Las historias jamás contadas de los principales implicados en la ‘Operación Pretoria’

noviembre 7, 2009

Luis Prenafeta

  A mediados de los años 90, con los potenciales mercados de Rusia en plena apertura, muchos emprendedores occidentales pusieron sus ojos en la economía que la perestroika había liberalizado. Uno de ellos fue Lluís Prenafeta, que a principios de 1990 había sido forzado a abandonar su cargo de secretario de Presidencia de la Generalitat, es decir, mano derecha del mismísimo Jordi Pujol. Prenafeta es un tipo bajito, amable e inteligente. Pocas cosas se escapan a sus ojos de lince. Y en el mercado ruso atisbó grandes posibilidades de crecimiento. Fue así cómo creó algunas sociedades para negociar con la economía ya ex soviética. En Moscú, se encontró con la peor de las trabas que cualquier emprendedor puede hallar en su camino: la burocracia y los intermediarios, en una Administración opaca y correosa. Prenafeta, sin embargo, buscó contactos y padrinos y pagó un dineral para conseguir que un permiso del Ministro de Energías le diese carta blanca para poder exportar petróleo hacia Occidente. Los trámites fueron largos y pesados, pero al fin llegó el tan ansiado fax: la hoja del boletín oficial del Estado en el que el ministro de turno le concedía el permiso. Los días fueron pasando y los intermediarios rusos, que habían de notificarle la puesta en marcha de toda la operativa no dieron más señales de vida. Ni corto ni perezoso, Prenafeta tomó un avión y se presentó en Moscú. Pudo obtener una entrevista con un cargo del Ministerio de Energías y se presentó ufano con el fax que contenía la resolución ministerial a su favor. Su sorpresa fue mayúscula cuando el funcionario de turno miró, incrédulo, la hoja. Todo era una burda falsificación. Le habían tomado el pelo. Los intermediarios eran auténticos zuliks (pillos, granujas), que en cuanto tuvieron la mordida en sus bolsillos desaparecieron. En San Petersburgo volvió a encontrarse con problemas. Para penetrar en este mercado, creó la sociedad Juspi, con la intención de vender allí productos de alimentación, bebidas y tabaco y de comprar petróleo para traer a España. Otra de sus metas era crear una lotería regional, un campo que entonces no estaba regulado y donde no había apenas competencia. En la aventura se embarcaron también el dueño de Chupa-Chups, Enric Bernat, y Artur Suqué, propietario de los tres casinos de Cataluña. Las trabas burocráticas y las potentes mafias de la ciudad donde había gobernado Vladimir Putin impidieroon también que este barco llegara a buen puerto y la empresa no pudo realizar ni siquiera la primera operación, por lo que a mediados de la década de los 90 los socios abandonaron la aventura. Estos dos tropiezos causaron un quebranto en la economía de Lluís Prenafeta. No perdió la camisa de milagro. A pesar de que cuando salió de la Administración fue nombrado consejero de Petrocat, la Campsa catalana, y presidente de Túnel del Cadí, y aunque tenía una pequeña participación en el grupo peletero Tipel, propiedad de su primo Isidor Prenafeta, Lluís llegó a hipotecar su vivienda y cuatro aparcamientos para obtener liquidez. La Caixa le dejó 47 millones de las antiguas pesetas en enero de 1994. Menos de dos meses después, Banca Catalana le dejó 36 millones a cambio de otra hipoteca sobre los mismos bienes. De repente, se convirtió en uno de los hombres más buscados de la capital catalana: sus acreedores husmeaban entre las mesas de Vía Véneto o de Ca l’Isidre por si le podían encontrar para reclamarle dinero. Nunca se negó a pagar, pero el horno no estaba para bollos. Durante años, fue trampeando la situación para eludir la ruina, hasta que a principios de esta década comenzó de nuevo a despuntar en los negocios. Intermediario todoterreno Macià Alavedra no jugó tan descaradamente con los negocios. Apodado en los ambientes financieros El Gordo, cuando era consejero de Industria en el gobierno de Jordi Pujol también consaba como administrador de la empresa Metrelec, la única que tenía los contadores de luz homologados pro el Gobierno. Un informe confidencial realizado desde dentro de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) destacaba este hecho. En 1987, dimitió de su cargo en la empresa aduciendo que había sido nombrado conseller, según el documento notarial. Era cierto, pero su nombramiento se había producido… cinco años antes. Alavedra, consejero de Economía desde finales de los 80 hasta 1997, fue el pararrayos de Jordi Pujol. Sobre él recayó la responsabilidad de aguantar las embestidar de Javier de la Rosa, que, cuando estaba contra las cuerdas, llamaba varias veces al día a la Generalitat. “Yo no puedo hablar con él. Encárgate tú del asunto”, le encargó Jordi Pujol a Alavedra. Y el sufrido consejero de Economía fue el interlocutor del irascible financiero durante el largo proceso judicial que vivió a consecuencia de sus fechorías. Las actuaciones del entonces juez Luis Pascual Estevill le pusieron también en un brete. Tuvo que intermediar ante él como consecuencia de la encarcelación de directivos del grupo del Banco Central, que presidía Alfonso Escámez, y bajo la amenaza de encarcelar al mismísimo banquero. Alavedra se fue a tomar café al Ritz con Escámez y