Las historias jamás contadas de los principales implicados en la ‘Operación Pretoria’

noviembre 7, 2009

Luis Prenafeta

  A mediados de los años 90, con los potenciales mercados de Rusia en plena apertura, muchos emprendedores occidentales pusieron sus ojos en la economía que la perestroika había liberalizado. Uno de ellos fue Lluís Prenafeta, que a principios de 1990 había sido forzado a abandonar su cargo de secretario de Presidencia de la Generalitat, es decir, mano derecha del mismísimo Jordi Pujol. Prenafeta es un tipo bajito, amable e inteligente. Pocas cosas se escapan a sus ojos de lince. Y en el mercado ruso atisbó grandes posibilidades de crecimiento. Fue así cómo creó algunas sociedades para negociar con la economía ya ex soviética. En Moscú, se encontró con la peor de las trabas que cualquier emprendedor puede hallar en su camino: la burocracia y los intermediarios, en una Administración opaca y correosa. Prenafeta, sin embargo, buscó contactos y padrinos y pagó un dineral para conseguir que un permiso del Ministro de Energías le diese carta blanca para poder exportar petróleo hacia Occidente. Los trámites fueron largos y pesados, pero al fin llegó el tan ansiado fax: la hoja del boletín oficial del Estado en el que el ministro de turno le concedía el permiso. Los días fueron pasando y los intermediarios rusos, que habían de notificarle la puesta en marcha de toda la operativa no dieron más señales de vida. Ni corto ni perezoso, Prenafeta tomó un avión y se presentó en Moscú. Pudo obtener una entrevista con un cargo del Ministerio de Energías y se presentó ufano con el fax que contenía la resolución ministerial a su favor. Su sorpresa fue mayúscula cuando el funcionario de turno miró, incrédulo, la hoja. Todo era una burda falsificación. Le habían tomado el pelo. Los intermediarios eran auténticos zuliks (pillos, granujas), que en cuanto tuvieron la mordida en sus bolsillos desaparecieron. En San Petersburgo volvió a encontrarse con problemas. Para penetrar en este mercado, creó la sociedad Juspi, con la intención de vender allí productos de alimentación, bebidas y tabaco y de comprar petróleo para traer a España. Otra de sus metas era crear una lotería regional, un campo que entonces no estaba regulado y donde no había apenas competencia. En la aventura se embarcaron también el dueño de Chupa-Chups, Enric Bernat, y Artur Suqué, propietario de los tres casinos de Cataluña. Las trabas burocráticas y las potentes mafias de la ciudad donde había gobernado Vladimir Putin impidieroon también que este barco llegara a buen puerto y la empresa no pudo realizar ni siquiera la primera operación, por lo que a mediados de la década de los 90 los socios abandonaron la aventura. Estos dos tropiezos causaron un quebranto en la economía de Lluís Prenafeta. No perdió la camisa de milagro. A pesar de que cuando salió de la Administración fue nombrado consejero de Petrocat, la Campsa catalana, y presidente de Túnel del Cadí, y aunque tenía una pequeña participación en el grupo peletero Tipel, propiedad de su primo Isidor Prenafeta, Lluís llegó a hipotecar su vivienda y cuatro aparcamientos para obtener liquidez. La Caixa le dejó 47 millones de las antiguas pesetas en enero de 1994. Menos de dos meses después, Banca Catalana le dejó 36 millones a cambio de otra hipoteca sobre los mismos bienes. De repente, se convirtió en uno de los hombres más buscados de la capital catalana: sus acreedores husmeaban entre las mesas de Vía Véneto o de Ca l’Isidre por si le podían encontrar para reclamarle dinero. Nunca se negó a pagar, pero el horno no estaba para bollos. Durante años, fue trampeando la situación para eludir la ruina, hasta que a principios de esta década comenzó de nuevo a despuntar en los negocios. Intermediario todoterreno Macià Alavedra no jugó tan descaradamente con los negocios. Apodado en los ambientes financieros El Gordo, cuando era consejero de Industria en el gobierno de Jordi Pujol también consaba como administrador de la empresa Metrelec, la única que tenía los contadores de luz homologados pro el Gobierno. Un informe confidencial realizado desde dentro de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) destacaba este hecho. En 1987, dimitió de su cargo en la empresa aduciendo que había sido nombrado conseller, según el documento notarial. Era cierto, pero su nombramiento se había producido… cinco años antes. Alavedra, consejero de Economía desde finales de los 80 hasta 1997, fue el pararrayos de Jordi Pujol. Sobre él recayó la responsabilidad de aguantar las embestidar de Javier de la Rosa, que, cuando estaba contra las cuerdas, llamaba varias veces al día a la Generalitat. “Yo no puedo hablar con él. Encárgate tú del asunto”, le encargó Jordi Pujol a Alavedra. Y el sufrido consejero de Economía fue el interlocutor del irascible financiero durante el largo proceso judicial que vivió a consecuencia de sus fechorías. Las actuaciones del entonces juez Luis Pascual Estevill le pusieron también en un brete. Tuvo que intermediar ante él como consecuencia de la encarcelación de directivos del grupo del Banco Central, que presidía Alfonso Escámez, y bajo la amenaza de encarcelar al mismísimo banquero. Alavedra se fue a tomar café al Ritz con Escámez