No era necesario esposarlos y exhibirlos como monos

noviembre 2, 2009

Josep Singla

Se embolsaron 45 millones de euros en tres pelotazos urbanísticos

Trato humillante a los principales implicados en el escándalo de Santa Coloma

Las imágenes se repiten en los telediarios y están en las portadas de todos los diarios españoles. Son los principales implicados en el escándalo de Santa Coloma. Aparecen esposados mientras recogen unas bolsas azules, como las de la basura, en las que llevan sus efectos personales. Es tremendo, humillante, vergonzoso… Es indigno y llama la atención que algunos medios de comunicación se feliciten por ello. El izquierdista Público argumenta que lo ocurrido ha dejado en entredicho las acusaciones del Partido Popular sobre la desigualdad en el trato a la hora de detener a presuntos culpables en casos de corrupción. Alavedra, Prenafeta, Muñoz, García, Dobarco, Singla y los otros fueron filmados a la entrada de los furgones en la Audiencia, en plena vía pública. Alegarán ahora que el tamaño del vehículo impedía meterlo en el garaje y que por eso se hizo descender a los detenidos en plena calle, pero hubiera bastado la colocación de unos paneles para que esas imágenes no se hubieran podido registrar. Se ha procedido así en otros casos. El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que «la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio». Y unas veces se hace y otras no. A capricho del juez o del mandamás de turno. Ahí queda la redada en el caso del Palma Arena, en la que los implicados también fueron expuestos a la vergüenza pública. La Justicia tiene que ser implacable con los delitos de corrupción, pero ello no es contradictorio con estar en contra del linchamiento público de las personas cuando su detención se convierte en un espectáculo, como ha venido sucediendo en los últimos meses, casi siempre contra el PP. Esta vez le ha tocado a unos socialistas catalanes y a dos ex altos cargos de CiU, pero lo habitual es que sean de filiación “popular” los que se pasea enjaulados como monos. La ley establece que las detenciones y la conducción ante el juez las realizan las Fuerzas de Seguridad, pero el juez es responsable de que el proceso se lleve a cabo de forma correcta y sin menoscabo de la dignidad. Estamos hablando de personas que han sido detenidas por orden judicial y que ni siquiera saben de qué se les acusa ni han declarado. Tienen derecho a la presunción de inocencia y a un trato humano, lo que hace discutible incluso que tengan que acudir esposadas al juzgado si no hay peligro de evasión, como sería el caso de Macià Alavedra, Prenafeta o el alcalde de Santa Coloma. Los tres fueron enviados anoche a prisión por el juez Garzón tras las graves acusaciones del fiscal que ilustran la transversalidad de la corrupción y las miserias de la sociovergencia que ha gobernado Cataluña. Si la Justicia se ha pasado en este caso por exceso, en otros ha incurrido en lo contrario. Muchos se preguntan por qué no fue detenido Félix Millet, que, según todos los indicios, se apropió de los fondos de la fundación del Palau de la Música -unos 20 millones- para repartírselos con sus amigos. Millet acudió al juzgado a declarar en un coche con chofer y volvió a su casa tranquilamente. Todavía mejor le fue a la hija del socialista Javier Rojo, presidente del Senado, cuya implicación u responsabilidad en la trama corrupta de Estepona es un clamor y a la que ni siquiera se registró el despacho. Cabe sospechar que la diferencia de trato depende de la intencionalidad de la Policía o del juez que persiguen efectos que nada tienen que ver con la Justicia. Vivimos en una sociedad mediática y el derecho a la imagen es muy importante. Detener a una persona y mostrarla esposada ante los medios supone un daño irreparable si luego es puesta en libertad o absuelta.

 45 MILLONES EN TRES PELOTAZOS

 Los jueces no pueden hacer abstracción de esta realidad, por lo que deberían vigilar a la Policía en la forma cómo detienen y cómo tratan a quien todavía es presuntamente inocente, aunque todos los indicios apunten en contra. El juez Baltasar Garzón detalla -en el auto por el que ordena prisión para cinco acusados del caso Pretoria- las tres grandes operaciones urbanísticas que generaron, a través de recalificaciones efectuadas para favorecer a los implicados, un beneficio de 45 millones.

