Un preso en el corredor de la muerte cuesta 60.000 euros más al año que uno en cadena perpetua

octubre 23, 2009

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Desde 1976, 1.176 han sido ajusticiados, 441 en Tejas

California gasta €90 millones en 670 convictos y no le llega

La crisis financiera ha puesto en un brete al sistema judicial de EEUU, que tiene problemas para seguir financiando las ejecuciones de convictos, lo que ha derivado, entre otros factores, en una reducción en estos castigos en 2008.

El año pasado, según informa el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (CIPM), se llevaron a cabo sólo 37 ejecuciones (26 de ellas en Texas), cinco menos que en el año anterior y 51 menos que en 1999.

Aunque levemente, también se redujo el número de convictos que espera ejecución en los corredores de la muerte del país que albergan ahora a 3.309 convictos, frente a 3.350 en 2007 y 3.549 en 1999.

Según explicó CIPM, los casos de pena de muerte exigen enormes gastos especialmente en los de condenados a muerte que muchas veces exigen repetir sus procesos judiciales.

Según la Comisión para la Administración de Justicia de California, ese estado donde 670 convictos esperan ejecución, gasta alrededor de 138 millones de dólares en la aplicación de la pena de muerte y necesita otros 95 millones de dólares para reparar un sistema “disfuncional” y “al borde del colapso”, según sus miembros.

90.000 EUROS MÁS AL AÑO POR CONVICTO

Para mantener en los corredores de la muerte a los convictos, el estado gasta alrededor de 90.000 dólares anuales más por cada condenado a la máxima pena que si se tratara de un presidiario común.

Y ese condenado a muerte tiene que esperar como media unos 4 años antes de presentar su primera apelación.

En todo el país la media de espera entre la condena y la ejecución es de 12,7 años, según CIPM.

Para Jeanne Woodward, ex directora del Departamento de Rehabilitación de California y ex alcaide de la prisión de San Quentin, la solución sería la derogación del castigo:

“Si condenamos a los peores criminales a un confinamiento permanente, los recursos que aplicamos en la pena de muerte podrían utilizarse para investigar homicidios, modernizar los laboratorios de investigación y aumentar los programas de prevención de la violencia.”

La situación económica también es difícil en Nuevo México donde las autoridades judiciales de ese estado advirtieron de que tendrán que abandonarse los casos de pena de muerte, si su Asamblea Legislativa no proporciona fondos para financiar la defensa de acusados indigentes.

Una situación similar ocurre en el estado de Utah, donde su Tribunal Supremo anunció que rechazaría todas las condenas a muerte si no se recibían recursos para financiar las apelaciones.

LOS NORTEAMERICANOS, FRENTE A LA PENA DE MUERTE

Aunque el apoyo a la pena capital sigue siendo mayoritario, ese respaldo registró una nueva disminución y ahora es de 64 por ciento, según reveló una encuesta en octubre pasado.

Tras ser restablecida por el Tribunal Supremo en 1976, el apoyo a la pena de muerte era de más de 80 por ciento, pero ya en 1999 bajó a 71 por ciento y en 2007 a 69 por ciento, señaló CIPM.

A pesar de esas disminuciones en 2008, se mantuvo la disparidad racial en la aplicación del castigo, manifestó Scott Phillips, experto en asuntos judiciales de la Universidad de Denver.

Según Phillips, como ocurrió en otros años, la sentencia de muerte fue más probable cuando la o las víctimas eran blancas y no negras. Esa misma situación se planteó en detrimento de los acusados negros en favor de los blancos.

Además, la pena de muerte mantuvo su carácter regionalista en 2008 y el 95 por ciento de las ejecuciones se realizaron en estados del sur, indicó CIPM.

La aplicación del castigo quedó suspendida a mediados de este año cuando el Supremo decidió analizar recursos de dos convictos del estado de Kentucky que indicaron que el uso de la inyección era inconstitucional.

Finalmente, en septiembre, el Supremo rechazó ese cuestionamiento y determinó que la inyección era constitucional como método de castigo.

Richard Dieter, presidente de CIPM, una organización que dice mantener una posición independiente frente al castigo:

“Creíamos que después de esa decisión, las ejecuciones aumentarían, pero no ha ocurrido así y los aplazamientos y exoneraciones aumentaron.”

Según Dieter, esto se debió a que los tribunales afrontaron denuncias de que no se tomaron en cuenta la lucidez mental de los convictos, su posible inocencia y hasta una denunciada incompetencia de los abogados defensores.

