El Banco de España investiga a diferentes despachos de abogados

El servicio antiblanqueo reclama información a diez bufetes

La misiva llegó en Navidades y cayó como una bomba. El Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales), un organismo integrado en el Banco de España, requería por escrito a varios despachos de abogados una información exhaustiva sobre todas sus actividades. Según fuentes del sector, la carta le llegó a diez bufetes seleccionados por su tamaño, su localización geográfica y su especialidad.

La carta provocó reuniones entre las cuatro grandes firmas de España
La carta corrió como la pólvora en el sector. Hubo contactos entre los despachos más grandes (Garrigues, Cuatrecasas, Uría & Menéndez, Gómez Acebo y Pombo). Junto al requerimiento de información, había un anuncio en ciernes: “Una vez recibida su contestación podrá decidirse la realización de una visita de inspección”. Un miembro de uno de los bufetes consultados lo reconoce: “El tono de la carta nos ha parecido muy duro”. La época en la que los despachos de abogados se sabían intocables ha terminado.
Las últimas operaciones policiales relacionadas con el blanqueo de capitales en España habían puesto de manifiesto la decisiva intervención que habían tenido determinados bufetes de abogados a la hora de crear sociedades opacas y ocultar un buen número de transacciones económicas. Así sucedió en operaciones tan conocidas como Ballena Blanca, Malaya o Hidalgo, que tenían un común denominador: las operaciones de lavado se fraguaban en bufetes. Las investigaciones demostraron cómo ciertos despachos operaban con facilidad en paraísos fiscales y no parecían tener demasiados escrúpulos a la hora de aceptar clientes poco edificantes, entre ellos algunos conocidos delincuentes internacionales. Esa impunidad a la hora de crear sociedades opacas llevó a algunos investigadores a afirmar que “los verdaderos paraísos fiscales de España están en Marbella y en el paseo de la Castellana (Madrid)”.

El decisivo papel que podían interpretar ciertos colectivos profesionales en el lavado de dinero había motivado una serie de reformas en la legislación internacional en materia de prevención del blanqueo. En aplicación de dichas reformas, notarios, inmobiliarias, asesores fiscales y abogados pasan ser considerados como “sujetos obligados” y deben informar a las autoridades de cualquier operación sospechosa.

La incorporación de estos colectivos en la lucha contra el blanqueo ha sido lenta, en algunas ocasiones hasta perezosa, pero mientras los notarios, las inmobiliarias y los asesores fiscales parecen haber entrado por el buen camino, no podía decirse lo mismo de los despachos de abogados.

La propia memoria del Sepblac correspondiente al año 2006 describe esta situación. El número de sujetos obligados ha pasado de 2.550 en 2005 a 8.990 a finales de 2006, gracias sobre todo a la incorporación de los notarios y los asesores fiscales a la lucha contra el blanqueo. Los notarios censados pasaron de 216 a 2.823 y los asesores de 17 a 3.063. Las propias inmobiliarias se habían incorporado a esa lucha (de 1.196 a 1.942). Sin embargo, no había noticias de los despachos de abogados, hasta el punto de que dicha memoria, siempre muy prudente en sus manifestaciones, llegaba a exponer que llamaba “especialmente la atención el bajo número de abogados”: el número de despachos censados era de 84 a finales de 2006.

Vista la situación y los antecedentes de las operaciones policiales, parecía que no iba a transcurrir demasiado tiempo hasta que el Banco de España pusiera sus ojos en los bufetes. Aun así, la carta enviada por el director del Sepblac a diez despachos ha provocado un enorme nerviosismo, según reconocen algunas fuentes. “Hay que tener en cuenta”, dice un socio de uno de esos despachos, “que muchos despachos se han especializado en el diseño de productos opacos al fisco, en estrategias de concepción y diseño de sociedades. Es toda una línea de negocio que se puede hundir, porque toda aquella operación que supere los 120.000 euros puede ser objeto de una actividad de blanqueo según la normativa y el responsable sería el abogado”.

Dicha fuente reconoce que la mayoría de los despachos no están preparados para suministrar el tipo de información que requiere el Sepblac, quien no sólo desea saber el tipo de personal que trabaja en cada despacho y sus funciones, sino también su política de admisión de clientes, el detalle de las transacciones societarias, de la gestión de fondos y cuentas corrientes, así como la identidad de los clientes para quienes efectúan todo este tipo de servicios.

Ignacio Palicio, director del Sepblac, trata de quitar dramatismo a la carta que él mismo firma. “Hay que entenderla desde la normalidad y no dramatizar. No se trata de ninguna persecución. Desde hace dos años, los abogados son sujetos obligados en la lucha contra el blanqueo y deben entender que el Sepblac debe hacer labores de inspección. Los bancos, por ejemplo, tienen ya una experiencia de muchos años en esta materia y entienden que estos procedimientos no son excepcionales”.

No es ésta la sensación que tienen en los despachos. Desde la llegada de las primeras notificaciones se han producido algunas reuniones al más alto nivel, tanto por parte de los afectados como de los no afectados. Y es que la sensación que se ha trasladado es que la impunidad de los bufetes se ha terminado.

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