Un pacto para derrotar a ETA

abril 14, 2008

El consenso no es un fin en sí mismo sino un mero instrumento para alcanzar fines políticos. Un instrumento que no debe ser sacralizado, que en ocasiones resulta sólo conveniente, pero que a veces es imprescindible para alcanzar determinados objetivos colectivos. Cualquier democracia consolidada se sustenta en un consenso básico de los partidos representativos sobre las reglas del juego. Ese consenso fundacional tiene su reflejo en la Constitución, que establece los principios y las instituciones sobre las que se sustenta la convivencia democrática. Como prolongación de ese pacto constitucional, en las democracias avanzadas se produce también un consenso sobre las denominadas “cuestiones de Estado”. Un acuerdo entre quienes se alternan en el poder que da continuidad, por ejemplo, a la defensa de los intereses nacionales en el exterior o al modelo educativo, cuestiones que no pueden estar sometidas al vaivén propio de la alternancia democrática.

La lucha contra el terrorismo forma parte de ese núcleo duro de políticas de Estado en el que el consenso resulta esencial para garantizar la victoria del Estado democrático y de Derecho sobre el terror. Primero, porque el terrorismo constituye en sí mismo un desafío al Estado que trata de doblegar a través del miedo la voluntad democrática de los ciudadanos. Segundo, porque resulta fundamental que los terroristas pierdan toda esperanza de poder alcanzar jamás los objetivos por los que matan, independientemente de cuál sea el partido en el poder. Tercero, porque los terroristas tratan siempre de dividir a la sociedad a través de su acción criminal para debilitar su capacidad de resistencia. Y también porque ese consenso fortalece la acción del Estado para derrotar a los terroristas.

Por todas estas razones, y algunas más que podríamos añadir, es necesario recomponer en esta Legislatura que ahora comienza el consenso sobre política antiterrorista que el Gobierno anterior rompió con su política unilateral de negociación política con los terroristas. El pacto debe tener como único objetivo la derrota de ETA, porque ése es el fin, y el consenso tan sólo el medio para poder alcanzarlo. Si el Gobierno lo que pretende es un pacto para dar cobertura a su historial de negociaciones con ETA y, si puede, a cualquier nuevo contacto con la banda, puede estar seguro de que no sólo no contará nunca con el apoyo del Partido Popular, sino que tendrá además la más firme y enérgica oposición del PP.

Para recomponer ese consenso en política antiterrorista no es necesario inventar un nuevo pacto, sino volver al pacto por las Libertades y contra el Terrorismo firmado por el PSOE y el PP en diciembre de 2001. Es cierto que Zapatero quebró ese pacto al iniciar su aventura de negociación con los terroristas, incluso a la vez que lo firmaba, pero el Pacto no ha sido formalmente denunciado por ninguna de las partes y puede, por tanto, ser reactivado. Ese Pacto es la mejor expresión de nuestra voluntad democrática de derrotar al terror y ya ha probado además su eficacia en la lucha contra el terrorismo, inspirando la política que condujo a ETA al momento de su máxima debilidad histórica.

El reto del nuevo Gobierno debe ser intentar atraer a otras fuerzas minoritarias a ese Pacto por las Libertades, pero lo que el Partido Popular no va a consentir en ningún caso es que ese Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que representa a la inmensa mayoría de los españoles, pueda ser desvirtuado o devaluado con el pretexto de atraer a fuerzas cuya representación es sumamente minoritaria en nuestra sociedad, y que, además, ven con muy buenos ojos los diálogos y las negociaciones con los terroristas. Si el nuevo Gobierno no logra alcanzar la unanimidad que pretende, Zapatero debe entender que siempre será mejor un consenso de más del 80 por ciento de los españoles para derrotar a ETA que un acuerdo de menos del 50 por ciento para pactar con ETA.

Zapatero ha ensayado en el debate de investidura un nuevo discurso de firmeza frente a ETA y búsqueda de acuerdo con el Partido Popular. Pero el PSOE tiene un serio déficit de credibilidad tras un fracasado proceso de negociación que ha estado plagado de ocultaciones y mentiras. Por ello, es necesario que el Gobierno demuestre ahora con hechos esa voluntad de derrota de ETA. En ese camino lo más urgente es expulsar a los terroristas y sus cómplices políticos de las instituciones democráticas a las que el propio Gobierno dejó entrar. Ésa será la primera prueba para comprobar cuál es la fiabilidad del nuevo Gobierno en esta materia.