y el presidente de Fecsa, Luis Magaña. Desde allí, llamó a Estevill, que se pasó por el lugar. Era el 14 de diciembre de 1992. El 8 de noviembre del año siguiente, Alavedra citó en su casa para cenar al presidente del BC, José María Amusátegui, a Magaña y al abogado Juan Piqué Vidal, compañero de tropelías de Estevill. El juez también fue invitado y algunos directivos del Banco Vitalicio y de Seguros La Estrella, BCH, fueron liberados poco después. En el ínterin, tuvo que sudar mucho para evitar que un grandioso escándalo aflorase: se trataba de un grupo financiero, con sede en la Rambla de Catalunya de Barcelona, cerca de la consejería de Economía, donde una cincuentena de empresas habían sido denunciadas por un monumental fraude. Se trataba de Grup de Consellers Financers. La persona situada el frente del conglomerado, pasaba más tiempo en la sede de Economía que en la propia oficina de GCF, aunque al final se cerró en falso el asunto y un ex alto directivo del grupo dejó de enviar documentos a los juzgados. El problema radicaba en que casi todo el elenco de cargos de GCF eran destacados militantes de CDC y uno de ellos había sido también consejero. Alavedra, además de consejero de Economía, hizo de bombero en este tema. Cuando dejó la consejería, Alavedra se dedicó a cobrar de algunos cargos institucionales y de las intermediaciones que hacía en algunos asuntos. A principios de verano de 1999, por ejemplo, Macià organizó una comida con Jaume Caruana, entonces jede de Inspección del Banco de España. El tercero en la mesa era Eduardo Pascual, dueño de Eurobank. Las mutuas que dependían de Eurobank estaban entonces bajo la lupa de las autoridades monetarias porque había denuncias y sospechas de que habían realizado operaciones ficticias para simular beneficios. Alavedra acudió a la cumbre con Caruana como asesor de Eurobank, una de las compañías que él había tenido bajo su responsabilidad hasta dos años antes, cuando era consejero de Economía. Su patrimonio, sin embargo, era sólido. Su esposa, Doris Malfeito, no sólo vendía cuadros a importantes empresas, sino que formaba parte, desde 1992, de una compañía con intereses inmobiliarios en la Costa Brava. Y él habia entrado a formar parte de importante compañías desde que abandonó la consejería en 1997. el despegue le vino a comienzos de esta década. Sus relaciones con Lluís Prenafeta le llevaron a formar parte de la Fundaciò Catalunya Oberta, el think tank de Convergència, un verdadero laboratorio de ideas, donde dieron cabida a los mejores y mayores soportes de la formación nacionalista, desde ex consejeros de Pujol, como Joan Guitart, Joan Vallvé o Andreu Mas-Colell, hasta destacados militantes alineados con el llamado sector soberanista, como Xavier Sala i Martin (el preferido de Joan Laporta para sustituirle como presidente del FC Barcelona), Joan Oliver (director general del Barça), Vicent Sanchís (director de Barça TV), Vicenç Villatoro, Arcadi Calzada, hasta hace poco presidente de Caixa Girona, Daniel Clivillé, Joaquim Maluquer o Francesc Puigpelat. Todo un elenco de convergentes de pro. Un avispado socialista Otra cosa es Luis García Sáez, más conocido como Luigi. A finales de los 80, cuando era un triste diputado en el Parlamento de Cataluña, creó una empresa con Xavier Guitart, compañero de escaño: el Centre d’Estudis y Assessorament. Poco duró la unión, por el 1991 fue liquidada. Pero para entonces, ya eran conocidos sus trapicheos desde una oficina que habían alquilado en pleno Paseo de Gracia de Barcelona, cerca de la Diagonal y al lado del restaurante La Puñalada, donde iba a comer entonces la crême de la crême. Eran los tiempos en que el nombre de Juan Guerra estaba en boca de todos y las maledicencias pretendían establecer paralelismos entre los modos de actuar del hermanísimo y los nuevos modales que algunos avispados intermediarios comenzaban a imponer. Luigi se aficionó pronto a los negocios. Trabó amistad con algunos empresarios que se movían como pez en el agua en el sector inmobiliario y utilizó sus relaciones para que a estos empresarios, escorados hacia Convergència, tuviesen entrada en las administraciones que gobernaban los socialistas. Fue durante años integrante de consejos donde figuraron, entre otros, Lluís Renau, ex director general de Seguridad Ciudadana con Pujol, o Carles Sumarroca, amigo personal de Pujol (sus esposas eran socias en una empresa de floristería) y fundador de Convergència. A finales de los 90, tras haber abierto muchas puertas, decidió volar solo, pero se estrelló: su grupo, AGT, donde había integrado a prohombres convergentes, fue denunciado, dejó un reguero de deudas y acabó suspendiendo pagos a principios de esta década. unas deudas de 4.000 millones de las antiguas pesetas (24 millones de euros). A partir de entonces, creó un pequeño holding que le permitió reflotar su situación económica. Eso sí, con la inestimable ayuda de algunos compañeros de aventuras como Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Y lo que es más importante: sus baladronadas sobre los contactos de alto nivel para conseguir lo que quisiera parece que tenían algún fundamento, al menos en las administraciones municipales. Garzón le ha cortado las alas, pero la aventura sigue…

