Morín cobraba más de 5.000 euros en dinero negro por abortos a partir de 24 semanas

Morín captaba clientas en locutorios de inmigrantes y con «bonos» de descuentos

Las clínicas de Carlos Morín aplicaban técnicas de mercadotecnia para promocionar sus prácticas abortistas. Así lo han denunciado antiguos empleados, según refleja el sumario judicial en torno a las presuntas actividades ilegales de estos centros de interrupción del embarazo barceloneses. Estas acciones iban desde una cortés felicitación navideña hasta cuestiones más delicadas.
Siempre según las denuncias citadas, los ginecólogos españoles que derivaban a pacientes a las clínicas de Morín para que se les practicara una interrupción voluntaria del embarazo, recibían la tarjeta de Navidad y un regalo de empresa. Era la manera implícita de agradecerles que mandaran a las mujeres «para las actuaciones ilegales».

Otra práctica de Carlos Morín era la organización de congresos europeos con el fin de dar a conocer las técnicas de endoscopia, y donde se aprovechaba para dar publicidad de las actividades clínicas de su grupo. En base a las aportaciones de los denunciantes, se citan presuntos contactos Morín con médicos suramericanos a los que «formaba a cambio de participar en las interrupciones del embarazo ilegales».
Se explica también que dos empleados de Morín realizaban «visitas a diferentes centros de asistencia primaria y a ginecólogos de Barcelona, en las que se les ofrecían los servicios de las clínicas y los teléfonos de contacto». Algunas pacientes han manifestado haber llamado a esos teléfonos, que les habían facilitado «ginecólogos privados, hospitales, etc.».
Había otras maneras de llegar hasta las clínicas. Por ejemplo, internet, las páginas amarillas o mediante publicidad que se repartía, según los denunciantes, en los locutorios para extranjeros. A las pacientes que acudían con la propaganda de los locutorios, se les descontaban 50 euros. Morín hace referencia a esta misma cantidad cuando, en su declaración judicial, se le pregunta si en alguna de sus clínicas se hacían abortos después del segundo trimestre de gestación. El médico contesta que «puede haber sucedido en alguna ocasión bajo criterio psiquiátrico». Añade que las pacientes que acuden a sus clínicas para interrumpir su embarazo proceden de la Fundación Morín y que les da en estos casos un «bono-dona» (bono-mujer) por valor de 50 euros del importe total de la operación.
Reconoce también el doctor Morín que a las pacientes también las derivan otros médicos, otros centros médicos o de planificación, y que otras han tenido conocimientos de las clínicas a través de internet o por recomendación de otras amigas.
Los denunciantes de las prácticas de Morín se explayan más en los métodos para la captación de clientes. Se refleja el papel que presuntamente jugaba una empleada de una clínica acreditada para hacer abortos en el primer semestre de gestación, de la que en su momento, ahora ya no, Morín fue el administrador.
Según las denuncias de ex empleados, esa clínica, por su condición de pionera en interrupciones del embarazo, sigue recibiendo muchas llamadas de pacientes. Según se explica, una empleada de este centro «deriva a Ginemedex» una de las clínicas de Morín, «todas las intervenciones quirúrgicas que no se realizan en su centro, es decir, abortos ilegales, ligaduras de trompas, vasectomías, etcétera». Esta empleada, siempre según las denuncias, presuntamente «es la encargada de recibir a algunas pacientes, cobrarles en dinero negro una cantidad oscilante entre 4.000 y 6.000 euros y las transporta en su vehículo particular» a las clínicas donde abortarán. A veces, para el traslado, llamaba a Morín, quien le enviaba un vehículo logotipado de la Fundación Morín, un Mercedes gris plateado.
Esta mujer y Morín empleaban claves para explicar que la paciente no se ajustaba a los supuestos permitidos por la ley para abortar. «Te llevo a una señora de 30 años», decían, para que él supiera que la paciente se hallaba en la semana 30 de gestación. Una vez a la semana, esta empleada de la antigua clínica de Morín se reunía con él «para pasarle nota de las clientas que le había remitido y cobrarse su comisión». La nueva responsable de la clínica donde trabaja esta mujer desconocía esta actividad paralela.
Dinero en metálico
También en la propia Ginemedex se recibían solicitudes de abortos fuera de los supuestos recogidos por la ley. En este caso, los denunciantes afirman que la consigna era decir por teléfono que no se podía asegurar que se les iba a practicar la intervención. Se les comunicaba que era importante que se dirigieran a la clínica para ser valoradas por el comité científico, «que llevaran dinero en metálico en una cantidad siempre superior a los 4.000 euros, dependiendo del estado de gestación».
En cuanto a las llamadas a otro de los centros, TCB, algunas «en avanzadísimo estado de gestación (más de 30 semanas», debían derivarse, según las denuncias, a la esposa de Morín. En TCB se pedía un mínimo de 5.000 euros en efectivo. Las clínicas de Morín recibían alrededor de 15 llamadas semanales de pacientes que solicitaban un aborto de más de 24 semanas.

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