NUEVO ESCÁNDALO FILÁTELICO

AUTOR: José María Asensio ( Publicado en Facebook ).·.

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No era necesario esposarlos y exhibirlos como monos

Se embolsaron 45 millones de euros en tres pelotazos urbanísticos

Trato humillante a los principales implicados en el escándalo de Santa Coloma

Las imágenes se repiten en los telediarios y están en las portadas de todos los diarios españoles. Son los principales implicados en el escándalo de Santa Coloma. Aparecen esposados mientras recogen unas bolsas azules, como las de la basura, en las que llevan sus efectos personales. Es tremendo, humillante, vergonzoso… Es indigno y llama la atención que algunos medios de comunicación se feliciten por ello. El izquierdista Público argumenta que lo ocurrido ha dejado en entredicho las acusaciones del Partido Popular sobre la desigualdad en el trato a la hora de detener a presuntos culpables en casos de corrupción. Alavedra, Prenafeta, Muñoz, García, Dobarco, Singla y los otros fueron filmados a la entrada de los furgones en la Audiencia, en plena vía pública. Alegarán ahora que el tamaño del vehículo impedía meterlo en el garaje y que por eso se hizo descender a los detenidos en plena calle, pero hubiera bastado la colocación de unos paneles para que esas imágenes no se hubieran podido registrar. Se ha procedido así en otros casos. El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que «la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio». Y unas veces se hace y otras no. A capricho del juez o del mandamás de turno. Ahí queda la redada en el caso del Palma Arena, en la que los implicados también fueron expuestos a la vergüenza pública. La Justicia tiene que ser implacable con los delitos de corrupción, pero ello no es contradictorio con estar en contra del linchamiento público de las personas cuando su detención se convierte en un espectáculo, como ha venido sucediendo en los últimos meses, casi siempre contra el PP. Esta vez le ha tocado a unos socialistas catalanes y a dos ex altos cargos de CiU, pero lo habitual es que sean de filiación “popular” los que se pasea enjaulados como monos. La ley establece que las detenciones y la conducción ante el juez las realizan las Fuerzas de Seguridad, pero el juez es responsable de que el proceso se lleve a cabo de forma correcta y sin menoscabo de la dignidad. Estamos hablando de personas que han sido detenidas por orden judicial y que ni siquiera saben de qué se les acusa ni han declarado. Tienen derecho a la presunción de inocencia y a un trato humano, lo que hace discutible incluso que tengan que acudir esposadas al juzgado si no hay peligro de evasión, como sería el caso de Macià Alavedra, Prenafeta o el alcalde de Santa Coloma. Los tres fueron enviados anoche a prisión por el juez Garzón tras las graves acusaciones del fiscal que ilustran la transversalidad de la corrupción y las miserias de la sociovergencia que ha gobernado Cataluña. Si la Justicia se ha pasado en este caso por exceso, en otros ha incurrido en lo contrario. Muchos se preguntan por qué no fue detenido Félix Millet, que, según todos los indicios, se apropió de los fondos de la fundación del Palau de la Música -unos 20 millones- para repartírselos con sus amigos. Millet acudió al juzgado a declarar en un coche con chofer y volvió a su casa tranquilamente. Todavía mejor le fue a la hija del socialista Javier Rojo, presidente del Senado, cuya implicación u responsabilidad en la trama corrupta de Estepona es un clamor y a la que ni siquiera se registró el despacho. Cabe sospechar que la diferencia de trato depende de la intencionalidad de la Policía o del juez que persiguen efectos que nada tienen que ver con la Justicia. Vivimos en una sociedad mediática y el derecho a la imagen es muy importante. Detener a una persona y mostrarla esposada ante los medios supone un daño irreparable si luego es puesta en libertad o absuelta.

 45 MILLONES EN TRES PELOTAZOS

 Los jueces no pueden hacer abstracción de esta realidad, por lo que deberían vigilar a la Policía en la forma cómo detienen y cómo tratan a quien todavía es presuntamente inocente, aunque todos los indicios apunten en contra. El juez Baltasar Garzón detalla -en el auto por el que ordena prisión para cinco acusados del caso Pretoria- las tres grandes operaciones urbanísticas que generaron, a través de recalificaciones efectuadas para favorecer a los implicados, un beneficio de 45 millones.