el presidente de Fecsa, Luis Magaña. Desde allí, llamó a Estevill, que se pasó por el lugar. Era el 14 de diciembre de 1992. El 8 de noviembre del año siguiente, Alavedra citó en su casa para cenar al presidente del BC, José María Amusátegui, a Magaña y al abogado Juan Piqué Vidal, compañero de tropelías de Estevill. El juez también fue invitado y algunos directivos del Banco Vitalicio y de Seguros La Estrella, BCH, fueron liberados poco después. En el ínterin, tuvo que sudar mucho para evitar que un grandioso escándalo aflorase: se trataba de un grupo financiero, con sede en la Rambla de Catalunya de Barcelona, cerca de la consejería de Economía, donde una cincuentena de empresas habían sido denunciadas por un monumental fraude. Se trataba de Grup de Consellers Financers. La persona situada el frente del conglomerado, pasaba más tiempo en la sede de Economía que en la propia oficina de GCF, aunque al final se cerró en falso el asunto y un ex alto directivo del grupo dejó de enviar documentos a los juzgados. El problema radicaba en que casi todo el elenco de cargos de GCF eran destacados militantes de CDC y uno de ellos había sido también consejero. Alavedra, además de consejero de Economía, hizo de bombero en este tema. Cuando dejó la consejería, Alavedra se dedicó a cobrar de algunos cargos institucionales y de las intermediaciones que hacía en algunos asuntos. A principios de verano de 1999, por ejemplo, Macià organizó una comida con Jaume Caruana, entonces jede de Inspección del Banco de España. El tercero en la mesa era Eduardo Pascual, dueño de Eurobank. Las mutuas que dependían de Eurobank estaban entonces bajo la lupa de las autoridades monetarias porque había denuncias y sospechas de que habían realizado operaciones ficticias para simular beneficios. Alavedra acudió a la cumbre con Caruana como asesor de Eurobank, una de las compañías que él había tenido bajo su responsabilidad hasta dos años antes, cuando era consejero de Economía. Su patrimonio, sin embargo, era sólido. Su esposa, Doris Malfeito, no sólo vendía cuadros a importantes empresas, sino que formaba parte, desde 1992, de una compañía con intereses inmobiliarios en la Costa Brava. Y él habia entrado a formar parte de importante compañías desde que abandonó la consejería en 1997. el despegue le vino a comienzos de esta década. Sus relaciones con Lluís Prenafeta le llevaron a formar parte de la Fundaciò Catalunya Oberta, el think tank de Convergència, un verdadero laboratorio de ideas, donde dieron cabida a los mejores y mayores soportes de la formación nacionalista, desde ex consejeros de Pujol, como Joan Guitart, Joan Vallvé o Andreu Mas-Colell, hasta destacados militantes alineados con el llamado sector soberanista, como Xavier Sala i Martin (el preferido de Joan Laporta para sustituirle como presidente del FC Barcelona), Joan Oliver (director general del Barça), Vicent Sanchís (director de Barça TV), Vicenç Villatoro, Arcadi Calzada, hasta hace poco presidente de Caixa Girona, Daniel Clivillé, Joaquim Maluquer o Francesc Puigpelat. Todo un elenco de convergentes de pro. Un avispado socialista Otra cosa es Luis García Sáez, más conocido como Luigi. A finales de los 80, cuando era un triste diputado en el Parlamento de Cataluña, creó una empresa con Xavier Guitart, compañero de escaño: el Centre d’Estudis y Assessorament. Poco duró la unión, por el 1991 fue liquidada. Pero para entonces, ya eran conocidos sus trapicheos desde una oficina que habían alquilado en pleno Paseo de Gracia de Barcelona, cerca de la Diagonal y al lado del restaurante La Puñalada, donde iba a comer entonces la crême de la crême. Eran los tiempos en que el nombre de Juan Guerra estaba en boca de todos y las maledicencias pretendían establecer paralelismos entre los modos de actuar del hermanísimo y los nuevos modales que algunos avispados intermediarios comenzaban a imponer. Luigi se aficionó pronto a los negocios. Trabó amistad con algunos empresarios que se movían como pez en el agua en el sector inmobiliario y utilizó sus relaciones para que a estos empresarios, escorados hacia Convergència, tuviesen entrada en las administraciones que gobernaban los socialistas. Fue durante años integrante de consejos donde figuraron, entre otros, Lluís Renau, ex director general de Seguridad Ciudadana con Pujol, o Carles Sumarroca, amigo personal de Pujol (sus esposas eran socias en una empresa de floristería) y fundador de Convergència. A finales de los 90, tras haber abierto muchas puertas, decidió volar solo, pero se estrelló: su grupo, AGT, donde había integrado a prohombres convergentes, fue denunciado, dejó un reguero de deudas y acabó suspendiendo pagos a principios de esta década. unas deudas de 4.000 millones de las antiguas pesetas (24 millones de euros). A partir de entonces, creó un pequeño holding que le permitió reflotar su situación económica. Eso sí, con la inestimable ayuda de algunos compañeros de aventuras como Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. Y lo que es más importante: sus baladronadas sobre los contactos de alto nivel para conseguir lo que quisiera parece que tenían algún fundamento, al menos en las administraciones municipales. Garzón le ha cortado las alas, pero la aventura sigue…

