Los Albertos conocerán hoy la sentencia del caso de la carta falsa utilizada en Urbanor

octubre 23, 2009

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La Audiencia Provincial de Madrid hará pública hoy la sentencia por el ‘caso de la carta falsa’ contra Alberto Cortina, Alberto Alcocer, sus dos abogados, y otros tres acusados por la presunta falsificación de una misiva con la que trataron de conseguir la revisión de la condena dictada en marzo de 2003 por el Tribunal Supremo contra ‘los Albertos’ por el ‘caso Urbanor’, según confirmaron fuentes jurídicas a Europa Press. ‘Los Albertos’, sus abogados, Ramón Hermosilla e Ignacio Peláez, la documentalista Gloria Álvarez y los hermanos José María y Francisco Javier Arnáiz del Barco se enfrentan a penas de entre dos y ocho años de cárcel como presuntos autores o cooperadores de delitos de falsedad en documento privado (artículo 395 del Código Penal), denuncia falsa (artículo 456 del CP) y estafa procesal (artículos 248 y 250 del CP). Sea cual sea el veredicto final, tanto los abogados de las defensas como de las acusaciones particulares se preparan ya para presentar sus respectivos recursos de casación ante el Tribunal Supremo, lo que alargará varios años más la sentencia final, según fuentes jurídicas cercanas al caso consultadas por Europa Press. Todos ellos están acusados de “realizar un concierto, con el correspondiente reparto de papeles” para confeccionar un documento falso con el que se trató de demostrar ante la Justicia que los socios minoritarios de Urbanor, Julio San Martín y Pedro Sentieri, lo ocultaron al tribunal que juzgó el caso la existencia de dos precios, según concluyó el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez Pérez, en su auto de petición de apertura de juicio del 16 de mayo de 2008. El Tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid deberá dirimir si absuelve o no a ‘los Albertos’ por prescripción del delito y existencia de vulneración de los derechos fundamentales, de presunción de inocencia y de la legalidad penal, tal y como solicitaron sus abogados en las cuestiones previas al juicio. Las defensas alegaron que no existe estafa procesal, delito de mayor gravedad de los tres que se les imputan, porque el auto de apertura de juicio por la carta falsa fue anterior a la sentencia absolutoria dictada por el Supremo el 25 de junio de 2008, que acogió la doctrina de prescripción del delito adoptada por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 20 de febrero de 2008. Esta sentencia anuló la condena a tres años y cuatro meses de cárcel dictada en marzo de 2003 por el Supremo contra los empresarios por estafar a sus socios en Urbanor durante el proceso de venta de los terrenos de Plaza Castilla donde se sitúan las torres KIO. El fiscal no acusa a Los Albertos y los abogados El Ministerio Fiscal no acusa a ‘los Albertos’ ni a sus abogados al considerar que todos ellos fueron “víctimas de un engaño” por parte de los otros tres acusados contra los que pide penas de dos años y cinco meses de prisión. La Fiscalía mantiene que fueron ellos quienes urdieron el plan para engañar a los empresarios y sus representantes legales con la finalidad de obtener un beneficio económico por la carta. La acusación particular ejercida por el arquitecto Pedro Sentieri y sus socios valencianos Luis García Alarcón y Francisco Castelló, solicita una condena de cuatro años y once meses de cárcel para Cortina y Alcocer, cuatro años y siete meses para Hermosilla, Álvarez y los hermanos Arnáiz y tres años para Peláez. Por su parte, el constructor Julio San Martín no ha formulado acusación contra Hermosilla y Peláez pero pide penas de ocho años y cuatro meses de prisión para ‘los Albertos’, los hermanos Arnáiz y Álvarez. El tribunal, presidido por Ángela Acevedo Frías y formado por las magistradas María Teresa García Quesada y Ana Mercedes Del Molino Romera, dejó la causa vista para sentencia el pasado 23 de septiembre tras seis días de una vista oral. El juicio estuvo marcado por la presencia de testigos de excepción como el presidente del Real Madrid y ACS, Florentino Pérez, o el decano del colegio de abogados de Madrid y consejero independiente de Repsol y Barclays, Antonio Hernández-Gil. Antecedentes La carta, con fecha de 2 de octubre de 2000, estaba firmada por Sentieri y dirigida a San Martín. En ella, el arquitecto le daba instrucciones a San Martín para que ocultara al tribunal que iba a juzgar el ‘caso Urbanor’, un mes después, que conocía la existencia de precios diferentes en la venta de los terrenos de Urbanor a la sociedad kuwaití KIO. Según el relato de los hechos, Álvarez se puso en contacto con los abogados de ‘los Albertos’ en 2001 para ofrecerles documentos que podían eximirles del proceso penal de Urbanor, sin obtener resultado. En 2003, dos días después de la condena del Supremo, los hermanos Arnáiz volvieron a ofrecer estas pruebas a los abogados. El 27 de marzo de 2004, asesorados por Hermosilla, ‘los Albertos’ y los Arnáiz suscribieron un contrato ante notario en el que los empresarios se comprometían a pagarles 4,5 millones de euros, correspondientes al 20% de la indemnización, en caso de absolución. El 9 de abril de 2003, Álvarez presenta denuncia ante la Fiscalía General del Estado para pedir que se investigue la aparición de la carta en su buzón de forma anónima, de aquí partió una investigación penal, que en enero de 2004 fue asumida por Peláez, quien a su vez presentó el recurso de revisión ante el Supremo.( Fuente: El Mundo ).·.