La derrota de ETA constituye para el Partido Popular una cuestión de principios que se sitúa por encima de cualquier táctica o estrategia política. Creemos en el consenso como un instrumento esencial para derrotar a ETA, trabajaremos lealmente para fortalecer y ampliar ese consenso y seguiremos apoyando sin condiciones, como siempre hemos hecho, cualquier acción que se emprenda en el marco del Estado de Derecho para derrotar a los terroristas. Lo que jamás vamos a hacer es dar amparo político, ni siquiera con un silencio cómplice, a cualquier nuevo intento de negociación o diálogo político con los terroristas. No lo haremos aunque en esa defensa de nuestros principios nos quedemos tan solos como Zapatero en su investidura.


De la victoria y la derrota

abril 10, 2008

La política es algo más complejo que un partido de fútbol, aunque a veces los hinchas de los partidos lo vivan como algo parecido. La sensación de derrota o victoria tiene que ver no sólo con la posibilidad que abre el resultado electoral de ejercer el poder, que en democracia en ningún caso puede ser absoluto, sino que depende también, y mucho, de las expectativas creadas previamente. En este sentido, las elecciones generales en España se han saldado con una victoria a los puntos del PSOE sobre el PP, pero por un escaso margen que apenas supera el 3 por ciento. Un resultado que permite seguir gobernando a Rodríguez Zapatero, pero que no han acabado, sino que incluso pueden haber acrecentado, las expectativas de Mariano Rajoy de poder llegar a ser en las próximas elecciones presidente del Gobierno de España.

El objetivo prioritario del PSOE era lograr una mayoría absoluta que le liberara de unas hipotecas nacionalistas cada vez más incomodas y que le diera legitimidad suficiente para poder proseguir con su agenda de reformas políticas y sociales radicales. Zapatero no ha logrado ese objetivo, a pesar de haber contado en su primera legislatura con una coyuntura económica ciertamente favorable, sólo empañada por los datos negativos de empleo e inflación en el momento final de su mandato. Es cierto que ha logrado ampliar su mayoría en cinco escaños, pero le faltan aún siete para poder garantizarse plenamente la estabilidad parlamentaria.

Por su parte, el objetivo del PP era ganar las elecciones. Rajoy tampoco ha logrado ese objetivo, a pesar de haber aumentado en medio millón su número de votos, lo que se ha traducido en seis escaños más de los que tenía en la pasada legislatura. Así, la brecha entre ambos partidos no solo no se ha ensanchado, sino que se ha reducido en casi dos puntos porcentuales. Este resultado legitima plenamente a Mariano Rajoy para intentar un tercer y definitivo asalto a La Moncloa.

En todo caso, el crecimiento de los dos grandes partidos españoles supone un descalabro de los partidos nacionalistas en general y de los socios preferentes de Zapatero, Ezquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida, en particular. En su conjunto, la coalición parlamentaria que ha dado soporte al Gobierno socialista en la pasada legislatura pierde un total de 634 mil votos y no puede ya garantizar por si sola la estabilidad parlamentaria del Gobierno.

Las elecciones muestran además un leve desplazamiento del electorado español en una doble dirección: por un lado, hacia el voto a los grandes partidos españoles y, por otro, desde las posiciones de izquierda, hasta ahora mayoritarias en la sociedad española, hacia el centro-derecha. Así, tanto socialistas como populares han aumentado sus respectivos techos electorales. El dato quizá más relevante es el que sale de la suma de los porcentajes de las dos formaciones; entre ambos partidos suman el 83% del voto, frente al 80% que aglutinaron en las elecciones anteriores.

Respecto a la ubicación izquierda y derecha de los diputados en esta nueva legislatura, hay que destacar que están alineados en posiciones de izquierda un total de 178 diputados, frente a 172 de centro-derecha. En la legislatura anterior esa proporción era de 182 a 168 a favor de los partidos de izquierda. Hay por tanto una tendencia en el centro-derecha a aumentar su espacio electoral, aunque hay que señalar también que el posicionamiento político de los nacionalismos no de izquierda está más condicionado en su actuación parlamentaria por su ideología nacionalista que por su posicionamiento como fuerzas de centro-derecha.

Todas estos factores pueden conducir a la paradoja de que Zapatero se encuentre más incomodo parlamentariamente en la próxima legislatura de lo que estuvo en la anterior, y ello a pesar de contar con un mayor número de escaños propios. Por un lado, el pésimo resultado de sus antiguos aliados puede hacerlos mucho más renuentes a la hora de darle el apoyo que necesita para garantizar la estabilidad parlamentaria. Será difícil, por otro lado, que Convergencia i Unió esté en disposición de asegurarle un apoyo estable al Gobierno socialista en Madrid mientras en Cataluña está en la oposición. Finalmente, el PNV, embarcado en el plan soberanista del Lehendakari Juan José Ibarretexe, va a exigir a cambio de sus votos cuestiones que pueden resultar muy dañinas para la unidad de España y para el propio Gobierno de Zapatero. Incluso dentro de su propio grupo parlamentario es de prever una posición más exigente por parte de los diputados socialistas catalanes, principales artífices de la victoria socialista en España y que buscan cada vez más un espacio propio.

