Las historias jamás contadas de los principales implicados en la ‘Operación Pretoria’

noviembre 7, 2009

Luis Prenafeta

  A mediados de los años 90, con los potenciales mercados de Rusia en plena apertura, muchos emprendedores occidentales pusieron sus ojos en la economía que la perestroika había liberalizado. Uno de ellos fue Lluís Prenafeta, que a principios de 1990 había sido forzado a abandonar su cargo de secretario de Presidencia de la Generalitat, es decir, mano derecha del mismísimo Jordi Pujol. Prenafeta es un tipo bajito, amable e inteligente. Pocas cosas se escapan a sus ojos de lince. Y en el mercado ruso atisbó grandes posibilidades de crecimiento. Fue así cómo creó algunas sociedades para negociar con la economía ya ex soviética. En Moscú, se encontró con la peor de las trabas que cualquier emprendedor puede hallar en su camino: la burocracia y los intermediarios, en una Administración opaca y correosa. Prenafeta, sin embargo, buscó contactos y padrinos y pagó un dineral para conseguir que un permiso del Ministro de Energías le diese carta blanca para poder exportar petróleo hacia Occidente. Los trámites fueron largos y pesados, pero al fin llegó el tan ansiado fax: la hoja del boletín oficial del Estado en el que el ministro de turno le concedía el permiso. Los días fueron pasando y los intermediarios rusos, que habían de notificarle la puesta en marcha de toda la operativa no dieron más señales de vida. Ni corto ni perezoso, Prenafeta tomó un avión y se presentó en Moscú. Pudo obtener una entrevista con un cargo del Ministerio de Energías y se presentó ufano con el fax que contenía la resolución ministerial a su favor. Su sorpresa fue mayúscula cuando el funcionario de turno miró, incrédulo, la hoja. Todo era una burda falsificación. Le habían tomado el pelo. Los intermediarios eran auténticos zuliks (pillos, granujas), que en cuanto tuvieron la mordida en sus bolsillos desaparecieron. En San Petersburgo volvió a encontrarse con problemas. Para penetrar en este mercado, creó la sociedad Juspi, con la intención de vender allí productos de alimentación, bebidas y tabaco y de comprar petróleo para traer a España. Otra de sus metas era crear una lotería regional, un campo que entonces no estaba regulado y donde no había apenas competencia. En la aventura se embarcaron también el dueño de Chupa-Chups, Enric Bernat, y Artur Suqué, propietario de los tres casinos de Cataluña. Las trabas burocráticas y las potentes mafias de la ciudad donde había gobernado Vladimir Putin impidieroon también que este barco llegara a buen puerto y la empresa no pudo realizar ni siquiera la primera operación, por lo que a mediados de la década de los 90 los socios abandonaron la aventura. Estos dos tropiezos causaron un quebranto en la economía de Lluís Prenafeta. No perdió la camisa de milagro. A pesar de que cuando salió de la Administración fue nombrado consejero de Petrocat, la Campsa catalana, y presidente de Túnel del Cadí, y aunque tenía una pequeña participación en el grupo peletero Tipel, propiedad de su primo Isidor Prenafeta, Lluís llegó a hipotecar su vivienda y cuatro aparcamientos para obtener liquidez. La Caixa le dejó 47 millones de las antiguas pesetas en enero de 1994. Menos de dos meses después, Banca Catalana le dejó 36 millones a cambio de otra hipoteca sobre los mismos bienes. De repente, se convirtió en uno de los hombres más buscados de la capital catalana: sus acreedores husmeaban entre las mesas de Vía Véneto o de Ca l’Isidre por si le podían encontrar para reclamarle dinero. Nunca se negó a pagar, pero el horno no estaba para bollos. Durante años, fue trampeando la situación para eludir la ruina, hasta que a principios de esta década comenzó de nuevo a despuntar en los negocios. Intermediario todoterreno Macià Alavedra no jugó tan descaradamente con los negocios. Apodado en los ambientes financieros El Gordo, cuando era consejero de Industria en el gobierno de Jordi Pujol también consaba como administrador de la empresa Metrelec, la única que tenía los contadores de luz homologados pro el Gobierno. Un informe confidencial realizado desde dentro de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) destacaba este hecho. En 1987, dimitió de su cargo en la empresa aduciendo que había sido nombrado conseller, según el documento notarial. Era cierto, pero su nombramiento se había producido… cinco años antes. Alavedra, consejero de Economía desde finales de los 80 hasta 1997, fue el pararrayos de Jordi Pujol. Sobre él recayó la responsabilidad de aguantar las embestidar de Javier de la Rosa, que, cuando estaba contra las cuerdas, llamaba varias veces al día a la Generalitat. “Yo no puedo hablar con él. Encárgate tú del asunto”, le encargó Jordi Pujol a Alavedra. Y el sufrido consejero de Economía fue el interlocutor del irascible financiero durante el largo proceso judicial que vivió a consecuencia de sus fechorías. Las actuaciones del entonces juez Luis Pascual Estevill le pusieron también en un brete. Tuvo que intermediar ante él como consecuencia de la encarcelación de directivos del grupo del Banco Central, que presidía Alfonso Escámez, y bajo la amenaza de encarcelar al mismísimo banquero. Alavedra se fue a tomar café al Ritz con Escámez