No era necesario esposarlos y exhibirlos como monos

noviembre 2, 2009

Josep Singla

Se embolsaron 45 millones de euros en tres pelotazos urbanísticos

Trato humillante a los principales implicados en el escándalo de Santa Coloma

Las imágenes se repiten en los telediarios y están en las portadas de todos los diarios españoles. Son los principales implicados en el escándalo de Santa Coloma. Aparecen esposados mientras recogen unas bolsas azules, como las de la basura, en las que llevan sus efectos personales. Es tremendo, humillante, vergonzoso… Es indigno y llama la atención que algunos medios de comunicación se feliciten por ello. El izquierdista Público argumenta que lo ocurrido ha dejado en entredicho las acusaciones del Partido Popular sobre la desigualdad en el trato a la hora de detener a presuntos culpables en casos de corrupción. Alavedra, Prenafeta, Muñoz, García, Dobarco, Singla y los otros fueron filmados a la entrada de los furgones en la Audiencia, en plena vía pública. Alegarán ahora que el tamaño del vehículo impedía meterlo en el garaje y que por eso se hizo descender a los detenidos en plena calle, pero hubiera bastado la colocación de unos paneles para que esas imágenes no se hubieran podido registrar. Se ha procedido así en otros casos. El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que «la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio». Y unas veces se hace y otras no. A capricho del juez o del mandamás de turno. Ahí queda la redada en el caso del Palma Arena, en la que los implicados también fueron expuestos a la vergüenza pública. La Justicia tiene que ser implacable con los delitos de corrupción, pero ello no es contradictorio con estar en contra del linchamiento público de las personas cuando su detención se convierte en un espectáculo, como ha venido sucediendo en los últimos meses, casi siempre contra el PP. Esta vez le ha tocado a unos socialistas catalanes y a dos ex altos cargos de CiU, pero lo habitual es que sean de filiación “popular” los que se pasea enjaulados como monos. La ley establece que las detenciones y la conducción ante el juez las realizan las Fuerzas de Seguridad, pero el juez es responsable de que el proceso se lleve a cabo de forma correcta y sin menoscabo de la dignidad. Estamos hablando de personas que han sido detenidas por orden judicial y que ni siquiera saben de qué se les acusa ni han declarado. Tienen derecho a la presunción de inocencia y a un trato humano, lo que hace discutible incluso que tengan que acudir esposadas al juzgado si no hay peligro de evasión, como sería el caso de Macià Alavedra, Prenafeta o el alcalde de Santa Coloma. Los tres fueron enviados anoche a prisión por el juez Garzón tras las graves acusaciones del fiscal que ilustran la transversalidad de la corrupción y las miserias de la sociovergencia que ha gobernado Cataluña. Si la Justicia se ha pasado en este caso por exceso, en otros ha incurrido en lo contrario. Muchos se preguntan por qué no fue detenido Félix Millet, que, según todos los indicios, se apropió de los fondos de la fundación del Palau de la Música -unos 20 millones- para repartírselos con sus amigos. Millet acudió al juzgado a declarar en un coche con chofer y volvió a su casa tranquilamente. Todavía mejor le fue a la hija del socialista Javier Rojo, presidente del Senado, cuya implicación u responsabilidad en la trama corrupta de Estepona es un clamor y a la que ni siquiera se registró el despacho. Cabe sospechar que la diferencia de trato depende de la intencionalidad de la Policía o del juez que persiguen efectos que nada tienen que ver con la Justicia. Vivimos en una sociedad mediática y el derecho a la imagen es muy importante. Detener a una persona y mostrarla esposada ante los medios supone un daño irreparable si luego es puesta en libertad o absuelta.

 45 MILLONES EN TRES PELOTAZOS

 Los jueces no pueden hacer abstracción de esta realidad, por lo que deberían vigilar a la Policía en la forma cómo detienen y cómo tratan a quien todavía es presuntamente inocente, aunque todos los indicios apunten en contra. El juez Baltasar Garzón detalla -en el auto por el que ordena prisión para cinco acusados del caso Pretoria- las tres grandes operaciones urbanísticas que generaron, a través de recalificaciones efectuadas para favorecer a los implicados, un beneficio de 45 millones.

 Todas estas operaciones seguían un guión parecido:

1.Los ayuntamientos aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis Andrés García Sáez, Luigi (ex diputado del PSC expulsado de este partido hace tiempo), quien, gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidades afectadas y a sus relaciones con los empresarios interesados, favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos.

