El Gobierno impidió que la fragata actuara después de pagar el rescate

mayo 1, 2008

Los sofisticados sistemas de control marítimo, terrestre y aéreo con los que está equipada la fragata «Méndez Núñez» vigilaron en tiempo real cada uno de los movimientos que los piratas, ya con el botín en las manos, realizaron durante su fuga en varias zodics después de poner en libertad a los pescadores del «Playa de Bakio». La fragata, con un alcance de radar de 600 kilómetros, no intervino -pese a tener previsto un operativo de captura y estar a muy poca distancia del atunero- por «orden expresa» del Gobierno, que ni siquiera dio luz verde para actuar contra los malhechores una vez desaparecido el riesgo para la vida de los pescadores.

Pero la fragata no sólo controló el rumbo de fuga. Durante su estancia en el Cuerno de África, vigiló al detalle lo que sucedía en el atunero. De esta forma, advirtió cómo horas antes de la liberación de los marineros una embarcación se aproximó al «Playa de Bakio» para hacer entrega, en bolsas, de parte del rescate. En ese momento, la zona era sobrevolada por el P-3 Orion, avión de utilización naval con misiones de apoyo para profundizar en tierra adentro.
De los últimos actos de piratería registrados en aguas somalíes, el del atunero español es el único que «se resuelve» sin intervención militar. Es decir, es el único de los registrados en fechas recientes en el que se permite a los delincuentes huir con el botín ante los ojos de un buque militar, que en el caso del «Méndez Núñez» dispone del sistema de combate más avanzado y con una alta tecnología que en el mundo, además de España, sólo la tiene la Marina de Estados Unidos. En los secuestros anteriores, el de un yate francés y un petrolero de Dubai, intervino, en el primer caso, el ejército galo, y en el segundo, el somalí. En el del atunero español, a la fragata «sólo la dejaron ser testigo».
La forma elegida por Zapatero -la «vía diplomática» que, de momento, se ha traducido en aceptar el chantaje con la entrega a los delincuentes del dinero que habían exigido- ha causado gran desconcierto -algunos lo califican de profundo malestar- entre sectores de las Fuerzas Armadas, que no logran entender el motivo por el que el Gobierno no permitió a la fragata intervenir para impedir la comisión de un delito. Consideran que la decisión del Ejecutivo supone un serio revés para el prestigio internacional de las Fuerzas Armadas e incluso precisan que colegas europeos les han transmitido su extrañeza por el hecho de no haber intervenido contra los secuestradores somalíes, que durante seis días dieron un trato vejatario a la tripulación del atunero. «Creímos que nos matarían», dijo el patrón.
El ejemplo de Francia
Las fuentes consultadas valoran el hecho de que el Gobierno haya puesto todos los medios para que no hubiera ninguna baja, pero critican con dureza el que se dejara huir a los criminales. Consideran que la tripulación de la «Méndez Núñez» tiene preparación para afrontar situaciones de alto riesgo y destacan, en este sentido, que la fragata, antes de trasladarse a Somalia, participaba en una agrupación OTAN contra terrorista en el Índico.
Los mismos medios estiman que como alternativa a un intervención directa -posibilidad que el Gobierno sólo se planteó para una situación extrema- se podía haber realizada una operación similar a la llevada a cabo por Francia en el secuestro del yate «Le Ponant», cometido el pasado 4 de abril en el Cuerno de África. Y más cuando se daba por seguro que las autoridades somalíes no iban a poner ningún impedimento a una intervención militar española, al igual que ha ocurrido con otros países.
Las fuentes consultadas aseguran que hubiera sido perfectamente viable acometer una operación similar a la de Francia. En ella, tras realizarse el pago del rescate, el Ejército galo desplegado en la zona no perdió de vista a los secuestradores del yate «Le Ponant», hasta proceder a su captura cuando ya se encontraban en tierra firme. Tras ser arrestados, los malhechores fueron conducidos a un portaaviones que los trasladó a Francia. Con esta actuación, según los medios informantes, Francia no sólo impidió engordar las arcas de una organización criminal, sino que permitió a su Armada estar a las alturas de las circunstancias frente a la comisión de un delito de los que eran víctimas unos compatriotas. Sin embargo, el Gobierno de Zapatero optó por no actuar pese a que los sistemas de control y vigilancia de la fragata y la preparación de sus militares eran garantías más que suficientes para realizar una intervención con éxito.
A juicio de las fuentes consultadas, el dinero que se entregó a los piratas en el barco no fue la totalidad del rescate exigido. Por ello, consideran que cada vez cobra más fuerza la posibilidad de que en la operación interviniera un grupo de abogados londinenses que ya han intervenido en casos anteriores de piratería.
De la Vega, satisfecha
Mientras que los delincuentes disfrutan del botín y sectores de las Fuerzas Armadas critican que a los militares españoles sólo se les permitiera actuar como testigos de un delito, Teresa Fernández de la Vega afirmó ayer que el Ejecutivo «ha hecho todo lo que debía de hacer y nada de lo que no debía hacer» y evitó hablar del pago del rescate.


