‘El País’ acosa a la Guardia Civil por un caso de aborto

Acusa a unos agentes de desobedecer al juez por no cerrar la investigación. La Comunidad de Madrid fue la que retomó el caso

EL PAIS ha hecho bandera del ‘caso Isadora’ para acusar a la Guardia Civil que investigó la clínica de abortos. El diario publicó el viernes que los agentes “desobedecieron al juez para fabricar el caso contra Isadora” y señaló que el juzgado número 6 ordenó a la Guardia Civil “cerrar las pesquisas”. Sin embargo, los agentes nunca recibieron esa orden de los jueces, sino una negativa de que interviniera en el caso el Instituto Anatómico Forense.

Según ha sabido LA GACETA, tras la decisión del juez, la Guardia Civil recurrió a la Comunidad de Madrid, como hace en múltiples ocasiones, para buscar asesoramiento sanitario. El jefe de inspección territorial de Salud Pública, Juan Raúl Sanz, acudió el 20 de febrero a la clínica y exigió la retirada urgente de los contenedores.

Los restos fueron trasladados al tanatorio de Tres Cantos y fueron examinados por el jefe de inspección y el médico forense tanatólogo oficial. Por tanto, fue la Comunidad quien retomó el caso y halló en unos contenedores precintados procedentes de la clínica Isadora restos fetales y documentos con nombres y teléfonos de las madres. Entonces, la Comunidad de Madrid propuso un expediente sancionador contra la clínica y el caso recayó en el juzgado de instrucción número 47. El juez titular del mismo, José Sierra, llamó precisamente ayer a declarar a tres médicos de Isadora que se negaron a testificar “hasta que se les aclaren los hechos imputados”.

El País ha utilizado en decenas de ocasiones, muchas de ellas con titulares de portada, el caso de la clínica Isadora para “denunciar” la persecución que sufren las mujeres que quieren abortar. Con títulos como”La persecución del aborto lleva a 25 mujeres ante el juez” o “Las clínicas abortistas denuncian una persecución política y judicial sin precedentes”, este periódico ha hecho campaña, desde el inicio del proceso, a favor de las mujeres abortistas.

El País también denunció que “las funciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil caen bastante lejos de los abortos”. Sin embargo, estos agentes tienen, entre otras competencias, la de vigilar cualquier denuncia en materia de medio ambiente y la misión de realizar inspecciones regulares en empresas y clínicas que generan residuos medioambientales.

Consenur, servicio de gestión de deshechos, había alertado al Seprona de que estaban llegando a sus contenedores residuos biosanitarios mezclados con restos humanos procedentes de la clínica de abortos Isadora. Fue a raíz de esta denuncia, cuando el Seprona acudió el 16 de febrero a la clínica y comprobó que, efectivamente, eliminaba los restos humanos procedentes de abortos de la misma forma que el resto de residuos. La gestión y el destino que deben tener estos restos quedan claros en la ley de residuos de la Comunidad de Madrid (5/2003), que obliga a separar los deshechos de material clínico de los restos humanos.

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