El Estatut pone en jaque a los jueces

Puede que no se rompa España pero sí la Justicia. El modelo que consagra el Estatut supondría demoler la división de poderes, al quedar el Judicial en manos del Ejecutivo y del Legislativo. Crece la inquietud entre jueces y constitucionalistas.

Jueces, asociaciones de magistrados y constitucionalistas no ocultan su inquietud ante una reforma de consecuencias graves para el futuro de la Justicia en España.

El aval del Tribunal Constitucional al Estatuto catalán puede completar así el “enterramiento de Montesquieu”, incoado en 1985 con la reforma del Consejo General del Poder Judicial, por el que la elección de los vocales quedaba, en buena medida, al albur del pasteleo partidista.

Pero la territorialización de la Justicia, consagrada por la reforma del Estatut, es aún más grave, ya que implica supeditarla al poder político y cargarse el modelo judicial emanado de la Constitución, que instauraba en España el principio efectivo de la separación de poderes, tal como señalan a La Nación destacados constitucionalistas.

Con el pretexto de la Justicia descentralizada, el Estatuto catalán (cuya senda terminarán siguiendo las demás comunidades autónomas), lleva en sí el germen de la destrucción de la unidad judicial, mediante dos actuaciones.

En primer lugar, la aparición de Tribunales Supremos, que sustituirían a los Tribunales Superiores de Justicia de cada autonomía.

Y en segundo lugar, la creación de Consejos territoriales que sustituirían al órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ.

Los Consejos judiciales emanados de los parlamentos autonómicos, tendrían potestad para proponer nombramientos de los cargos directivos judiciales del territorio, además de la posibilidad de convocar pruebas selectivas para los órganos judiciales, así como el empleo de la lengua como requisito excluyente.

Retorno al caciquismo

Ese amenaza para la independencia de los jueces se acrecienta si se tiene en cuenta que el mapa político autonómico suele cambiar bastante menos que en nacional; como advierte el magistrado José Luis Requero “la permanencia de un partido en el gobierno autonómico es de ordinario más prolongada”.

Por no hablar de la mucha mayor proximidad entre el estamento político autonómico -tanto Ejecutivo como Legislativo- y el judicial.

Lo cual podría alentar situaciones del o caciquismo en pleno siglo XXI. Requero lo ha subrayado expresamente: “Los síntomas en los que se manifiesta esa patología son alarmantemente coincidentes: ya sea bajo el discurso nacionalista o sobre el modelo territorial del Estado, al final está el deseo del poder local de intervenir en la elección de sus jueces, cuando no de hacerlo directamente”.

El Consejo Judicial de Cataluña sería el ariete de este proceso de territorialización que dejaría sumamente limitado al órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ.

Si el modelo catalán se extiende al resto de España, tendríamos lo siguiente:

– Cada Comunidad Autónoma podría convocar oposiciones de ingreso en la Carrera Judicial.

– Los jueces seleccionados se integrarían en un Cuerpo único, si bien por razón del conocimiento del derecho propio y del idioma sólo podrían llegar a ser jueces en virtud de cada convocatoria autonómica los que tuvieran conocimientos específicos del derecho propio de la Autonomía convocante y,además, en función del territorio, del idioma cooficial.

– Para los traslados entre jueces y magistrados el conocimiento del idioma y el derecho ya no será mérito sino requisito de obtención de plaza.

En conclusión, el poder judicial se fragmentaría en pequeños poderes judiciales autonómicos; con órganos de gobierno propios y, en consecuencia, carreras judiciales propias.

Como ha advertido Requero, el modelo catalán consagrado por el Estatut, “puede ser el inspirador de lo que venga a sustituir el llamado Plan Ibarretxe tanto en contenido como en las formas”.

Expertos constitucionalistas como González Trevijano , David Ortega o Jorge de Esteban han advertido del peligro que entraña para el marco establecido por la Carta Magna. La unidad judicial quedaría seriamente tocada y tal cosa socavaría otro cimiento básico de la democracia: la igualdad de todos los españoles ante la ley.

De hecho, Esteban ha llegado a señalar que la puesta en vigor del Estatut implicaría la desaparición de la Constitución en Cataluña.
No se trata de un asunto partidista, sino transversal. Esa preocupación de juristas y expertos es compartida por políticos de la izquierda, como Enrique Múgica o Joaquín Leguina (que no tuvo empacho en tildar al Estatut catalán de “desleal” con la Constitución “hasta las cachas”)

La respuesta la tendremos en unas semanas, cuando el Tribunal Constitucional, presidido por María Emilia Casas, emita sentencia sobre los recursos contra la controvertida reforma del Estatut.

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