El fiasco padre del ministro de las células madre

abril 30, 2008

Bernat Soria llegó a Sanidad en la anterior legislatura recordando que era más científico que político. Como científico -pocos logros y un currículum de fantasía- ha resultado demasiado político. Y como político se está revelando como un completo desastre, ciego ante los desmanes de las clínicas abortistas, frívolo y engañoso en la cuestión de las células madre, contradictorio con el alcohol y, ahora, desbordado con el asunto del girasol. Aún circulan por el mercado unas 500 marcas sin el certificado de estar limpias de contaminación. ¿Por qué sigue?

Todavía hay 500 marcas de aceite de girasol pendientes del certificado de “limpieza”.

Es decir, aceite de girasol circulando por el mercado sin que tengamos la seguridad absoluta de que no están contaminado de hidrocarburos. Y el ministro, tan tranquilo.

La organización agraria Asaja-Sevilla ha solicitado la dimisión del ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, “por el cúmulo de contradicciones e incoherencias acumuladas desde que se detectaran las partidas de aceite de girasol contaminado procedentes de Ucrania”.

En la tarde de ayer aparecía un nuevo listado que actualiza las marcas de aceite de girasol libres de hidrocarburos, que pasan de doscientas a 283. Aunque el ministerio se ha comprometido a acelerar el proceso, lo cierto es que el certificado de ‘limpieza’ afecta todavía a una minoría de las ochocientas marcas que se comercializan en España de este producto.

Las asociaciones de consumidores se han mostrado indignadas con la frivolidad y negligencia de un Ministerio que se ha negado a facilitar las marcas limpias “hasta dentro de dos semanas”, en palabras del propio Bernat Soria, causando un verdadero caos en consumidores y comerciantes. Sin embargo, asociaciones como Ausbanc Consumo señalan que la información ‘por goteo’ sólo causa “un notable perjuicio” a todas las partes.Las nuevas marcas consideradas limpias hoy por el ministerio incluyen Urzante, Oleodaimiel, Aceites Toledo, Miguel Gallego, Hijos de Antonio López, Aceites Ybarra, Torres y Ribelles, Olilan, Mueloliva y Minerva, Basseda, Lorenzo Sandúa, Aceites Olisoy, Sagarra Bascompte, Alcubilla 2000, Industrias del Suroeste y Cargill.Además, Asaja-Sevilla pide en un comunicado “la aclaración, de forma inmediata y hasta sus últimas consecuencias, de todo este lamentable suceso”.”La frivolidad con la que está tratando el asunto de las partidas de aceite de girasol contaminado está perjudicando tanto al productor como al consumidor, así como a toda la cadena de valor”, dice la nota.

La actitud del ministro “es impropia para una persona que ostenta un cargo en algo tan delicado como es la seguridad alimentaia”.

Asaja ha destacado que Soria ha dado por concluida la alerta alimentaria asegurando que “no existe riesgo alguno” en consumir el aceite que se encuentra en el mercado, sin que se hayan dado a conocer el listado de marcas afectadas, que, no se hará público, según el ministro de Sanidad, hasta dentro de dos semanas.

Para la organización agraria, “la frivolidad” con la que Soria está llevando este asunto está creando un ambiente de “crispación y generando gran incertidumbre e inseguridad, que está perjudicando tanto al consumidor como al productor, así como a toda la cadena de valor”.