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Los caraduras de “Los Albertos” piden 4,6 millones al Estado

octubre 21, 2009

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Reclaman una indemnización por el caso Urbanor

El Supremo les condenó por estafa y el TC les liberó por prescripción

Tendrían que estar entre rejas por estafa pero gracias a una Justicia indigna de tal nombre se fueron de rositas y ahora reclaman 4,6 millones de euros. Esta es la cantidad que Alberto Cortina y Alberto Alcocer reclaman al Estado por los “daños injustos” que afirman haber sufrido por el caso Urbanor.

¡Menudo par de caraduras! Absueltos gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional que estimó prescritos los delitos, pero que no cuestionó que los Albertos cometieran una estafa, ambos empresarios pretenden -según informa El Mundo- ahora que el Estado les indemnice invocando perjuicios económicos y morales de un supuesto funcionamiento anormal de la Justicia.

EL DATO

Los Albertos presentaron el pasado 25 de junio una demanda de responsabilidad patrimonial del Estado que cuantifica en 2.272.639 euros la indemnización correspondiente a Alcocer y 2.374.285 euros la de Cortina.

CONDENADOS

  • Los dos empresarios fueron condenados el 14 de marzo de 2003 por la Sala Penal del Tribunal Supremo a tres años y cuatro meses de cárcel por haber estafado a los socios minoritarios de Urbanor, propietaria del solar en la madrileña plaza Castilla donde después se construyeron las torres de KIO.
  • El Supremo declaró probado que los Albertos engañaron a los constructores San Martín y al grupo valenciano Astor para que vendieran sus participaciones en Urbanor a un precio inferior al pactado con los representantes de KIO en Londres. La diferencia la destinaron a la operación Cartera Central.

DELITO PRESCRITO

  • El 20 de febrero de 2008, el Tribunal Constitucional modificó su doctrina sobre la prescripción de delitos y anuló la sentencia del Supremo. El Constitucional reconoció que los jueces actuaron correctamente al tipificar los hechos de la estafa.
  • Sin embargo, estimó que el Supremo vulneró el derecho fundamental de Los Albertos a una “tutela judicial reforzada” porque cuando se inició el proceso penal el delito ya había prescrito.

LO QUE DENUNCIAN AHORA LOS ALBERTOS

En acatamiento del fallo del Constitucional, el Supremo emitió una nueva sentencia el 25 de junio en la que absolvió a Cortina y Alcocer, teniendo que devolver los accionistas minoritarios a Los Albertos los 24,6 millones de euros que estos les estafaron. En relación a este dinero están entabladas acciones civiles aún pendientes de resolución judicial definitiva.

Los Albertos denuncian que se les ha privado durante más de cinco años de la tutela judicial efectiva y que tras la sentencia del Supremo se procedió a la ejecución de la responsabilidad civil sin que esta fuera suspendida por el Constitucional, a diferencia del ingreso en prisión. ( FUENTE: Periodista Digital )