Un 12 por ciento de los magistrados y jueces españoles son no profesionales

«¿A alguien le parecería normal, tolerable que un almirante fuera sustituido por un patrón de yate o que las funciones de un coronel las asumiera un vigilante jurado? Pues eso es lo que pasa desde hace años en el Poder Judicial sin que nadie se conmueva. No existe una judicatura de categoría. Se ha instalado una auténtica falta de respeto hacia la función judicial». La opinión, compartida por muchos jueces, es de José Luis Requero, vocal del Consejo General del Poder Judicial y enemigo declarado de la justicia no profesional, la llamada «interina», de la que asegura que es «un cáncer del sistema judicial».

Con la negociación aún en ciernes sobre un eventual pacto de Estado sobre la Justicia y con la urgente renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional sobre la mesa, Gobierno y oposición ni siquiera han abordado aún otro tipo de problemas que se agazapan tras la genérica «modernización de la Justicia». Los mensajes de «modernidad» de las últimas semanas pasan por los aldabonazos y errores encadenados del «caso Mari Luz», primero, y del «caso Alovera», después. En el entreacto, la condena a la ex magistrada de Granada que mantuvo más de un año extra a un reo en prisión o la apertura de juicio a otro juez vinculado con la «operación Malaya». Focalizada la crítica en los jueces, el resto de intervinientes de los procedimientos -Fiscalía, funcionarios, secretarios judiciales, equipos adscritos a los Juzgados- no salen mejor parados, aunque la exigencia de responsabilidades a la que se ven sometidos siempre parece estar en un nivel inferior a la de jueces y magistrados.
Uno de los fallos del sistema es la movilidad de los jueces y la forma en que se cubren las sustituciones cuando se producen bajas o cambios de destino. Ahí entra en juego la llamada «Justicia interina».
Una cifra en aumento
El 12 por ciento de los jueces son «interinos», esto es no profesionales (licenciados en Derecho que no han hecho la oposición). El año pasado, la planta judicial (los jueces «profesionales», con plaza) la integraban 4.441 jueces y magistrados. Junto a ellos, según datos del Ministerio de Justicia, actuaron 620 sustitutos. En dos años, estos últimos han aumentado en un centenar. El mensaje es demoledor: no son precisos especiales conocimientos y formación para dictar sentencias -al inicio de la legislatura pasada entre un 20 y un 30 por ciento de resoluciones habían sido dictadas por sustitutos, según datos del CGPJ- y además el gasto es inasumible. También en esas fechas (primer semestre de 2004), el Ministerio de Justicia calculó que se había consumido más del 400 por ciento de lo presupuestado en sustituciones y suplencias, por lo que el gasto ascendió a 37 millones de euros. La cifra no se ha frenado, sino al contrario.
Desde 2004 se ha intentado acometer esta disfunción con «planes de choque», que no han ofrecido demasiados resultados. El último lo publicó el BOE el pasado 25 de febrero, una instrucción del CGPJ sobre un programa de actuación por objetivos para la retribución de las sustituciones por magistrados y jueces titulares. Tiene un año de duración y dispone que jueces y magistrados profesionales se hagan cargo de un segundo juzgado en comisión de servicio en lugar de que esas vacantes sean ocupadas por «interinos». El Consejo advierte de que la «justicia interina» puede «constituir una anomalía» y da cuenta de que la intervención de estos sustitutos ha ido en aumento pese a que debería ser una medida «excepcional y subsidiaria».
El plan parte de la sustitución «natural» por otro juez titular, preferentemente de igual orden jurisdiccional y el mismo partido judicial para hacer más fácil el funcionamiento y la resolución de eventuales situaciones. No todos los jueces tienen la misma carga de trabajo, de forma que se da por hecho que una parte sí tiene la posibilidad de asumir transitoriamente la responsabilidad de dos juzgados. Entre otros objetivos, el de permitir que todos los titulares de órganos jurisdiccionales puedan disfrutar de los permisos y licencias a los que tienen derecho por ley (bajas por enfermedad, maternidad, permisos de estudio, por matrimonio, etcétera); así como «evitar» o en su caso «corregir» la sobrecarga de trabajo y garantizar que el permiso del titular no se traduzca en retrasos y suspensión de señalamientos con perjuicio para los ciudadanos.
La participación en este programa es voluntaria (ningún juez puede ser obligado a hacerse cargo de un segundo juzgado) y la retribución prevista viene condicionada a que el sustituto cumpla al menos el cien por cien de los módulos en su propio juzgado. Los interesados deberán presentar su solicitud al presidente del tribunal superior de justicia de su comunidad y será la sala de gobierno la competente para, a partir de criterios objetivos, elaborar una lista de candidatos que se incluirán en una Bolsa de Disponibilidad.
Siempre que se cumplan una serie de requisitos, la retribución prevista para las sustituciones inferiores a diez días será de 1.600 euros mensuales devengados en la parte proporcional a los días efectivos de sustitución. Si la duración es superior a los diez días, esta retribución se añadirá a las de 600 ó 400 euros ya previstas por real decreto desde 2004. Los jueces tendrán que obtener en el órgano donde realicen la sustitución un módulo de dedicación mínimo del 60 por ciento.
La actuación de los jueces que realicen labores de sustitución será valorada por el Servicio de Inspección del CGPJ, que redactará un informe posterior a la comisión de servicio. Con carácter previo, se hará también un estudio de la situación en la que se encuentra el juzgado del que el sustituto es titular, con el fin de comprobar si realmente puede asumir dos órganos al mismo tiempo.
Pero planes como éste -que han fracasado en anteriores ejercicios- no son sino parches que no aportan soluciones a un problema que cada vez reclama con mayor urgencia remedios que pasan por un cambio radical. Enrique López, portavoz del CGPJ, asegura que «erradicar la Justicia no profesional es un objetivo de la reforma que necesita la Justicia».
López apunta algunas posibles soluciones. Entre ellas, tener una plantilla de jueces que sea superior en número a la planta judicial, de tal manera que sería posible disponer de una bolsa de jueces y magistrados profesionales sin plaza asignada, «jueces volantes» adscritos a los tribunales superiores y dispuestos a acudir allí donde sea necesario resolver una situación de atasco o suplir una baja. Se trataría de una categoría voluntaria y podría interesar a todos aquellos jueces y magistrados que por razones familiares necesiten cambiar de destino sin esperar a que quede una vacante.
Cuerpos auxiliares
Otra posible solución sería la de adscribir letrados de distinta procedencia jurídica a los órganos colegiados con el fin de que alivien la carga de trabajo no jurisdiccional de los tribunales.
Pero la llave de la reforma está en estos momentos en manos del Gobierno, emplazado a negociar con el primer partido de la oposición una reforma urgente que modernice una Justicia anclada en el siglo XIX. Se admiten sugerencias.

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