2.Para asegurar la efectividad de la acción planeada, la empresa adjudicataria nunca realizaba el proyecto, sino que quedaba detenido hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.

 3.La modificación resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca al municipio. Seguidamente a la recalificación, el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación. Así, todo el beneficio quedaba en poder de los intermediarios. Nunca era el Consistorio decisor de las modificaciones percibiéndose cantidades (comisiones) sin lógica comercial alguna pero en pago por la obtención de las recalificaciones urbanísticas. –

Operación Pallaresa (Santa Coloma, 2001-2005). 13 millones de euros.

 Esta operación supuso, tras la aprobación de las modificaciones al Plan [de Urbanismo], la disminución de superficie comercial y de la dedicada a vivienda protegida para destinarla de forma significativa, y con un beneficio mucho mayor para el promotor, a vivienda libre, manteniendo el precio original. Todo ello presentado y aprobado en nueve días. Luis Andrés [García Sáez] recibió de la sociedad costarricense Marwood Internacional 1,3 millones de euros; la mitad fueron transferidos desde Suiza (Credit Suisse de Zurich) y la otra mitad a través de una operación de compensación. –

 Operación Badalona (20022004). 14 millones de euros.

 Consistió en la adquisición a la sociedad pública Marina de Badalona SA de un solar junto al puerto deportivo de la localidad y su posterior venta, con una revalorización considerable. Quince meses después de la adquisición se vendió el solar a Espais y Procam. De lo expuesto se concluye que el paso del sector público al privado produjo la obtención de beneficios importantes que redundaron a favor de los inversores particulares y de los intermediarios o “conseguidores”. Los beneficiarios efectivos de este reparto fueron los imputados Prenafeta, Alavedra (ambos altos cargos en los Gobiernos de Jordi Pujol) y Luis de Andrés García. –

 Operación Niesma (20032007). 17,8 millones de euros.

 Se trató de la compra de unos terrenos en la localidad de San Andrés de Llavaneras (Barcelona) produciéndose su venta 22 meses después, una vez aprobada la modificación del Plan de Urbanismo en la que se contemplaba un considerable aumento del techo de edificabilidad, con la consiguiente revalorización de las fincas (…) Se aumentó la densidad de edificabilidad, pasando de poder construirse 12 viviendas unifamiliares a permitirse la construcción de 83 viviendas en bloques plurifamiliares de planta baja más tres pisos de altura.

(FUENTE:Periodista Digital)
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El caso ‘Gürtel’, El Ejido, Santa Coloma… La corrupción se extiende por toda España

