Ecuador ayuda a los terroristas de las FARC

El norte de Ecuador se ha convertido en santuario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Testimonios de ex combatientes y el contenido de los ordenadores intervenidos a la guerrilla en la operación militar que acabó con la vida de su número dos, Raúl Reyes, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, revelan nuevos detalles sobre la colaboración ecuatoriana con las FARC.

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Gracias a las redes de corrupción entretejidas con autoridades locales y militares, el grupo armado ha establecido, aseguran fuentes militares colombianas, al menos ocho campamentos estables, desde donde lleva a cabo tráfico de armas, transporte de drogas y adoctrinamiento de las poblaciones. “Toda la zona fronteriza es segura en el lado ecuatoriano”, cuenta Miguel, un ex guerrillero que conoce el terreno por haber sido mando medio del Frente 48 de las FARC durante 10 años y acogido ahora, como miles de sus compañeros, a un programa de reinserción.

“Hacemos nuestros campamentos en fincas y nos abastecemos en las comunidades. Altos mandos militares nos apoyan con la logística, con armamento, carpas y uniformes. En el Frente 48 llevamos uniformes ecuatorianos, porque es más fácil que esperar a que el Secretariado los mande desde Colombia”, afirma el ex guerrillero Miguel, miembro de la seguridad de Raúl Reyes que abandonó recientemente la lucha armada y vive en la clandestinidad cerca de Bogotá.

Los guerrilleros se mueven por el norte de Ecuador en camionetas, como ha constatado un funcionario de la Organización de Estados Americanos (OEA), que expresaba en privado el desconcierto que le provocó cruzarse en comedores del área fronteriza con miembros de las FARC perfectamente pertrechados.

El gran proveedor de la guerrilla es Patricio González, poderoso traficante de armas ecuatoriano que colabora con las FARC desde hace 25 años. “Los generales ecuatorianos con los que trabaja Patricio le venden una parte de las armas que debían ser destruidas” asegura Miguel. “Alguna vez el armamento llegaba en contenedores desde el puerto de Guayaquil”.

En este territorio liberado, la guerrilla ha establecido corredores para el transporte de cocaína, principal fuente de financiación. “Desde Putumayo entran las camionetas cargadas con pasta base, que preparan los campesinos, y por carreteras ecuatorianas siguen hacia el oeste e ingresan de nuevo en Colombia por Nariño, donde están los laboratorios. Luego la droga vuelve a salir por Ecuador, hacia la costa”, dice Miguel. El antiguo guerrillero no tiene pelos en la lengua y lanza gravísimas acusaciones contra las autoridades ecuatorianas que el Gobierno de Quito ha negado reiteradamente.

Gracias a las “mensualidades” que reciben de las FARC, asegura Miguel, las autoridades locales hacen la vista gorda. “Los jefes de la policía avisan a los retenes para que nos dejen pasar. En El Carmelo, en el cruce de la frontera, hay una base del Ejército ecuatoriano que controla la carretera. Y también están comprados”.

“Hemos detectado 11 campamentos en suelo ecuatoriano”, dice una fuente de la inteligencia colombiana. “Ocho grandes, con talleres, polvorines y pistas de entrenamiento en la zona del río San Miguel, y tres más pequeños por el río Putumayo”. Las ocho bases permanentes (Rancherías, San José, El Arenal, La Isla -donde Raúl Reyes vivió dos años-, El Limón, La Escalera, Farfán y Puerto Mestanza) jalonan la frontera norte de Ecuador de este a oeste.

Desde esa retaguardia, Colombia ha sufrido 39 ataques de las FARC desde 2004. Uno de ellos causó la muerte de 22 soldados en la localidad de Teteyé. “Hemos entregado 16 informes a la Comisión Binacional para Asuntos Fronterizos, y ocho más a la cancillería ecuatoriana, sobre la presencia de las FARC en su suelo”, dice un alto funcionario colombiano. “Ellos lo niegan o, simplemente, no responden”. Bogotá dice entender ahora esa actitud. Esa mina que es el ordenador de Raúl Reyes ha desvelado las relaciones políticas sostenidas por las FARC con el Gobierno de Quito al más alto nivel. El número dos de la guerrilla da cuenta de dos reuniones, el 18 de enero y el 28 de febrero de este año (dos días antes de su muerte), con emisarios del presidente Rafael Correa. Uno de ellos es su ministro de Seguridad, Gustavo Larrea. El presidente ecuatoriano propone reunirse con los mandos de la guerrilla en Quito, establecer “coordinaciones sobre la frontera binacional”, contrarrestar los efectos del Plan Colombia contra el narcotráfico con denuncias de las fumigaciones, “cambiar a los mandos de la fuerza pública” hostiles a la guerrilla… Se trata de neutralizar al presidente colombiano, Álvaro Uribe, representante “de la Casa Blanca, las multinacionales y las oligarquías”.

La indignación de Correa por el ataque colombiano contra la base de Reyes se volvió virulencia cuando esos dos correos salieron a la luz el pasado martes. Llamó “mentiroso e insolente” a Uribe y dijo que asociarle a él con las FARC era “una desfachatez”. Luego justificó la presencia de la guerrilla con los desvelos de su Gobierno por lograr la liberación de los secuestrados.

El problema, ha dicho Correa, es que Colombia no cuida sus fronteras. “El Gobierno de Ecuador se niega a establecer mecanismos de cooperación. Con Perú tenemos patrullas conjuntas en los ríos, y allí no hay problemas de campamentos. Con Ecuador quisimos hacer lo mismo, y ha sido imposible”, dicen en Bogotá. Para compensar, Gustavo Larrea, el ministro de Seguridad ecuatoriano, ha propuesto la interposición de cascos azules de la ONU entre ambos países.

[Para la comisión especial de la OEA, que visitó el lunes la frontera, no hay duda de que Ecuador necesita de ayuda internacional para mantener el control de su frontera con Colombia, informa desde Quito Daniela Creamer. “Ecuador requiere de cooperación para lograr un control efectivo”, dijo José Miguel Insulza, secretario general del organismo.]

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