 Todas estas operaciones seguían un guión parecido:

1.Los ayuntamientos aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis Andrés García Sáez, Luigi (ex diputado del PSC expulsado de este partido hace tiempo), quien, gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidades afectadas y a sus relaciones con los empresarios interesados, favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos.

2.Para asegurar la efectividad de la acción planeada, la empresa adjudicataria nunca realizaba el proyecto, sino que quedaba detenido hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.

 3.La modificación resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca al municipio. Seguidamente a la recalificación, el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación. Así, todo el beneficio quedaba en poder de los intermediarios. Nunca era el Consistorio decisor de las modificaciones percibiéndose cantidades (comisiones) sin lógica comercial alguna pero en pago por la obtención de las recalificaciones urbanísticas. –

Operación Pallaresa (Santa Coloma, 2001-2005). 13 millones de euros.

 Esta operación supuso, tras la aprobación de las modificaciones al Plan [de Urbanismo], la disminución de superficie comercial y de la dedicada a vivienda protegida para destinarla de forma significativa, y con un beneficio mucho mayor para el promotor, a vivienda libre, manteniendo el precio original. Todo ello presentado y aprobado en nueve días. Luis Andrés [García Sáez] recibió de la sociedad costarricense Marwood Internacional 1,3 millones de euros; la mitad fueron transferidos desde Suiza (Credit Suisse de Zurich) y la otra mitad a través de una operación de compensación. –

 Operación Badalona (20022004). 14 millones de euros.

 Consistió en la adquisición a la sociedad pública Marina de Badalona SA de un solar junto al puerto deportivo de la localidad y su posterior venta, con una revalorización considerable. Quince meses después de la adquisición se vendió el solar a Espais y Procam. De lo expuesto se concluye que el paso del sector público al privado produjo la obtención de beneficios importantes que redundaron a favor de los inversores particulares y de los intermediarios o “conseguidores”. Los beneficiarios efectivos de este reparto fueron los imputados Prenafeta, Alavedra (ambos altos cargos en los Gobiernos de Jordi Pujol) y Luis de Andrés García. –

 Operación Niesma (20032007). 17,8 millones de euros.

 Se trató de la compra de unos terrenos en la localidad de San Andrés de Llavaneras (Barcelona) produciéndose su venta 22 meses después, una vez aprobada la modificación del Plan de Urbanismo en la que se contemplaba un considerable aumento del techo de edificabilidad, con la consiguiente revalorización de las fincas (…) Se aumentó la densidad de edificabilidad, pasando de poder construirse 12 viviendas unifamiliares a permitirse la construcción de 83 viviendas en bloques plurifamiliares de planta baja más tres pisos de altura.

(FUENTE:Periodista Digital)

El caso ‘Gürtel’, El Ejido, Santa Coloma… La corrupción se extiende por toda España