(FUENTE:Antonio Fernández)
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No era necesario esposarlos y exhibirlos como monos

noviembre 2, 2009

Josep Singla

Se embolsaron 45 millones de euros en tres pelotazos urbanísticos

Trato humillante a los principales implicados en el escándalo de Santa Coloma

Las imágenes se repiten en los telediarios y están en las portadas de todos los diarios españoles. Son los principales implicados en el escándalo de Santa Coloma. Aparecen esposados mientras recogen unas bolsas azules, como las de la basura, en las que llevan sus efectos personales. Es tremendo, humillante, vergonzoso… Es indigno y llama la atención que algunos medios de comunicación se feliciten por ello. El izquierdista Público argumenta que lo ocurrido ha dejado en entredicho las acusaciones del Partido Popular sobre la desigualdad en el trato a la hora de detener a presuntos culpables en casos de corrupción. Alavedra, Prenafeta, Muñoz, García, Dobarco, Singla y los otros fueron filmados a la entrada de los furgones en la Audiencia, en plena vía pública. Alegarán ahora que el tamaño del vehículo impedía meterlo en el garaje y que por eso se hizo descender a los detenidos en plena calle, pero hubiera bastado la colocación de unos paneles para que esas imágenes no se hubieran podido registrar. Se ha procedido así en otros casos. El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que «la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio». Y unas veces se hace y otras no. A capricho del juez o del mandamás de turno. Ahí queda la redada en el caso del Palma Arena, en la que los implicados también fueron expuestos a la vergüenza pública. La Justicia tiene que ser implacable con los delitos de corrupción, pero ello no es contradictorio con estar en contra del linchamiento público de las personas cuando su detención se convierte en un espectáculo, como ha venido sucediendo en los últimos meses, casi siempre contra el PP. Esta vez le ha tocado a unos socialistas catalanes y a dos ex altos cargos de CiU, pero lo habitual es que sean de filiación “popular” los que se pasea enjaulados como monos. La ley establece que las detenciones y la conducción ante el juez las realizan las Fuerzas de Seguridad, pero el juez es responsable de que el proceso se lleve a cabo de forma correcta y sin menoscabo de la dignidad. Estamos hablando de personas que han sido detenidas por orden judicial y que ni siquiera saben de qué se les acusa ni han declarado. Tienen derecho a la presunción de inocencia y a un trato humano, lo que hace discutible incluso que tengan que acudir esposadas al juzgado si no hay peligro de evasión, como sería el caso de Macià Alavedra, Prenafeta o el alcalde de Santa Coloma. Los tres fueron enviados anoche a prisión por el juez Garzón tras las graves acusaciones del fiscal que ilustran la transversalidad de la corrupción y las miserias de la sociovergencia que ha gobernado Cataluña. Si la Justicia se ha pasado en este caso por exceso, en otros ha incurrido en lo contrario. Muchos se preguntan por qué no fue detenido Félix Millet, que, según todos los indicios, se apropió de los fondos de la fundación del Palau de la Música -unos 20 millones- para repartírselos con sus amigos. Millet acudió al juzgado a declarar en un coche con chofer y volvió a su casa tranquilamente. Todavía mejor le fue a la hija del socialista Javier Rojo, presidente del Senado, cuya implicación u responsabilidad en la trama corrupta de Estepona es un clamor y a la que ni siquiera se registró el despacho. Cabe sospechar que la diferencia de trato depende de la intencionalidad de la Policía o del juez que persiguen efectos que nada tienen que ver con la Justicia. Vivimos en una sociedad mediática y el derecho a la imagen es muy importante. Detener a una persona y mostrarla esposada ante los medios supone un daño irreparable si luego es puesta en libertad o absuelta.

