Archivada la causa contra 21 mujeres que abortaron en las clínicas de Morín

La jueza admite que fueron ilegales, pero alega el desconocimiento de las pacientes

Abortar en una clínica reconocida por la Generalitat les hizo creer que era legal, al no saber de los requisitos exigidos.

La jueza Elisabet Castelló, titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, ha archivado la causa respecto a 21 mujeres que abortaron en las clínicas del doctor Morín y que habían declarado en calidad de imputadas. La magistrada reconoce que esas interrupciones del embarazo fueron ilegales, pero exculpa a las pacientes al entender que se produjo un «error invencible». Es decir, que no sabían que el aborto al que se sometían era ilegal.

La jueza destaca, además, que en todos esos casos las mujeres no se entrevistaron con ningún psiquiatra y que los informes preceptivos era prácticamente idénticos para todas ellas, con lo que se estaban vulnerando de forma clara los requisitos exigidos en la actual legislación despenalizadora de tres supuestos de abortos. «La paciente en cuestión no fue evaluada psiquiátricamente en forma alguna», señala al respecto la instructora de la causa por la presunta comisión de abortos ilegales.
Sin embargo, destaca que esas mujeres no tenían por qué conocer esos aspectos «jurídico-penales» relacionados con el aborto. Y, de forma especial, destaca cómo acudieron a una clínica «oficial y reconocida para la práctica de interrupciones voluntarias de embarazo» por la Generalitat de Cataluña y situadas en locales abiertos al público, todo lo cual les hacía pensar que abortar en ese centro médico «no tenía nada reprochable penalmente».
Por otro lado, la magistrada aprovecha la resolución para advertir de las lagunas existentes con la actual legislación despenalizadora de determinados supuestos de aborto. Así, pone de manifiesto cómo esa regulación facilita, de hecho, la comisión de abortos ilegales: «La ley vigente prevé unos supuestos de justificación que, de hecho, dejan muchas vías abiertas para la efectiva práctica de tales intervenciones».
Una mera cuestión privada
De hecho, añade, «la sensación generalizada entre las mujeres es la de que el aborto es una cuestión privada y libre que atañe a la esfera más íntima y personal y personal de cada una».
Pero, además, los «tecnicismos de nuestro sistema penal» sobre el delito de aborto, añade, hacen que su comprensión «por el común de los ciudadanos resulte harto difícil» e impiden que cuando una mujer se encuentra «en la tesitura de un embarazo no deseado, por cualesquiera causas», ni siquiera llegue a plantearse que comete un delito si decide finalmente abortar. Por contra, la Ley de Plazos es «mucho más clara» ya que permite «que esté al alcance de cualquiera una información fiable sobre el tema».

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