La tenacidad saharaui persistirá a pesar de la disuasión

abril 29, 2008

España, abandonó el territorio del Sahara Occidental en 1975, abriendo así un nuevo episodio de calamidad y destierro para los saharauis y dejando un proceso inconcluso de descolonización. Marruecos, el vecino del norte, se anexionó el territorio por la fuerza, ocupación que ninguna instancia internacional reconoce ni legitima, lo que evidencia irrebatiblemente que España sigue siendo la potencia colonizadora y administrativa del territorio desde el punto de vista del derecho internacional, dada la nulidad de los supuestos y traicioneros acuerdos tripartitos de Madrid.

Los sucesivos gobiernos socialistas españoles, lejos de apaciguar el ansia de los saharauis tras su abandono, han optado por armar y rearmar al invasor marroquí, alentándolo así a imponer la política del hecho consumado.

El actual gobierno socialista ha patentizado mas que todos esa tendencia, armando y rearmando al Ejército marroquí, alegando siempre justificaciones vacuas y poco creíbles, tales como: fortalecer los lazos de amistad entre las fuerzas armadas de ambos países (lazos inexistentes teniendo en cuenta la naturaleza doctrinal de ambos ejércitos), en pro de lograr una buena vecindad (un propósito mas que utópico de lograr con el sistema monárquico actual), incrementar los ingresos de las empresas españolas del comercio de armas (aunque sea vulnerando las leyes del comercio de armas)… etc.

Para fundamentar lo expuesto, podemos citar los siguientes detalles:

– En el 2005, el gobierno regaló 20 carros de combate del modelo M60- A3 versión 1978, portadores de un cañón 105mm y dotados de un telémetro láser, un sofisticado computador balístico, además de su gran potencial de fuego. El propósito (nunca anunciado públicamente) era apoyar la estrategia de reestructuración de las fuerzas reales emprendida por el general Buchaib Arub.

– En 2006, este ejecutivo, vendió a Marruecos armas por valor de 16 millones de euros. Hasta el momento se desconoce la naturaleza de estas armas.

– En 2007, el actual gobierno vendió al Ejército marroquí armas por valor de 200 millones de euros. Este material consistía en, 1200 vehículos de alta movilidad táctica (VAMTAC) comparables con el Hummer americano, dotados de amplia gama de armas. El convenio incluía también 800 camiones del modelo M-3, adaptables para portar lanzamisiles anti-tanques y otros dispositivos; además de 10 patrulleras.

– En 2008, el gobierno decide regalar a precio simbólico para las Fuerzas Marroquíes Reales 8 lanzadores de bombas rompedoras del modelo CLB-30, un juego de lanzador de bombas de caída libre del modelo MK-82, conocido por su gran capacidad de demolición.

Eminentemente, un análisis objetivo de esta política, arrastra a plantear dos hipótesis; la primera, evidencia la ausencia de una estrategia política coherente basada en criterios bien definidos para con los vecinos del sur y África en general. La segunda, es que esta política va encaminada a disuadir los saharauis y hacerlos desistir sus legitimas reivindicaciones. Sobran razones para argumentar estas hipótesis, de las que citaré por ejemplo:

– Marruecos vulnera flagrantemente los derechos humanos (lo atestiguan los informes de Human Right Watch, Amnistía internacional, los testimonios de los activistas saharauis en las zonas ocupadas, la denuncia del juez de la Audiencia Nacional… etc.), por lo que proliferar las capacidades militares del régimen monárquico encierra una amenaza de nefastas consecuencias.

– Marruecos, constituye la mayor amenaza para la seguridad de España, sabiendo que solo exporta inmigración ilegal, drogas y terroristas.

– Optar por armar Marruecos, es ser incongruente con la legislación española, ya que el congreso de los diputados aprobó la ley del comercio de armas y en la que se prohíbe expresamente la venta de armas a países en conflicto o que vulneran los derechos humanos, excepciones de las que Marruecos es prototipo sin rival.

-Armar a Marruecos, es ser inconsecuente con la sociedad civil española, sensible y comprometida con la causa saharaui.

-Armar a Marruecos, es alentar el terrorismo, porque Marruecos se ha convertido en caldo de cultivo del fundamentalismo islámico, amenaza que acecha por toda la zona del Magreb.

-Marruecos, ocupa ilícitamente territorios ajenos, por lo que fortalecer sus capacidades militares, constituye óbice ante cualquier solución pacifica del contencioso acorde a los principios del derecho internacional y los postulados de la carta magna de las naciones unidas.