(FUENTE:Antonio Fernández)
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El Gobierno de Pujol sabía que Millet desviaba fondos

octubre 24, 2009

Felix_Millet

La Generalitat desoyó una auditoría de 2003 que advertía de la salida del Consorcio del Palau de 539.424 euros

La trama del desvío de fondos del Palau de la Música no se ciñe a las aportaciones de empresas privadas a su fundación.También se usó dinero público, y el Gobierno catalán, entonces presidido por Jordi Pujol, lo sabía ya en junio de 2003. Ese año, la auditoría oficial advirtió de irregularidades “relevantes” en el Consorcio del Palau de la Música, integrado por las administraciones públicas y dirigido por Fèlix Millet.

La trama del desvío de fondos del Palau de la Música no se ciñe a las aportaciones de empresas privadas a su fundación. También se usó dinero público, y el Gobierno catalán, entonces presidido por Jordi Pujol, lo sabía ya en junio de 2003. Ese año, la auditoría oficial de la Intervención General del Departamento de Economía y Finanzas advirtió de irregularidades “relevantes” en el Consorcio del Palau de la Música, integrado por las administraciones públicas y dirigido por Fèlix Millet. La auditoría indica que en 2001 y 2002 salieron de esta entidad 539.424 euros en concepto de “colaboraciones” con la Asociación Orfeó Català, también presidida por Millet y que la investigación apunta como el agujero negro desde donde se desviaban fondos.

El Palau de la Música Catalana, propiedad de la Asociación Orfeó Català, se nutría a través de dos instituciones. El consorcio, que canalizaba los fondos públicos, y la fundación, con aportaciones privadas. Hasta ahora, todo apuntaba a que el consorcio quedó al margen de la trama de desvío de fondos. Sin embargo, la auditoría de la Generalitat indica todo lo contrario. Además de dar 17 recomendaciones para subsanar las anomalías en la gestión del Palau, los interventores explicitaron que Millet modificaba el presupuesto a su antojo sin la autorización de los órganos competentes. La Generalitat lo desoyó.

Precisamente, el 8 de marzo de 2002 la Generalitat otorgó a Millet y a su mano derecha y también imputado por el juez, Jordi Montull, los poderes necesarios para tener firma, lo cual les permitió maniobrar en el consorcio, de acuerdo con una carta que el Ejecutivo catalán dirigió a Millet.La auditoría indica desviaciones de dinero del Consorcio hacia la Asociación Orfeó Català, al margen de las aportaciones mensuales de 5.259 euros fijadas por convenio. En total, entre 2001 y 2002 salieron hacia el Orfeó 539.424 euros.

El Palau de la Música justificó esa inyección de dinero como “una cuantía variable por colaboraciones”. La advertencia era ya suficiente para alertar al Departamento de Economía y Hacienda, encabezado por el convergente Francesc Homs, que tenía encima de la mesa otro informe de la Sindicatura de Cuentas en el que advertía de que los pagos del consorcio a la asociación en concepto de “colaboraciones” eran prácticas irregulares.

Sin embargo, el empleo irregular del dinero público no terminó ahí. El interventor de la Generalitat constató que los contratos de Millet y Montull eran “verbales”. Millet se embolsó 107.294,84 euros en 2002, lo que representa más de un 7% de las subvenciones que la entidad recibió ese año. Esa cantidad era independiente de la remuneración que se asignó en la fundación, que el año pasado fue de 1,6 millones, pero también de los 29.085 euros que Millet se gastó en comidas sin precisar el motivo del ágape ni el número de comensales.