octubre 29, 2009

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“Corrupción, la palabra de moda en España”. Así tituló recientemente la BBC un artículo sobre el alud de escándalos que se ha precipitado sobre todo el país, atravesando a los principales partidos políticos, administraciones públicas e importantes empresas privadas. Las detenciones ayer de un alcalde socialista y de dos ex altos cargos de Jordi Pujol vienen a sumarse a una lista casi inabarcable de casos (Gürtel, Palau, El Ejido, Costa del Sol, Mercasevilla, Ciempozuelos…) que se han apoderado de la agenda política, y deteriorado la calidad del sistema democrático. Desde Cataluña a Andalucía, pasando por Madrid, Valencia, Aragón o Castilla-León, los escándalos se reproducen salpicando a gobiernos autonómicos, municipales e, incluso, al Ejecutivo nacional. La corrupción tampoco entiende de siglas: PSOE, PP, CiU, PAR, Unió Mallorquina, PAL… Se encuentra más presente que nunca en los medios de comunicación y ocupa buena parte del debate político, pero, según los datos del CIS, apenas inquieta a la ciudadanía. El barómetro del pasado mes de septiembre recoge que sólo el 1,4% de los encuestados señaló la corrupción y el fraude como uno de sus principales problemas. El paro (76,4%) y la economía (48,4%) son con diferencia las cuestiones que más preocupan a los españoles, pero cabe destacar la percepción de la clase política como problema. Los escándalos parecen haber erosionado la imagen del Gobierno, de los partidos y de los políticos en general, que preocupan al 16,5% de los españoles. Se trata de un porcentaje considerable, ya que casi alcanza al terrorismo, señalado por un 18,3%. La opacidad de los partidos políticos Una creciente desconfianza hacia el Estado de Derecho a la que contribuyeron ayer los principales grupos parlamentarios en el Congreso con un duro cruce de acusaciones. Los portavoces de PSOE, PP, CiU y PNV pusieron en marcha el ventilador y se reprocharon mutuamente su responsabilidad en los principales casos de corrupción. Pese a que la Cámara aprobó una iniciativa de PSOE y ERC para endurecer las penas en este tipo de delitos, el debate parlamentario derivó en una discusión poco ejemplarizante. El republicano Joan Ridao aprovechó para atizar a CiU con motivo del caso Millet y la detención de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta; los socialistas arremetieron contra el PP, y los populares acusaron al Gobierno de convertir a la Fiscalía en un “apéndice servil”. Por su parte, Jordi Xuclá, recordó las generosas condonaciones de deudas que ha recibido el PSC. Precisamente, uno de las principales deficiencias que presenta España es la opacidad de los partidos, según ha denunciado el Consejo de Europa. El órgano encargado de su control, el Tribunal de Cuentas, se ha mostrado incapaz de profundizar en los números que presentan las formaciones políticas, y su régimen sancionador sólo le permite imponer benévolas multas. El estallido de la burbuja inmobiliaria ha facilitado también el afloramiento de una economía irregular ligada a la construcción. Una situación sobre la que numerosos expertos y organismos internacionales alertaron durante el boom del ladrillo, pero que nadie remedió a tiempo. La corrupción en este sector ha infectado el tejido político, social y económico desde la Moncloa, donde Angélica Rubio presionó para que se favoreciera a determinados constructores, hasta los ayuntamientos más pequeños, como Villanueva del Pardillo (Madrid). En toda España, 18 alcaldes han sido detenidos por corrupción urbanística desde que se inició la Operación Malaya en abril de 2006. Los empresarios, también bajo sospecha Un buen ejemplo es el caso de Santa Coloma de Gramenet, cuyo alcalde, el socialista Bartomeu Muñoz, fue detenido ayer por orden de . El juez le imputa los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho. Sin embargo, no resulta una sorpresa para aquellos que conocieran el informe de 2009 de Transparencia Internacional sobre los ayuntamientos españoles. En la clasificación de 150 consistorios, y con una puntuación de 0 a 100, Santa Coloma obtiene un concluyente 0 en “transparencia en las contrataciones de servicios”. No obstante, y como prueba de la dificultad para cazar a los corruptos, el citado informe otorga una buena nota al Ayuntamiento de Santa Coloma en “transparencia en materia de urbanismo y obras públicas” y en “transparencia económico-financiera”. Así, es habitual que la Justicia actúe cuando el delito se lleva cometiendo durante años, lo que demuestra la ineficacia de los sistemas de alerta de los que debe dotarse una sociedad democrática. Fuentes del Poder Judicial indicaron que la Administración de Justicia debe ser el último recurso, donde se reparten las responsabilidades, pero no el único remedio contra la corrupción. Además, recordaron que la investigación de una trama puede durar meses a partir del momento en que se detecta alguna irregularidad. Por otra parte, la combinación de crisis económica y corrupción también ha pasado factura a la imagen de los empresarios. De acuerdo con el barómetro de Transparencia Internacional, hecho público en junio, el 29% de los españoles considera que la corrupción es mayor en la esfera de la empresa privada, frente al 27% que opina que afecta más a los partidos políticos. En todo caso, se trata de una escasa diferencia en un país abrumado por las profundas raíces de este pillaje.

  (FUENTE:Alberto Mendoza).

 


El Gobierno de Pujol sabía que Millet desviaba fondos

octubre 24, 2009

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La Generalitat desoyó una auditoría de 2003 que advertía de la salida del Consorcio del Palau de 539.424 euros

La trama del desvío de fondos del Palau de la Música no se ciñe a las aportaciones de empresas privadas a su fundación.También se usó dinero público, y el Gobierno catalán, entonces presidido por Jordi Pujol, lo sabía ya en junio de 2003. Ese año, la auditoría oficial advirtió de irregularidades “relevantes” en el Consorcio del Palau de la Música, integrado por las administraciones públicas y dirigido por Fèlix Millet.

La trama del desvío de fondos del Palau de la Música no se ciñe a las aportaciones de empresas privadas a su fundación. También se usó dinero público, y el Gobierno catalán, entonces presidido por Jordi Pujol, lo sabía ya en junio de 2003. Ese año, la auditoría oficial de la Intervención General del Departamento de Economía y Finanzas advirtió de irregularidades “relevantes” en el Consorcio del Palau de la Música, integrado por las administraciones públicas y dirigido por Fèlix Millet. La auditoría indica que en 2001 y 2002 salieron de esta entidad 539.424 euros en concepto de “colaboraciones” con la Asociación Orfeó Català, también presidida por Millet y que la investigación apunta como el agujero negro desde donde se desviaban fondos.