 Todas estas operaciones seguían un guión parecido:

1.Los ayuntamientos aprobaban un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de Luis Andrés García Sáez, Luigi (ex diputado del PSC expulsado de este partido hace tiempo), quien, gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en las localidades afectadas y a sus relaciones con los empresarios interesados, favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo, en forma ilícita, cantidades pagadas por los últimos.

2.Para asegurar la efectividad de la acción planeada, la empresa adjudicataria nunca realizaba el proyecto, sino que quedaba detenido hasta que se producía una modificación del plan urbanístico que finalmente resultaba aprobada por la Consejería de Obras de la Generalitat a través del Plan Metropolitano del Barcelonés.

 3.La modificación resultaba siempre favorable al adjudicatario y nunca al municipio. Seguidamente a la recalificación, el proyecto urbanístico se vendía al constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicación. Así, todo el beneficio quedaba en poder de los intermediarios. Nunca era el Consistorio decisor de las modificaciones percibiéndose cantidades (comisiones) sin lógica comercial alguna pero en pago por la obtención de las recalificaciones urbanísticas. –

Operación Pallaresa (Santa Coloma, 2001-2005). 13 millones de euros.

 Esta operación supuso, tras la aprobación de las modificaciones al Plan [de Urbanismo], la disminución de superficie comercial y de la dedicada a vivienda protegida para destinarla de forma significativa, y con un beneficio mucho mayor para el promotor, a vivienda libre, manteniendo el precio original. Todo ello presentado y aprobado en nueve días. Luis Andrés [García Sáez] recibió de la sociedad costarricense Marwood Internacional 1,3 millones de euros; la mitad fueron transferidos desde Suiza (Credit Suisse de Zurich) y la otra mitad a través de una operación de compensación. –

 Operación Badalona (20022004). 14 millones de euros.

 Consistió en la adquisición a la sociedad pública Marina de Badalona SA de un solar junto al puerto deportivo de la localidad y su posterior venta, con una revalorización considerable. Quince meses después de la adquisición se vendió el solar a Espais y Procam. De lo expuesto se concluye que el paso del sector público al privado produjo la obtención de beneficios importantes que redundaron a favor de los inversores particulares y de los intermediarios o “conseguidores”. Los beneficiarios efectivos de este reparto fueron los imputados Prenafeta, Alavedra (ambos altos cargos en los Gobiernos de Jordi Pujol) y Luis de Andrés García. –

 Operación Niesma (20032007). 17,8 millones de euros.

 Se trató de la compra de unos terrenos en la localidad de San Andrés de Llavaneras (Barcelona) produciéndose su venta 22 meses después, una vez aprobada la modificación del Plan de Urbanismo en la que se contemplaba un considerable aumento del techo de edificabilidad, con la consiguiente revalorización de las fincas (…) Se aumentó la densidad de edificabilidad, pasando de poder construirse 12 viviendas unifamiliares a permitirse la construcción de 83 viviendas en bloques plurifamiliares de planta baja más tres pisos de altura.

(FUENTE:Periodista Digital)
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Diecisiete alcaldes detenidos en tres años por corrupción urbanística