La intervención del Ejecutivo catalán también advirtió de que no se realizaron “los arqueos de caja”, es decir, las comprobaciones necesarias para constatar que los saldos registrados son correctos. Sí halló, en cambio, un depósito de 63.427 euros correspondientes a una imposición a corto plazo que se venía renovando desde 1995 y que contaba en la tesorería del consorcio, cuando en realidad debía considerarse una inversión.

El informe sobre las cuentas del consorcio, que recogen numerosos errores contables y de facturación, también se detuvo en la propiedad del Palau de la Música, que era titularidad de la Asociación Orfeó Català. El interventor opinó que debería ser el consorcio el que contara con este inmueble modernista. Los estatutos de la entidad que reúne a las administraciones públicas fija que ésta debe encargarse de la explotación y la gestión del Palau de la Música, lo cual, a juicio del interventor público, incluye “el edificio, las obras de la primera ampliación y las de la segunda”. Lejos de seguir esta recomendación, Millet trató de traspasar el inmueble de la asociación a la fundación Orfeó Català, según consta en el sumario del juez.

Por otra parte, ayer la fiscalía elevó a 20 millones de euros la desviación de fondos cometida por Millet en el Palau de la Música. El fiscal, además, recordó que siguen “aflorando más depreciaciones”, como las bodas de sus hijas, que corrieron a cargo del Palau.

( FUENTE: LLUÍS PELLICER ).·.

Pujol favoreció a 28 empresas que financiaron su partido

octubre 23, 2009

 

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Dos firmas dieron 138.000 euros y se les prorrogaron concesiones

 

La controvertida fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), se demostró en los últimos años del pujolismo como una de las vías más rápidas para conseguir tratos favorables del Gobierno catalán. El 80% de las empresas que aportaron dinero a esta fundación obtuvieron a corto plazo jugosos contratos de la Administración autonómica, concesiones administrativas o recalificaciones de terrenos para desempeñar sus proyectos de futuro. Así lo demuestran las cifras que la misma fundación depositó en el registro de fundaciones de la Generalitat. Entre 2002 y 2005, 34 empresas aportaron dinero a la fundación Trias Fargas. De estas, 28 se vieron beneficiadas por decisiones del Gobierno catalán entre 2002 y 2003, los últimos con Jordi Pujol al frente de la Generalitat y Artur Mas de conseller en cap.

Sin ninguno de estos datos ni pruebas, el ex presidente de la Generalitat Pasqual Maragall ya acusó a CDC de financiarse ilegalmente a través de comisiones sobre obra pública y empresas de servicios. Fue el caso del 3%, que finalmente los partidos catalanes decidieron enterrar. Mas negó entonces solemnemente que su partido hubiera obtenido ingresos a cambio de favores a empresas.

Pero la documentación del propio partido crea sombras de duda sobre si los donativos de las empresas a la fundación del partido eran totalmente altruistas. La mayor parte de estos donativos procedían de constructoras de obra pública, de laboratorios farmacéuticos proveedores del departamento de Salud o de compañías que prestaban servicios a la Generalitat.

– Concesiones prorrogadas. En septiembre de 2003, tres meses antes de salir de la Generalitat, el Gobierno de CiU firmó una resolución urgente por la que ampliaba por otros ocho años -hasta 2014- las concesiones que vencían en 2006 a las dos empresas que gestionaban la Inspección Técnica de Vehículos. Las dos empresas eran Applus, entonces del grupo Agbar, y RVSA. Ese año, Agbar dio 90.000 euros y RVSA otros 48.000 a la fundación de CDC. No repitieron las donaciones en años posteriores.

– Ampliación de Baqueira. La polémica ampliación de las pistas de esquí de Baqueira Beret, entonces propiedad de Catalana Occidente, vio finalmente luz verde en 2002 tras años de oposición ecologista y de la propia Generalitat. En mayo de 2002, el Gobierno de Jordi Pujol cambió de opinión y autorizó la construcción de 17 pistas en parajes casi vírgenes del Pallars Sobirà. Las obras empezaron en 2003. Catalana Occidente aportó aquel año 60.000 euros a la fundación de CDC y otros 60.000 en 2004.

– Compra de vehículos. Las empresas Motorsol y Autolica, dedicadas a la venta de coches, obtuvieron en 2002 un contrato por valor de dos millones de euros, a repartir entre sus sociedades, para suministrar de vehículos a los Mossos d’Esquadra. Motorsol y Autolica aportaron 5.000 euros cada una a la fundación Trias Fargas aquel año, pero no volvieron a registrarse nuevas donaciones en años posteriores.

 ( FUENTE: MIQUEL NOGUER /LLUÍS PELLICER ).·.