El juez del «caso Isadora» muestra su total respaldo a la Guardia Civil

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, encargado de la investigación a la clínica abortista Isadora, ha mostrado su respaldo absoluto a los agentes del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil tras las duras críticas recibidas en las últimas semanas. La campaña iniciada por asociaciones proabortistas y fomentada por el Gobierno -De la Vega, Fernández Bermejo, Soria, el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix…- tuvo su momento de mayor dureza en enero, coincidiendo con las citaciones y toma de declaración a 25 pacientes de Isadora por parte de la Guardia Civil. El juez había ordenado que se localizara y tomara manifestación a estas mujeres, cuyos datos fueron encontrados en la basura de la clínica durante una inspección.

El magistrado Sierra, que también fue atacado con dureza -se llegaron a hacer insinuaciones personales, en concreto sobre la influencia que podía tener en su trabajo sus creencias religiosas-, e incluso se cuestionó su instrucción por parte de la Fiscalía de Madrid, ya avaló entonces el trabajo de los investigadores del Instituto Armado. Ahora, tras la publicación de informaciones que acusaban a la Guardia Civil de «fabricar» el «caso Isadora» e inducir a las mujeres en sus declaraciones, y el incomprensible silencio institucional posterior, el juez instructor ha vuelto a respaldar la actuación de los investigadores, según las fuentes consultadas por ABC.
Declaraciones
El acoso sufrido, no obstante, no ha logrado paralizar el caso. La pasada semana los tres trabajadores del centro -un responsable y dos médicos- llamados a declarar por el juez se negaron a hacerlo. Pero la investigación sigue adelante, aunque la Guardia Civil no da un solo paso hasta que no se lo ordena quien la dirige; el citado magistrado.
El presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, manifestó a ABC que «contra el juez Sierra ha habido una estrategia de desprestigio. Si alguien no está de acuerdo con las decisiones que ha tomado durante la instrucción lo que tiene que hacer es utilizar la vía de los recursos». Y añade: «Se trata de un profesional de gran preparación, responsable, de una enorme honradez y ética intachable demostrada a lo largo de muchos años de carrera. Como asociación -el juez Sierra pertenece a la APM-, no es que le respaldemos o dejemos de hacerlo; nos limitamos a respetar sus decisiones, no en sentido retórico, como hacen muchos, sino de forma profunda pues sabemos que ha actuado en todo momento conforme a nuestro ordenamiento jurídico. No hacemos caso de los discursos emocionales que se puedan producir. En realidad estamos ya muy hartos de ese tipo de manifestaciones».
Malestar en la Benemérita
Tal como informó ayer ABC, la campaña de acoso a la investigación del «caso Isadora», y sobre todo el hecho de que el Ministerio del Interior haya permitido los graves ataques que ha recibido la Guardia Civil a pesar de disponer desde enero de todos los documentos que avalan su trabajo -el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, fue quien los recibió-, ha provocado un profundo malestar en el Instituto Armado, que ve cómo su trabajo ha sido utilizado con fines políticos.
El diputado del PP y ex portavoz de la Comisión de Interior del Senado, Ignacio Coisidó, aseguró ayer que el departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, «al no salir en defensa de la Guardia Civil, ha hecho una total dejación de sus funciones, lo que ha afectado además a la imagen de toda la Institución». «Si alguien afirma que la Benemérita ha tenido una actuación ilegal, ha fabricado un caso e incluso ha ocultado información a los jueces, el Gobierno tiene dos opciones: o bien desmiente de inmediato esas informaciones y respalda el trabajo de los agentes o, por el contrario, tiene que demostrar que en efecto los investigadores han cometido irregularidades y actuar en consecuencia. Lo que no es admisible, en ningún caso, es el silencio».
«Plena confianza»
El diputado popular manifestó que el PP «tiene plena confianza en las Fuerzas de Seguridad, en la Policía Judicial, y estamos convencidos de que la Guardia Civil ha actuado en cumplimiento estricto de la legalidad». Y añadió: «La ley hay que cumplirla siempre, y también la del aborto, por lo que si se detectan indicios de que se han podido producir irregularidades hay que investigarlas, lo mismo que en cualquier otro supuesto». Finalmente, Coisidó se lamentó de que «una vez más, como ya se vio en otras ocasiones la pasada legislatura, ha habido interferencias políticas en una investigación».

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