octubre 29, 2009

esposado17-7
 La detención  del alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz, del PSC, eleva a diecisiete el número de primeros ediles en ejercicio detenidos por implicación en delitos de corrupción urbanística desde la Operación Malaya, en Marbella, en abril de 2006. Bartomeu Muñoz ha sido detenido un día después de que lo fuera el regidor de Castro de Rei (Lugo) y diputado provincial del PSOE, Juan José Díaz Valiño, quien no está incluido en esta relación debido a que los delitos de los que se le acusa son prevaricación y tráfico de influencias por supuestas irregularidades en la tramitación de expedientes sancionadores en la jefatura provincial de Tráfico.Esta es la relación de los ediles detenidos:- MARISOL YAGÜE (GIL).- Ex alcaldesa de Marbella, detenida en marzo de 2006, en la denominada “Operación Malaya”, imputada por cohecho, prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas, en abril de 2006 ingresó en prisión, de la que salió en septiembre, tras satisfacer una fianza de 60.000 euros. — FRANCISCO VALIDO (PP).- Ex alcalde de Telde (Gran Canaria), detenido en noviembre de 2006, en el “Caso Faycan”, por el presunto cobro de comisiones por licencias de obras. Imputado por cohecho, quedó en libertad tras abonar una fianza de 80.000 euros. El PP suspendió cautelarmente su militancia, pero después levantó la suspensión.- EUGENIO HIDALGO (PP).- Ex alcalde de Andratx (Mallorca), detenido en noviembre de 2006, en la “Operación Voramar”. Fue condenado en dos juicios a cuatro años de cárcel primero y a 7 años de inhabilitación después por construir un chalet ilegal y por prevaricación. Fue expulsado del PP.- JUAN MARTÍN SERÓN (PP).- Alcalde de Alhaurín El Grande (Málaga), detenido en enero de 2007, quedó en libertad bajo fianza de 100.000 euros. La Fiscalía le acusó en 2009 en el “caso Troya” de corrupción urbanística. Sigue al frente de la alcaldía.- JOSE FRANCISCO GÓNZALEZ (PP).- Alcalde de Mogán (Gran Canaria), detenido en la “Operación Góndola” en enero de 2007, imputado por malversación de caudales públicos y cohecho. En libertad sin fianza, se reincorporó a su puesto.

– JOSÉ MARTÍNEZ ANDREO (PP).- Alcalde de Totana (Murcia), detenido en noviembre de 2007 en la “operación Totem”, de corrupción urbanística. En febrero de 2008 quedó en libertad bajo fianza de 70.000 euros y se reincorporó a la alcaldía. El caso sigue siendo objeto de investigación judicial.

– CANDIDO TRABALON (PA).- Alcalde de Zurgena (Almería), detenido en abril de 2008, en la “Operación Costurero”. En libertad con cargos está imputado por un presunto delito de prevaricación por permitir la obtención de licencias urbanísticas ilegales.

– DANIEL GARCÍA MADRID (PP).- Alcalde de Torre Pacheco (Murcia), detenido en abril de 2008, en relación a la permuta de una parcela municipal destinada a dotaciones deportivas a cambio de cuatro fincas de naturaleza rústica. En libertad con cargos se reincorporó a la alcaldía.

– ANTONIO BARRIENTOS (PSOE).- Alcalde de Estepona (Málaga), detenido en junio de 2008 junto a otras veinticuatro personas en la “operación Astapa”. En libertad bajo fianza de 150.000 euros. Barrientos abandonó la alcaldía y el PSOE.

– JUAN CARDONA (INDEPENDIENTE).- Alcalde Benitatxell (Alicante), detenido en julio de 2008 por un supuesto delito de prevaricación y cohecho en relación a una recalificación de terrenos. En libertad provisional, abandonó la alcaldía en febrero de 2009.

– JUAN JOSE RUBIO (INDEPENDIENTE).- Alcalde de Zarra (Valencia), detenido en octubre de 2008.En libertad bajo fianza de 18.000 euros, había sido expulsado del PSOE tras una denuncia de la Fiscalía en 2006 por varios delitos de prevaricación, falsedad, fraude y estafa.

– JOSE JOAQUIN MOYA (PSOE).- Alcalde de Bigastro (Alicante), detenido en octubre de 2008, acusado de malversación, prevaricación, delito contra la ordenación del territorio y falsedades por una permuta de terrenos en suelo industrial. En enero de 2009 salió en libertad sin fianza. Suspendido cautelarmente de militancia por el PSOE.

– JOSE MARTINEZ GARCIA (PP).- Alcalde de Librilla (Murcia), detenido en noviembre de 2008 por el supuesto cobro de comisiones ilegales. En libertad, aunque inicialmente renunció a la alcaldía, actualmente se mantiene al frente del Consistorio. El PP lo expulsó junto a los tres ediles que le apoyaron.

– FERNANDO MUGURUZA (NO ADSCRITO).- Alcalde de Castro Urdiales (Santander), fue detenido en febrero de 2009, acusado de prevaricación, falsedad documental y malversación de fondos públicos en relación con la construcción de unas viviendas. En libertad con cargos.

– JOSE MANUEL MARTIN ALBA (PSOE).- Alcalde de Alcaucín (Málaga), detenido en febrero de 2009, acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, falsedad documental y prevaricación urbanística. Dimitió como alcalde y fue expulsado del PSOE.