y el presidente de Fecsa, Luis Magaña. Desde allí, llamó a Estevill, que se pasó por el lugar. Era el 14 de diciembre de 1992. El 8 de noviembre del año siguiente, Alavedra citó en su casa para cenar al presidente del BC, José María Amusátegui, a Magaña y al abogado Juan Piqué Vidal, compañero de tropelías de Estevill. El juez también fue invitado y algunos directivos del Banco Vitalicio y de Seguros La Estrella, BCH, fueron liberados poco después. En el ínterin, tuvo que sudar mucho para evitar que un grandioso escándalo aflorase: se trataba de un grupo financiero, con sede en la Rambla de Catalunya de Barcelona, cerca de la consejería de Economía, donde una cincuentena de empresas habían sido denunciadas por un monumental fraude. Se trataba de Grup de Consellers Financers. La persona situada el frente del conglomerado, pasaba más tiempo en la sede de Economía que en la propia oficina de GCF, aunque al final se cerró en falso el asunto y un ex alto directivo del grupo dejó de enviar documentos a los juzgados. El problema radicaba en que casi todo el elenco de cargos de GCF eran destacados militantes de CDC y uno de ellos había sido también consejero. Alavedra, además de consejero de Economía, hizo de bombero en este tema. Cuando dejó la consejería, Alavedra se dedicó a cobrar de algunos cargos institucionales y de las intermediaciones que hacía en algunos asuntos. A principios de verano de 1999, por ejemplo, Macià organizó una comida con Jaume Caruana, entonces jede de Inspección del Banco de España. El tercero en la mesa era Eduardo Pascual, dueño de Eurobank. Las mutuas que dependían de Eurobank estaban entonces bajo la lupa de las autoridades monetarias porque había denuncias y sospechas de que habían realizado operaciones ficticias para simular beneficios. Alavedra acudió a la cumbre con Caruana como asesor de Eurobank, una de las compañías que él había tenido bajo su responsabilidad hasta dos años antes, cuando era consejero de Economía. Su patrimonio, sin embargo, era sólido. Su esposa, Doris Malfeito, no sólo vendía cuadros a importantes empresas, sino que formaba parte, desde 1992, de una compañía con intereses inmobiliarios en la Costa Brava. Y él habia entrado a formar parte de importante compañías desde que abandonó la consejería en 1997. el despegue le vino a comienzos de esta década. Sus relaciones con Lluís Prenafeta le llevaron a formar parte de la Fundaciò Catalunya Oberta, el think tank de Convergència, un verdadero laboratorio de ideas, donde dieron cabida a los mejores y mayores soportes de la formación nacionalista, desde ex consejeros de Pujol, como Joan Guitart, Joan Vallvé o Andreu Mas-Colell, hasta destacados militantes alineados con el llamado sector soberanista, como Xavier Sala i Martin (el preferido de Joan Laporta para sustituirle como presidente del FC Barcelona), Joan Oliver (director general del Barça), Vicent Sanchís (director de Barça TV), Vicenç Villatoro, Arcadi Calzada, hasta hace poco presidente de Caixa Girona, Daniel Clivillé, Joaquim Maluquer o Francesc Puigpelat. Todo un elenco de convergentes de pro. Un avispado socialista Otra cosa es Luis García Sáez, más conocido como Luigi. A finales de los 80, cuando era un triste diputado en el Parlamento de Cataluña, creó una empresa con Xavier Guitart, compañero de escaño: el Centre d’Estudis y Assessorament. Poco duró la unión, por el 1991 fue liquidada. Pero para entonces, ya eran conocidos sus trapicheos desde una oficina que habían alquilado en pleno Paseo de Gracia de Barcelona, cerca de la Diagonal y al lado del restaurante La Puñalada, donde iba a comer entonces la crême de la crême. Eran los tiempos en que el nombre de Juan Guerra estaba en boca de todos y las maledicencias pretendían establecer paralelismos entre los modos de actuar del hermanísimo y los nuevos modales que algunos avispados intermediarios comenzaban a imponer. Luigi se aficionó pronto a los negocios. Trabó amistad con algunos empresarios que se movían como pez en el agua en el sector inmobiliario y utilizó sus relaciones para que a estos empresarios, escorados hacia Convergència, tuviesen entrada en las administraciones que gobernaban los socialistas. Fue durante años integrante de consejos donde figuraron, entre otros, Lluís Renau, ex director general de Seguridad Ciudadana con Pujol, o Carles Sumarroca, amigo personal de Pujol (sus esposas eran socias en una empresa de floristería) y fundador de Convergència. A finales de los 90, tras haber abierto muchas puertas, decidió volar solo, pero se estrelló: su grupo, AGT, donde había integrado a prohombres convergentes, fue denunciado, dejó un reguero de deudas y acabó suspendiendo pagos a principios de esta década. unas deudas de 4.000 millones de las antiguas pesetas (24 millones de euros). A partir de entonces, creó un pequeño holding que le permitió reflotar su situación económica. Eso sí, con la inestimable ayuda de algunos compañeros de aventuras como Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Y lo que es más importante: sus baladronadas sobre los contactos de alto nivel para conseguir lo que quisiera parece que tenían algún fundamento, al menos en las administraciones municipales. Garzón le ha cortado las alas, pero la aventura sigue…