(FUENTE:PD)
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Los estados de EEUU declaran la guerra al Tesoro por los bonos no reclamados de la Segunda Guerra Mundial

octubre 23, 2009

USA.bonos

 El Tesoro de Estados Unidos tiene 16.700 millones dólares que aún no se ha cobrado. Y como el Pisuerga pasa por Valladolid, seis estados han decidido que, como el Estado no se ha molestado en encontrar a los tenedores de dichos títulos o a sus descendientes, tienen derecho a quedarse con ese dinero, entre ellos California con Arnold Schwarzenegger al frente. No está mal como paga extraordinaria para las arcas territoriales. El caso es que hace casi 70 años, el Gobierno emitió cientos de miles de millones de dólares en bonos para financiar el esfuerzo económico que supuso la guerra más grande en la historia de la nación. De hecho, en el anecdotario de dicha medida destaca que fue el propio presidente Franklin D. Roosevelt quién compró el primero de los títulos. Pero los bonos tenían un problema: no se pagaban hasta 40 años. Así, con el paso de las décadas desde la Segunda Guerra Mundial, los 16.700 millones dólares de los certificados fueron olvidados en los desvanes o tirados a la basura llenos de polvo. Y semejante tesoro jamás ha sido reclamado. Inyección de efectivo Ahora, una demanda judicial podría cambiar esta situación. Seis estados han emprendido acciones legales contra el gobierno federal para lograr quedarse con ese dinero. Alegan que el Departamento del Tesoro no ha hecho nada para encontrar el original de los tenedores de bonos o de sus descendientes, ni siquiera enviar una carta cuando llegó el momento en el que vencían los bonos. Por otra parte, los estados tienen leyes que les capacitan para quedarse con las propiedades sin reclamar, lo que supondría una inyección de efectivo bastante importante en un momento de dificultades económicas. La vista oral se espera que comience en las próximas semanas en el Tribunal de Distrito de Nueva Jersey, donde la demanda fue presentada originalmente. “Es desalentador”, dijo Randall Berger, socio de Kirby McInerney, representante de los estados de Kentucky, Missouri, Montana, Nueva Jersey, Carolina del Norte y Oklahoma. “Los Estados están haciendo esto porque necesitan el dinero y porque tienen estos estatutos que establecen claramente que lo que sucede… A la propiedad reclamada.” Por su parte, representantes del Departamento del Tesoro y la oficina del fiscal de EEUU se negó a hacer comentarios al respecto. A partir de ahora, el caso girará en gran parte sobre dónde están los límites entre el poder federal y estatal, según han explicado los abogados de los diferentes territorios interesados. Si el tribunal falla a favor del Gobierno de EEUU, el Departamento del Tesoro quedarse con el dinero que debe a los estadounidenses comunes y corrientes. Pero si los estados ganan, podrían seguir reclamando bonos en el futuro y se establecería así una nueva fuente de financiación de Washington. Deber patriótico de los ciudadanos Algunos estados, como California y Nueva York, pueden llegar a cosechar más de 1.600 millones de dólares, según las cifras recogidas por los estados extraída de la base de datos federal. Además, son varios los territorios que no han adherido a la demanda simplemente porque no conocen la situación, aseguró Berger. Cuando los bonos del Tesoro fueron vendidos en 1941, el Gobierno hizo hincapié en el deber patriótico de los ciudadanos a apoyar el esfuerzo de guerra. De hecho, el Tesoro emitió musicales en la radio animando a los oyentes a comprar ‘bonos de guerra’ y se ficharon para ello numerosas celebridades que sirvieran de gancho. Por su parte, las empresas de prensa se ofrecieron a vender bonos a lo largo de sus rutas. Tras la IIGM, el Tesoro redujo el vencimiento de los bonos a 30 años en 1965. Pero, debido a que muchos de los papeles se pueden haber perdido durante el transcurso de los años, los estados esperan que una parte sustancial de los fondos no reclamados puedan terminar en sus arcas si ganan la demanda. La Tesorería mantiene una lista de las direcciones originales de los tenedores de bonos, pero nunca ha intentado ponerse en contacto con ellos, según consta en documentos judiciales presentados por los demandantes. En muchos casos, los tenedores de bonos originales ya han fallecido, con lo que sus derechos han pasado a sus familiares. El pasado mes de abril, el senador John D. Rockefeller IV presentó un proyecto de ley para que el Tesoro pagara 30 dólares por todos los tenedores de bonos que se encuentren. “El senador Rockefeller, cree que se deben devolver los bonos no reclamados a sus legítimos propietarios, poniendo dinero en los bolsillos de las familias durante tiempos económicos difíciles”, explicó la portavoz Rebecca Gale. “Se presentó esta ley con el apoyo de los tesoreros del estado para que los estados tengan la oportunidad de revisar y encontrar a los dueños legítimos”. Pero de momento, no se ha introducido ningún proyecto de ley en la Cámara. Por ahora, parece que le tocará a los tribunales federales resolver el asunto.

(FUENTE: Cotizalia )