Para los saharauis, la desfasada política adoptada por el actual gobierno, induce a formular un sinfín de interrogantes, tales como:

-¿Será esta política, un intento de eximir a España de sus responsabilidades históricas y jurídicas como potencia colonizadora del territorio?

-¿ Será para encrespar el insaciable y endémico irredentismo marroquí, a emprender más marchas negras y de las que ciudades españolas no se salvarán?

-¿ Será una aportación subsidiaria al monarca actual, una vez evidenciada su debilidad, flaqueza e incoherencia política ante los inminentes peligros que acechan hoy a Marruecos?

-¿No consideran que tal opción, constituye una veleidad injustificada para con los saharauis y envilece su noble causa?

-¿Querrán apaciguar las legítimas reivindicaciones de los saharauis?

Realmente, es impensable armar al hipotético enemigo estratégico de los intereses de España, ello implica una carencia de visión en profundidad, y es pervertir gravemente los conceptos de directrices estratégicas y juegos tácticos coyunturales. A mi juicio, esto corrobora una vez mas que la política del actual gobierno hacia uno de sus vecinos del sur, es orientada, dictada e influenciada por el lobby promarroquí en España o simplemente obedece a meros intereses personales y no a los intereses supremos de la Nación española, en tanto que menoscaba las legitimas aspiraciones del Pueblo saharaui.

Está más que ilustrado, que la superioridad cuantitativa y cualitativa en arsenal bélico por muy sofisticado y diverso que este sea, no es sinónimo de supremacía militar ni tampoco implica eficiencia en el campo de las acciones combativas. Bien sabe la cúpula militar marroquí, que allí se barajan enésimos factores y valores que brillan por su ausencia en la doctrina de las fuerzas reales marroquíes. Eso es lo que han patentizado más de 18 años de guerra, cuyo balance constituye una prueba irrefutable de la ineficiencia de todas las estrategias y tácticas emprendidas por las fuerzas reales marroquíes, y tampoco evadirá las tropas marroquíes de la acinesia a que están expuestas en el muro de la vergüenza. Ello solo agudizará y acrecentará la ruina de millones de marroquíes inocentes, victimas de un sistema anárquico, feudal e irrendista.

Obviando todas las especulaciones y análisis supersticiosos relacionados con la incapacidad del ejercito saharaui de reanudar las acciones combativas, es grave pensar que la expectación saharaui ha sido en vano. El Ejército saharaui siempre ha realizado programas de preparación combativa en los que se incluyen ejercicios tácticos a nivel de agrupaciones tácticas y reagrupación de tropas. En términos profesionales, llevar a cabo ejercicios así lleva implícito un alto nivel de instrucción y adiestramiento de las unidades que componen dichos grupos tácticos, lo que evidencia entre otras cosas, que la política de defensa saharaui ha sido bien encauzada y navega a rumbo certero encaminada y de manera rigurosa a:

1. Asimilar, adaptar y aprovechar los nuevos conceptos táctico-operativos, teniendo en cuenta las particularidades topográficas del relieve saharaui y la naturaleza del adversario.

2. Mantener la plena disponibilidad combativa del material bélico, a pesar de las condiciones climatológicas adversas y profundizar el adiestramiento e instrucción de las dotaciones combativas.

3. Perfeccionar los sistemas de mando táctico, aprovechando las ventajas que ofrece la nueva tecnología.

En síntesis, se puede puntualizar de manera concreta, que los saharauis cedieron en pro de lograr una paz duradera, pero en ningún lapso descartaron la posibilidad de retornar a las armas y que el cese de fuego en la concepción saharaui, no es ni debe ser acatado como eterno.


Carmen Chacón da marcha atrás y no restringirá el uso de internet a los militares

abril 29, 2008

El Ministerio de Defensa ha decidido finalmente no poner limitaciones al acceso de los militares a determinadas páginas de internet, como las de «Marca», «As» o «Interviú», como se especificaba en una instrucción oficial de la que se hicieron eco los medios de comunicación la pasada semana.
Fuentes de Defensa explicaron a Servimedia que la restricción del acceso a determinadas páginas de la Red era una decisión «técnica» que habían tomado los expertos del Ministerio hace tiempo, debido a las limitaciones del ancho de banda de la red.

