Cataluña empieza a tramitar la ley que iguala iglesias y mezquitas

En días de enfretamiento abierto entre el Gobierno de Zapatero y la Conferencia Episcopal, el Parlamento de Cataluña será escenario hoy del inicio de la tramitación de una norma que ha levantado ampollas en los sectores católicos, que se ven discriminados por la misma. Se trata del proyecto de ley sobre los centros de culto o de reunión con fines religiosos, aprobado por el gobierno catalán el pasado noviembre y que hoy el Parlamento catalán empezará a tramitar. Eso sí, después de que el previsible rodillo tripartito dé al traste con sendas enmiendas a la totalidad presentadas por PP y CiU.
Con esta nueva ley, que será defendida en el hemiciclo por el vicepresidente Carod Rovira, el gobierno pretende unificar los criterios para la concesión de licencias municipales para lugares de reunión con fines religiosos, cuya instalación, en el caso de las mezquitas, es casi siempre polémica. Sin embargo, para ello no hace distingos para los de la religión católica, alegando que lo suyo es la laicidad. Esta ley, que debe ser detallada en un futuro con un reglamento, establece que los nuevos lugares de culto deberán obtener dos licencias otorgadas por los municipios catalanes (los más poblados, en manos socialistas): una de urbanística y una de actividades de uso que regula las condiciones técnicas de seguridad e higiene de los centros. Además, se obliga a los Ayuntamientos a reservar suelo público para este tipo de locales.
Según precisa la ley, las citadas licencias serán requeridas para los locales de culto nuevos, no existentes, y no para aquellos incluidos en el inventario del Patrimonio Cultural Catalán. O sea, que la Sagrada Familia, por ejemplo, en esto está salvada. Con todo, según advierte a ABC la diputada del PP que hoy defenderá la enmienda a la totalidad, Àngels Olano, la norma abre una puerta a que tenga efectos sobre los centros ya existentes, puesto que en su redactado señala que siempre que un local de culto con licencia de actividad realice una obra mayor en su sede que requiera licencia urbanística, «deberá solicitar de nuevo la licencia de actividad».
Más allá de entrar en detalle sobre el asunto de las licencias, PP y CiU alegan otros motivos de fondo para rechazar esta normativa. De entrada, la popular Àngels Olano señala que lo «que realmente quiere esta ley es poner en cuestión la situación de prevalencia de la Iglesia católica», y denuncia que con ella «un derecho fundamental como la libertad religiosa queda a expensas de quién tenga el poder político». Olano, además, considera que en su «espíritu» la norma infringe y cuestiona la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 y el Concordato suscrito por el Estado Español y el Vaticano en 1979. Por todo ello, aseguró que el PP «no descarta» recurrir esta futura ley «ante el Tribunal Constitucional».
Por su parte, desde CiU, según señaló ayer su portavoz, Oriol Pujol, creen que la norma «es una chapuza jurídica que pretende utilizar el urbanismo para regular los centros de culto». Asimismo, Pujol denunció que «nos es imposible saber cuál es la intención real del tripartito con esta ley», y afirmó que la misma confusión es compartida por otras confesiones religiosas.
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