Latinoamérica se rompe por la droga

Mientras Latinoamérica vive una situación que los expertos en lucha contra el narcotráfico califican de “hiperproducción de drogas”, dos países han anunciado cambios en sus políticas. El Gobierno argentino se prepara para no perseguir penalmente a los consumidores, y Jamaica, el mayor productor de marihuana del Caribe, estudia legalizar la planta. Sobre la mesa está de nuevo el dilema entre permisividad o tolerancia cero para abordar el problema de la droga.

Varios países han comenzado a cambiar su estrategia ante el grave problema
Los cultivos de hoja de coca se han multiplicado en Suramérica, donde se produce un choque entre las convenciones de la ONU -que la consideran un cultivo prohibido- y la doctrina oficial de Gobiernos como el boliviano, que reivindica la planta como parte de la cultura indígena. En la actualidad hay 32.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca en Bolivia, unas 55.000 hectáreas en Perú y otras 90.000 en Colombia. Para obtener un kilo de cocaína pura son necesarios 365 kilos de hoja seca boliviana o 1.000 kilos de hoja verde colombiana. Y la producción de droga se ha disparado. “En zonas de Bolivia donde no hay maíz ni de lejos te encuentras máquinas trituradoras de maíz. ¿Para qué? Está claro, para machacar la hoja de coca”, explica un responsable argentino.

La oferta ha hecho que países que antes eran de tránsito de la droga hacia Estados Unidos o Europa se hayan convertido en nuevos mercados de consumo y centros de fabricación. Argentina es un ejemplo. De hecho, es el país suramericano con mayor consumo entre estudiantes de educación secundaria. Además, ha hecho su aparición la pasta base de coca (PBC o paco), una droga barata y adictiva elaborada a partir de los restos de la producción de cocaína. Un caso similar es Brasil, aunque en este país el narcotráfico se ha organizado y ha sido capaz de poner en jaque a las dos principales ciudades del país: São Paulo y Río de Janeiro.

Los Gobiernos de la región comparten el objetivo de acabar con el narcotráfico, pero se encuentran divididos a la hora de encarar el problema del consumo. Chile, el mayor consumidor de cannabis de la región -el mayor productor es Paraguay-, ha endurecido su legislación para perseguir no sólo el narcotráfico sino también al microtraficante, el último eslabón de la cadena. El problema es que muchas veces el microtraficante es también un consumidor que vende drogas para sufragar su adicción.

Brasil, por su parte, acude regularmente con el Ejército a las favelas -convertidas en feudo de los narcos-, en operaciones que generan una gran polémica. Argentina considera que perseguir penalmente a los consumidores es un malgasto de tiempo y recursos públicos que pueden ser empleados contra el narcotráfico a gran escala. En Uruguay gana paso la corriente de despenalizar a medio plazo el consumo.

Mientras, en el norte, el ministro de Sanidad mexicano, José Ángel Córdova Villalobos, se ha opuesto totalmente a la legalización, aunque ha destacado que los adictos “son enfermos, no criminales y deben ser tratados por ese padecimiento”. Córdova ha reconocido que la cárcel es el lugar “menos indicado” para la rehabilitación de los drogadictos.

El anuncio hecho por Argentina ha causado una gran polémica en el país donde el 75% de la población se opone a la despenalización del consumo de drogas. Otras voces respaldan la propuesta del Gobierno asegurando que la medida no aumentará el consumo y que es el camino recorrido por Europa en los últimos 10 años. Con todo tipo de argumentos a favor y en contra, el debate se ha abierto en el continente.

Políticas “contraproducentes”
Ineficaces y contraproducentes. Con estas palabras define el International Crisis Group (ICG) las políticas seguidas en EE UU, Europa y Latinoamérica contra el tráfico de drogas debido en gran parte a la descoordinación de las acciones, que “han ido funcionando a favor de las redes”, según advierte Mark Schenider, vicepresidente de este think tank estadounidense.

Pero hay algo mucho más preocupante. Según denuncia el ICG en su informe de 2008, la política de erradicación de hoja de coca “casi siempre está acompañada de violaciones a los derechos humanos”. El organismo subraya que las fuerzas paramilitares que intervienen en las operaciones -la fumigación de los cultivos o la destrucción de las plantas desde el suelo- generan “movimientos antigubernamentales” en las zonas donde se practican. Un argumento en el que ahonda el Transnational Institute, con sede en Amsterdam. “Las fumigaciones aéreas ponen en marcha un círculo de destrucción humana social y medioambiental que ha exacerbado los conflictos sociales en Colombia, Perú y Bolivia”, señalan.

Según el ICG están fracasando tanto las políticas de erradicación de los cultivos como la de frenar la demanda de consumo, especialmente en los tres grandes mercados mundiales: Estados Unidos, Europa y Brasil. “Es hora de cambiar de estrategia”, advierte Schenider.

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