Terrorismo y guerra en el Sáhara

La necesidad de reparar una imperdonable omisión de la Administración española ha deslizado un nuevo peligro para el Frente Polisario al que nadie, hasta ahora, había discutido su condición de movimiento de liberación del pueblo saharaui: el de ser rebajado a la categoría de una vulgar banda terrorista. La metamorfosis que está a punto de operar un novedoso episodio de revisionismo histórico amenaza por colarse de puntillas con la vía tomada por la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite) para exigir el reconocimiento y la asistencia que todavía hoy requieren los españoles que hace más de treinta años sufrieron las consecuencias de las acciones con las que el Frente Polisario intentó defender, en su propia tierra, el derecho inalienable a la autodeterminación del pueblo saharaui.

Aparentemente, no se trata de un colectivo que actúe movido por una inquina antipolisaria o un resentimiento poscolonial sino, simplemente, por la certeza de que ese es el camino más efectivo para resolver el problema que arrastran los afectados. Sus demandas, sin embargo, actúan como la coartada perfecta con la que el rey Mohamed de Marruecos está a punto de lograr del Gobierno de Zapatero un reconocimiento institucional a su estrategia por tergiversar la historia de la invasión con la que intentó aniquilar al pueblo saharaui.

El Frente Polisario no es perfecto como tampoco lo fue la resistencia francesa contra la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial ni el ANC que luchó en la clandestinidad contra el apartheid surafricano y que, por cierto, fueron calificados de terroristas por los nazis y los racistas boers, respectivamente. Pero, hasta ahora, a nadie, con la obvia excepción de los lobbies promarroquíes, se le había ocurrido asociarlo con una forma de terrorismo y, menos aún, equiparar su actuación con la de ETA. El estigma del terrorismo se ha convertido hoy en día en un poderoso descalificativo con consecuencias políticas y legales tan graves, que colgarle este sambenito al Polisario es uno de los objetivos más codiciados por los amigos del rey Mohamed.

Los propios gobernantes marroquíes lo han venido intentando por varias vías. Una de ellas, aireando una cierta conexión entre el Polisario y el terrorismo islamista, que deslizaron incluso en el fragor de la tragedia del 11-M; otra, más antigua, recurriendo al supuesto símil entre el Polisario y la ETA. Su apuesta en esta batalla de la confusión semántica es que el silencio sobre el conflicto saharaui favorezca la desaparición de esa gran diferencia que marcan las más de cincuenta resoluciones de la ONU que reconocen el derecho del pueblo saharaui a autodeterminarse libremente y que brillan por su ausencia en el caso de la ETA.

El olvido, alevosamente fomentado por los muchos amigos del rey Mohamed en España, también pretende arrastrar a la opinión pública al equívoco con el que desde Rabat se señala al Frente Polisario como una banda cuyos hilos llevan a Argelia para romper Marruecos. Como si el Sáhara hubiese integrado un estado con Marruecos cuando, en 1973, en plena colonización española del territorio, el Polisario nació para dar continuidad a lo que había comenzado Bassiri, el primer mártir saharaui de la lucha por la liberación. Bassiri había desaparecido en 1970 tras su detención en los calabozos franquistas, por pedir pacíficamente a la dictadura española que pusiese en marcha, sin más dilaciones, el proceso de autodeterminación con el que se había comprometido ante la ONU a descolonizar el Sáhara.

Los propios militares españoles, que durante tres años se enfrentaron al Polisario, cuando se referían a los rebeldes saharauis preferían recurrir a términos como el de “subversivos” o “jóvenes radicales” a los que tachaban de antiespañoles, con toda la grave culpa criminal que entonces entrañaba este descalificativo. En sus informes sobre el Sáhara, el término terrorismo los responsables de los servicios de información español lo solían reservar para los pseudomovimientos de liberación como el Frente de Liberación y Unión (FLU) formados y armados por Marruecos para simular ante la comunidad internacional que los saharauis no querían la independencia sino que los españoles se marchasen del territorio para que la descolonización culminase con un regreso del Sáhara a la madrepatria marroquí.

Nadie mejor que los militares españoles sabían que los militantes del Polisario no eran monjitas de la caridad. Los muertos y heridos causados por sus acciones en las filas españolas facilitaron que ciertos sectores zanjasen con un “bien empleado les está”, la invasión marroquí que en 1975 acompañó al indebido y cómplice abandono español del territorio. Pero ni siquiera el desahogo de su rabia podía permitirse el lujo de pisotear el sentido común que en la ONU se había opuesto a que se identificasen como terrorismo las acciones de autodefensa de los movimientos armados de liberación. El fin de la era que justificaba la sumisión colonial de los pueblos inferiores era irreversible y, ni siquiera la alarma ante un fenómeno que en 1972 comenzaba su despliegue con el secuestro de aviones de pasajeros, justificaba que las guerras de liberación nacional dejasen de tener en la ONU la consideración de estado de guerra y no de actos de terrorismo.