El Palau de la Música Catalana, propiedad de la Asociación Orfeó Català, se nutría a través de dos instituciones. El consorcio, que canalizaba los fondos públicos, y la fundación, con aportaciones privadas. Hasta ahora, todo apuntaba a que el consorcio quedó al margen de la trama de desvío de fondos. Sin embargo, la auditoría de la Generalitat indica todo lo contrario. Además de dar 17 recomendaciones para subsanar las anomalías en la gestión del Palau, los interventores explicitaron que Millet modificaba el presupuesto a su antojo sin la autorización de los órganos competentes. La Generalitat lo desoyó.

Precisamente, el 8 de marzo de 2002 la Generalitat otorgó a Millet y a su mano derecha y también imputado por el juez, Jordi Montull, los poderes necesarios para tener firma, lo cual les permitió maniobrar en el consorcio, de acuerdo con una carta que el Ejecutivo catalán dirigió a Millet.La auditoría indica desviaciones de dinero del Consorcio hacia la Asociación Orfeó Català, al margen de las aportaciones mensuales de 5.259 euros fijadas por convenio. En total, entre 2001 y 2002 salieron hacia el Orfeó 539.424 euros.

El Palau de la Música justificó esa inyección de dinero como “una cuantía variable por colaboraciones”. La advertencia era ya suficiente para alertar al Departamento de Economía y Hacienda, encabezado por el convergente Francesc Homs, que tenía encima de la mesa otro informe de la Sindicatura de Cuentas en el que advertía de que los pagos del consorcio a la asociación en concepto de “colaboraciones” eran prácticas irregulares.

Sin embargo, el empleo irregular del dinero público no terminó ahí. El interventor de la Generalitat constató que los contratos de Millet y Montull eran “verbales”. Millet se embolsó 107.294,84 euros en 2002, lo que representa más de un 7% de las subvenciones que la entidad recibió ese año. Esa cantidad era independiente de la remuneración que se asignó en la fundación, que el año pasado fue de 1,6 millones, pero también de los 29.085 euros que Millet se gastó en comidas sin precisar el motivo del ágape ni el número de comensales.

La intervención del Ejecutivo catalán también advirtió de que no se realizaron “los arqueos de caja”, es decir, las comprobaciones necesarias para constatar que los saldos registrados son correctos. Sí halló, en cambio, un depósito de 63.427 euros correspondientes a una imposición a corto plazo que se venía renovando desde 1995 y que contaba en la tesorería del consorcio, cuando en realidad debía considerarse una inversión.

El informe sobre las cuentas del consorcio, que recogen numerosos errores contables y de facturación, también se detuvo en la propiedad del Palau de la Música, que era titularidad de la Asociación Orfeó Català. El interventor opinó que debería ser el consorcio el que contara con este inmueble modernista. Los estatutos de la entidad que reúne a las administraciones públicas fija que ésta debe encargarse de la explotación y la gestión del Palau de la Música, lo cual, a juicio del interventor público, incluye “el edificio, las obras de la primera ampliación y las de la segunda”. Lejos de seguir esta recomendación, Millet trató de traspasar el inmueble de la asociación a la fundación Orfeó Català, según consta en el sumario del juez.

Por otra parte, ayer la fiscalía elevó a 20 millones de euros la desviación de fondos cometida por Millet en el Palau de la Música. El fiscal, además, recordó que siguen “aflorando más depreciaciones”, como las bodas de sus hijas, que corrieron a cargo del Palau.

( FUENTE: LLUÍS PELLICER ).·.

El juez deja libres a los saqueadores del Palau y sólo les quita el pasaporte

octubre 20, 2009

 

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Millet confirma que pagó comisiones, pero se niega a identificar a quién

Fèlix Millet y Jordi Montull, los saqueadores del Palau de la Música, quedaron ayer en libertad con cargos tras declarar ante el juez durante casi tres horas por los presuntos delitos de apropiación indebida, malversación de caudales públicos y falsificación documental.

Fèlix Millet y Jordi Montull, los saqueadores del Palau de la Música, quedaron ayer en libertad con cargos tras declarar ante el juez durante casi tres horas por los presuntos delitos de apropiación indebida, malversación de caudales públicos y falsificación documental. Más de cuatro meses después de la querella que inició este proceso, el juez los había citado a declarar como imputados, pero la única medida cautelar que acordó contra ellos fue retirarles el pasaporte.

