¿Nuevo escote para pagar la fianza de Roca?

Juan Antonio Roca, que ayer cumplió dos años desde su detención por el caso «Malaya», recurrirá a sus familiares y amigos para salir de la cárcel de Albolote (Granada), a pesar de que tiene un activo superior a los 200 millones de euros. No es la primera vez que el «cerebro» de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella pide ayuda para pagar una elevada fianza, en este caso un millón de euros. En 2002, Roca reunió 540.000 en menos de 24 horas. En un pispás, el escote estaba reunido.

Sus amigos de entonces fueron el ex primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Pedro Román, (imputado por la operación «Malaya») Ricardo Pérez Reales, Pedro Peña Barragán y Elena Bensoussan, quienes aportaron 60.000 euros cada uno. Andrés Gutiérrez Cuadrado, Guillermo Ximenez, Antonio Abril Cumpian y José Emilio Higuera Yela entregaron 30.000 euros, mientras María Castañón y Manuel Castaño colaboraron con 18.000 y 12.000 euros, respectivamente, y Susana Fernández de Miguel le prestó 6.000. La mujer de Roca, María Rosa Jimeno, (también procesada) reunió 24.000 euros.
Entregas ilegales
Otros amigos que entregaron dinero a Roca, pero de forma ilegal, según el instructor del caso «Malaya», Miguel Ángel Torres, son Ismael Pérez, (180.000 euros), Carlos Llorca (540.000 euros por los convenios de Sejas del Mar 2.002 S.L. y Grupo Unido de Proyectos y Operaciones S.L,) y Enrique Ventero (600.000 euros por la aprobación del Plan Parcial El Pinar II).
La entidad Aifos pagó al ex asesor de Urbanismo casi cinco millones de euros por los convenios urbanísticos del Guadalpín Banús y Guadalpín Village, y el convenio de permuta de los aprovechamientos de Guadaiza. Siempre según el magistrado, Roca recibió una «comisión» de Carlos Sánchez y Andrés Lietor de 928.000 euros, mientras Emilio Rodríguez (Construcciones Salamanca) realizó cuatro pagos por importe de más de un millón de euros por los convenios de la Supermanzana B de Nueva Andalucía, Marqués del Duero, las Brisas Golf, Plaza de Toros y Lomas del Rey.
Rafael Gómez, el empresario cordobés conocido por «Sandokan», habría pagado 600.000 euros por el convenio que permitía realizar las obras para utilizar como oficinas con acceso al paseo marítimo los sótanos del edificio Mare Nostrum en Marbella y no paralizar las obras, pese a las denuncias de disciplina urbanística.
El juez del caso «Malaya» señala en su auto de procesamiento que Roca «de común acuerdo con Carlos Sánchez y Andrés Lietor, utilizando la sociedad GFC para interponerla, sociedad que actúa representada por Gonzalo Fernández Castaño -que sigue las órdenes de Carlos y Andrés en la operación-, habría permutado un edificio municipal en Puerto Banús por unos locales de poca utilidad junto a los vendidos a Aifos, recibiendo Roca 1.200.000 euros en efectivo que repartió entre los concejales del equipo de gobierno». Además, habría recibido más de 600.000 euros de Tomás Olivo por promover la caducidad del expediente de revisión de oficio de las licencias de los locales comerciales en La Trinidad en lo que iba a ser la ampliación de La Cañada.
También Fidel San Román habría pagado más de cinco millones por el convenio y la posterior licencia de los aprovechamientos urbanísticos que pertenecían al Ayuntamiento en la Huerta de los Casimiros.

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