El Polisario era un enemigo con el que los que tenían la misión de preservar la presencia española en el Sáhara tenían pocas contemplaciones. Los combatientes saharauis que sobrevivieron a esa época recuerdan cómo caer prisionero de sus contrincantes españoles los exponía a la tortura, la deportación, la ejecución sumaria o, peor aún, la entrega a Marruecos que, ya entonces, también podía costarles la vida. Pero en esa siniestra lógica que suele conllevar toda guerra de descolonización, los enemigos españoles del Polisario tuvieron claro que el principal objetivo de los combatientes saharauis no era acabar con sus vidas sino dar publicidad a su causa y presionar al Gobierno español para que les devolviesen su tierra.

Así por ejemplo, cuando el Polisario ya llevaba un año actuando y había ya causado muertos españoles, un informe de los servicios de información españoles hizo una serie de curiosas constataciones. Unas giraban sobre la certeza de que no todas las acciones violentas que se habían atribuido al Polisario habían sido realmente obra suya. Otras subrayaban esa voluntad premeditada de los saharauis y sus aliados para minimizar los daños de su lucha: “En todos los ataques que han efectuado [el Frente Polisario] a los puestos o destacamentos se ha demostrado dos cosas en todas las ocasiones: 1) No han deseado hacer bajas ni en europeos ni en nativos; 2) Los medios de ataque han sido siempre muy pobres (falta de morteros, granadas de mano, etc.). En los encuentros en los que ha habido bajas ha sido siempre porque por nuestra parte se ha forzado la situación por una persecución que les ha obligado a hacer bajas a la desesperada y en defensa propia”. Evidentemente, la situación que describió el informe no tenía punto de comparación con la violencia y alcance que, por ejemplo, había tenido la lucha de los argelinos contra los colonialistas franceses y su estela de decenas de miles de muertos.

Francia constituye un buen ejemplo de cómo el proceso descolonizador puede desembocar en una digestión muy lenta y pesada también en las antiguas metrópolis. El peso electoral que todavía mantienen los nostálgicos de la Argelia francesa, ha logrado que el Gobierno que se erigía en paladín de la comunidad internacional contra la barbarie del imperialismo de Bush en Irak, se enzarzase en su propia casa en una polémica con trasfondo muy imperial, por la implantación de una ley que obliga a reconocer los logros de la acción civilizadora de su colonización y, de forma especial, su aportación al desarrollo de Argelia.

El trauma poscolonial que la dolida grandeur arrastra desde 1962 por la pérdida de lo que consideró una provincia tan francesa como la Provenza, sigue hoy en día interfiriendo en las relaciones franco-argelinas, saboteando las buenas intenciones de los gobernantes de ambas orillas del Mediterráneo para sellar una potente y mutuamente provechosa alianza. Los demonios revanchistas nunca perdonaron a la Argelia del FLN el haber tomado el camino de la independencia ni la afrenta con la que luego se negó a sacrificar su vocación de potencia regional para limitarse a actuar como un simple peón de la hegemonía neocolonial francesa en África. Su alargada sombra ha jugado muy fuerte, por ejemplo, a favor del apoyo incondicional dado por París a Marruecos (modelo de sumisión poscolonial) contra un Polisario con respaldo de la díscola e incontrolable Argelia, aún a costa de sacrificar la legalidad internacional que la política exterior gala defiende en otros escenarios. Su lógica irracional también ha llevado a los políticos franceses a incoherencias incomprensibles como la de negarse a mostrar su arrepentimiento por las masacres coloniales en Argelia y, en cambio, promover una ley con la que exigen a los turcos pedir perdón por el genocidio de los armenios. Pero ni siquiera este discurso con el que la nostalgia imperial pretendió imponer por ley la exaltación de los beneficios intelectuales de la irrupción del camembert en las montañas del Hoggar, se ha planteado rescatar el término terrorista para señalar a los argelinos que rechazaron el honor de ser franceses.