“Corrupción, la palabra de moda en España”. Así tituló recientemente la BBC un artículo sobre el alud de escándalos que se ha precipitado sobre todo el país, atravesando a los principales partidos políticos, administraciones públicas e importantes empresas privadas. Las detenciones ayer de un alcalde socialista y de dos ex altos cargos de Jordi Pujol vienen a sumarse a una lista casi inabarcable de casos (Gürtel, Palau, El Ejido, Costa del Sol, Mercasevilla, Ciempozuelos…) que se han apoderado de la agenda política, y deteriorado la calidad del sistema democrático. Desde Cataluña a Andalucía, pasando por Madrid, Valencia, Aragón o Castilla-León, los escándalos se reproducen salpicando a gobiernos autonómicos, municipales e, incluso, al Ejecutivo nacional. La corrupción tampoco entiende de siglas: PSOE, PP, CiU, PAR, Unió Mallorquina, PAL… Se encuentra más presente que nunca en los medios de comunicación y ocupa buena parte del debate político, pero, según los datos del CIS, apenas inquieta a la ciudadanía. El barómetro del pasado mes de septiembre recoge que sólo el 1,4% de los encuestados señaló la corrupción y el fraude como uno de sus principales problemas. El paro (76,4%) y la economía (48,4%) son con diferencia las cuestiones que más preocupan a los españoles, pero cabe destacar la percepción de la clase política como problema. Los escándalos parecen haber erosionado la imagen del Gobierno, de los partidos y de los políticos en general, que preocupan al 16,5% de los españoles. Se trata de un porcentaje considerable, ya que casi alcanza al terrorismo, señalado por un 18,3%. La opacidad de los partidos políticos Una creciente desconfianza hacia el Estado de Derecho a la que contribuyeron ayer los principales grupos parlamentarios en el Congreso con un duro cruce de acusaciones. Los portavoces de PSOE, PP, CiU y PNV pusieron en marcha el ventilador y se reprocharon mutuamente su responsabilidad en los principales casos de corrupción. Pese a que la Cámara aprobó una iniciativa de PSOE y ERC para endurecer las penas en este tipo de delitos, el debate parlamentario derivó en una discusión poco ejemplarizante. El republicano Joan Ridao aprovechó para atizar a CiU con motivo del caso Millet y la detención de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta; los socialistas arremetieron contra el PP, y los populares acusaron al Gobierno de convertir a la Fiscalía en un “apéndice servil”. Por su parte, Jordi Xuclá, recordó las generosas condonaciones de deudas que ha recibido el PSC. Precisamente, uno de las principales deficiencias que presenta España es la opacidad de los partidos, según ha denunciado el Consejo de Europa. El órgano encargado de su control, el Tribunal de Cuentas, se ha mostrado incapaz de profundizar en los números que presentan las formaciones políticas, y su régimen sancionador sólo le permite imponer benévolas multas. El estallido de la burbuja inmobiliaria ha facilitado también el afloramiento de una economía irregular ligada a la construcción. Una situación sobre la que numerosos expertos y organismos internacionales alertaron durante el boom del ladrillo, pero que nadie remedió a tiempo. La corrupción en este sector ha infectado el tejido político, social y económico desde la Moncloa, donde Angélica Rubio presionó para que se favoreciera a determinados constructores, hasta los ayuntamientos más pequeños, como Villanueva del Pardillo (Madrid). En toda España, 18 alcaldes han sido detenidos por corrupción urbanística desde que se inició la Operación Malaya en abril de 2006. Los empresarios, también bajo sospecha Un buen ejemplo es el caso de Santa Coloma de Gramenet, cuyo alcalde, el socialista Bartomeu Muñoz, fue detenido ayer por orden de . El juez le imputa los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho. Sin embargo, no resulta una sorpresa para aquellos que conocieran el informe de 2009 de Transparencia Internacional sobre los ayuntamientos españoles. En la clasificación de 150 consistorios, y con una puntuación de 0 a 100, Santa Coloma obtiene un concluyente 0 en “transparencia en las contrataciones de servicios”. No obstante, y como prueba de la dificultad para cazar a los corruptos, el citado informe otorga una buena nota al Ayuntamiento de Santa Coloma en “transparencia en materia de urbanismo y obras públicas” y en “transparencia económico-financiera”. Así, es habitual que la Justicia actúe cuando el delito se lleva cometiendo durante años, lo que demuestra la ineficacia de los sistemas de alerta de los que debe dotarse una sociedad democrática. Fuentes del Poder Judicial indicaron que la Administración de Justicia debe ser el último recurso, donde se reparten las responsabilidades, pero no el único remedio contra la corrupción. Además, recordaron que la investigación de una trama puede durar meses a partir del momento en que se detecta alguna irregularidad. Por otra parte, la combinación de crisis económica y corrupción también ha pasado factura a la imagen de los empresarios. De acuerdo con el barómetro de Transparencia Internacional, hecho público en junio, el 29% de los españoles considera que la corrupción es mayor en la esfera de la empresa privada, frente al 27% que opina que afecta más a los partidos políticos. En todo caso, se trata de una escasa diferencia en un país abrumado por las profundas raíces de este pillaje.

  (FUENTE:Alberto Mendoza).

