La ‘doble condena’ de los presos de Canarias internados en la cárcel de Palma de Mallorca

Sus familiares denuncian el aislamiento y la imposiblidad de ver a sus seres queridos


La mayoría no puede costearse el traslado en avión, que ronda los 300 euros

Cada cuarenta días, alrededor de 80 presos canarios son trasladados a otras cárceles de España ante la saturación que viven las prisiones en el Archipiélago. Muchos de ellos son derivados a las Islas Baleares. La distancia de sus seres queridos es una segunda condena para ellos.

La mayoría de los familiares de presos de las Islas Canarias no puede costearse los traslados en avión y la estancia para mantener un régimen de visitas con los internos, lo que ronda en torno a los 300 euros. Desde Gran Canaria a Mallorca sale un vuelo directo todos los días a las 6.30 horas y, además, los sábados parte otro avión con el mismo destino a las 19.30 horas. Pero son pocas las ocasiones que entre los pasajeros hay familiares de presos. Una vez más se pone en evidencia los costes de la insularidad.

El colectivo Rehoyando, que ofrece ayuda a la población reclusa de los barrios del Polvorín, Cruz de Piedra y Las Rehoyas, de Las Palmas de Gran Canaria, insiste en la necesidad de que las autoridades tomen cartas en el asunto. “Se trata de familias desestructuradas, marginales, con escasos recursos económicos, y que no pueden permitirse el lujo de pagar un avión porque con ese dinero hacen la compra de un mes”, señala Loli, portavoz de esta asociación.

“Hacemos un seguimiento personalizado de cada uno de ellos, damos asesoramiento jurídico, les acompañamos al médico, y les ofrecemos hasta las más elementales necesidades como ropa y alimento. En ocasiones les hemos pagado un billete de avión a algún familiar, pero es preferible emplear el dinero en ayudas primordiales”, recalca.

La cárcel de Salto del Negro, en la isla de Gran Canaria, es un ejemplo claro de esta situación. Con capacidad para 650 personas, acoge a 1.400 detenidos. “Está claro que existe un problema evidente de saturación, pero en los traslados intentamos que se sigan rigurosamente los criterios que permitan que familiares y presos puedan mantener contacto con asiduidad”, explica a EL MUNDO Miguel Ángel Gaspar, director de la prisión grancanaria.

Extranjeros

Juan Cardona sujeta la foto de su madre, la reclusa Luz Dalila. (Foto: Gerardo Ojeda)
Los primeros en ser trasladados son los extranjeros sin vinculación familiar en el Archipiélago. En segundo lugar, los internos de la Península sin familia en las islas. Después, el turno es para los residentes sin vinculación familiar y aquellos canarios que tienen relaciones nulas con el exterior o simplemente no comunican con sus familiares.

Por último, los traslados afectan a aquellos internos con largas condenas que no pueden optar a permisos. “Estas son las normas e intentamos seguirlas exhaustivamente. La Junta de tratamiento es la que realiza la clasificación de los presos y los Servicios Centrales se encargan de asignarles la prisión a la que serán conducidos”, matiza Gaspar. No obstante, en muchas ocasiones, ante la falta de personas con dichas características o que están pendientes de juicio, los traslados afectan a todo tipo de presos, lo que acarrea grandes problemas tanto a ellos como a sus familias.

El canario Juan José Molina Martín, pintor de profesión, ha sido uno de los últimos internos en llegar a la cárcel palmesana. Su condena expira dentro un año, y su madre, Pilar Martín, está desesperada porque no lo puede ir a visitar. “Estamos muy mal. Íbamos a verlo todos los sábados, pero ahora es imposible”, dice con pesar. “Mi hijo era un niño tranquilo y trabajador, pero por circunstancias de la vida ahora tiene que pagar condena. Ahora, como no puedo verlo porque no tengo dinero para viajar, me tengo que conformar con una llamada telefónica semanal”. Según Pilar Martín, “allá se ve abandonado porque no puedo darle sus cigarrillos ni llevarle comida como hacía aquí”. En el caso de Juan José Molina, desde enero goza de permiso, “pero allí no tiene a dónde ir”.

Otro caso es el de Juan Antonio García Sánchez. Su madre, María del Carmen Sánchez, muestra en su rostro el dolor de la separación. “No tenemos posibilidad de irlo a ver hasta el archipiélago balear. Tenemos que aguantarnos”, dice indignada. “Hace un mes que se fue y siento que es una eternidad. Me parece muy injusto que los canarios tengamos que soportar estas injusticias. Si hacen falta más cárceles en nuestra tierra, que las construyan, pero que los que desgraciadamente son internados tengan la seguridad de que no se los van a llevar a otro lado de la noche a la mañana”.

Lejos de su madre
Jon, de 23 años, es el hijo de Luz Dalila Peña Cardona, que se encuentra en Mallorca de manera voluntaria, después de que a su compañero Humberto González, internado en la cárcel de Salto del Negro, fuera destinado allí. El próximo día 17 tiene previsto un vis a vis con su madre. “Nos han concedido dos horas, pero en vez de ponerlas seguidas, las han dividido una por la mañana y otra por la tarde”, explica Jon. “Para nosotros es una gran faena, ya que salimos en el vuelo de las 6,30 horas directo de Gran Canaria a Mallorca, pero tenemos que pasar noche allí porque la hora de visita coincide con el horario del avión de regreso”.

Ninguna de estas tres familias quiere que se repita la historia de Juan Jesús González Santana. Este recluso se encuentra en Lugo desde hace tres años. Cumple una condena de 12 años, y aún le restan cuatro para salir a la calle. Su madre, Carmelita, ha escrito una carta a la reina Doña Sofía para pedirle que regrese a las islas para poder verlo. “Estoy muy vieja, y ya se me murió otro hijo en la cárcel. No quiero que éste, que está enfermo, también acabe sus días entre rejas. Es un gran drama, lo paso muy mal, como él, y cada noche rezo para que pueda cumplir condena a mi lado. No tengo dinero, padezco de alzheimer, qué más puedo pedir. ¿Ustedes pueden hacer algo?”, es la pregunta que nos hace Carmelita. Es una madre anciana, que no puede ver a su hijo, y reclama humanidad a la Justicia.

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