Si nadie le toma la delantera, y todo indica que no hay peligro, esa novedosa lectura de los procesos de descolonización le corresponderá a los espadas políticos de la memoria histórica española. La oportunidad la ha brindado al PSOE de Rodríguez Zapatero la batalla que Lucía Jiménez, presidenta de Acavite, llevaba librando desde 1999, fecha de entrada en vigor de la ley de víctimas del terrorismo, para que su padre fuese reconocido víctima del terror. El supuesto atentado tuvo lugar el 10 de enero de 1976 en el Sáhara Occidental donde Francisco Jiménez se encontraba trabajando como electricista para Fos Bucraa, la empresa del Instituto Nacional de Industria que explotaba los yacimientos de fosfatos de la colonia española. España todavía no había finalizado su salida del territorio tras los acuerdos con los que, en noviembre de 1975, el último gobierno de Franco había entregado el pueblo saharaui al rey Hassán de Marruecos, violando las resoluciones de la ONU y sus deberes como potencia administradora. La traición española al pueblo saharaui había desencadenado una guerra a varias bandas que desplazaba por el territorio, además de las guerrillas del Polisario y el FLU, batallones de los ejércitos marroquí, mauritano y argelino.

El vehículo en el que Francisco Jiménez viajaba saltó por los aires al topar con una mina colocada (asegura su hija) por el Frente Polisario. De milagro, salvó la vida aunque con terribles secuelas físicas y psicológicas. Raimundo López, otro trabajador que acompañaba a Jiménez, murió en el acto.

Nadie puede negarle la solidaridad a quien el destino asignó el boleto de una siniestra lotería. Otra cosa muy distinta es que se atribuya a una falta de sensibilidad humanitaria las dificultades por las que la familia Jiménez pasó con el Gobierno del PP en sus intentos porque Francisco pudiese acogerse a la ley que reconoce el derecho a ser resarcidos o indemnizados por el Estado a “las víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana”.

La flexibilidad que la familia Jiménez demanda para hacer cuadrar su caso en la única oportunidad que, por el momento, la ley ofrece para que las víctimas de actos violentos reciban la atención que requieren, obliga a una elipsis que omita que la paz y la seguridad ciudadana del Sáhara Occidental ya habían quedado quebradas desde octubre de 1975 con la invasión con la que el rey de Marruecos se había apropiado de la mayor parte del territorio y que allí el terror lo estaban cosechando las tropas, aviación y fuerzas de seguridad alauitas que arrasaron con furia genocida a una población civil indefensa.

La puntillosidad histórica podría quedar sacrificada en nombre de una buena causa si con ello no consumásemos un peligroso falseamiento de los hechos que acaba convirtiendo en crimen el derecho de los pueblos, reconocido por la ONU, a defenderse de una agresión de terceros.

La propia Jiménez ha asegurado que no busca culpables y que sospecha que la mina que marcó trágicamente el destino de su familia, no tenía por objetivo a los trabajadores españoles que permanecían en un territorio engullido por una guerra internacional sino a frenar el avance de las tropas marroquíes que, con el apoyo de sus aliados mauritanos, estaba esos días completando la ocupación ilegal del territorio. No parece por lo tanto ser su intención crear un precedente con el que también podrían pasar a adquirir la condición de terroristas José Martí, Simón Bolívar, George Washington, Ho Chi Minh o la mismísima Manuela Malasaña.

¿Y si el PP hubiese accedido a las demandas de Jiménez? Inmediatamente se hubiesen puesto en marcha los pásalos para movilizar la indignación contra lo que tenía todas las bazas de convertirse en un rescoldo de “nostalgias fascistas” por las glorias de la misión civilizadora nacional-católica, en un retazo revanchista de ese franquismo que no perdonó al Polisario su afinidad izquierdista o, también, en una nueva prueba de la contumaz tendencia pepera a pisotear la voluntad de otros pueblos.

En manos de los que consideran un anatema hablar de terrorismo palestino o que pondrían en la picota a quienes duden de que en Irak los terroristas son los invasores americanos y los iraquíes que ponen bombas, legítimos insurgentes, hubiese resultado sospechosa la certeza con que se asegura que la paternidad de la mina que dejó casi ciego y el cuerpo lleno de metralla a Francisco Jiménez, fue polisaria. No les hubiese faltado razón ya que, aunque el cierre de los archivos sobre el Sáhara hagan difícil esclarecer los hechos, fue en un discurso público que el propio embajador de Franco ante la ONU, Jaime de Piniés, al solicitar la intervención del Consejo de Seguridad contra la mal llamada Marcha Verde (la invasión alauita), denunció que “terroristas” marroquíes del FLU también habían contribuido a que el territorio saharaui estuviese sembrado de minas. Como también resulta muy arriesgado dar por hecho que los ametrallamientos sufridos por pesqueros canarios en aguas del Sáhara fueron siempre responsabilidad del Polisario: hay ejemplos y datos que muestran que la parte marroquí efectuó algunos de los ataques y luego se los atribuyó a los saharauis con el propósito de cortocircuitar un entendimiento hispano-polisario que no le convenía.