Desde el departamento que dirige Carme Chacón explicaron que, una vez que se ha conseguido «ampliar la capacidad» de la red de internet de Defensa, se decidió dejar sin efecto la limitación de acceso a páginas como las de las citadas publicaciones.
Este aumento de la capacidad de la red de Internet de Defensa es algo que se ha solucionado en los últimos días, lo que ha permitido tomar la decisión de que no haya limitaciones para acceder a cualquier web del mundo.
Además, la restricción que imponía el ministerio no sólo quedaba en una restricción a las web deportivas. También se denegaba el acceso a otras páginas relacionadas con actividades extralaborales como portales en los que se cuelgan anuncios de compra-venta de diferentes productos. La prohibición se extiendía, además, a diversos foros y a las páginas personales o blogs. Precisamente, estos portales y los foros son cada vez más utilizados por militares y civiles expertos en temática castrense para intercambiar conocimientos y análisis sobre temas de defensa nacional e internacional.
Por otra parte, fuentes militares de la base libanesa de Marjayoun explicaron que en instalaciones del Ejército como éstas existen locutorios de internet en los que los soldados pueden consultar en su tiempo libre y sin restricciones las páginas que quieran. El uso de estos locutorios es algo muy solicitado por los soldados, ya que así pueden estar informados de lo que sucede en España,y mantener el contacto con sus familiares o chatear con sus amigos utilizando «webcams».


Los juzgados penales de toda España tienen 269.855 asuntos pendientes de ejecutar

abril 28, 2008

269.855. Es el número de asuntos que los juzgados de lo penal de toda España tenían pendientes o en trámite de ejecución al cierre del año 2007. Una cifra que pone los pelos de punta cuando se piensa que sólo se refiere a una parte de la Jurisdicción Penal (el 32 por ciento del total), pues no incluye la ejecución de las resoluciones dictadas por cada audiencia provincial, tribunal superior de justicia y por los órganos centrales (Tribunal Supremo y Audiencia Nacional).