Es aún pronto para saber que línea de Gobierno va a adoptar Rodríguez Zapatero tras estas elecciones. La estrategia de hacer la oposición al PP desde el Gobierno es cierto que le ha permitido aglutinar en su seno todo el voto de izquierda, pero a la vista de los resultados, esa estrategia ha fortalecido aún más al PP que a él mismo. Es más, el frente anti-PP que se plasmó en el Pacto del Tinell en Cataluña y que se exportó después al resto de España parece una estrategia agotada que tan sólo puede llevar a una merma de sus apoyos y a una irreparable fractura social y política del país.

Zapatero deberá hacer frente en los próximos años a una crisis económica mucho más grave de lo que él mismo reconoce, a una previsible ofensiva del terrorismo de ETA y a una creciente tensión territorial provocada por los nacionalistas periféricos. En todos estos asuntos haría bien en buscar el acuerdo con el Partido Popular. La cuestión es si tendrá la voluntad y la capacidad de hacerlo.


La herencia de Zapatero

marzo 31, 2008

Zapatero recibirá de sí mismo una herencia mucho peor que la que recibió en su primer mandato de manos de José María Aznar. En 2004, los socialistas recibieron una economía en expansión que creaba empleo, con una inflación controlada y que convergía aceleradamente con Europa. ETA se encontraba entonces en su momento de máxima debilidad histórica y en pleno desconcierto estratégico. España lideraba las reformas necesarias en el seno de la Unión Europea, había logrado en el Tratado de Niza un peso equivalente al de las otras grandes potencias europeas y por primera vez en muchas décadas había vuelto a ser un actor relevante en el mundo.

En su segunda investidura, Zapatero deberá afrontar un panorama diferente y sustancialmente peor que el que heredó para su primer mandato. España afronta una grave crisis económica con una fuerte desaceleración del crecimiento, un sector inmobiliario en caída libre, una inflación desbocada, destruyendo empleo durante varios meses consecutivos, unas familias fuertemente endeudadas y lo que es peor, con una sociedad que ha perdido en gran medida la confianza en su futuro económico. En estas circunstancias, la economía debería ser la gran prioridad del nuevo mandato de Zapatero, pero por lo que le hemos oído hasta ahora Zapatero tiene otras prioridades y lo único que ofrece es un equipo y una política continuistas que son precisamente los que nos han llevado a la situación de crisis actual.

En materia de terrorismo nos enfrentamos a una ETA que aunque mantiene su debilidad estructural ha incrementado su determinación de matar, como tristemente demuestran sus últimas acciones. Frente a la nueva ofensiva terrorista, Zapatero no cercena definitivamente la posibilidad de una negociación con los asesinos y sigue buscando sustituir el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo que garantizaba la unidad en la lucha contra el terror de la inmensa mayoría de los españoles por un nuevo pacto con los nacionalistas que sustituya la derrota de ETA por una paz sin vencedores ni vencidos. Zapatero permanece así prisionero de su fracasado proceso de negociación con los terroristas y parece incapaz de salir de ese error.

El tercer reto al que deberá hacer frente el nuevo presidente del Gobierno es el reto soberanista que le plantean las fuerzas nacionalistas. La debilidad parlamentaria sufrida en la legislatura anterior llevó al Gobierno socialista a embarcarse en una política de cesiones frente a las demandas de sus socios independentistas en la esperanza de poder encontrar un nuevo consenso en el modelo territorial del Estado. La realidad es que esa política de cesiones tan sólo ha conseguido exacerbar las demandas más radicales de los nacionalistas a las que ahora deberán hacer frente. La necesidad que en esta nueva etapa tiene el PSOE de los votos del PNV nos hace temer nuevas concesiones en un escenario en el que el margen para hacerlas sin afectar gravemente la unidad del Estado es prácticamente nulo.