(FUENTE:Antonio Fernández)
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El jefe de la red ganó cinco millones con un pelotazo en la costa barcelonesa

octubre 29, 2009

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Las tramas delictivas en las Administraciones

Luis García Sáez, el presunto jefe de la red catalana que ha desarticulado el juez Baltasar Garzón con la Operación Pretoria, se marcó un pelotazo en toda regla tras ganar cinco millones de euros, el triple de lo que había invertido inicialmente en una operación inmobiliaria en la costa barcelonesa. Y en menos de dos años. El ex diputado del PSC, conocido como Luigi, triplicó su capital con una compra de terrenos en la localidad barcelonesa de Sant Andreu de Llavaneres a través de la empresa Niesma Corporació, en la que tenía como socio al abogado Francisco Alejandro Pretus.

La clave del pelotazo fue un convenio, requerido por Garzón, que firmó con ex edil de Llavaneres del PSC Antonio Jiménez. El juez ordenó ayer el arresto de Manuel Carrillo, consejero delegado de Limasa, una firma de limpieza con delegación en Santa Coloma de Gramenet. Carrillo es el noveno detenido.

Fuentes municipales explicaron que Niesma adquirió en diciembre de 2003 unos terrenos de la zona de Can Riviere por 3,2 millones, y en marzo de 2004 adquirió otra finca por 1,5 millones. Sólo un año después, Niesma firmó con el Ayuntamiento de Llavaneres un convenio por el que se autorizaba a que la sociedad aumentara la edificabilidad en un 189%, de 3.958 metros cuadrados a 7.500 metros cuadrados.

El convenio también permitía construir 83 pisos en vez de 12 casas. Ese acuerdo estaba firmado por Pretus y Manuel Valera, administrador de empresas de García Sáez. Por parte del Ayuntamiento lo rubrican el entonces alcalde Víctor Ros (PP) y Jiménez, anterior concejal de Urbanismo.

Varias fuentes coinciden en señalar a Jiménez como la conexión entre la operación de Llavaneres y la de Santa Coloma de Gramenet, donde Jiménez fue grente del Instituto Municipal de Deportes. En esa época, según estas fuentes, conoció a García. Luego tomó las riendas de la empresa pública de vivienda de Montcada i Reixac (Barcelona), cargo que compaginó con su puesto de edil en Llavaneres.

Además, Jiménez ya fue citado el año pasado por la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por presuntas irregularidades en un convenio que firmó con la empresa Proinosa, presidida por el constructor Josep Singla, que también ha sido detenido por Garzón.

El terreno de Llavaneres se revalorizó tras el convenio. Si lo compró por 4,7 millones, tras el acuerdo, en septiembre de 2005, ya estaba valorado en 6,3 millones. Y sólo un mes después, en octubre, realizó el auténtico pelotazo al venderlo a una sociedad participada por Restaura y Caixa Laietana por 9,73 millones. En menos de dos años, Pérez había ganado más de cinco millones.

Una estrategia parecida siguieron en Santa Coloma. El consistorio aprobó en marzo de 2005 un cambio de usos en el proyecto que en 2001 compró Singla. Éste vendió la empresa que creó para desarrollar el proyecto, Centre Comercial Gramenet, a una sociedad holandesa administrada por Pretus en noviembre de 2003. El consistorio justificó que el proyecto anterior no era económicamente “viable”. Como resultado de la operación, los promotores obtuvieron unas plusvalías de 18,6 millones de euros El proyecto se aprobó en marzo de 2005. En mayo, Petrus vendió la sociedad.

(FUENTES:LLUÍS PELLICER / JESÚS GARCÍA)