Los proabortistas acentúan su campaña de autoinculpaciones

Los promotores de la Campaña por el Derecho al Aborto, impulsada por un centenar de entidades, entregaron ayer al juzgado de guardia de Barcelona un total de 2.408 autoinculpaciones de aborto recogidas en la capitalcatalana y su área metropolitana, un gesto de protesta ante las investigaciones judiciales en clínicas abortistas de Barcelona y Madrid. Las más de 2.000 autoinculpaciones entregadas ayer en Barcelona -también se están recogiendo en otras ciudades catalanas-, son de 1.458 mujeres que admiten haber abortado y de 950 hombres que se acusan de haber acompañado a una mujer a hacerlo.

El acto de entrega de autoinculpaciones, al que acudió una cincuentena de personas, se completó con una «performance» de protesta escenificada en plena calle que sirvió para reivindicar la despenalización del aborto y las reformas sanitarias necesarias para que esta práctica sea una prestación sanitaria normalizada en la red pública.
Los promotores del acto se citaron para proseguir su protesta el próximo 8 de marzo, cuando se celebrará el Día Internacional de la Mujer en diversas capitales de España, como Barcelona, Bilbao y Valencia. Según los organizadores de este convocatoria, no se ha logrado la autorización de la Delegación del Gobierno para concentrarse en Madrid y Sevilla por coincidir con la jornada de reflexión electoral.
Denuncia de una discapacitada Por otra parte, ayer trascendió que el Hospital del Mar de Barcelona, que es público, se ha negado a interrumpir el embarazo de una discapacitada psíquica de 35 años que estaba de 21 semanas al considerar que en la petición de la familia de la joven -que vive con su novio, también disminuido psíquico, cerca de la casa de sus padres-, «no se atienden los supuestos legales para abortar ni estaban convenientemente justificados legalmente».
La familia de la joven afirma que tiene un retraso que afecta al 73% de su capacidad psíquica. Con todo, el hospital -que no descarta volver a evaluar el caso si se preoducen nuevas aportaciones documentales o disposiciones judiciales-, alega, entre otros motivos, que «no se acreditó que la paciente estuviese incapacitada legalmente», ya que el único documento que entregó fue «una certificación de incapacidad laboral».

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