Las atrocidades del caso Morín

Trece detenidos, a día de hoy sólo uno de ellos aún en prisión y porque tenía una sentencia de cárcel pendiente de ejecución por un caso de malos tratos, y una investigación judicial en curso que se augura muy larga. El caso en cuestión es ya el «caso Morín», la investigación que desde mediados del año pasado inició la juez del juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, contra las clínicas abortistas que el cirujano peruano Carlos Morín, de 63 años, dirigía en Barcelona: Ginemedex, TCB, CBM Barna Medic y Fundación Morín. En conjunto (no todos los detenidos tiene los mismos cargos) la juez imputa a Morín, su esposa y el resto de encausados -entre los que hay dos psiquiatras, una administrativa y otros nueve médicos, entre ginecólogos y anestesistas- los presuntos delitos de aborto ilegal, asociación ilícita, falsedad documental e instrusismo profesional. Además, en esta causa también han tenido que declarar como imputadas ante la Guardia Civil y ante la juez algunas de las mujeres que abortaron en las clínicas de Morín. Ante la Benemérita ya han declarado más de 139. Todas ellas son españolas, aunque en la nómina de clientas de Morín había mujeres de Francia, Alemania y otros países con legislaciones más restrictivas en torno al aborto.

A quién menos ha pillado de sorpresa esta investigación es al propio Morín, que en 1999 llegó a ser detenido por practicar abortos ilegales en la clínica de Ginetec de Alicante, aunque la justicia lo absolvió. Ahora, también afronta otra causa judicial por el cierre de la clínica CB Medical Ginemedex en Madrid y, a raíz de la investigación en Barcelona, su nombre ha llegado a Holanda, ya que la justicia de allí le investiga por un aborto ilegal realizado a una holandesa en uno de sus sus centros de Barcelona.
La instrucción del caso será ardua. Se han requisado un total de 2.780 historias clínicas de pacientes que se habían sometido a abortos en 2007. Hasta la fecha, apenas 200 de ellos han sido examinados. Mientras, a raíz de la investigación Morín se ha visto obligado a cerrar sus clínicas de Barcelona desde el pasado enero, por no poder pagar a sus trabajadores -le incautaron más de 100.000 euros destinados a nóminas en los registros-, e incluso una de ellas, CBM, en la Via Augusta, ha abandonado su sede.
A principios de este mes la juez instructora levantó parcialmente el secreto de sumario sobre el caso, que aún sin terminar la instrucción ya suma 4.000 folios, lo que ha propiciado que se conozcan una cantidad ingente de presuntas irregularidades e ilegalidades que se atribuyen a Morín y compañía. Muchas de ellas son fruto del testimonio de dos testigos protegidos de ex empleados de las clínicas que han servido para edificar esta causa, junto a la querella presentada por E-Cristians a raíz de un reportaje con cámara oculta realizado por la televisión pública danesa DR a finales de 2006 y que puso bajo sospecha a Morín. Ya en 2004 el periódico británico «Sunday Telegraph» cazó al cirujano peruano con otro reportaje con cámara oculta.
Otros muchos detalles del caso han sido aportados por los testigos interrogados por la Guardia Civil y por las escuchas telefónicas ordenadas por la juez a las que se sometió a los imputados.
Un lucrativo negocio
Quien ya ha quedado en mal lugar es la Generalitat, que en noviembre de 2006 inspeccionó las clínicas de Morín y saldó su pesquisas con 3.000 euros de multa tras detectar sólo «irregularidades administrativas». También está en entredicho el Colegio de Médicos de Barcelona, que abrió un expediente informativo en relación al reportaje de la televisión danesa y no halló infracción alguna. Y eso que uno de los vocales de la sección de ginecología del colegio está imputado en esta causa por presuntamente prestar su sello y firma de ginecólogo a abortos que no realizó.
De la lectura del extenso sumario, del que ha dado buena cuenta ABC, se deduce que Morín había montado en Barcelona un lucrativo negocio dedicado a realizar abortos ilegales -unos 15 por semana por un precio de entre 4.000 y 6.000 euros, afirma un testigo protegido-, con pacientes en avanzado estado de gestación. En el sumario constan abortos de hasta 33 semanas de gestación.
En la inmensa mayoría de casos, se realizaban al amparo del supuesto legal que permite abortar más allá de las 22 semanas si hay riesgo vital para la salud física o psíquica de la madre. Un supuesto, sin embargo, justificado fraudulentamente, pues los informes psiquiátricos que deben avalar estos abortos eran fraudulentos. Porque se hacían sin que los psiquiatras visitaran a las pacientes, como han reconocido algunas clientas, o porque el cuestionario que debe responder la paciente era cumplimentado por el personal de las clínicas, que luego falsificaba la firma de las pacientes.
Para prosperar en su empresa, Morín recurría a técnicas de mercadotecnia. Siempre según las denuncia de ex empleados que constan en el sumario, el cirujano contaba con ginecólogos, algunos de ellos trabajando en la red pública, que le derivaban clientas a sus clínicas y recibían regalos a cambio. También organizaba congresos médicos en los que se publicitaba y en los que contactaba con médicos suramericanos a los que formaba a cambio de participar en abortos ilegales.
En cuanto a las clientas, entre ellas menores de edad de 14 años, las captaba a veces por internet o mediante la publicidad que repartía en locutorios para extranjeros. A las que acudían con esta propaganda les ofrecía un descuento de 50 euros. Según los denunciantes, Morín cobraba muchos de los abortos en metálico, y en negro, lo que le servía para ocultar sus vergüenzas.
Títulos falsos
Pero el dislate no acaba aquí. Otra de las presuntas irregularidades detectadas es que ni el doctor Morín ni otros facultativos de sus clínicas -entre ellos, algunos de los imputados- disponían de títulos de ginecología o de anestesista homologados en España. Y aún más. El sumario desvela que, al menos en dos ocasiones, se utilizó a mujeres sin titulación, una de ellas contratada como limpiadora, para hacer de enfermeras.
Más allá de estos datos, en la investigación de este caso han trascendido detalles escabrosos, como el hecho de que Morín realizara personalmente abortos -como afirman algunas pacientes, pero él niega-, pese a que es portador del virus del sida desde 1998, una circunstancia de la que no informaba a sus pacientes.
Otra macabra revelación ha sido las trituradoras de fetos que según afirman los testigos protegidos tenían las clínicas y que, según ellos, fueron desmontadas tras el reportaje de la televisión danesa. En el sumario constan facturas por la compra y la reparación de estas máquinas, que estaban conectadas a desagües, aunque las trituradoras no fueron encontradas por la Guardia Civil. Con todo, la juez del caso ha ordenado analizar si hay restos de ADN en los desagües.

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