No van a ir a la carcel.El Constitucional anula la condena a «Los Albertos» por el «caso Urbanor»

Tras siete años y medio de vicisitudes judiciales por el denominado «caso Urbanor», Alberto Cortina y Alberto Alcocer pueden ya respirar tranquilos. El Tribunal Constitucional ha revocado la condena a 3 años y 4 meses de cárcel que les impuso el Tribunal Supremo por los delitos de falsedad documental y estafa en la venta de la sociedad Urbanor. Y, de paso, podrán recuperar los casi 50 millones de euros que tuvieron que pagar en concepto de responsabilidad civil.
La clave de la sentencia del Alto Tribunal, de la que ha sido ponente el magistrado Pascual Sala radica en el criterio que debe aplicarse para declarar la prescripción de un delito. El Tribunal Supremo sostuvo que la mera interposición de una denuncia o querella era suficiente para romper la prescripción, y por tanto permitir dirigir el procedimiento penal contra los aludidos en ella.
Las consecuencias
El Tribunal Constitucional, sin embargo, deja claro que para que pueda ocurrir lo anterior, para que la interrupción se produzca, es «indispensable» que se haya abierto o iniciado un procedimiento penal contra el presuntamente responsable por quien está legitimado para ello: el juez. De esta forma, «la mera recepción» en un juzgado de guardia de lo que se califica como «notitia criminis» no puede entenderse como la iniciación de un procedimiento penal, «sino simplemente como un acontecimiento» que puede generarlo.
Además, el TC critica la tesis mantenida por el Supremo en esta materia y afirma que la misma no está «suficientemente ajustada al valor de la seguridad jurídica, que constituye la finalidad primordial de la prescripción y que exigía, ante la implicación del derecho a la libertad, una ponderación especial que evitara una interpretación contra el reo que en el caso aquí enjuiciado se ha producido». El Alto Tribunal advierte de las consecuencias que tendría aplicar la doctrina del Supremo sobre la interrupción de la prescripción de los delitos: «La interrupción de que aquí se trata por la mera presentación y registro de una querella o denuncia significa tanto como dar pie a la posibilidad de que, mediante querellas o denuncias carentes de fundamentación, y por tanto rechazables liminarmente, pueda impedirse la prescripción de una infracción penal o se dilaten indefinidamente los plazos legales establecidos».
Y ello, «a voluntad no del órgano que tiene atribuido el ejercicio del ius puniendi del Estado, sino del particular interesado en que así ocurra y con una clara incidencia, potencialmente lesiva, sobre derechos fundamentales del querellado o del denunciado».
Esta decisión cuenta con el voto discrepante de Ramón Rodríguez Arribas, para quien con esta doctrina se «podría resentirse el sistema judicial, convirtiendo una garantía a favor del reo en instrumento, o al menos causa involuntaria, de impunidad de delitos», por el cúmulo de trabajo en los juzgados.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: