Interior ignoró los informes del «caso Isadora» y permitió los ataques a la Guardia Civil

La investigación abierta por la Guardia Civil por las presuntas irregularidades cometidas en la clínica Isadora de Madrid ha estado sometida en los últimos meses a un acoso tanto por parte del Gobierno, desde el que se sugirió que podía haber «una extralimitación de funciones», como de algún medio de comunicación , que acusaba al Instituto Armado de cometerlas.

El Ministerio del Interior ha permanecido impasible ante esta campaña, a pesar de que desde el pasado mes de enero el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, tenía sobre su mesa la llamada «carpeta de operaciones» en la que se detallan todos y cada uno de los pasos que siguieron los investigadores. Esos documentos demuestran no sólo que los agentes de la Comandancia de Madrid cumplieron estrictamente la ley, sino que siempre actuaron por orden de la autoridad judicial competente en cada momento.
Se reactiva el caso
Así, el 10 de diciembre del pasado año, tras conocerse las prácticas irregulares del doctor Morín en Barcelona, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, reactivaba la investigación que ya tenía previamente abierta. El juez ordenó a la Comandancia de la Guardia Civil que identificara y tomara declaración a las mujeres que aparecían en las historias médicas encontradas en la basura de la clínica abortista Isadora el 16 de febrero de ese mismo año. Algunos de los datos encontrados estaban en las etiquetas de los fetos intervenidos en esa inspección y otros en una hoja de consulta de uno de los médicos que también se hallaron en la basura (había nombres, números de DNI y de teléfono). A las primeras mujeres (siete) ya se les había tomado manifestación como perjudicadas diez meses antes, por orden del mismo magistrado.
A partir de ese momento, pese a la discreción con la que se llevan a cabo estas declaraciones, que concluyen el 5 de febrero de este año, se desata una campaña para intentar desacreditar la actuación de la Guardia Civil y del juez Sierra, incluso vinculando los ataques en este último caso a sus convicciones religiosas.
La campaña parte de las clínicas abortivas privadas que ven peligrar su «statu quo» y es respaldada, con algo más que «aviso a navegantes», por el Gobierno. La vicepresidenta De la Vega se pone al timón, públicamente y también entre bambalinas, según ha podido saber ABC. «No voy a permitir que ninguna mujer se vea afectada en su intimidad y en sus derechos fundamentales por una campaña, por una actuación, que trataremos de impedir con los medios que nos da la ley», declara a la «Ser» el 14 de enero. Y va más allá revelando que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ya «ha dado órdenes a la Fiscalía para que se extremen las medidas para proteger la intimidad de las mujeres en el procedimiento abierto». A esas alturas ya se había llamado a declarar (fue la testigo número 1) a una mujer, cuya hermana es una estrechísima colaboradora de la dirección del PSOE. Fue la misma persona que la acompañó a dependencias policiales.
De la Vega pide explicaciones a la Secretaría de Estado de Interior. Su titular, Antonio Camacho, solicita un informe completo del caso a la Guardia Civil que, de inmediato, le remite la «carpeta de operaciones»: todas las diligencias desde el minuto cero y todas las incidencias y consideraciones, las órdenes judiciales, con notas manuscritas de los investigadores y cualquier dato reseñable. La vicepresidenta del Gobierno advierte: «Si se constata que se están vulnerando derechos fundamentales, no lo vamos a tolerar». El ministro de Sanidad, Bernat Soria, afirma en «Punto Radio»: «Después de las elecciones se estudiará la modificación de la ley del aborto para dar respuesta al debate social». El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se reúne el día 17 de enero con representantes de las clínicas abortistas que protestan por las citaciones judiciales y alerta de que se tienen que observar los derechos de confidencialidad, intimidad y el derecho de las mujeres a no declarar contra sí mismas.
«Solicitud urgente»
La campaña pública no baja de nivel y el 18 de enero el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, revela que ha enviado al juez Sierra un escrito para pedirle que deje de llamar a declarar a las mujeres que abortaron en Isadora e incluso le «asesora» sobre cómo debe instruir el caso. Primero ha de centrar sus investigaciones en la clínica, asegura, y averiguar si los sanitarios cometieron alguna irregularidad y en ese caso podría llamar a declarar a las mujeres, eso sí ante el juzgado y no ante la Guardia Civil.
El mismo día, el juez Sierra envía a los agentes madrileños «solicitud urgente del modo y circunstancias» en que se están llevando a cabo sus requerimientos. Se le responde también ese día que las citaciones a las mujeres las realizan agentes de paisano «preservando la identidad personal y familiar y todos los demás derechos»; que las tomas de declaración son de forma voluntaria y como testigos, y se comisiona a una agente del Emume para todos los casos identificados en los expedientes y por toda España -algunas mujeres extranjeras no fueron localizadas-. La Secretaría de Estado recibe asimismo información puntual.
Ya en plena campaña electoral, el aborto y las clínicas desaparecieron del debate público hasta que la semana pasada, coincidiendo con la declaración de los médicos de Isadora y las testigos ante el juez, un medio de comunicación publicó que la Guardia Civil desobedeció al juez y fabricó el caso, al tiempo que revelaba que Interior investigaba su actuación.
La Comandancia de Madrid envió, tras estas noticias, nuevos informes pormenorizados a Interior. Sin embargo, el ministerio, a pesar de las graves acusaciones, no desmintió las evidentes inexactitudes difundidas, lo que ha provocado un profundo malestar en la Guardia Civil, ninguno de cuyos agentes ha sido investigado por este caso, al menos oficialmente.

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