La fiscalía, así como los abogados del Consorcio del Palau de la Música y del Orfeó Català, reclamaron la prisión incondicional y sin fianza para ambos acusados, pero el magistrado Juli Solaz anunció de viva voz que rechaza la petición. El auto judicial que recoge esa decisión será notificado hoy. La fiscalía ya ha anunciado que lo recurrirá ante la Audiencia de Barcelona.

El titular del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona advirtió en el auto de imputación de Millet y Montull que el interrogatorio se limitaría a los hechos relatados en la querella del fiscal -el desvío de 2,3 millones de euros durante los años 2003 y 2004 en billetes de 500- y en los extremos que ambos reconocieron en la carta inculpatoria remitida al juzgado el pasado 15 de septiembre. Y así ocurrió. Éstas son las principales cuestiones sobre las que respondieron ambos acusados.

– Billetes de 500 euros para orquestas. Los dos acusados declararon al juez que el dinero extraído en billetes de 500 euros no se lo han quedado ellos, sino que sirvió para realizar pagos en dinero negro a las orquestas que actuaban en el Palau. Sin embargo, en la documentación intervenida por los Mossos d’Esquadra tras el registro realizado el 23 de julio no se ha encontrado ningún escrito que relacione esos pagos. Cuando fue preguntado por este extremo, Millet explicó que de estos asuntos se ocupaba Montull, que era el director administrativo del Orfeó. Éste, a su vez, relató que no lo apuntó en ningún documento porque se fiaba de su memoria.

– Abono de comisiones. Millet lo confesó en su carta inculpatoria remitida al juez y que también suscribió Montull. Ayer confirmó que hizo esos pagos, pero se negó a dar los nombres de los beneficiarios con el pretexto de que no quería perjudicarles y de que éstos lo negarían. Sí reconoció, sin embargo, que uno de los beneficiarios fue Manuel Carreras Fisas, vicepresidente tercero de la Fundación Orfeó Català y que tenía una asignación fija de 12.000 euros mensuales por este concepto.

– Pagos a la fundación Trias Fargas. El fiscal preguntó si se habían realizado otra clase de pagos distintos de los confesados, en referencia implícita al dinero desviado a la Fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya, que recibió 630.000 euros del Palau. Millet se limitó a responder que sí Después de muchos días de titubeos, el presidente de CiU, Artur Mas, anunció ayer que devolverían ese dinero, aunque no de forma inmediata para que no se entienda que el partido actuó de manera ilegal.

– Cobro de primas millonarias. Millet también confesó que estuvo varios años cobrando más de un millón anual en concepto de bonus, al amparo de una previsión que figura en el acta fundacional de la entidad. En realidad, esa anotación como tal no existe, sino que fue incorporada al registrar los estatutos en la Generalitat. En cualquier caso, Millet aclaró que hasta 2008 cobró en dinero negro, que ese año se incorporó a la nómina ese concepto y que en 2009 lo percibió a través de sociedades pantalla.

– Gemma Montull, exculpada. La querella de la fiscalía se dirige también contra Gemma Montull, hija del acusado, y contra los ex tesoreros del Orfeó Pau Duran y Enric Álvarez. El juez no se ha pronunciado todavía sobre ellos con el argumento de que no han confesado. Con todo, Jordi Montull aprovechó ayer su declaración para exculpar a su hija, de la que dijo que era una administrativa, a pesar de que tuviera capacidad de decisión. Esta mujer intentó esconder un lápiz de memoria el día que los Mossos registraron el Palau. Contenía información que desvelaba el supuesto desvío de otros 1,7 millones de euros a través de empresas pantalla propiedad de su padre o de Millet. También contenía información sobre la venta de un local al Orfeó por tres millones de euros, a través de una empresa de Millet y Montull. El inmueble estaba tasado en la mitad, aunque al final no se materializó la venta, al ser descubierta por los nuevos gestores del Palau.

– Las esposas. Millet y Montull también aprovecharon su declaración para exculpar de cualquier responsabilidad a sus esposas. En el sumario consta que ambas mujeres figuran como administradoras de las sociedades pantalla Ausen Produccions y Bonoima, que sirvieron para facturar otros 663.301 euros al Palau de la Música por estudios de dudosa utilidad referidos, por ejemplo, al impacto de la celebración del centenario del Palau en las instituciones catalanas. ( Fuente: Pere Ríos).