Crisis económica, ofensiva terrorista y demandas nacionalistas son probablemente los tres principales desafíos a los que deberá enfrentarse el nuevo gobierno, pero no son ni mucho menos los únicos retos que debe asumir la sociedad española. Zapatero auto-hereda también un flujo migratorio incontrolado que ha más que duplicado durante su primer mandato el número de inmigrantes en nuestro país, un fenómeno que combinado con la situación de crisis económica puede generar en los próximos años problemas sociales muy complejos de gestionar. Por otro lado, nuestra educación está perdiendo terreno en relación con los países más desarrollados y eso puede tener consecuencias sumamente negativas a largo plazo si no se remedia. La inseguridad ciudadana sigue creciendo y puede constituirse pronto como una de las principales preocupaciones de los españoles.

A la espera de que lo que pueda proponer en su debate de investidura para hacer frente a estos desafíos, nada de esto parece ser prioritario para un Zapatero más preocupado por encajar el puzzle del nuevo gobierno que de buscar soluciones a estos problemas. Por el contrario, en lo declarado hasta ahora, las prioridades del proyecto de Zapatero seguirán siendo el avance en supuestos derechos y libertades que en muchos casos no son más que atentados contra la dignidad de las personas y contra los valores más arraigados en nuestra sociedad, una pretendida política social que tan solo busca el clientelismo político y que en las circunstancias actuales puede resultar profundamente contraproducente para nuestra economía, y una potenciada dimensión exterior en la acción de Gobierno que permita a Zapatero una salida de emergencia para huir de la complicada situación a la que debe enfrentarse en España.


El crispador crispado

febrero 17, 2008

A tres semanas de las elecciones el PSOE vive en un absoluto desconcierto estratégico. Zapatero ha sometido a su partido a tal vaivén político a lo largo de la Legislatura que muchos socialistas ya no saben ni donde se encuentran. Comenzó la Legislatura identificándose con el voto antisistema que le dio un triunfo inesperado en marzo del 2004. Intentó girar al centro cuando comprendió que su alianza parlamentaria con los independistas radicales y el fracaso de su negociación con ETA espantaban a sus propios electores moderados. Pero los nervios electorales de última hora le han inclinado finalmente, como él mismo confesó de forma involuntaria a su amigo Gabilondo, por la crispación y el insulto como única estrategia. En el camino muchos socialistas se han perdido y ya no saben en qué tramo andan: si en el de la radicalidad, en el de los insultos al adversario o en el de la crispación (que ellos llaman tensión).
Pero además de generar desconcierto en sus propias filas, este constante cambio de discurso y de estrategia ha conducido a Zapatero a perder la iniciativa política, algo que un Gobierno nunca puede permitirse, y menos en un periodo preelectoral. Los temas que se debaten son siempre los que el Partido Popular pone encima de la mesa, con un PSOE a remolque porque no tiene ninguna propuesta que ofrecer a los ciudadanos. Es más, en asuntos como el de la inmigración, los socialistas han tenido que corregir sus furibundas e injustificadas críticas iniciales de racismo y xenofobia al darse cuenta de que la mayoría de la sociedad está de acuerdo con el contrato de integración propuesto por Rajoy.

Zapatero ha colocado además al PSOE a la defensiva. La falta de iniciativa política ha convertido a los candidatos socialistas en meros defensores de la inicua (que no inocua) gestión de Zapatero con explicaciones cada vez más peregrinas para justificar los malos datos económicos o los errores cometidos por su líder a lo largo de la Legislatura. Peor aún, muchos dirigentes socialistas recriminan en su fuero interno a Zapatero que no haya adelantado las elecciones para evitar que la crisis actual se manifestara de forma tan nítida. Olvidan que para un optimista “antropoilógico” como Z el futuro nunca puede ser peor que el pasado.

Con una crisis económica que amenaza con ser imparable y un partido que ve cómo su líder reniega de sus siglas y sólo reivindica su Z, la opción elegida por Zapatero es una campaña negativa basada en volver a movilizar el voto antisistema. Para ello, él ve esencial demonizar al Partido Popular, a la Iglesia, a los empresarios y a todos los estereotipos inventados por la izquierda más rancia de Europa. Una estrategia que puede volverse en contra porque los ciudadanos españoles están cada vez más cansados de los políticos que tan sólo saben insultar y descalificar al adversario sin ofrecer una sola idea constructiva.

En un escenario abierto como el actual la campaña electoral va a tener una influencia decisiva para decidir el próximo Gobierno de España. Estoy convencido de que los españoles sabrán valorar la iniciativa política de Rajoy, sabrán valorar las soluciones a los problemas reales de los españoles que el Partido Popular propone y observarán con creciente distancia cómo Zapatero se zambulle en su propio pozo de crispación, en su alberca de tensión y drama. La cuestión ya no es que el PP puede ganar, sino que el PP va a ganar las próximas elecciones porque es lo mejor para España y para todos los españoles.