 45 MILLONES EN TRES PELOTAZOS

 Los jueces no pueden hacer abstracción de esta realidad, por lo que deberían vigilar a la Policía en la forma cómo detienen y cómo tratan a quien todavía es presuntamente inocente, aunque todos los indicios apunten en contra. El juez Baltasar Garzón detalla -en el auto por el que ordena prisión para cinco acusados del caso Pretoria- las tres grandes operaciones urbanísticas que generaron, a través de recalificaciones efectuadas para favorecer a los implicados, un beneficio de 45 millones.

 Todas estas operaciones seguían un guión parecido:

1.Los ayuntamientos aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis Andrés García Sáez, Luigi (ex diputado del PSC expulsado de este partido hace tiempo), quien, gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidades afectadas y a sus relaciones con los empresarios interesados, favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos.

2.Para asegurar la efectividad de la acción planeada, la empresa adjudicataria nunca realizaba el proyecto, sino que quedaba detenido hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.

 3.La modificación resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca al municipio. Seguidamente a la recalificación, el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación. Así, todo el beneficio quedaba en poder de los intermediarios. Nunca era el Consistorio decisor de las modificaciones percibiéndose cantidades (comisiones) sin lógica comercial alguna pero en pago por la obtención de las recalificaciones urbanísticas. –

Operación Pallaresa (Santa Coloma, 2001-2005). 13 millones de euros.

 Esta operación supuso, tras la aprobación de las modificaciones al Plan [de Urbanismo], la disminución de superficie comercial y de la dedicada a vivienda protegida para destinarla de forma significativa, y con un beneficio mucho mayor para el promotor, a vivienda libre, manteniendo el precio original. Todo ello presentado y aprobado en nueve días. Luis Andrés [García Sáez] recibió de la sociedad costarricense Marwood Internacional 1,3 millones de euros; la mitad fueron transferidos desde Suiza (Credit Suisse de Zurich) y la otra mitad a través de una operación de compensación. –

 Operación Badalona (20022004). 14 millones de euros.

 Consistió en la adquisición a la sociedad pública Marina de Badalona SA de un solar junto al puerto deportivo de la localidad y su posterior venta, con una revalorización considerable. Quince meses después de la adquisición se vendió el solar a Espais y Procam. De lo expuesto se concluye que el paso del sector público al privado produjo la obtención de beneficios importantes que redundaron a favor de los inversores particulares y de los intermediarios o “conseguidores”. Los beneficiarios efectivos de este reparto fueron los imputados Prenafeta, Alavedra (ambos altos cargos en los Gobiernos de Jordi Pujol) y Luis de Andrés García. –

 Operación Niesma (20032007). 17,8 millones de euros.

 Se trató de la compra de unos terrenos en la localidad de San Andrés de Llavaneras (Barcelona) produciéndose su venta 22 meses después, una vez aprobada la modificación del Plan de Urbanismo en la que se contemplaba un considerable aumento del techo de edificabilidad, con la consiguiente revalorización de las fincas (…) Se aumentó la densidad de edificabilidad, pasando de poder construirse 12 viviendas unifamiliares a permitirse la construcción de 83 viviendas en bloques plurifamiliares de planta baja más tres pisos de altura.

(FUENTE:Periodista Digital)

El caso ‘Gürtel’, El Ejido, Santa Coloma… La corrupción se extiende por toda España

