Los juzgados penales de toda España tienen 269.855 asuntos pendientes de ejecutar

269.855. Es el número de asuntos que los juzgados de lo penal de toda España tenían pendientes o en trámite de ejecución al cierre del año 2007. Una cifra que pone los pelos de punta cuando se piensa que sólo se refiere a una parte de la Jurisdicción Penal (el 32 por ciento del total), pues no incluye la ejecución de las resoluciones dictadas por cada audiencia provincial, tribunal superior de justicia y por los órganos centrales (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional).

Semejante volumen de asuntos por ejecutar -que incluye desde el cobro de una multa y la retirada del permiso de conducir al ingreso en prisión de los condenados- está en manos del 5,4 por ciento del total de 4.441 jueces que integraban la planta judicial ese mismo año.
Pese a estos datos y a la alarma social que han suscitado errores judiciales como el del «caso Mari Luz», la necesaria modernización de la Justicia se queda en sonoras declaraciones de intenciones de los dirigentes políticos, tanto por parte del Gobierno como de la oposición, cuyos esfuerzos negociadores se centran principalmente en el control de parcelas de poder amén del reparto de vocales en órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.
El ejercicio de 2007 arrancó con un total de 263.374 asuntos penales pendientes o en trámite de ejecución en toda España, una cifra muy similar a la que se registraba doce meses después (269.855 el 31 de diciembre). Durante ese año ingresaron y se reabrieron un total de 244.330 ejecutorias y se concluyeron 234.948.
No menos llamativos resultan los datos referidos a los juzgados especializados en ejecutorias, órganos que funcionan sólo en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, San Sebastián y Palma de Mallorca y que aglutinan todas las decisiones dictadas por los juzgados de lo penal de sus respectivos territorios.
Los mayores atascos
Se trata de macroórganos con un número de funcionarios por encima de lo habitual (en Madrid, por ejemplo, hay 30 por cada juzgado de ejecutorias, cuando lo normal son nueve). Pese a ello, es en estos juzgados especializados donde, según fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se producen los mayores atascos, una situación que choca frontalmente con el objetivo que guió su creación: agilizar el negociado de las ejecuciones de las sentencias y aliviar a los jueces de lo penal de semejante carga. De hecho, señalan las fuentes citadas, «las ejecutorias son muy complejas, pero no por su dificultad jurídica sino por la cantidad de trámites y de burocracia que encierran. Tampoco hay plazos que cumplir, hecho que contribuye a que se dilaten en el tiempo».
Los cuatro órganos que en 2007 se dedicaban a ejecutar resoluciones en Madrid (existe un quinto pero es de menores) acumulaban a finales de ese año una pendencia de 27.456 asuntos; 22.499 los cuatro de Barcelona; 15.929 los tres de Valencia; 2.318 el de San Sebastián; 8.041 el de Palma de Mallorca; y 3.882 el de Bilbao.
Pese a lo elevado de estos números, cabe destacar que en Barcelona, Valencia y Bilbao, la tendencia entre 2005 y 2007 ha sido la disminución de los asuntos pendientes o en trámite de ejecución; Madrid se mantiene en las cifras de 2006, aunque muestra una mejora respecto a 2005; y empeoran su situación Palma de Mallorca -sin duda el que peor funciona- y San Sebastián. También es importante señalar que el volumen de entrada de sentencias penales por ejecutar es asimismo muy elevado, habiéndose alcanzado un pico con la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer y la reforma penal que transformó en delito lo que con anterioridad no pasaba de falta [ver gráficos].
Rescatar el proyecto
Dos son las principales razones por las que el volumen de ejecuciones pendientes es tan elevado: de un lado, una deficiente distribución del trabajo y, de otro, la utilización de un sistema informático inadecuado. La solución a ambos problemas pasa por una reforma legislativa que permita una verdadera modernización de la Justicia, que jueces y secretarios judiciales reclaman a gritos desde hace años.
Tal reforma, señalan en medios judiciales, no es otra que la implantación de la nueva oficina judicial, un proyecto que aprobó el último gobierno del Partido Popular y que el primer Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero dejó aparcado con un recorte del presupuesto de Justicia que hacía inviable su implantación, y que el actual ministro de Justicia, Mariano Fenández Bermejo, quiere rescatar ahora para alcanzar el que se ha fijado como primer y más importante objetivo de esta legislatura: la modernización de la Justicia.
Secretaria para modernizar
Con mayor o menor oportunidad política (al hilo de los últimos escándalos judiciales), Fernández Bermejo ha estrenado su nueva andadura en Justicia con la recuperación de un departamento (en este caso, una secretaría general) dedicado en exclusiva a modernización. Toda una declaración de intenciones cuando fue su predecesor en el cargo, Juan Fernando López Aguilar, quien prescindió de la dirección general de modernización creada por José María Michavila, y cuando, el año pasado, el propio Bermejo adscribió el servicio de informática judicial -dedicada a mejorar los sistemas que utilizan los juzgados- al de informática del Ministerio, que se ocupa de solucionar incidencias puntuales.
La reestructuración de la oficina judicial que el Gobierno quiere desempolvar en la presente legislatura pretende que el juez se encargue única y exclusivamente de dictar resoluciones, quedando en manos del secretario judicial la organización del juzgado y la coordinación del trabajo de los funcionarios. Se trata de buscar un mejor y más efectivo reparto del trabajo con el fin de optimizar los medios disponibles.
Pero la implantación de este nuevo modelo no sólo exige una importantísima inversión económica sino también una reforma de las leyes procesales (los textos vigentes datan del siglo XIX) que permita al secretario judicial desempeñar sus nuevas atribuciones. España es uno de los países de Europa que menos recursos dedica a la Justicia: menos del uno por ciento de los Presupuestos Generales del Estado, frente al tres por ciento de los países más avanzados de nuestro entorno.
Pero volvamos a las ejecutorias. El fracaso de los juzgados especializados en la ejecución de las resoluciones -en los cinco territorios donde se han implantado tienen más atasco pese a disponer de más personal- nos vuelve a llevar a la oficina judicial.
La centralización de las ejecutorias por territorios se ideó dentro del nuevo sistema organizativo de la reformada oficina judicial, por lo que, a falta de ésta, es imposible que esos juzgados especializados rindan al cien por cien. Tan mala ha sido la experiencia cosechada en la jurisdicción penal, que se ha desistido, al menos de momento, de la creación de este tipo de juzgados para el ámbito civil.
Otro de los factores que inciden en el mal funcionamiento de estos órganos -a los que los profesionales llaman «juzgados castigo»- es la gran movilidad de sus funcionarios. Esta es una de las conclusiones a las que llega la Inspección del CGPJ en el informeencargado esta misma semana por su presidente, Francisco Hernando, sobre la situación de los juzgados de ejecutorias de Madrid.
Funcionarios interinos
Al igual que los de violencia sobre la mujer, estos juzgados no son un destino goloso, pues la carga de trabajo es muy elevada. De ahí que las bajas por cambio de destino sean continuas y que las plazas se cubran en la mayoría de los casos con interinos. El constante baile de funcionarios -con el consiguiente déficit de formación y experiencia de cada recién llegado- incide de forma negativa en el rendimiento del juzgado.

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