– MARIA VICTORIA PINILLA (PAR).- Alcaldesa del municipio zaragozano de La Muela, detenida en marzo de 2009, acusada de un delito de corrupción urbanística, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

– BARTOMEU MUÑOZ (PSC).- Alcalde de Santa Coloma de Gramanet, y vicepresidente primero de la Diputación de Barcelona, detenido el 27 de octubre de 2009, en el marco de una operación relacionada con la presunta adjudicación de obras y servicios vinculadas a la construcción, que fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.


El jefe de la red ganó cinco millones con un pelotazo en la costa barcelonesa

octubre 29, 2009

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Las tramas delictivas en las Administraciones

Luis García Sáez, el presunto jefe de la red catalana que ha desarticulado el juez Baltasar Garzón con la Operación Pretoria, se marcó un pelotazo en toda regla tras ganar cinco millones de euros, el triple de lo que había invertido inicialmente en una operación inmobiliaria en la costa barcelonesa. Y en menos de dos años. El ex diputado del PSC, conocido como Luigi, triplicó su capital con una compra de terrenos en la localidad barcelonesa de Sant Andreu de Llavaneres a través de la empresa Niesma Corporació, en la que tenía como socio al abogado Francisco Alejandro Pretus.

La clave del pelotazo fue un convenio, requerido por Garzón, que firmó con ex edil de Llavaneres del PSC Antonio Jiménez. El juez ordenó ayer el arresto de Manuel Carrillo, consejero delegado de Limasa, una firma de limpieza con delegación en Santa Coloma de Gramenet. Carrillo es el noveno detenido.

Fuentes municipales explicaron que Niesma adquirió en diciembre de 2003 unos terrenos de la zona de Can Riviere por 3,2 millones, y en marzo de 2004 adquirió otra finca por 1,5 millones. Sólo un año después, Niesma firmó con el Ayuntamiento de Llavaneres un convenio por el que se autorizaba a que la sociedad aumentara la edificabilidad en un 189%, de 3.958 metros cuadrados a 7.500 metros cuadrados.

El convenio también permitía construir 83 pisos en vez de 12 casas. Ese acuerdo estaba firmado por Pretus y Manuel Valera, administrador de empresas de García Sáez. Por parte del Ayuntamiento lo rubrican el entonces alcalde Víctor Ros (PP) y Jiménez, anterior concejal de Urbanismo.

Varias fuentes coinciden en señalar a Jiménez como la conexión entre la operación de Llavaneres y la de Santa Coloma de Gramenet, donde Jiménez fue grente del Instituto Municipal de Deportes. En esa época, según estas fuentes, conoció a García. Luego tomó las riendas de la empresa pública de vivienda de Montcada i Reixac (Barcelona), cargo que compaginó con su puesto de edil en Llavaneres.

Además, Jiménez ya fue citado el año pasado por la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por presuntas irregularidades en un convenio que firmó con la empresa Proinosa, presidida por el constructor Josep Singla, que también ha sido detenido por Garzón.

El terreno de Llavaneres se revalorizó tras el convenio. Si lo compró por 4,7 millones, tras el acuerdo, en septiembre de 2005, ya estaba valorado en 6,3 millones. Y sólo un mes después, en octubre, realizó el auténtico pelotazo al venderlo a una sociedad participada por Restaura y Caixa Laietana por 9,73 millones. En menos de dos años, Pérez había ganado más de cinco millones.

Una estrategia parecida siguieron en Santa Coloma. El consistorio aprobó en marzo de 2005 un cambio de usos en el proyecto que en 2001 compró Singla. Éste vendió la empresa que creó para desarrollar el proyecto, Centre Comercial Gramenet, a una sociedad holandesa administrada por Pretus en noviembre de 2003. El consistorio justificó que el proyecto anterior no era económicamente “viable”. Como resultado de la operación, los promotores obtuvieron unas plusvalías de 18,6 millones de euros El proyecto se aprobó en marzo de 2005. En mayo, Petrus vendió la sociedad.

(FUENTES:LLUÍS PELLICER / JESÚS GARCÍA)