Semejante volumen de asuntos por ejecutar -que incluye desde el cobro de una multa y la retirada del permiso de conducir al ingreso en prisión de los condenados- está en manos del 5,4 por ciento del total de 4.441 jueces que integraban la planta judicial ese mismo año.
Pese a estos datos y a la alarma social que han suscitado errores judiciales como el del «caso Mari Luz», la necesaria modernización de la Justicia se queda en sonoras declaraciones de intenciones de los dirigentes políticos, tanto por parte del Gobierno como de la oposición, cuyos esfuerzos negociadores se centran principalmente en el control de parcelas de poder amén del reparto de vocales en órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.
El ejercicio de 2007 arrancó con un total de 263.374 asuntos penales pendientes o en trámite de ejecución en toda España, una cifra muy similar a la que se registraba doce meses después (269.855 el 31 de diciembre). Durante ese año ingresaron y se reabrieron un total de 244.330 ejecutorias y se concluyeron 234.948.
No menos llamativos resultan los datos referidos a los juzgados especializados en ejecutorias, órganos que funcionan sólo en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, San Sebastián y Palma de Mallorca y que aglutinan todas las decisiones dictadas por los juzgados de lo penal de sus respectivos territorios.
Los mayores atascos
Se trata de macroórganos con un número de funcionarios por encima de lo habitual (en Madrid, por ejemplo, hay 30 por cada juzgado de ejecutorias, cuando lo normal son nueve). Pese a ello, es en estos juzgados especializados donde, según fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se producen los mayores atascos, una situación que choca frontalmente con el objetivo que guió su creación: agilizar el negociado de las ejecuciones de las sentencias y aliviar a los jueces de lo penal de semejante carga. De hecho, señalan las fuentes citadas, «las ejecutorias son muy complejas, pero no por su dificultad jurídica sino por la cantidad de trámites y de burocracia que encierran. Tampoco hay plazos que cumplir, hecho que contribuye a que se dilaten en el tiempo».
Los cuatro órganos que en 2007 se dedicaban a ejecutar resoluciones en Madrid (existe un quinto pero es de menores) acumulaban a finales de ese año una pendencia de 27.456 asuntos; 22.499 los cuatro de Barcelona; 15.929 los tres de Valencia; 2.318 el de San Sebastián; 8.041 el de Palma de Mallorca; y 3.882 el de Bilbao.
Pese a lo elevado de estos números, cabe destacar que en Barcelona, Valencia y Bilbao, la tendencia entre 2005 y 2007 ha sido la disminución de los asuntos pendientes o en trámite de ejecución; Madrid se mantiene en las cifras de 2006, aunque muestra una mejora respecto a 2005; y empeoran su situación Palma de Mallorca -sin duda el que peor funciona- y San Sebastián. También es importante señalar que el volumen de entrada de sentencias penales por ejecutar es asimismo muy elevado, habiéndose alcanzado un pico con la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer y la reforma penal que transformó en delito lo que con anterioridad no pasaba de falta [ver gráficos].
Rescatar el proyecto
Dos son las principales razones por las que el volumen de ejecuciones pendientes es tan elevado: de un lado, una deficiente distribución del trabajo y, de otro, la utilización de un sistema informático inadecuado. La solución a ambos problemas pasa por una reforma legislativa que permita una verdadera modernización de la Justicia, que jueces y secretarios judiciales reclaman a gritos desde hace años.
Tal reforma, señalan en medios judiciales, no es otra que la implantación de la nueva oficina judicial, un proyecto que aprobó el último gobierno del Partido Popular y que el primer Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero dejó aparcado con un recorte del presupuesto de Justicia que hacía inviable su implantación, y que el actual ministro de Justicia, Mariano Fenández Bermejo, quiere rescatar ahora para alcanzar el que se ha fijado como primer y más importante objetivo de esta legislatura: la modernización de la Justicia.
Secretaria para modernizar
Con mayor o menor oportunidad política (al hilo de los últimos escándalos judiciales), Fernández Bermejo ha estrenado su nueva andadura en Justicia con la recuperación de un departamento (en este caso, una secretaría general) dedicado en exclusiva a modernización. Toda una declaración de intenciones cuando fue su predecesor en el cargo, Juan Fernando López Aguilar, quien prescindió de la dirección general de modernización creada por José María Michavila, y cuando, el año pasado, el propio Bermejo adscribió el servicio de informática judicial -dedicada a mejorar los sistemas que utilizan los juzgados- al de informática del Ministerio, que se ocupa de solucionar incidencias puntuales.
La reestructuración de la oficina judicial que el Gobierno quiere desempolvar en la presente legislatura pretende que el juez se encargue única y exclusivamente de dictar resoluciones, quedando en manos del secretario judicial la organización del juzgado y la coordinación del trabajo de los funcionarios. Se trata de buscar un mejor y más efectivo reparto del trabajo con el fin de optimizar los medios disponibles.
Pero la implantación de este nuevo modelo no sólo exige una importantísima inversión económica sino también una reforma de las leyes procesales (los textos vigentes datan del siglo XIX) que permita al secretario judicial desempeñar sus nuevas atribuciones. España es uno de los países de Europa que menos recursos dedica a la Justicia: menos del uno por ciento de los Presupuestos Generales del Estado, frente al tres por ciento de los países más avanzados de nuestro entorno.
Pero volvamos a las ejecutorias. El fracaso de los juzgados especializados en la ejecución de las resoluciones -en los cinco territorios donde se han implantado tienen más atasco pese a disponer de más personal- nos vuelve a llevar a la oficina judicial.
La centralización de las ejecutorias por territorios se ideó dentro del nuevo sistema organizativo de la reformada oficina judicial, por lo que, a falta de ésta, es imposible que esos juzgados especializados rindan al cien por cien. Tan mala ha sido la experiencia cosechada en la jurisdicción penal, que se ha desistido, al menos de momento, de la creación de este tipo de juzgados para el ámbito civil.
Otro de los factores que inciden en el mal funcionamiento de estos órganos -a los que los profesionales llaman «juzgados castigo»- es la gran movilidad de sus funcionarios. Esta es una de las conclusiones a las que llega la Inspección del CGPJ en el informeencargado esta misma semana por su presidente, Francisco Hernando, sobre la situación de los juzgados de ejecutorias de Madrid.
Funcionarios interinos
Al igual que los de violencia sobre la mujer, estos juzgados no son un destino goloso, pues la carga de trabajo es muy elevada. De ahí que las bajas por cambio de destino sean continuas y que las plazas se cubran en la mayoría de los casos con interinos. El constante baile de funcionarios -con el consiguiente déficit de formación y experiencia de cada recién llegado- incide de forma negativa en el rendimiento del juzgado.