Pujol favoreció a 28 empresas que financiaron su partido

 

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Dos firmas dieron 138.000 euros y se les prorrogaron concesiones

 

La controvertida fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), se demostró en los últimos años del pujolismo como una de las vías más rápidas para conseguir tratos favorables del Gobierno catalán. El 80% de las empresas que aportaron dinero a esta fundación obtuvieron a corto plazo jugosos contratos de la Administración autonómica, concesiones administrativas o recalificaciones de terrenos para desempeñar sus proyectos de futuro. Así lo demuestran las cifras que la misma fundación depositó en el registro de fundaciones de la Generalitat. Entre 2002 y 2005, 34 empresas aportaron dinero a la fundación Trias Fargas. De estas, 28 se vieron beneficiadas por decisiones del Gobierno catalán entre 2002 y 2003, los últimos con Jordi Pujol al frente de la Generalitat y Artur Mas de conseller en cap.

Sin ninguno de estos datos ni pruebas, el ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall ya acusó a CDC de financiarse ilegalmente a través de comisiones sobre obra pública y empresas de servicios. Fue el caso del 3%, que finalmente los partidos catalanes decidieron enterrar. Mas negó entonces solemnemente que su partido hubiera obtenido ingresos a cambio de favores a empresas.

Pero la documentación del propio partido crea sombras de duda sobre si los donativos de las empresas a la fundación del partido eran totalmente altruistas. La mayor parte de estos donativos procedían de constructoras de obra pública, de laboratorios farmacéuticos proveedores del departamento de Salud o de compañías que prestaban servicios a la Generalitat.

– Concesiones prorrogadas. En septiembre de 2003, tres meses antes de salir de la Generalitat, el Gobierno de CiU firmó una resolución urgente por la que ampliaba por otros ocho años -hasta 2014- las concesiones que vencían en 2006 a las dos empresas que gestionaban la Inspección Técnica de Vehículos. Las dos empresas eran Applus, entonces del grupo Agbar, y RVSA. Ese año, Agbar dio 90.000 euros y RVSA otros 48.000 a la fundación de CDC. No repitieron las donaciones en años posteriores.

– Ampliación de Baqueira. La polémica ampliación de las pistas de esquí de Baqueira Beret, entonces propiedad de Catalana Occidente, vio finalmente luz verde en 2002 tras años de oposición ecologista y de la propia Generalitat. En mayo de 2002, el Gobierno de Jordi Pujol cambió de opinión y autorizó la construcción de 17 pistas en parajes casi vírgenes del Pallars Sobirà. Las obras empezaron en 2003. Catalana Occidente aportó aquel año 60.000 euros a la fundación de CDC y otros 60.000 en 2004.

– Compra de vehículos. Las empresas Motorsol y Autolica, dedicadas a la venta de coches, obtuvieron en 2002 un contrato por valor de dos millones de euros, a repartir entre sus sociedades, para suministrar de vehículos a los Mossos d’Esquadra. Motorsol y Autolica aportaron 5.000 euros cada una a la fundación Trias Fargas aquel año, pero no volvieron a registrarse nuevas donaciones en años posteriores.

 ( FUENTE: MIQUEL NOGUER /LLUÍS PELLICER ).·.
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