El PP hubiese tenido muy difícil sortear la indignación de las ONG que apoyan al pueblo saharaui. Los socialistas de Zapatero, en cambio, han convertido las reclamaciones de Jiménez y otras víctimas del conflicto del Sáhara en una prueba de que el PP, a la hora de la verdad, no tiene sensibilidad con las víctimas del terrorismo si no son de su cuerda. Así que, tras conceder en 2006 la indemnización que reconoce que Francisco Jiménez fue víctima de un atentado terrorista y que hay un grupo terrorista llamado Frente Polisario, se han mostrado muy receptivos con los propósitos con que Jiménez ha promovido que una las principales metas de Acavite sea la “institucionalización” del reconocimiento a las víctimas del terror Polisario.

A esta curiosa pirueta ha contribuido el apoyo que Acavite ha recibido de ACVOT, la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas que se secesionó de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) alegando que su entonces presidente Francisco José Alcaraz anteponía los intereses del PP a los de sus asociados. La ACVOT, acusada a su vez de seguidismo con Zapatero por la AVT, ha puesto mucho énfasis en subrayar que Acavite recurrió a ellos ante la falta de asistencia y sensibilidad mostrados por la “asociación de Madrid” al caso de las víctimas canarias.

Enredada en una carrera en la que cada bando tiene que demostrar su superior sensibilidad, la solución del dilema que plantea Acavite parece haber quedado encajonado en una disyuntiva en la que o se reconoce el terrorismo del Polisario o se da la espalda al dolor y la injusticia de unos ciudadanos a los que la Administración dejó a un lado considerándolos unas meras víctimas de la accidentalidad laboral.

El padre de Jiménez y los pescadores canarios que fueron víctimas de minas, secuestros y los ametrallamientos navales que se sucedieron en los años ochenta, cumplieron el viejo lema de que, al final, en una situación de disparate, acaban siempre pagando justos por pecadores. Ellos no tienen la culpa de que en enero de 1976 el Sáhara se hubiese convertido en el epicentro de una guerra tan sangrienta como para obligar a los marroquíes que llevaban la ventaja al cierre del aeropuerto de El Aiún para ocultar la evacuación de sus muchos muertos y heridos (así consta en los informes de los responsables españoles sobre el terreno). No es a ellos a quien corresponde compartir la culpa de las atrocidades de las que eran víctimas los saharauis que no se plegaban a enarbolar la bandera de los invasores o de los saqueos de los que ni siquiera los bienes españoles se libraban en cuanto marroquíes y mauritanos tomaban el control de las ciudades que los militares españoles eran obligados a abandonar por orden de la superioridad.

Tampoco se les debe seguir obligando a ocultar su dolor en contrapartida por el sufrimiento de mujeres, niños y ancianos saharauis que en su huida por el desierto fueron objetivo de los bombardeos de napalm con que por esos días los marroquíes intentaban barrer del Sáhara la resistencia dirigida por el Polisario. Ellos, como los saharauis, también fueron víctimas de la guerra que desencadenó una agresión que el Gobierno español tenía que haber evitado y no sólo por un imperativo moral sino porque la carta de la ONU le obliga a defender los intereses de los saharauis. El Sáhara era y sigue siendo (de acuerdo a derecho) un territorio administrado por España y todos, víctimas españolas y saharauis, quedaron indefensos por la inhibición de un Estado que no ejerció su deber de protección.

Queda más que justificado que el ex ministro de Justicia Fernando López Aguilar y los representantes del Gobierno que recientemente han vuelto a reunirse con Acavite demuestren con los hechos ese mayor compromiso social del que hacen gala frente al PP. Pero puestos a derrochar sensibilidad, cabe la posibilidad de diseñar una fórmula que demuestre ese respeto por todos los pueblos que Zapatero volvió a prometer en la campaña electoral.

Al fin y al cabo, bastaría con que en lugar de “víctimas del terrorismo polisario”, se crease un epígrafe para los afectados de Acavite que los identifique como víctimas del conflicto del Sáhara o de la descolonización. La lealtad a la verdad no tiene por qué estar reñida con el respeto al dolor de las víctimas sean saharauis o españolas, a menos que Fernando López Aguilar, que suele presumir de sus habilidades para ser bien recibido por los gobernantes marroquíes, no prefiera el equívoco para ganarle puntos al ministro Moratinos. No hay más que consultar los blogs marroquíes sobre el Sáhara para comprobar la satisfacción que rezuma toda información sobre el terror polisario que genera la batalla de Acavite. Como decía recientemente un demócrata guineano y simpatizante de la causa de sus “hermanos” de la hispanidad africana, no es fácil alcanzar “el superlativo del asombro” que pone el mundo al revés haciendo que sean las perdices las que disparan a los cazadores.

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