octubre 29, 2009

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“Corrupción, la palabra de moda en España”. Así tituló recientemente la BBC un artículo sobre el alud de escándalos que se ha precipitado sobre todo el país, atravesando a los principales partidos políticos, administraciones públicas e importantes empresas privadas. Las detenciones ayer de un alcalde socialista y de dos ex altos cargos de Jordi Pujol vienen a sumarse a una lista casi inabarcable de casos (Gürtel, Palau, El Ejido, Costa del Sol, Mercasevilla, Ciempozuelos…) que se han apoderado de la agenda política, y deteriorado la calidad del sistema democrático. Desde Cataluña a Andalucía, pasando por Madrid, Valencia, Aragón o Castilla-León, los escándalos se reproducen salpicando a gobiernos autonómicos, municipales e, incluso, al Ejecutivo nacional. La corrupción tampoco entiende de siglas: PSOE, PP, CiU, PAR, Unió Mallorquina, PAL… Se encuentra más presente que nunca en los medios de comunicación y ocupa buena parte del debate político, pero, según los datos del CIS, apenas inquieta a la ciudadanía. El barómetro del pasado mes de septiembre recoge que sólo el 1,4% de los encuestados señaló la corrupción y el fraude como uno de sus principales problemas. El paro (76,4%) y la economía (48,4%) son con diferencia las cuestiones que más preocupan a los españoles, pero cabe destacar la percepción de la clase política como problema. Los escándalos parecen haber erosionado la imagen del Gobierno, de los partidos y de los políticos en general, que preocupan al 16,5% de los españoles. Se trata de un porcentaje considerable, ya que casi alcanza al terrorismo, señalado por un 18,3%. La opacidad de los partidos políticos Una creciente desconfianza hacia el Estado de Derecho a la que contribuyeron ayer los principales grupos parlamentarios en el Congreso con un duro cruce de acusaciones. Los portavoces de PSOE, PP, CiU y PNV pusieron en marcha el ventilador y se reprocharon mutuamente su responsabilidad en los principales casos de corrupción. Pese a que la Cámara aprobó una iniciativa de PSOE y ERC para endurecer las penas en este tipo de delitos, el debate parlamentario derivó en una discusión poco ejemplarizante. El republicano Joan Ridao aprovechó para atizar a CiU con motivo del caso Millet y la detención de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta; los socialistas arremetieron contra el PP, y los populares acusaron al Gobierno de convertir a la Fiscalía en un “apéndice servil”. Por su parte, Jordi Xuclá, recordó las generosas condonaciones de deudas que ha recibido el PSC. Precisamente, uno de las principales deficiencias que presenta España es la opacidad de los partidos, según ha denunciado el Consejo de Europa. El órgano encargado de su control, el Tribunal de Cuentas, se ha mostrado incapaz de profundizar en los números que presentan las formaciones políticas, y su régimen sancionador sólo le permite imponer benévolas multas. El estallido de la burbuja inmobiliaria ha facilitado también el afloramiento de una economía irregular ligada a la construcción. Una situación sobre la que numerosos expertos y organismos internacionales alertaron durante el boom del ladrillo, pero que nadie remedió a tiempo. La corrupción en este sector ha infectado el tejido político, social y económico desde la Moncloa, donde Angélica Rubio presionó para que se favoreciera a determinados constructores, hasta los ayuntamientos más pequeños, como Villanueva del Pardillo (Madrid). En toda España, 18 alcaldes han sido detenidos por corrupción urbanística desde que se inició la Operación Malaya en abril de 2006. Los empresarios, también bajo sospecha Un buen ejemplo es el caso de Santa Coloma de Gramenet, cuyo alcalde, el socialista Bartomeu Muñoz, fue detenido ayer por orden de . El juez le imputa los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho. Sin embargo, no resulta una sorpresa para aquellos que conocieran el informe de 2009 de Transparencia Internacional sobre los ayuntamientos españoles. En la clasificación de 150 consistorios, y con una puntuación de 0 a 100, Santa Coloma obtiene un concluyente 0 en “transparencia en las contrataciones de servicios”. No obstante, y como prueba de la dificultad para cazar a los corruptos, el citado informe otorga una buena nota al Ayuntamiento de Santa Coloma en “transparencia en materia de urbanismo y obras públicas” y en “transparencia económico-financiera”. Así, es habitual que la Justicia actúe cuando el delito se lleva cometiendo durante años, lo que demuestra la ineficacia de los sistemas de alerta de los que debe dotarse una sociedad democrática. Fuentes del Poder Judicial indicaron que la Administración de Justicia debe ser el último recurso, donde se reparten las responsabilidades, pero no el único remedio contra la corrupción. Además, recordaron que la investigación de una trama puede durar meses a partir del momento en que se detecta alguna irregularidad. Por otra parte, la combinación de crisis económica y corrupción también ha pasado factura a la imagen de los empresarios. De acuerdo con el barómetro de Transparencia Internacional, hecho público en junio, el 29% de los españoles considera que la corrupción es mayor en la esfera de la empresa privada, frente al 27% que opina que afecta más a los partidos políticos. En todo caso, se trata de una escasa diferencia en un país abrumado por las profundas raíces de este pillaje.

  (FUENTE:Alberto Mendoza).