Jueces rigurosamente vigilados

La condena a Atutxa pone en pie al Gobierno vasco contra los magistrados

La condena a Atutxa y el artículo de Juan Pablo González han situado a la Justicia en el punto de mira de los nacionalistas

Juan María Atutxa se convierte en el primer presidente de parlamento autonómico condenado por el Tribunal Supremo. Y todo porque se negó, junto a sus compañeros de la Mesa de la Cámara vasca Gorka Knöor y Kontxi Bilbao, a disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, que se había convertido en la nueva marca de Batasuna tras su ilegalización. Los distintos requerimientos de la Sala del 61 siempre se encontraron con «reparos» que llevaban a dar largas y a no cumplir lo mandado.
Esta decisión del Alto Tribunal puso en pie a todas las huestes nacionalistas, comenzando por el Ejecutivo tripartito presidido por Ibarretxe. Las manifestaciones al respecto fueron en algunos casos mucho más allá de la discrepancia con la resolución judicial, acusándose, incluso, a los jueces de haber «saboteado» la «independencia, autoorganización y legitimidad» del Parlamento vasco, tal como se expresó en la manifestación que se celebró en Bilbao cinco días después de la decisión judicial.
Entre esas dos fechas, 21 y 26 de enero, se produce el segundo elemento que va a provocar una nueva reacción radical del Gobierno vasco, y, lo que es más inusual, una actuación algo más que llamativa por parte de los vocales «progresistas» del Consejo General del Poder Judicial. El vocal delegado para el País Vasco, Juan Pablo González, publicaba el día 24 en LA RAZÓN el artículo «Nacionalismo contra la Justicia», en el que se refería a las reacciones del Ejecutivo de Vitoria a varias sentencias, como las relativas a los «casos» Atutxa o Ekin y a considerar que la penetración de ETA en la sociedad vasca «no se hubiera producido sin la connivencia y la tolerancia de un Gobierno vasco cada vez más radicalizado».
El Ejecutivo de Ibarretxe salió para anunciar la interposición de una querella contra Juan Pablo González. Sin embargo, esta decisión tuvo un efecto boomerang y provocó la plena unanimidad de los representantes judiciales, que salieron en tromba a defender la libertad de expresión del vocal a quien el nacionalismo vasco ha puesto en el punto de mira. El portavoz del Consejo, Enrique López, resume el sentir general de la mayoría del mundo judicial al considerar «absolutamente desdichada» la decisión del Gobierno vasco y su plena confianza en la Justicia, «que ofrece mucha tranquilidad respecto a este tipo de actuaciones».
Vocales «progresistas»
Si significativa fue la reacción del Ejecutivo nacionalista vasco, mucho más lo fue la actuación de ocho vocales del CGPJ que, encabezados por su vicepresidente, Fernando Salinas, en una iniciativa inédita, se dirigieron por carta al lendakari Ibarretxe para hacerle llegar su «rechazo pleno» a las opiniones de Juan Pablo González. A la vez, acusaban a su compañero de utilizar «instrumentalmente» su cargo en el Consejo para «verter tal tipo de despropósito y de ofensas contra un Gobierno democráticamente elegido». Incluso buscaron una «condena» por parte del Pleno del CGPJ, aunque finalmente su propuesta ni siquiera llegó a votarse. Estaba condenada al fracaso.
En cambio, esos mismos vocales, excepto uno de ellos, no suscribieron un documento, firmado por diez consejeros, en el que se reclamaba el cese de «campañas, manifestaciones o declaraciones que pretendan deslegitimar a los jueces y magistrados. Llamativo, cuanto menos.

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