actual Ley los facultativos y las mujeres no tienen todas las garantías jurídicas para interrumpir un embarazo porque pueden «ser denunciados en cualquier momento».
Esta repentina reacción de los socialistas pone en evidencia su nerviosismo ante las próximas elecciones generales y el intento de frenar las posibles consecuencias que el mensaje episcopal puede tener en el electorado. El anuncio de esta ofensiva para frenar las investigaciones judiciales en las clínicas abortistas lo realizó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tomando como base dos informes presentados por los titulares de Sanidad, Bernat Soria, y Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Con estos dos informes, ya se trabaja en la elaboración de un real decreto, una norma común que regulará las garantías en las que se practican los abortos.
Reuniones con las clínicas
La acción del Gobierno tiene su origen en las reuniones que el ministro de Sanidad ha venido manteniendo con los responsables de las clínicas abortistas, que les trasladaron sus quejas por las investigaciones en curso, ante la supuesta realización de abortos ilegales. Pero, ¿cómo piensa el Gobierno frenar estas investigaciones? La vicepresidenta lo apuntó ayer en una doble vertiente: por un lado, creando un «marco básico» para garantizar la confidencialidad de los datos de las mujeres que han abortado, así como de «los profesionales de la salud, respetando las competencias» de las comunidades autónomas. ¿Qué se consigue con ello? Tratar de evitar que los jueces puedan acceder a estos datos, una medida, por otra parte, de imposible aplicación porque violaría las leyes que definen el papel de los jueces. La segunda iniciativa afecta al ámbito de la justicia, ya que el Ministerio ha solicitado a la Agencia de Protección de Datos que elabore un informe en el que se establezcan los límites que las Administraciones han de respetar en sus facultades de inspección de los datos referidos a la salud de los pacientes o usuarios de los servicios y centros sanitarios.
Junto a estas dos iniciativas, Fernández de la Vega también se refirió a la necesidad de armonizar los conciertos que el Servicio Nacional de Salud firma con las clínicas privadas que asumen la realización de los abortos, para que las «condiciones sean iguales», ya que detecta «algunas disfunciones».
¿Cómo justifica Fernández de la Vega estas iniciativas? Para la vicepresidenta tan sólo se trata de proteger a las mujeres «que han visto peligrar los derechos de confidencialidad de sus datos. Se trata de garantizar la equidad y la calidad en la interrupción voluntaria del embarazo». Además, volvió a utilizar el latiguillo que repite cada vez que se trata de justificar una decisión relacionada con el aborto: «Es nuestra obligación, como Gobierno, seguir garantizando los derechos de todos y de todas y no vamos a consentir que se vulneren los derechos de ninguna mujer que haya tenido o tenga que hacer frente a una decisión tan dolorosa como la de interrumpir su embarazo». El real decreto que abarcará todos estos aspectos no verá la luz hasta que cuente con los dictámenes favorables de los órganos de consulta previa, como el Consejo de Estado, y sea presentado a las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de inspección y autorización de las clínicas. El Gobierno no ha sometido este asunto a debate en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, órgano que integra el Gobierno y a las comunidades. No obstante, De la Vega dijo que la aprobación del decreto se haría lo más rápido posible.
Defender delincuentes
Consciente de que esta medida podría reabrir el debate sobre la ampliación de la ley del aborto, la vicepresidenta se apresuró a precisar que esta legislación sólo se modificará tras un debate y un amplio consenso: «Tendremos ocasión de mejorar la ley si, tras el amplio debate social que este tema debe suscitar, llegamos a la conclusión de que así hay que hacerlo».
El anuncio del Gobierno provocó ayer el rechazo del Foro Español de la Familia, cuyo presidente, Benigno Blanco, calificó ayer de «inaudito» y «sin precedentes en un Estado de Derecho» que el Gobierno «se ponga a defender a los presuntos delincuentes, en vez de preocuparse de que la ley se cumpla». En este sentido, aseguró que la actitud del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero es comparable a proteger a «un presunto defraudador que se quejara de la inspección a la que le somete Hacienda», afirmando que «es evidente que el contexto de este anuncio del Gobierno es la reunión de los ministros con los responsables de las clínicas de abortos, que se quejaron de que les están investigando. Cuando se denuncian prácticas delictivas con indicios apreciados por los jueces, el Gobierno defiende a los presuntos delincuentes».
A juicio de Blanco, la actitud del Gobierno «no tiene precedentes en un Estado de Derecho. Dar por hecho que los jueces pueden estar violando los derechos de las mujeres con sus investigaciones es una intromisión inadmisible en el poder judicial» por parte del Gobierno, aseguró.
Frente a esta actitud de rechazo, las clínicas que practican el aborto y las organizaciones feministas respaldaron al Gobierno, aunque advirtieron de que la «solución definitiva» para acabar con la «actual inseguridad jurídica» de las mujeres y los profesionales es «aprobar una ley de plazos». La portavoz de Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, Empar Pineda, manifestó que con la actual Ley los facultativos y las mujeres no tienen todas las garantías jurídicas para interrumpir un embarazo porque pueden «ser denunciados en cualquier momento».
Diario de Ayer .·. 