 

La mano negra boliviana

El caso de los presuntos terroristas ejecutados en Santa Cruz se enreda sin salida pólitica y judicial 

 Los familiares piden una investigación internacional

  Hace seis meses un operativo policial acabó con la vida de tres europeos en un hotel de la localidad boliviana de Santa Cruz. Desde entonces, los escollos políticos y judiciales están complicando las investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, que no ha constatado la existencia de una conspiración para asesinar al presidente, Evo Morales, ni tampoco movimientos secesionistas regionales que motivaran la acción policial. El pasado 16 de abril, el Gobierno boliviano denunció la presencia de terroristas para acabar con la vida de Morales; el vicepresidente, Álvaro García Linera, y el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, horas después de que una unidad de élite de la policía confirmara la muerte de tres europeos y la detención de dos personas tras un supuesto enfrentamiento armado en una habitación del hotel Las Américas. La incursión policial acabó con la vida del boliviano-húngaro Eduardo Rozsa Flores, de 49 años; el irlandés Michael Dwyer, de 24, y el rumano Arpad Magiarosi, de 28, y permitió la detención del húngaro Elod Toazso y del boliviano-croata Mario Tadic, encerrados aún en una hacinada cárcel de La Paz a la espera de un juicio, probablemente bajo cargos de alzamiento armado. Los abogados de los familiares presionan a sus Gobiernos para que lleven el caso ante un tribunal internacional. Otros tres bolivianos fueron detenidos bajo sospecha de complicidad. Uno de ellos, Ignacio Villa Vargas, un testigo clave en la investigación, se fugó tras implicar a líderes regionales y a empresarios de Santa Cruz en el supuesto complot separatista, aunque, antes de desaparecer, aseguró públicamente que fue presionado por la fiscalía para involucrarlos. Para entonces, las autoridades gubernamentales señalaron que la misión del grupo liderado por Rozsa era respaldar la secesión de Santa Cruz si no se lograba poner en marcha el proceso de autonomía, al que se oponía el Gobierno de Morales. El informe policial sobre la operación ejecutada en el hotel constataba la muerte instantánea de los tres europeos, sospechosos también de ser autores de un atentado contra la vivienda del cardenal Julio Terrazas. Sin embargo, los informes del forense y de los peritos y las fotografías de los cuerpos sobre charcos de sangre mostraron otra realidad: la policía los pilló literalmente en calzoncillos y los abatió a tiros. Los diputados de la oposición, que integran un grupo de investigación de la Cámara Baja, adelantaron a los medios que no hubo tal enfrentamiento y que los disparos que impactaron en los cuerpos se dieron de arriba hacia abajo. El diputado Pablo Banegas señaló que daba la sensación de que fueron ejecutados, ya que no hubo fuego cruzado, y uno de los cuerpos tenía heridas de bala por la espalda. Sin embargo, esta teoría fue rechazada por las autoridades bolivianas. “En realidad, los dejaron morir desangrados”, afirmó el ex presidente del Tribunal Constitucional, Wilman Durán, durante una entrevista telefónica con EL PAÍS. El ex magistrado lamentó que la policía boliviana haya quebrantado “los protocolos elementales que tiene todo cuerpo policial en el mundo” al no prestar auxilio a los heridos. El hospital San Juan de Dios se encuentra a 200 metros del hotel. La gravedad que mostraban los informes forenses quedó minimizada ante la ofensiva desplegada desde La Paz para que la investigación y el proceso judicial se cumplieran en la sede de Gobierno y no en la ciudad de Santa Cruz, escenario de los hechos. La investigación fiscal se enfocó en buscar nexos entre Rozsa y los líderes regionales del oriente boliviano, muchos de los cuales se negaron a declarar en la sede de Gobierno y se enfrascaron en una batalla legal a fin de que el proceso se dirima en Santa Cruz. El forcejeo originó un conflicto entre jueces de ambos distritos que llegó a la Corte Suprema. El fallo supuso un mal trago para el Gobierno y anuncios de juicios a los magistrados bajo cargos de prevaricación. Los parlamentarios opositores a Evo se quejaron de que la comisión de la Cámara de Diputados no haya terminado de redactar los resultados de sus pesquisas, debido al retraso del Ministerio Público en hacerles llegar copias de los documentos archivados en los ordenadores incautados en el hotel de Santa Cruz. Una tercera vía de investigación, abierta por el presentador de televisión Carlos Valverde, logró perforar el hermetismo de la fiscalía de La Paz sobre el ordenador de Rozsa. El disco duro albergaba las respuestas a preguntas candentes, como la identificación de las personas que le invitaron a Bolivia, la misión que