Adios farmacias.

El hecho de que casi en cada pueblo y en cada barrio de España haya una farmacia puede tener los días contados. La Comisión Europea ultima la decisión sobre una posible denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por las supuestas trabas contra la competencia que existen en el sistema de farmacia español.

En concreto, el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, exige desde hace casi dos años a España que elimine las restricciones legislativas de planificación territorial (criterios de población y distancia mínima entre establecimientos), de concesión de autorizaciones administrativas así como de propiedad, que se limita a un establecimiento por farmacéutico.
Manipulación europea
Frente a la acusación de Bruselas, desde los farmacéuticos españoles, agrupados en el Consejo de Colegios de Farmacéuticos que preside Pedro Capilla, se sostiene que lo que hace la Comisión Europea es manipular el concepto de propiedad y apoyar una liberalización que no beneficia a nadie.
Detrás de este expediente de infracción contra España, que en pocas semanas se sabrá si acaba en denuncia o no formal ante el Tribunal de Luxemburgo, están las denuncias de las grandes multinacionales del sector farmacéutico, tanto productoras como distribuidoras, que quieren entrar en el atractivo mercado español y no pueden. Otro de los argumentos que esgrimen los farmacéuticos españoles es que, en tanto que profesión liberal que son, quieren tener la oportunidad de trabajar por su cuenta, en sus farmacias, y no para multinacionales.
Al margen de la cuestión del derecho al libre establecimiento de empresas que hay en la Unión Europea en virtud de los Tratados, la cuestión de fondo reside en este caso en el hecho de que se está tratando un tema de salud, siempre sensible para los ciudadanos, y no es lo mismo liberalizar la distribución de energía eléctrica que las farmacias que, en algunas zonas rurales y barrios marginales de las ciudades, realizan una verdadera labor de cohesión territorial que correría serio riesgo de desaparecer si este terreno se deja al libre arbitrio de grandes empresas que, normalmente, se mueven por criterios de rentabilidad.
El Gobierno español, a través primero de la ministra Elena Salgado y después de Bernat Soria, ha asegurado que intentará defender el modelo farmacéutico español de este envite procedente de Bruselas.
Buena cobertura
Los argumentos esgrimidos por España son que la normativa española no vulnera el derecho comunitario y, además, ha ofrecido y sigue ofreciendo muy buenos resultados en materia de cobertura, calidad del servicio, satisfacción de los usuarios y protección de la salud. La norma española reguladora de las farmacias las define como «establecimientos sanitarios privados de interés público sujetos a la planificación sanitaria» y establece una relación especial entre el Estado y los farmacéuticos, de manera que la prestación farmacéutica garantice el acceso de la población a los medicamentos y a los servicios profesionales del farmacéutico.
Desde el PP, la eurodiputada Cristina Gutiérrez-Cortines, que ha trabajado en este asunto en los últimos tiempos, considera que España ha defendido bien al sector en Bruselas a nivel técnico, es decir, «la Representación Permanente de España aquí ha hecho una buena labor ante la Comisión Europea en la defensa de los farmacéuticos españoles, cosa que no ha ocurrido con el Gobierno que, como consecuencia de las elecciones, tiene abandonado este asunto desde hace cinco meses». La representante de los populares acusa al Gobierno español de no haberse sentado a negociar con la Comisión Europea, «entre otras cosas, porque tampoco ha hecho el trabajo previo de pactar una posición común previamente con las 17 comunidades autónomas que, en muchos casos, tienen sistemas de farmacia diferentes entre sí».
Otro de los asuntos que denuncian los farmacéuticos españoles, a través de sus diferentes organizaciones profesionales, es el hecho de que el único representante español en la Comisión Europea, el titular de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, se posicionara hace meses por carta en favor de las tesis liberalizadoras de su compañero de gabinete, Charlie McCreevy. Cabe recordar que la decisión de denunciar a España o no se toma de manera colegiada en la Comisión.

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