debía cumplir y las fuentes de financiación, entre otros asuntos. Es precisamente de estos archivos de donde emerge la sospecha de que, a diferencia de la versión oficial, fueron hombres allegados al Gobierno boliviano los que contactaron con Rozsa, a quien la Embajada de Venezuela supuestamente pagó cinco pasajes bajo una de las identidades que utilizó en este país, según los documentos exhibidos por Valverde. Carlos Valverde, uno de los presentadores bolivianos con mayor audiencia, hizo una relación de la correspondencia que, por correo electrónico, mantuvo Rozsa con sus contactos (cambas, como se llama a los oriundos de Santa Cruz) y, presuntamente, con funcionarios gubernamentales. El vicepresidente Álvaro García Linera calificó de “burlesco, grotesco” y de “información falseada” la señalada por Valverde, quien dio a conocer el contenido de un par de estos correos electrónicos que datan de noviembre de 2008: uno de Rozsa al “camarada Linera” y el segundo, una respuesta firmada por “Álvaro”. La fiscalía de La Paz descalificó por falsas unas fotografías publicadas por la prensa local que retratan al ex comandante Walter Andrade, de la Unidad Táctica de Resolución de Crisis (UTARC), junto a Rozsa, un héroe de la guerra en Croacia, durante una comida en una casa en Santa Cruz. La policía dijo que Andrade estaba infiltrado en el grupo de presuntos mercenarios, cuya presencia fue detectada por los servicios de información del Estado boliviano en febrero, según fuentes oficiales. Tras seis meses de indagaciones, filtración de informaciones y una batalla legal entre jueces de La Paz y Santa Cruz por controlar el proceso, lo que queda claro es que Rozsa se presentó en Santa Cruz como periodista y entrevistó para medios húngaros a numerosas autoridades civiles, militares, empresarios e industriales. “Rozsa intentó, con cantos de sirena, enamorar a los cruceños para que se defiendan”, señaló el ex magistrado Durán, e hizo notar que esos cantos llegaban cuando el departamento de Santa Cruz estaba cercado por los movimientos sociales del altiplano que rechazaban las corrientes autonómicas de la región, aunque ahora son los nuevos abanderados autonómicos. De haber tenido éxito, el separatismo del que se acusa a Santa Cruz estaba condenado a “ser aplastado una y otra vez hasta que nadie levante cabeza”, como advirtió el vicepresidente García Linera con énfasis en un discurso a la nación. Santa Cruz, el primer departamento en importancia económica; Tarija, el mayor productor de hidrocarburos, y Beni y Chuquisaca mantienen el proceso autonómico pese a que han visto sustancialmente reducidos sus ingresos provenientes del impuesto a los hidrocarburos y a las transferencias hechas por el Gobierno a las alcaldías. Así se ha neutralizado el enorme poder económico que iban a tener las prefecturas con la consiguiente proyección política de sus gobernadores -opositores al Gobierno- y de los líderes regionales que estaban desplazando a las figuras de los partidos políticos, en profunda crisis y grave descomposición. Escarmentados por discrepar La cultura de vida y paz que el Gobierno de Morales ha proclamado en tres años de gestión refleja más bien escalofriantes actos de intimidación desde los denominados movimientos sociales contra quienes discrepan con la visión, la posición y la opinión oficial. En noviembre de 2007, miembros de milicias campesinas de los “ponchos rojos” mostraron ante las cámaras el horror del degüello de dos perros vivos colgados de un travesaño. Querían mostrar lo que iba a pasar con los líderes regionales si persistían en llevar adelante el proceso autonómico en oriente. Este año, el líder indígena movima Marcial Fabricano, que encabezó la marcha por una nueva Constitución incluyente en 1992, recibió una brutal paliza de parte de seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS). Poco después, declararon públicamente que estaban aplicando la justicia comunitaria para castigar la campaña que el líder indígena hizo en rechazo a la nueva Constitución y en apoyo al proceso autonómico de Beni. El ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas fue sancionado por el mismo motivo. Confiscaron su casa y una turba golpeó a su esposa y a sus hijos tras expulsarlos violentamente de su vivienda, destinada ahora a la tercera edad. La esposa del ex director de la Aduana César López fue atacada y golpeada por desconocidos en su casa. López denunció ante el Parlamento supuestos vínculos de protección desde el Ministerio de la Presidencia a una columna de 33 camiones con mercancía presuntamente de contrabando. El informe final aprobado por la mayoría oficialista del MAS en la Cámara de Diputados recomendó un proceso en contra del denunciante por omisión de deberes. ( Fuente: Mabel Azcui).